Los ecologistas
alertan de nuevas catástrofes mineras en
el veinte aniversario de Aznalcóllar
25 de abril de 2018
Por
Pablos Rivas
El Salto
Las cinco principales organizaciones
ecologistas del Estado español denuncian el riesgo de nuevas catástrofes por la
posible rotura de presas como la
de Minas de Riotinto y exigen el desarrollo de una nueva ley
marco que proteja el subsuelo del Estado.
Este miércoles 25 de abril se cumplen dos décadas de uno de los mayores desastres
medioambientales de
la historia del Estado español: la rotura de la balsa de decantación de la mina
de Aznalcóllar (Sevilla) y el consiguiente vertido de más de seis millones de
metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas ricas en cinc y arsénico al río
Guadiamar, lo que afectó a 4.634 hectáreas en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
En este aniversario, las cinco principales organizaciones
ecologistas del Estado español —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— han querido aprovechar para alertar del riesgo de nuevas catástrofes mineras por la posible rotura de presas como la de Minas de Riotinto.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de la sección española
del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), ha comenzado el acto de denuncia
organizado por las cinco organizaciones en la Universidad de Sevilla este
martes señalando: “Estamos aquí porque la perdición del hombre es el olvido y
para recordar que otro Aznalcóllar puede ocurrir, que otros Aznalcóllar están
listos para ocurrir en nuestro país, y para exigir a la administración que tome
medidas y que no vuelva a cometer los errores que cometió en su momento”.
Nuevas amenazas
Los ecologistas han centrado sus críticas en dos proyectos mineros
que cuentan con el beleplácito de las autoridades autonómicas. Por un lado, han
manifestado su rechazo frontal a la pretensión —amparada por la Junta de
Andalucía— de reabrir precisamente la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar. Por
otro, han advertido del posible colapso de las balsas de lodos de la Mina de
Riotinto.
El coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, ha
señalado que ambos proyectos han de enmarcarse en el actual “gran auge de
explotaciones extractivas, acompañado de dos circunstancias muy peligrosas: la
relajación de la normativa y de los controles por parte de la administración
para controlar las explotaciones”. Segura ha señalado que esto tiene dos
consecuencias claras: que las explotaciones son más rentables para las empresas
que gestionan los yacimientos pero que, a su vez, los riesgos medioambientales
para el entorno y la población son mayores.
Respecto a la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, la Junta de
Andalucía ya ha otorgado la concesión a la empresa Minera Los
Frailes, una compañía que, según denuncian los ambientalistas, “ni siquiera
participó en el concurso minero”. El coordinador estatal de Ecologistas en
Acción ha denunciado que “se están produciendo irregularidades en la
tramitación de la reapertura de la mina”, entre ellas que esta concesión se ha
otorgado “sin realizar la Evaluación de Impacto Ambiental ni la Autorización
Ambiental Unificada , como marca la ley”.
Asimismo, los cinco colectivos indican que la reapertura se
propone mediante minería subterránea, lo que necesita que la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir autorice previamente el vaciado
de la corta minera a cielo abierto, abandonada desde 2001, un lugar donde se
acumulan 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas —el doble del volumen
que se derramó en el accidente de hace dos décadas—, que se verterían al
espacio protegido de la Red
Natura 2000, el Corredor Ecológico del Guadiamar. “Se podría
volver a contaminar el mismo cauce en el que se ha invertido una gran cantidad
de dinero público para su restauración”, remarcan.
Las organizaciones han adelantado que van a solicitar de forma
inmediata la revisión de oficio de esta concesión.
Procesado de lodos ilegal
En lo referente a la Mina de Río Tinto, la actividad ha sido
autorizada a la
empresa Atalaya Riotinto Minera, “a pesar de que esta
compañía incumple de manera continuada desde hace más de tres años las
condiciones de procesado de los lodos, contribuyendo aceleradamente al
deterioro y la inseguridad de las presas que los retienen”, denuncian los
ecologistas.
“Atalaya Riotinto está vertiendo los lodos a las balsas con un
contenido líquido del 70%, mientras que las autorizaciones ambientales y
mineras obligan a espesarlos por debajo del 50%. Esto acelera la posibilidad de
que los muros de las presas se fracturen. Además, la empresa ni siquiera ha
construido la planta de espesado de lodos prevista en las autorizaciones”,
apuntan.
Asimismo, denuncian que los vertidos se producen cerca de los
muros de cerramiento de las balsas y la acumulación de líquido, unido a las
fuertes lluvias recientes, produce a su vez efectos de subsidencia que podrían
dañar la base de estos muros. Se da la circunstancia de que dichos muros han
sido recrecidos con técnicas y materiales similares a los que se usaron en la
balsa de Aznalcóllar, “lo que incrementaría el riesgo de rotura”, según estas
organizaciones.
La autoridad minera de Huelva acordó en abril de 2016 la
paralización de la actividad de vertido de lodos por incumplimiento de las
condiciones de espesado. “Sin embargo, en apenas tres semanas la Dirección General
de Minas levantó esa paralización, permitiendo el vertido de lodos sin que se
cumplan las condiciones impuestas por ese mismo departamento en la autorización
de reinicio de la actividad minera”, exponen.
Por todo ello, las cinco organizaciones “reclaman una aplicación
estricta de las leyes que evite que catástrofes como esta vuelvan a repetirse”.
En concreto, exigen el desarrollo de una nueva ley marco que proteja el
subsuelo del Estado.
http://www.elsaltodiario.com/mineria/ecologistas-nuevas-catastrofes-mineras-aniversario-de-aznalcollar
http://www.elsaltodiario.com/mineria/ecologistas-nuevas-catastrofes-mineras-aniversario-de-aznalcollar
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