Una Ley para Acceder a la Tierra
La
enorme mayoría de las verduras que consumimos en las grandes ciudades se
produce en los cordones hortícolas que las rodean; y la enorme mayoría de esxs
productorxs trabajan en tierras de las que no son dueñxs.
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La
mayorías de las familias quinteras trabajan pequeñas parcelas alquiladas a
precios exhorbitantes, impedidxs por contrato de construir viviendas dignas y
plantar árboles, en larguísimas jornadas de trabajo, y condicionadas en lo
productivo ya que sin seguridad de continuidad se hace muy difícil encarar la
mejora del suelo que el modo de producción agroecológico requiere. En este
contexto miles de familias se vienen organizado en la UTT, y desde ahí se han planteado alternativas
de producción y comercialización: pasar a producir de forma agroecológica
y abrir espacios de venta directos a los consumidores.
Los beneficios de estos cambios son evidentes al instante. Pero el acceso a
la tierra sigue pendiente. Por eso se plantea la iniciativa del Fiduciario
Público de Crédito para la Agricultura Familiar (D-883/2018): créditos
blandos para que la familia campesina pueda ir comprando la tierra donde
trabaja y vive. Que millones de personas de las grandes ciudades podamos
acceder a alimentos sanos a precios justos depende de que esos miles de
productores puedan estar en la tierra con dignidad, sin explotación,
produciendo como aprendieron de sus abuelos, con canales de comercialización de
cercanía y confianza. No hay Agroecología ni Soberanía Alimentaria si la tierra
no está en manos campesinas.
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