Violencia y gobernabilidad ante
una nueva fase del extractivismo en Venezuela
2 de agosto de 2017
"Recuperar
el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las demandas
económicas y políticas que han unido históricamente a los de abajo, unión que
reconfiguraría la polarización, que sería planteada nuevamente entre los de
arriba y el vasto conjunto de las clases desfavorecidas. Y a esto habría que
añadirle las demandas de sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente
y dramático empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y
la vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural
del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a
transitar."
Por Emiliano Teran Mantovani*
No hay prioridad más
alta en Venezuela en la actualidad: evitar, desactivar (o detener) la guerra. El horizonte de paz más próximo es apenas el no
desbordamiento masivo de todas las estrategias y pulsiones de muerte que se
reproducen en el país. Expresiones extremas de violencia y barbarie;
destrucción del entorno cotidiano; sectores radicalizados y fascistizados de la
oposición venezolana que, a nuestro juicio, son el principal detonante de la
situación; declaraciones y políticas gubernamentales soberbias, desafiantes e
irresponsables; represión subida de tono y excesos de los cuerpos de seguridad
del Estado; actores armados informales; la política exterior estadounidense más
agresiva y frontal contra Venezuela en toda la historia republicana de nuestro
país; los señores de la
guerra. Todo un cúmulo de actores que unido a condiciones
materiales y diversos factores sociales nos han acercado al filo del abismo en
el que nos encontramos.
Los dramáticos costos del desbordamiento de
una guerra serían cargados principalmente en los hombros del campo popular, en
los tejidos sociales, en la vida en sus territorios. Los ‘ganadores’ serían
otros, en lo fundamental (aunque no únicamente) actores foráneos y
transnacionales. Y las condiciones para la subsistencia y luchas de los pueblos
y comunidades quedarían arruinadas. El fin de ciclo progresista en Venezuela se
habría coronado con esta fase superior del “capitalismo del desastre” (Naomi
Klein dixit).
En esta situación es
urgente y esencial recuperar el sentido, rescatar las facetas más democráticas
que se han evidenciado en las expresiones populares en los últimos años en el
país, reencontrarlas, articularlas, hacerlas masa crítica. Sumar rápidamente
sensateces, configurar nuevas alianzas, re-abrirle caminos a la política. Crear
deslindes con la cadena de agresiones políticas que desde la oposición y el
Gobierno nacional nos han traído a la situación actual. Denunciar claramente y
con fuerza los factores foráneos que promueven la violencia con sus políticas y
declaraciones, los brutales cercos mediáticos internacionales contra Venezuela
y la política intervencionista del gobierno estadounidense, que amenaza con
hacernos mucho daño. En fin, organizarse para la paz, en vez de seguir avanzando hacia el
precipicio al cual nos dirigimos. Nadie ha dicho que es cosa fácil, pero no
tenemos otro camino.
No obstante, conviene
pensar también qué se está desarrollando en las entrañas de este proceso. Si en
el corto plazo sorteáramos el desbordamiento de la beligerancia, es necesario
reconocer que esa construcción de la paz en realidad será un camino largo.
Pactos, acuerdos y negociaciones, grupos de interés en disputa y requerimientos
de estabilidad política interna, la potencial construcción de nuevas
hegemonías, están también en el escenario próximo, pero se sostienen sobre un
hecho ineludible: las bases materiales que generan las condiciones para una
alta intensidad del conflicto político y social persisten. La grave crisis del
modelo rentista petrolero no es, a nuestro juicio, una circunstancia
coyuntural:
- hay
una enorme volatilidad de los precios internacionales del petróleo, lo que
volatiliza la economía venezolana;
- el
país está inexorablemente enganchado a los menos rentables y demandantes
crudos pesados y extra-pesados (Faja Petrolífera del Orinoco);
- se
están desarrollando importantes cambios en el mercado energético global
–dominado por los hidrocarburos– al tiempo que la OPEP tiene cada vez
menos incidencia geopolítica;
- esto
implica que cada vez hay mayores dificultades para la captación de la
renta petrolera, lo que además se vería agravado ante un proceso de
flexibilización económica que favorecería aún más a las corporaciones
transnacionales, en detrimento de la captación de excedentes del
Petro-Estado venezolano;
- pero
no sólo esto: las dificultades también se registran en la retención de la
renta captada, la cual debe dirigirse en parte al pago de la deuda y sus
servicios, o bien migra por fuga de capitales, entre otros factores;
- la
debilidad política del Petro-Estado y la crisis hegemónica potencian aun
más la corrupción como forma de distribución de la renta, lo que dificulta
sobremanera una centralización de la misma, y la puesta en marcha de
políticas coherentes para salir de la crisis;
- la
severa crisis política, social e institucional también ha desestructurado
buena parte de los canales de distribución rentística de la economía
doméstica formal, prevaleciendo en cambio distribuciones a discreción y la
economía informal;
- el
ejercicio de la violencia pasa a cumplir un rol más determinante en las
capacidades políticas, institucionales y sociales para apropiarse de esta
renta.
Estas condiciones
materiales son ineluctables, evidencian los nexos entre la inestabilidad
económica y la turbulencia política y al mismo tiempo nos señalan la
configuración de nuevos esquemas de gobernabilidad y gobernanza. En este
sentido, es necesario resaltar la relación que existe entre la
re-estructuración del régimen de apropiación de la naturaleza (el relanzamiento
y la reformulación del extractivismo en el país), de los mecanismos de captura
y distribución de la renta (cambios en la arquitectura del capitalismo
rentístico) y de los patrones de gobernabilidad y control social. Esta relación
sufre transformaciones significativas en períodos de cambio histórico. El
llamado “Pacto de Punto Fijo” (1958) se establecía en Venezuela sobre la base
de hacer coherente los principios de una nueva gobernabilidad con los procesos
de apropiación y acumulación de capital domésticos y transnacionales.
Pero los tiempos han
cambiado. La reciente aprobación del proceso Constituyente del día 30 de julio
convocado por el Gobierno nacional, o bien el llamado “Compromiso Unitario para
la Gobernabilidad”[1] presentado el pasado 19 de julio por la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), dan cuenta explícita de su necesidad de construir un nuevo marco de
dominación y control social. Solo que ahora deben adaptarlo a las condiciones
de la profunda crisis del modelo histórico petrolero rentista, inaugurado a
principios del siglo XX; y a los marcos de una crisis económica global y de
peligrosas tensiones geopolíticas.
El capital se filtra en
las grietas de la crisis: rutas y coordenadas de una nueva fase del extractivismo
A pesar de nuestros
dramas sociales y políticos, del caos existente, de la crudeza del conflicto,
el capital foráneo negocia, con bajo perfil, se posiciona, avanza, gana
concesiones, rompe obstáculos, echa raíces en nuestros territorios. La
beligerancia y el desastre no le son ajenos; si por un lado es inestabilidad,
por el otro es también oportunidad de negocios. En los acuerdos se van trazando
rutas y coordenadas de nuevos ciclos de acumulación, se van delineando nuevos
códigos, estructuras y geografías del extractivismo en Venezuela.
Podemos hacer un
inventario general: ni la inestabilidad de los precios internacionales del
crudo y el mercado energético mundial, ni el conflicto político nacional han
detenido los acuerdos y las inversiones en la Faja Petrolífera
del Orinoco, cinturón de petróleos no convencionales (pesados y extra-pesados)
que, por sus costos y niveles de inversión e instalaciones requeridos,
necesitan en cambio precios altos y estables. El objetivo: incrementar la producción. Desde
principio de 2016 se ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para
invertir unos US$ 9.000 millones para la perforación de 480 pozos, sobre lo
cual se ha venido avanzando en anuncios y acuerdos desde entonces hasta la
fecha.
China National Petroleum Corporation, Rosneft,
Schlumberger, Horizontal Well Drillers, Baker Hughes, Halliburton, entre otras,
resaltan entre las corporaciones que suscriben los últimos acuerdos. La clave
del negocio está en profundizar la flexibilización económica de los marcos que los
regulan, lo que el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, ha
llamado “régimen especial de inversiones” para que los proyectos logren su
pleno desarrollo[2]. Facilidades económicas, tasas de cambio flotantes, zonas
de desarrollo económico especial, socios foráneos que no solo participen
accionariamente sino que ahora traigan el financiamiento necesario para los
negocios (en lugar de los desembolsos de caja que asumía PDVSA)[3], y algo
importante: la cobertura de esas retribuciones y deudas con las corporaciones
se basa en los barriles que provengan del aumento de la producción[4]. Esto es,
más extractivismo para poder pagarles. Es el modelo de negocios de la Faja del
Orinoco, que se proyecta al resto de los sectores de nuestra economía extractiva.
Se cuenta también: la búsqueda de
reconexión de pozos en el occidente de Venezuela (como los del Lago de
Maracaibo), área de viejas explotaciones convencionales; relanzamiento de los
grandes proyectos gasíferos offshore (como el Rafael Urdaneta), con el proyecto
Cardón IV en la península de Paraguaná como punta de lanza, destacando la
explotación del mega-campo ‘Perla’ en la cual la inversión ha sido 100% privada
(Del Pino dixit) –Repsol (50%) y Eni (50%)[5]–; re-impulso y reactivación de
obras de infraestructura para la exportación de commodities como el Puerto de
Aguas Profundas de la península de Araya (13/6) orientado al comercio petrolero
principalmente con el mercado asiático[6], la nueva fase de construcción del
gaseoducto Venezuela-Colombia, el acuerdo de gaseoducto entre Venezuela y
Trinidad y Tobago (PDVSA-NGC-Shell)[7] o los puertos para la producción de
Carbozulia; nueva fase histórica de la minería, con el proceso de certificación
de reservas, reactivación de minas que cayeron en el período de crisis o
apertura de otras nuevas en todo el país, como el Arco Minero del Orinoco y la
conformación de la empresa mixta ‘Siembra Minera’ (Gold Reserve, oro y cobre,
empresa a la que el Estado venezolano adeuda aproximadamente 992 millones
US$)[8] para la explotación del proyecto "Las Brisas"; empresas
mixtas y memorandos de entendimiento con compañías como Faoz (una incógnita),
Afridiam (Congo) o China CAMC Engineering para explotar coltán en el municipio
Cedeño, estado Bolívar; Endiama (Angola)[9], Guaniamo Mining Co. (EEUU) y
empresas sudafricanas no anunciadas para explotar diamantes –en general las
mineras junior suelen abrir el camino para la posterior aparición de las
grandes corporaciones mineras–; pero también destaca la reactivación de las minas
del proyecto de Lomas de Níquel (China Camc Engineering y Yankuang Group - sur
de Aragua-Miranda)[10], reactivación de Carbozulia (mayo 2017) con miras a la
estabilización y posterior expansión de la producción de carbón[11] (Inter
American Coal, China CAMC Engineering y Yankuang Group), sea en las minas ya
existentes o en nuevas, como ‘Las Carmelitas’[12]; o finalmente proyectos más
pequeños de minería no metálica para la extracción de fosfato en el Táchira,
mármol en Anzoátegui (empresa Canteras y Mármoles) o sílice en Lara.
Pero estas redes del
capital que crecen y se expanden, estos nuevos métodos y marcos de negocios, no
sólo evidencian una reestructuración económica en desarrollo –ciertamente
inestable, contingente y maleable–, sino también revelan una específica
correlación de fuerzas muy negativa para regímenes de intervención y
proteccionismo estatal, formas de nacionalismo económico, y para el campo
popular y la
naturaleza. En este escenario van prevaleciendo cada vez más
los intereses y agendas del capital transnacional, que trazan las rutas más
estables y predecibles del rumbo económico a partir del mapeo de los “recursos
naturales”.
En esta específica
correlación de fuerzas la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) no ha estado al margen ni ha sido espectadora pasiva. Muy al contrario,
ha sido actor principal para ir configurándola, a través de métodos cada vez
más extremistas que impulsan este escenario del ‘capitalismo del desastre’.
Porque, aunque se declare en el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”
que “la justicia social es la prioridad” y los “desfavorecidos y vulnerables
serán el objetivo central”, el horizonte constituyente de esta coalición
política derechista conservadora ha sido neoliberal. En muchos casos sin
secretos (como en el llamado ‘capitalismo popular’ de Maria Corina Machado). En
otros, que son la mayoría de los casos, se esconden detrás de una retórica vaga
y generalista sobre progreso, bienestar y desarrollo, sin mencionar la
prevalencia de mecanismos de mercado, recortes, corporativización y
desregulación. Pero a pesar de las sutilezas e intentos de hermetismo al
respecto, siempre afloran estas voluntades y políticas neoliberales.
Por citar dos ejemplos
recientes, el conocido empresario venezolano Gustavo
Cisneros ha planteado que el modelo impulsado por Mauricio Macri en Argentina
puede ser el idóneo para la Venezuela postchavista[13]; y aunque hayan
criticado y sancionado hasta la saciedad el entreguista y devastador proyecto
del Arco Minero del Orinoco, en mayo de este año el presidente de la Asamblea Nacional ,
Julio Borges, le aseguraba a las transnacionales mineras que asistían al ‘Latin
American Downunder Conference’ en Australia que “una vez la democracia haya
sido restaurada… las puertas estarán abiertas para recibir las inversiones” –our
doors will be open to receive the investments–[14], lo que va en
consonancia con numerosas de las propuestas del bloque opositor de expandir el
extractivismo en el país.
La pregunta que surge
ante esta puesta en escena y el desarrollo y expansión de esta red de capitales
foráneos en Venezuela, es qué tipo de modelo de gobernabilidad y control social
pudiera estar gestándose de la mano de este proceso, y cuál podría ser el rol
de la violencia en el mismo.
Adiós al ‘neo-extractivismo
progresista’: violencia y nuevas gobernabilidades
Replicando el patrón
histórico-colonial de la división internacional del trabajo y la naturaleza,
las inversiones extranjeras en la crisis actual siguen dirigiéndose en
proporciones considerables a los sectores extractivos –como se evidencia por
ejemplo en el anuncio de ‘Alianzas Estratégicas’ entre el Gobierno Nacional y
empresas extranjeras (21 de julio), donde el 92% de las inversiones era para
minería y 8% para turismo[15]–. No sólo no aparece el giro productivo para poder
paliar la situación de precariedad económica interna, sino que el capital y las
élites políticas locales establecen acuerdos de largo plazo que nos atornilla a
un horizonte de extracción y despojo, vinculado a recortes y desregulación.
Se marcha el llamado “neo-extractivismo
progresista”. El patrón que lo ha caracterizado se disuelve: la posibilidad de
construir consenso social por la vía de la distribución masiva de las rentas
presenta extraordinarios límites; la programática gubernamental sigue
modificándose progresivamente; como ya se ha mencionado, continúan
produciéndose cambios significativos en la correlación de fuerzas; y el
contexto internacional va recrudeciendo aún más la competencia global por los
“recursos naturales”.
En este sentido, y en relación a la
gobernabilidad de este probable nuevo extractivismo, cabe preguntarse si las
diversas formas de violencia que se han desarrollado en el país son sólo
expresiones de un conflicto político coyuntural o en cambio estas también se
instalan y se incorporan a los dispositivos de dominación, trazando las
coordenadas de un régimen de control social en formación.
Sus orígenes provienen de al menos tres
escalas geográficas diferentes: una violencia imperial-geopolítica, una
estatal-nacional y una social-molecular.
El contexto de intensa
conflictividad y el colapso de la economía nacional han hecho prevalecer los
marcos de un estado de excepción (que hasta el momento ha sido sectorizado),
políticas de emergencia y conmoción, la creciente militarización de todos los
ámbitos de la vida junto a mecanismos de intervención policial directa en
barrios urbanos y rurales (como la llamada ‘Operación de Liberación del Pueblo’
- OLP). Esto no sólo se expresa en las actuales políticas del Estado, sino que
se presenta como el horizonte de 'seguridad' de los partidos de la MUD. Recordemos
que el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, ha señalado la
necesidad de aplicar el modelo “exitoso” de seguridad del ex-presidente
colombiano Álvaro Uribe Vélez, el cual podría emplearse de manera
inmediata[16]. En el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” 2017 de la
MUD se expresa como uno de los primeros objetivos de “un próximo gobierno” el
“Plan efectivo y contundente contra la inseguridad” (punto 1.3).
Resalta también el
empleo de actores armados informales por parte de los grupos políticos en
disputa, que ejercen formas subterráneas de control social, generando formas
directas de represión y terror en la población.
Al mismo tiempo, el
abanico de operaciones de intervención que han sido impulsadas al menos desde
2002 por los Estados Unidos para lograr el ‘cambio de gobierno’ en Venezuela se
han hecho cada vez más explícitas e incisivas –vea las recientes declaraciones
del director de la CIA, Mike Pompeo, sobre sus esfuerzos para lograr la
‘transición’ en el país[17]– y tienen notable incidencia en el desarrollo de la
violencia en el país. Un potencial avance y triunfos de esta política
norteamericana en Venezuela plantearía una transición desde mecanismos de
financiamiento de operaciones de inteligencia y desestabilización hasta formas
de militarización de impacto regional (en conexión con acuerdos como el Plan
Colombia) y estrategias de contrainsurgencia como forma de controlar
territorios.
Por último pero no
menos importante, también se registra el aprovechamiento de las crecientes
formas de violencia social-molecular producto de las contradicciones sociales y
territoriales (pobreza, exclusión, masificación de la corrupción y la
impunidad), en especial a través de la cooptación de grupos criminales (urbanos
y rurales) y la canalización de expresiones de fascistización social (evidentes
básicamente en sectores de oposición al gobierno) que no sólo generan crímenes
de odio e intento de aniquilamiento del 'enemigo' (chavista) sino una profunda
intimidación y terror en la población en general.
La imposición del orden y la lucha contra
'agentes perturbadores' serán planteadas como los medios
para la consecución de la ‘paz’ –la 'pacificación'. En estos casos es cuando la
paz y la guerra se confunden más. Podríamos plantearnos reflexivamente la frase
de Hanna Arendt cuando afirmaba en 1970 que la
paz es la continuación de la guerra por otros medios .
Para el caso venezolano, se han abierto ya nuevas preguntas sobre nuevas formas
de poder, sobre la evolución de la estatalidad, sobre disputas territoriales
por los bienes comunes. Y sobre todo, preguntarnos si terminaría de emerger una
nueva versión de la economía de enclave del siglo XXI. Preguntas que además, tocan
e interpelan a todo el resto de América Latina.
Resurgir del colapso del
rentismo: re-existencias y la recuperación de las agendas propias de los
movimientos populares
En Venezuela, todos los
territorios y ámbitos de la vida cotidiana están en disputa. ¿Cuál es el
horizonte, la estrategia, cuando la guerra y el estado de excepción van
avanzando como régimen biopolítico para la acumulación de capital?
Cuando la paz es
invadida de guerra, se va haciendo más difícil saber qué es y dónde se
encuentra. A pesar de ello, ésta se convierte en una prioridad. Pero es
necesario resaltarlo: organizarse para la paz implica reconocer que esta
también se teje desde abajo, que supone que hay que ir hilándola, expresándola
en la vida en los territorios, recreándola en las formas mínimas de
convivencia, respeto, consensos, desplazando a la guerra de los espacios que
busca ocupar, a través de resistencias y vida. Se trata del ejercicio de las re-existencias (como lo planteara Adolfo Albán), en
la medida en la que se resiste a los diversos dispositivos de violencia,
explotación, exclusión y despojo de la expansión capitalista, a través también
de la reproducción de la vida, de su reafirmación a través de las prácticas
cotidianas y la construcción de alternativas concretas.
Sin embargo, ¿cómo se
puede enfrentar semejantes desafíos cuando el tejido social ha sido tan
profundamente afectado, cuando se va desbordando el contrato social, cuando la
barbarie se va normalizando, cuando se ha extraviado de tal forma el sentido en
el país?
Nuevamente, hay que mirar adelante. Todavía hay mucho
que rescatar. Aunque este socavamiento del tejido social nos atraviesa, no es
una condición estructural o definitiva. Toca volver a mirar e inventariar todas
esas potencialidades existentes en el campo popular venezolano, sus expresiones
de democracia radical, sus experiencias productivas, sus narrativas y agendas
propias, las formas emancipatorias de su dinamismo político aluvional. A pesar
de que existan enormes obstáculos y debilidades, son finalmente estos factores
el sustrato, la esencia, de cualquier proceso alternativo a desarrollarse en
los próximos tiempos.
Pero también los tiempos
invitan a reinventarse. El giro histórico-político de las luchas populares en Venezuela
podría estar en la recuperación y re-centramiento de la dimensión territorial
–abriéndose intempestivamente camino ante la irresistible primacía de los
objetivos de escala nacional–; esto es, territorializar las luchas.
Reconfigurar las localidades. Y tejer comunidad, en medio de las dificultades.
Construir desde ya, alianzas con otros sectores de lo popular. Promover la
creatividad, las éticas populares y el valor de la dignidad. Sin todas
estas bases materiales, estas expresiones contrahegemónicas seguirán
adoleciendo de organicidad, se evidenciarán débiles ante los numerosos
dispositivos de guerra, tendrán una alta dependencia económica del Petro-Estado
y los sectores privados y seguirán careciendo de resultados concretos en sus
territorios para testimoniar ese mundo que sueñan transformar.
¿Qué nos queda por
reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas? No hay un panorama
claro al respecto. Pero al menos, recuperar el sentido en el ámbito nacional apunta
en principio a retomar las demandas económicas y políticas que han unido
históricamente a los de abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que
sería planteada nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las
clases desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de
sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático
empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la vida
ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural del
capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a
transitar.
De plano conviene resaltar que la situación de
potencial impago de la deuda externa unido a la descomunal corrupción que se ha
devorado las cuentas públicas puede hacer converger a numerosas organizaciones
populares, movimientos y comunidades en torno a una campaña nacional por la
auditoría de todas estas cuentas del país. Se presentaría además una
oportunidad para evidenciar los vínculos de la deuda y el desfalco con el
extractivismo, en la medida en la que el respaldo material de estos procesos de
despojo financiero global contra Venezuela son precisamente sus ‘recursos
naturales’ y sus territorios. El relanzamiento del Arco Minero del Orinoco y
todo el conjunto de proyectos que buscan re-colonizar viejas geografías y las
nuevas fronteras de las commodities se realiza bajo esta racionalidad. De esta
manera, podríamos tener la convergencia de luchas por la justicia en la
distribución económica y ecológica al mismo tiempo. Algo nunca visto en la
historia de las luchas populares venezolanas.
Se nos vienen
extraordinarios desafíos. La búsqueda de la paz navega en aguas turbulentas.
Toca no perder el centro y tomar el timón con fuerza.
Caracas, julio 2017
_________________
*Emiliano Teran Mantovani es Sociólogo dela Universidad Central
de Venezuela, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma
de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención honorífica del Premio
Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela ’.
Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo
organizado por la
Fundación Rosa Luxemburgo , en el Grupo de Trabajo CLACSO
sobre ecología política y ha colaborado con el proyecto EjAtlas - Justicia
Ambiental con Joan Martínez Alier. Hace parte de la Red Oilwatch
Latinoamérica.
*Emiliano Teran Mantovani es Sociólogo de
Notas
[17] Pompeo afirmó el
pasado 20 de julio que esperaba que se produjera una ‘transición’ en Venezuela
y que trabajaban duro para comprender las cosas que allí ocurren y
comunicárselas al Departamento de Estado y a los gobiernos de Colombia y
México, de manera que obtuvieran los mejores resultados posibles https://www.youtube.com/....
Varias fuentes han revelado las diversas operaciones de intervención que se han
aplicado desde el inicio de la Revolución Bolivariana.
Por ejemplo, decenas de miles de cables revelados por
Wikileaks han revelado apoyo a opositores al gobierno, desde la época del
presidente Chávez. Citando un caso, la contratista de USAID/OTI ‘Development
Alternatives Incorporated’ (DAI) reconocía que quienes organizaban las
protestas contra el presidente Chávez en 2009 eran ‘nuestros financiados’ –‘are
our grantees’.https://wikileaks.org/...
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Violencia_y_gobernabilidad_ante_una_nueva_fase_del_extractivismo_en_Venezuela
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