Venezuela desde adentro:
siete claves para entender la crisis
actual
20
de abril de 2017
Por Emiliano Terán
Mantovani
Análisis
No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar
en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son
explicados en su conjunto por los principales medios
de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se
resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta
la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso
venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos
que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de
la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones
políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen
número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que
el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal,
que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y
que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a
un progresivo socavamiento del tejido social.
El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda
especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones,
demasiado maniqueismo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y
omisiones.
Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática
que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’,
‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la
Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre
en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas,
sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que
esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible
entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores
que se desarrollan ‘desde adentro’.
El criterio de acción e interpretación basado en la lógica
‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos
políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases
trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por
miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan
a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.
Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la
disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en
las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas,
al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los
regímenes de gobierno y gobernanza en el país.
I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en
cuenta la intervención foránea
El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del
país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del
Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como
sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado
geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos
que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que
impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el
persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes
fácticos de los Estados Unidos.
En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la
crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor
de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación
política.
Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana
se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela,
el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del
presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y
restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva
firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela
como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los
EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign
policy of the United States’[1]. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son
catalogados de esta manera por la potencia del norte.
Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del
Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la
‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una
respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could
eventually compel a regional response’[2]–, y de la evidencia de la agresividad de la
política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación
de la Carta
Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la
democracia’ en el país.
Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración
conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de
Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis
porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo
frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En
este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.
Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad
analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales
desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que
hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas
las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente
es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los
mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos
naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza
global y regional.
Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención,
no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de
intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido
tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia
con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.
Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado
que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero
ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la
acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y
para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.
II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano
Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana
se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo
objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado
por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de
poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea
serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.
La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos
de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en
una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes;
ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de
expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como
‘lo opuesto a la democracia’.
El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado
en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma
moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad
venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en
teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.
El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se
puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola
persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de
actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre
todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de
diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre
ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.
Aunque exista un gobierno con un componente militar importante,
con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de
centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de
arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa.
En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.
El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional,
la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que
una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre
ellos, hasta ahora favorable a la combinación
Ejecutivo-Judicial.
Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos
ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción
hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte
su centralización por parte del Poder Constituido.
Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura,
es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de
decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de
excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha
contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo,
y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones
institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan
por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del
Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los
cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales,
urbanos, barrios periféricos), para "combatir el hampa", los cuales
suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum
revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía
quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales
ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento
de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las
declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.
Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de
intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que
atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los
venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades
individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y
realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la
llamada democracia en Venezuela.
III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las
instituciones y los marcos de la economía formal
Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso
venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado,
profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país
estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América
Latina[3], haciendo referencia con esto al conjunto de las
instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que
conforman la República venezolana.
La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero,
la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido
social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad
de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos
de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad,
canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de
mecanismos informales, subterráneos e ilegales.
En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un
mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera,
desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y
socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera
determinante con PDVSA[4], la principal industria del
país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas
empresas nacionalizadas.
El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad
prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de
oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores
ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el
comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)[5] u
otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas,
medicinas, gasolina, etc.
En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de
respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos,
quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas
dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a
las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción,
mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones
violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este
escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy
vulnerable a la población venezolana.
Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a
todos los sectores de la
población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la
corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere
nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.
El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien
pueda’ en la población.
La fragmentación del poder también ha contribuido a que se
generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son
los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el
estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El
Cementerio o La Cota 905[6].
El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y
las definiciones políticas de la actual situación en el país se están
desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.
IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano
(1983-2017)
El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido
determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único
factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes
síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo
petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de
caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir
económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?
Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos
venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más
costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos
adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta
al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían
crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez
más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar
las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.
La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%)
promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes
importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven
el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada
‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores
productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y
ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar
una nueva crisis.
La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas
y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de
políticas coherentes de distribución para paliar la crisis
La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo,
así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la
progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos
impactos en la economía nacional.
Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el
país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza
los medios de vida de millones de
venezolanos para el presente y futuro.
La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar
notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más
regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital
transnacional.
En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos
años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han
alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un
golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen
trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.
V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de
ajuste y flexibilización económica progresivo
En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y
sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones
al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en
tiempos anteriores en la Revolución
Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre
del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más
rechazadas por la población.
Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas
Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del
territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos
que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se
trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela
implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con
las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de
precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos;
devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi);
aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por
ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda
externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las
importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.
Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo
flexibilizado, apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de
la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el
cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de
111.800 kms2 de
extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial
para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento
por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo[7].
Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento
de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios
nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el
uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente
tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos
electorales que quedan.
Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo
mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización,
financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y
asistencia social.
Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada
de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del
neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también
avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil
neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza[8].
VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’
(MUD) es neoliberal
La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’
(MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno
nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y
es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más
definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con
esta.
La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que
van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos
llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light,
y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos
grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y
desplantes mutuos.
A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los
une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su
programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la
posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos
referiremos a las dos primeras.
Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría
neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la
propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge
de las libertades empresariales e individuales.
Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de
este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es
simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su
modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno
de Unidad Nacional (2013-2019)’[9].
Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en
relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.
Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del
‘cambio’ y la ‘Venezuela
productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela
hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las
cuotas de la Faja
Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen
públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo
para tu Progreso)[10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor
Venezuela[11])
son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el
Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con
el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas
e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.
VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento
del tejido social
En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos
sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión
socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana
ha sufrido no sólo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas
afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios
del país.
La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida
cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los
problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la
canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la
pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido
al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias
fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores
políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los
tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso
de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de
la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.
Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y
movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una
alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de
resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse
entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político
nacional.
Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde
las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador,
ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos
de la crisis. Ese
que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando
que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se
enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y
regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las
izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en
nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.
Caracas, abril de 2017
Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista
político e investigador en ciencias sociales.
http://www.alainet.org/es/articulo/184922
