Los costos silenciados
del agronegocio
15 abril 2019
El agua que consume
la población de Pergamino contiene 18 agrotóxicos. Los estudios se desprenden
de una causa ante la justicia federal. El juez prohibió fumigar a menos de 600 metros de las casas.
El
agua que consume parte de la población de Pergamino está contaminada con 18
agrotóxicos y dos niños, hijos de la denunciante, contienen el herbicida
glifosato en sangre. Son estudios que se desprenden de la causa judicial de
tribunales federales, que prohibió fumigar a menos de 600 metros de las
viviendas e investiga la responsabilidad penal de los empresarios del agro y de
funcionarios municipales. La decisión judicial se da en el marco de los dichos
del presidente Macri, que acusó de "irresponsable" a un fallo
judicial que protegió a los niños de escuelas rurales de Entre Ríos. Madres de
Pueblos Fumigados y la Asamblea de Vecinos afirman que el problema no es un
químico sino "un modelo que enferma y mata".
Pergamino
está ubicada en plena Pampa Húmeda, de la zonas más codiciadas del agronegocio.
Allí están presentes todas las empresas del modelo transgénico, incluida
Monsanto-Bayer. Desde hace más de una década que los vecinos denuncian el
efecto de las fumigaciones con agrotóxicos, pero ningún gobierno municipal
atendió los reclamos.
Sabrina
Ortiz es mamá de Ciro y Fiama. Ambos tienen glifosato en el cuerpo. Junto con
su esposo Sergio construyeron su casa en el barrio Villa Alicia, en el margen
urbano de Pergamino. Allí conocieron de fumigaciones aéreas y terrestres del
campo vecino. Desde 2011 denuncian el impacto de los agrotóxicos. Primero desde
la Asamblea para la Protección de la Vida, la Salud y el Medio Ambiente y luego
desde la
organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino.
Mientras
los vecinos pedían alejar las fumigaciones a más de 1000 metros de las
viviendas, el Municipio desoyó los reclamos y, en sintonía con los empresarios
del agro, fijó sólo 100
metros de protección.
Sabrina también está afectada por los
químicos. Tiene en su cuerpo glifosato y el insecticida lambdacialotrina
(producido por la
empresa Syngenta , entre otras). Se recibió de
abogada en 2018, carrera que comenzó a partir de las injusticias que padecía
del poder político y del mismo Poder Judicial. En octubre pasado, la médica de
sus hijos le recomendó mudarse, alejarse de las fumigaciones. Sabrina y Sergio
decidieron dejar su hogar e iniciaron una demanda judicial, junto con la ONG Naturaleza de
Derechos.
La
causa recayó en el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás, que el
3 de abril prohibió que se fumigue a menos de 600 metros de las
viviendas. Entre las medidas de prueba que destacó un trabajo del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Balcarce). Con la firma de la investigadora
Virginia Aparicio , el INTA confirmó que el agua que se
utiliza para consumo domiciliario contiene hasta 18 agrotóxicos: glifosato,
atrazina, imidacloprid, acetoclor, clorpirifos y 2-4D, entre otros. Los barrios
afectados son Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida.
"Se
pudo comprobar y acreditar por primera vez en un expediente judicial que los
agrotóxicos llegan a las napas subterráneas y que el agua que consume la
población presenta una cantidad significativa de venenos, que no debieran
estar", denunció Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de
Derechos, y recordó que empresas del agronegocio y medios de comunicación
publicitan esos productos como "biodegradables". El estudio del INTA
también determinó la presencia de 19 agrotóxicos en el suelo de Pergamino.
Un
extenso informe, titulado "el agua sin agrotóxicos es un derecho
humano", de las Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y Naturaleza de
Derechos alertó que el 44 por ciento de los químicos encontrados son
considerados agentes cancerígenos y el 39 por ciento son disruptores endocrinos
(alteran el equilibrio hormonal). También denunciaron un hecho insólito: la
legislación argentina permite niveles de tóxicos hasta 1000 mayor que la
legislación de Europa. Mientras que en Alemania, Suiza o Italia el límite
máximo del químico 2-4D en agua es de 0,1 microgramo por litro, en Argentina se
"permite" hasta 100 microgramos. "Para el resto de los
agrotóxicos que se utilizan habitualmente en la agricultura industrial ni
quiera tienen asignado un valor máximo de residuo en agua", afirmaron las
organizaciones en la causa judicial.
El
intendente Javier Martínez (alianza Cambiemos) y su jefe de gabinete, Carlos
Pérez, hablaron con los medios locales y dijeron que el agua de Pergamino es
"apta para consumo humano" y que están "tranquilos" porque
no hay glifosato en agua. Citaron supuestos estudios científicos, pero no los
entregaron a la prensa ni a los vecinos. Incluso Martínez retrucó a la víctimas
de las fumigaciones al afirmar que él toma agua de la canilla.
El
Municipio intentó ser querellante en la causa (forma de introducirse en la
causa y reclamar medidas), pero el juez Villafuerte Ruzo lo rechazó. Es que el
tribunal aún debe resolver la cuestión de fondo de la denuncia: determinar la
responsabilidad penal de los propietarios del campo y de los funcionarios
municipales. Las Madres de Pueblos Fumigados explicaron que tanto el actual
intendente, Javier Martínez, como los anteriores (Omar Pacini y Héctor
"Cachi" Gutiérrez --UCR--) nunca tomaron medidas para proteger a las
víctimas de los agrotóxicos.
"Las
madres nunca fuimos recibidas por el intendente Martínez, ni siquiera cuando
hicimos públicos los análisis de mis hijos, que tienen cien veces más
agrotóxicos de lo que toleran sus cuerpos. El Intendente nos cerró la puerta en
la cara. Tiene
desprecio por la gente y sobre todo por los chicos, que sufren, que se les
desprenden sus pieles por los químicos, que se les dificulta respirar",
denunció Sabrina Ortiz. Detalló que la secretaria de Salud de Pergamino, María
Martha Perretta, tampoco las recibió ni atendió los reclamos de los vecinos.
En
las ciudades de la Pampa
Húmeda , donde el agronegocio impone funcionarios y políticas
públicas, es muy difícil expresar críticas a los agrotóxicos. Y el hacerlo
tiene sus costos. A Sabrina Ortiz y su familia la amenazaron, le mataron el
perro, le arrojaron bidones de glifosato en el patio de su casa (en señal de
intimidación) y la llamaron "loca".
La
Asamblea para la protección de la Vida, la Salud y el Medio Ambiente fue uno de
los espacios pioneros, dentro de la Pampa Húmeda bonaerense, en denunciar los efectos
de las fumigaciones. Ante el reciente falló, la Asamblea emitió un comunicado
titulado "El Estado es responsable, reclamamos medidas urgentes" .
Exigieron que se declare la emergencia sanitaria en todo el partido de
Pergamino en cuanto al consumo de agua de red y de pozo, y se garantice a toda
la población el acceso al agua potable y de calidad.
Tanto
desde la Asamblea, como desde Madres de Pueblos Fumigados y Naturaleza de
Derechos, destacan que no se trata de un agrotóxico ni del "mal uso"
(como argumentan los empresarios del agronegocio) sino de un modelo de
producción en base a transgénicos y uso masivo de venenos. "La presencia
de agrotóxicos no se limita al agua, al suelo, al aire y a los alimentos. Un
alto porcentaje de personas que habitan el partido de Pergamino llevan
agroquímicos en su sangre", afirmaron.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Los-costos-silenciados-del-agronegocio
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