Reforma Agraria para
alimentar Extremadura
19 de abril de 2019
Por Eugenio
Romero Borrallo y Manuel Cañada Porras (Rebelión)
Una luz
cegadora, un disparo de nieve, una fecha que apunta a la dignidad y a la
transformación de esta tierra. Eso es el 25 de marzo. Un faro que ilumina otra
Extremadura posible, liberada de la maldición histórica del paro, la emigración
y el clientelismo. Un aldabonazo que llama a enfrentar la resignación y el
miedo.
El 25 de marzo, como nos
recuerda Víctor Chamorro, constituye el hecho diferencial extremeño. Aquel
asombroso acontecimiento traía de la mano y trenzaba tres conceptos
fundamentales: tierra, pueblo e identidad. Por primera vez en siglos
Extremadura constituía la vanguardia de la emancipación social. Y era el
pueblo, la gente menuda, los campesinos, la clase obrera y los artesanos, quien
levantaba el nosotros decisivo. ¡Cuántos siglos de aceitunas, los pies y las
manos presos! Como cantara Miguel Hernández, el pueblo tomaba las riendas de su
destino. Y en aquel sereno impulso revolucionario se alzaba la identidad de
Extremadura, asentada en la solidaridad entre los más pobres, en la tenacidad
de los yunteros.La reforma agraria fue el enunciado primordial de aquel seísmo. “Un acontecimiento es la perturbación del orden del mundo”, escribe Alain Badiou. El 25 de marzo ha tenido siglos de rumia y ensayo. Y, con él, aflora una verdad escondida, elemental: la tierra no es una mercancía, no es una pieza más del dispositivo pretenciosamente perfecto del capitalismo, sino sustrato y sustancia misma de la vida.
Karl Polanyi, el antropólogo austríaco, explicaba cómo el capitalismo se fundamenta en la mercantilización ficticia de la tierra y el trabajo. El sueño campesino de la reforma agraria desmontaba esa quimera, el propósito de presentar como natural la usurpación privada de un bien común como es la tierra.
Francisca Rosique Navarro detalla en su obra La reforma agraria en Badajoz durante la II República el poder de movilización que ha tenido siempre la cuestión agraria, sobre todo en la provincia de Badajoz, en torno a la mala distribución de la propiedad, la usura y la falta de tierras.
El latifundismo está en la raíz del subdesarrollo y la dependencia de Extremadura. Tiene un vínculo muy estrecho con paro y emigración. El latifundio es el peso muerto de la dominación de siglos que inmoviliza el presente de Extremadura y bloquea cualquier transformación posible. Pero el latifundismo no es una maldición bíblica e intocable que le ha tocado a territorios como Extremadura. Es el resultado de un largo proceso de expropiación y explotación del campesinado y las clases trabajadoras. Una cuestión que se adentra en las profundidades mismas de la historia extremeña, como aseguraba Víctor Chamorro hace tan sólo unos días, desde la propia “reconquista” en el siglo XIII con la adjudicación de grandes extensiones de tierra a Órdenes Militares y maestrazgos que nunca fueron repartidas. La posterior desamortización de Mendizábal (1836) supuso una transacción de tierras de la Iglesia a la nobleza y la burguesía mientras que la inmensa riqueza colectiva que atesoraban la mayoría de pueblos extremeños en forma de dehesa boyales, comunales, etc fueron la diana en la desamortización de Madoz (1855). Esta última supuso un dramático proceso que privatizó -o expropió, en palabras de Víctor Chamorro-
Para
intentar revertir esta situación, durante la Segunda República
se aprobaron en las Cortes, entre abril y julio de 1931, una serie de decretos
que intentaban paliar la delicada situación de la población jornalera del sur
peninsular: decreto de términos municipales, decreto sobre laboreo forzoso,
decreto sobre creación de jurados mixtos y decreto sobre la jornada de ocho
horas. La Ley de Reforma Agraria en España, por su parte, fue promulgada el 9
de septiembre de 1932. La demora en su aplicación fue la chispa que desencadenó
las ocupaciones masivas y pacíficas ocurridas en Extremadura el 25 de marzo de
1936 que centraron los focos de la prensa a nivel internacional. El historiador
extremeño, Francisco Espinosa, afirmaba recientemente que, a pesar de haberse
eliminado de muchos libros de historia, los cinco meses transcurridos entre las
elecciones del 16 de febrero y la sublevación del 18 de julio fue el momento en
que tuvo lugar el despegue de la verdadera reforma agraria de la II República que de
haber tenido continuidad hubiera producido en pocos años cambios importantes y
positivos en la sociedad española.
Antes de plantearnos la pregunta sobre la necesidad de una reforma agraria en Extremadura haremos un repaso a las diferentes modalidades ocurridas a lo largo de
Ciertamente la
Ley de Reforma Agraria andaluza en la única existente en nuestro país y data de
1984. Esta ley incluye, entre otras cosas, un impuesto
de infrautilización de tierras para terrenos mal utilizados que,
curiosamente, nunca se ha aplicado a pesar de que la sentencia 37/1987, de 26
de marzo del TC lo declara totalmente constitucional. Es decir, la reforma
agraria en Andalucía sólo está en los papeles por lo que para algunas
destacadas militantes del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores/as), como María
Montávez, “ si se cumpliese nos daríamos con un canto en los dientes. Por culpa
de no cumplirse el Cerro Libertad, no está en manos de quien tiene que estar ”
(sus más de 7.500 olivos han pasado del BBVA al fondo de inversión Cerberus,
cuyo principal socio es el hijo de José María Aznar). La élite dominante en el
campo extremeño se ha “modernizado”. El señorito Iván se ha pasado del cortijo
a los fondos buitre.
En este sentido, Toda reforma agraria debe ser, por tanto, un proceso de transformación social de las estructuras de producción y de las relaciones de poder. Sin embargo la mención a la reforma agraria tanto en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Extremadura -como en el de Andalucía- es de una ambigüedad calculada. Se corresponde con las correlaciones de fuerza durante
Además de todas estas referencias legislativas el propio artículo 128.1 de la Constitución española dice: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Otro artículo más despreciado por los que se autodenominan “constitucionalistas”.
Reforma agraria en Extremadura.
Llegando a este punto cabe plantearnos ¿es necesaria la reforma agraria para alimentar Extremadura? Para ello deberíamos preguntarnos quién alimenta el mundo. Según el estudio de ECT Group (2017) la red campesina mundial alimenta a más del 70% de la población empleando menos del 25% de las tierras agrícolas. Utilizando solamente el 10% de la energía fósil y no más del 20% del agua que demanda la totalidad de la producción agrícola sin producir devastación de suelos y bosques.
La cadena agroindustrial, sin embargo, utiliza más del 75% de la tierra agrícola del mundo y en el proceso destruye anualmente 75 mil millones de toneladas de capa arable y tala 7,5 millones de hectáreas de bosque. Además, la cadena agroindustrial es responsable del consumo de al menos el 90% de los combustibles fósiles que se usan en la agricultura (y sus correspondientes emisiones de gases de efecto invernadero), así como al menos 80% del agua dulce.
En Extremadura las dos provincias más extensas del país ocupan a su vez los primeros puestos en riesgo de pobreza y desigualdad social. ¿Cómo se explica que en Extremadura casi 90.000 personas tengan que recurrir a los bancos de alimentos del FEGA? Según el informe AROPE de 2018 el 44,3% de la población extremeña se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, el dato más elevado del país, y el 38,8% de nuestra población tiene una renta inferior al umbral de la pobreza. ¿Cómo es posible que una tierra rica mantenga en la miseria a miles de familias? El latifundio y la canalla política a su servicio son los responsables de ese atropello a la dignidad humana.
Queda claro que el modelo agrario extremeño no nos alimenta. Su mecanización e intensificación, además, prescinde del trabajo humano dejándonos en el paro y obligándonos a emigrar mientras empobrece y envenena nuestra tierra y nuestra gente -la semana pasada un segundo juzgado federal de EE.UU. demostraba los efectos cancerígenos del glifosato (Roundup) que supuso el desplome en Bolsa del gigante Bayer/Monsanto-. A ello se le suma que somos la región con una distribución de la propiedad de la tierra más desigual de Europa como demuestran Fernando Fernández y Carles Soler en el Estudio Estructura de la propiedad de tierras en España.Concentración y acaparamiento del año 2015. Un proceso que continúa a día de hoy con el acaparamiento de tierras que se está produciendo en las Vegas del Guadiana por parte de los emporios de la fruta para exportación. Integración latifundio-grandes empresas de transformación que se produce bajo la mirada atenta y patrocinio de los bancos, del capital financiero y con la complicidad y subvención de la Junta de Extremadura.
Sin ir más lejos la mayor finca de España se encuentra en Extremadura, en el término municipal de Alía, Cáceres. Se trata de
Casi cuarenta y dos mil hectáreas en manos de cinco personas -además de una cifra con muchos ceros en subvenciones púbicas de
Con estos datos encima de la mesa la respuesta es rotunda. Sí, es necesaria una reforma agraria para alimentar Extremadura.
La reforma agraria en Extremadura es urgente y la propuesta concreta debe pasar por asegurar el acceso a la tierra a la población extremeña o de cualquier procedencia para poder instalarse en una región desangrada por la emigración.
Las experiencias en otros países muestran que la mejor opción es apostar por la cesión de la tierra en usufructo a las personas que quieran instalarse. Se podrían enumerar casos exitosos de esta modalidad en diferentes países por todo el mundo. Los criterios de cesión pueden ser múltiples y depender de muchas variables. Con 2,5 millones de hectáreas de superficie agraria útil, Extremadura podría proporcionar
Sin
duda alguna esta situación haría enfrentar el futuro de una forma más sólida
aunque no es suficiente. Un horizonte de escasez y encarecimiento del petróleo
como el que se plantea para el año 2050 obliga a establecer estrategias de
abandono progresivo del modelo agrario dependiente de agroquímicos y
combustibles fósiles. La fertilización y el control de plagas de origen
biológico (o biofertilizantes y bioplaguicidas) así como la recuperación de los
saberes tradicionales y la implantación de policultivos se van imponiendo cada
vez más en Extremadura unas veces por necesidad y otras por conciencia del
futuro que se nos avecina. Es lo que se ha venido a llamar agroecología,
atrayendo a perfiles jóvenes y femeninos, la forma más inteligente y
responsable de trabajar la tierra después de sesenta años de “revolución verde”
que ha supuesto la estafa y endeudamiento del 70% de la renta de los
agricultores y agricultoras de nuestro país.
Hemos dejado claro en este texto que
Víctor Chamorro recogió en 1989 en el libro colectivo Extremadura. Año IV. El estado de sitio que los especialistas Salvador Marín Aranavia y Rosa Mª de la Parra ya escribieron en Extremadura Saqueada, que estableciendo como tope de reserva quinientas hectáreas, pasarían un millón de ellas objeto de expropiación y opinaron que
Otra
cuestión a tener en cuenta es la necesidad de expropiación o confiscación de
las propiedades expoliadas durante cuarenta años de dictadura franquista. En
esa línea, el gobierno de Sudáfrica aprobó recientemente la inclusión en la
Constitución de la confiscación de las tierras adquiridas durante el apartheid
ya que, después de medio siglo, la minoría blanca, 10% de la población, aún
posee el 72% de la tierra en el país adquirida tras todo tipo de violaciones de
los Derechos Humanos por cuestión racial y étnica. En Extremadura, por su
parte, se debe apostar por la recomunalización de las dehesas y fincas de
gestión y/o propiedad comunal que fueron fuente de bienes y alimentos en
nuestros pueblos y que fueron expoliadas en circunstancias inconcebibles como
ha ocurrido recientemente en el caso de Oliva de Plasencia, entre otras.
Porque
la reforma agraria sólo es posible construyendo contrapoderes sociales,
comunidades de base que incardinan proyectos concretos en el objetivo general.
Ocupaciones de fincas, economatos sociales, bancos de tierras y semillas,
cooperativas de producción, transformación, distribución y consumo… Alianza que
sólo se puede conseguir vinculando el discurso general a luchas y victorias
concretas como las fincas que ocupa y pone en producción el SAT, los
asentamientos del MST o la
Vía Campesina que agrupa a 200 millones de campesinos y
campesinas con o sin tierra en torno a 182 organizaciones de 81 países que
tienen la reforma agraria como uno de sus pilares fundamentales.
Han pasado cuatro años desde que un grupo de activistas vinculados a los movimientos sociales contra el paro y la precariedad comenzaran a reivindicar la trascendencia para Extremadura del 25 de marzo. Desde entonces la fecha se ha extendido como un reguero por los pueblos y ciudades de la región e incluso ha llegado a Cataluña o Madrid, a los extremeños y extremeñas de
El 25 de marzo, manantial y cauce. Simiente de una Reforma Agraria necesaria, convocatoria al empoderamiento de los más humildes, promesa de la Extremadura digna y solidaria por venir.
Sirvan estas palabras para iniciar el debate y el camino que habremos de transitar mucho más temprano que tarde hacia un gran encuentro que reúna toda la sabiduría acumulada en nuestros pueblos, que diseñe, construya y pelee una reforma agraria para alimentar Extremadura.
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