Jornada de paro nacional
y movilizaciones
27 de abril de 2019
Por Ignacio
Díaz
América XXI
Después de tres años, Colombia volvió a vivir un Paro Nacional con
movilización en todo el país. En las grandes ciudades, poblados rurales y
carreteras, distintos sectores se manifestaron contra un conjunto de políticas
y posiciones del gobierno de Iván Duque. Los numerosos puntos de protesta se
resumieron en una convocatoria en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo.
En
el recuerdo de numerosas organizaciones está todavía el paro nacional de 2016,
que logró arrancar acuerdos al por entonces gobierno de Juan Manuel Santos,
aunque muchos de ellos todavía no se han cumplido.
Esta jornada nacional de paro y movilización llegó casi un mes
después de las movilizaciones de la llamada Minga “por la vida, el territorio, la
justicia y la paz”, que organizaciones campesinas e indígenas del suroccidente
del país encabezaron con reclamos para Iván Duque. Ahora, estos sectores
también se sumaron al paro nacional.
Reclamo
educativo
“Yo
lucho por la dignidad y la calidad de la educación”; “El país se construye con
libros y lápices, no con fusiles”; “Abajo el Plan Nacional de Desarrollo de
Duque”, plasmaron algunas de las pancartas enarboladas por maestros y
estudiantes en Bogotá y otras ciudades del país.
Si
bien la educación pública fue una de las temáticas centrales de la protesta
nacional, el conjunto de reivindicaciones y reclamos que desembocó en esta gran
movilización es mucho más amplio. En un encuentro nacional de organizaciones
políticas y sociales el 10 de febrero, se enunciaron seis puntos centrales.
Organizaciones
docentes y estudiantiles pusieron a la cabeza un conjunto de reclamos en
defensa de la educación pública y contra la presunta privatización que
escondería el Plan Nacional de Desarrollo defendido por Duque.
En
octubre pasado, comenzó una serie de grandes marchas estudiantiles que empujó
al Gobierno a firmar un aumento del presupuesto para la educación pública
universitaria en diciembre. Varias universidades estuvieron a punto de cerrar
programas académicos por la falta de fondos y la adhesión al plan de lucha fue
masiva. Ahora le exigen a Duque garantías para el cumplimiento de esos
acuerdos.
Tanto la Fecode como la Unión Nacional de Estudiantes de Educación
Superior (UNEES) fueron pilares centrales del paro nacional de este jueves, que
también incluyó el reclamo de aumento para el presupuesto de salud pública.
El
uribismo contra la paz
Un
segundo punto central es la denuncia de incumplimiento de los acuerdos de paz
por parte del Gobierno y el rechazo a la suspensión de los diálogos con la
guerrilla del ELN, dos hechos que alejan las expectativas de una paz definitiva
para Colombia.
Un
agravante en esta línea se produjo el 10 de marzo, cuando el Presidente objetó
seis de los 159 artículos de la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP), que es el componente de justicia fundamental firmado en los
acuerdos de paz con las Farc, como parte del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y no Repetición. La Cámara de Representantes rechazó de
manera contundente (por 110 votos contra 44) esta maniobra de Duque, pero
todavía falta la votación en el Senado, donde el uribismo es más fuerte. Será
el próximo 29 de mayo.
Un
tercer punto, vinculado al anterior, es el asesinato de líderes comunitarios y
defensores de derechos humanos, cuya frecuencia aumentó a un promedio de tres
crímenes por semana y ya son más de 600 casos desde 2016. El último informe de
Somos Defensores reportó un aumento del 43,7% de las agresiones contra
referentes sociales en 2018 y confirmó 155 asesinatos. A esto se suma la
persecución judicial contra muchos otros en zonas rurales del país.
Ante
esta alarmante situación, el Gobierno apenas aprobó un protocolo para la
prevención y protección en noviembre pasado, que no tuvo ningún efecto en la práctica. Esta
realidad llevó a muchas organizaciones a la conclusión de que no hay voluntad
de parar esta verdadera masacre social, ni de investigar y juzgar a sus
responsables.
También
relacionado con la violencia y el alejamiento de la perspectiva de paz, la
denuncia de una nueva expansión del paramilitarismo estuvo presente en la
movilización nacional. Atando cabos y teniendo en cuenta el antecedente del
gobierno de Álvaro Uribe, queda claro que la política guerrerista del Estado se
impone sobre el débil discurso de paz del oficialismo.
Lucha
campesino-indígena
La
cuestión ambiental fue otro de los pilares centrales este jueves. Si bien las
luchas de comunidades rurales son muchas veces locales y particulares, hay
también una importante agenda nacional al respecto. Uno de sus puntos es el
rechazo a la práctica del fracking (fractura hidráulica) como método para la
extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
Durante
la campaña electoral, Iván Duque se opuso al fracking, pero ahora la ministra
de Minas y Energías promueve abiertamente este método contaminante de
extracción, que ha generado estragos en algunas zonas de Estados Unidos y otros
países. El argumento del Gobierno es que podría triplicar las reservas de gas y
sextuplicar las de petróleo.
En
paralelo, también hay fuertes disputas locales contra la extracción
convencional de hidrocarburos y contra la minería, especialmente después de que
en octubre último la
Corte Constitucional invalidara las consultas populares
vinculantes al respecto, tras afirmar que los recursos del suelo y subsuelo son
propiedad del Estado nacional y ninguna autoridad territorial puede
interponerse a su extracción.
En
el plano agropecuario, organizaciones indígenas y campesinas exigen una reforma
agraria
Y
una última gran preocupación quedó planteada por todos los sectores: el rechazo
a la criminalización de la protesta social.
Agenda
sindical y unidad
También
hubo reclamos específicamente sindicales -impulsados por la CUT y demás
sindicatos y centrales obreras- sobre empleo, salarios, garantías sindicales y
pensiones, entre otros puntos.
Según
la CUT, a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado al Congreso,
el Gobierno busca una reforma laboral que tendría como objetivo modificar las
condiciones de contratación de trabajadores y eliminar el salario mínimo para
habilitar una contratación flexible por horas de trabajo.
Por
su parte, la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) manifestó la misma
posición al advertir que con el PND Iván Duque busca imponer una reforma
parcial del sistema de pensiones. Según la organización, esta iniciativa tiene
la intención de permitir el pago de pensiones por debajo del valor del salario
mínimo en el futuro.
Lo más importante del paro y la movilización nacional no es sin
embargo la agenda particular de cada sector, sino el hecho de que se ha
producido una gran confluencia de fuerzas en torno a propuestas y reclamos
comunes, que se resumen en un amplio rechazo a la política de gobierno de Iván
Duque.
Fuente original: http://americaxxi.com/index.php/news-item/jornada-de-paro-nacional-y-movilizaciones-en-colombia/
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