El fraude de los gigantes agroalimentarios
26 abril 2019
Por José Godoy, Evangelina Robles, David
Sánchez, Colectivo por la Autonomía
Existe el mito oficial de que la
agroindustria y todo su paquete tecnológico son la solución para alimentar a la
población mundial y “salvarnos de la hambruna”. Ya la Vía Campesina y
organizaciones internacionales como GRAIN y el Grupo ETC se han dedicado a
demostrar y difundir que” los campesinos somos los que alimentamos al mundo” y
que “los campesinos podemos enfriar el planeta”.
Pero los
supuestos esfuerzos por “remediar el hambre” por parte de las corporaciones no
cotejan contra los esfuerzos reales por desmantelar —en beneficio de las
grandes corporaciones de la agroindustria— todo el andamiaje de saberes,
estrategias, cuidados y esfuerzos individuales, familiares y colectivos que
conforman eso que sueltamente llamamos agricultura campesina.
En los últimos seis años el gobierno ha promovido al estado
de Jalisco, en México, como “el gigante agroalimentario” dando prioridad a
pocos productos de exportación, como “moras”, frambuesas, tequila, limón,
azúcar y aguacate, mientras cada vez comemos alimentos de menor calidad y más
caros, con costos de producción ambiental y de salud humana muy altos y efectos
nocivos de largo aliento.
Entre tanto, las comunidades indígenas
y campesinas tienen clarísimo el resultado de su esfuerzo, “siempre el
campesino es el que produce la comida. Aunque , la gente de la ciudad no se dé
cuenta. El hambre será general si la cultura campesina desaparece, por eso la
importancia por la lucha de la vida campesina”.1 La variedad, calidad y cercanía del
alimento depende de los campesinos. No puede depender del flujo del capital,
del mercado y del petróleo.
En México, el Estado justifica el fracasado programa de
“cruzada contra el hambre” mientras la agroindustria devasta impunemente el
territorio y el saber campesino ofreciendo nutrir a la población con los
desechos de la alimentación industrializada.
Mientras, en
asambleas, talleres y denuncias, los campesinos identifican los efectos de la
agroindustria promovida por “Jalisco, el Gigante Agroalimentario”: aumento de
plagas y enfermedades, erosión de suelos, desabasto de agua, cambio de clima y
múltiples afectaciones sociales. Proponen hacer agroecología como una vía, como
una caja de herramientas prácticas para volver a la agricultura tradicional,
que en la concepción cíclica de la historia siempre está en el horizonte, sobre
todo desde que este ataque inició con la Revolución Verde. Por
eso en los talleres de la Red en Defensa del Maíz en el sur de Jalisco se
propuso: “convivir con lo silvestre, cuidar comunitariamente la naturaleza,
conocer bien el territorio, recuperar la memoria de los viejos y la historia
ambiental del entorno, ser menos dependientes de la tecnología, recuperar y
usar técnicas propias, hacer parcelas comunitarias con los viejos, jóvenes,
niños y el resto de la comunidad con agricultura tradicional e involucrar a la
gente de la ciudad”. E insisten en que “se hace necesaria la agroecología hoy.
Es una manera de remontar lo que nos han quitado, despreciado y prohibido,
incluida la criminalización por usar semillas campesinas y el libre
intercambio; es crucial usar estas herramientas, pero ponerlas en su lugar, no
como receta: porque justamente la destrucción de nuestra confianza, de nuestros
saberes, de la rentabilidad en el campo hacen que sea muy difícil, pues el
discurso ha ido desacreditando la agricultura”.2 Los jóvenes denuncian que “este gigante
viola el derecho de las futuras generaciones a un medio ambiente sano, al
suelo, al agua, al monte” y añaden: “queremos vivir dignamente en el campo,
cubriendo nuestras necesidades de subsistencia y recreación personal y
comunitaria”. 3
Desde el año 2000, en el contexto del Plan Puebla Panamá,
¿ahora llamado Tren Maya?, se viene diciendo que en México se tiene que reducir
de 20 millones a 2 millones de campesinos. No quiere decir que se vayan a ir a
estudiar o tener una vida mejor, quieren que la gente deje su territorio y se
vaya a las ciudades u otros países a servir a los campos agrícolas, de
jornaleros u obreros de la industria y la maquila, ya no campesinos dueños de
su tierra.
Camila Montecinos relata el fenómeno de “Chile
potencia alimentaria”. Esto comenzó en 1984 y es muy parecido a lo que ocurre
en México. Después de treinta años de potencia agroalimentaria, el resultado es
que la producción de alimentos prácticamente no ha aumentado, pero ahora el 80
por ciento de la producción agrícola de Chile se va al extranjero, “ahora somos
un país totalmente dependiente de lo que llega de fuera, incluso de las
hortalizas; muchas vienen de China. En Chile había un ajo local que fue
desplazado por el chino. Es absurdo traer ajo de China. Y las utilidades de
esas exportaciones se gastan en comida”.
Esto sólo empodera el sector empresarial y afecta a las
comunidades rurales. El precio de los alimentos aumenta. La calidad nutrimental
y la variedad de la alimentación local se reducen. La huella de carbono es
inmensa, pues las empresas del agronegocio exportan, importan, contaminan,
desechan, refrigeran, congelan, especulan y desperdician.
En el boom agroindustrial la cantidad de
gente empleada en producir no ha aumentado, sólo ha migrado del trabajo
campesino al trabajo proletarizado o explotado y desregularizado, incluso
cayendo en situación esclavizada.4 Esto
deja secuelas de enfermedades crónicas o terminales, drogadicción, intoxicación
y muerte.
En Chile, como en toda América Latina, se vive un
acaparamiento de tierras por arrendamiento, invasión y contaminación.
Desplazando a los campesinos y destruyendo las fuentes naturales de vida en
todas las regiones.
En el “Encuentro de Personas Afectadas por los Agronegocios
en Costa Rica” las y los participantes realizaron un análisis sobre las
problemáticas que enfrentan en sus comunidades a consecuencia de la expansión
de los monocultivos de banano, piña, arroz y palma africana: falta acceso a
agua potable, hay contaminación de las fuentes de agua a causa de los
plaguicidas, un excesivo uso de agroquímicos y fumigaciones aéreas más
conflictos territoriales que provocan que cada vez más personas sean peones sin
propiedad. Las empresas convencen a las poblaciones de que generarán fuentes de
empleo. También impacta en las formas de producción y en la economía familiar: algunos
campesinos apuestan por usar paquetes de agroquímicos, dejan de producir lo
suyo, olvidan el conocimiento tradicional y deciden vender sus fincas a las
grandes corporaciones”. “La piña ocupa el segundo lugar de cultivos en los que
se usan más plaguicidas”.
Las ganancias no quedan en el país ni en los trabajadores; 43
por ciento de las ganancias se van a los supermercados europeos.
El 80 por
ciento de las importaciones que hace Costa Rica de plaguicidas son altamente
peligrosos, y pueden generar efectos o síntomas graves de intoxicación a las
pocas horas de trabajar con ellos si entran al organismo e incluso causar la muerte.
Costa Rica importa unos 12
millones de kilogramos de ingredientes activos y formulaciones de plaguicidas
por año, provenientes principalmente de China, India y Estados Unidos. La gran
mayoría se aplican en cultivos a lo largo y ancho de todo el territorio
costarricense.5
En México el caso del aguacate (otro cultivo
agroindustrial), lo documentó a detalle la preaudiencia del Tribunal
Permanente de los Pueblos celebrada en Michoacán, encontrando violaciones a
derechos de carácter internacional con repercusiones locales que resultan de un
sistema caracterizado por acuerdos de libre comercio que benefician sólo a los
propietarios del capital y a los gobiernos que son cómplices en su
implementación, violando los derechos de trabajadores, mujeres, campesinos,
pueblos indígenas y comunidades locales. En particular el TLCAN es responsable
“de la intensificación del desarrollo industrial, la devastación ambiental y la
violación de los derechos humanos asociada con ellos en Michoacán”, así como
“la expropiación de tierras para cultivos intensivos de productos para la
exportación” como aguacates, fresas, frambuesas y otros similares lo que, a su
vez facilita la expropiación de tierras indígenas y el cambio de uso del suelo
de agricultura tradicional a agricultura industrial, el uso de pesticidas
altamente peligrosos —prohibidos en otros países, pero considerados legales en
México— y la contaminación intensiva de las fuentes de agua.
En esa
sesión se denunció que jornaleras y jornaleros no sólo están expuestos a los
plaguicidas de todo tipo durante las horas de trabajo sino que, también el
resto del tiempo, al estar sus viviendas cerca de las zonas de cultivo. “A los
agroquímicos se les atribuye una mayor frecuencia de abortos, de niños con
espina bífida mutaciones y descerebrados, con leucemia, enfermedades renales y
una relación directa con el cáncer, así como la diabetes. La
aplicación en promedio de 900 mil 450 toneladas de pesticidas al año, además de
30 mil toneladas de fertilizantes químicos en la zona aguacatera contamina los
mantos freáticos”.6
“Dados los agravios y mecanismos
utilizados por el Estado en general, los dictaminadores consideramos que hay
una clara desviación de poder de manos del pueblo hacia empresas
transnacionales y algunas nacionales, que imponen una estructura
económica-productiva favorecedora de sus intereses pero, a la vez, provocadora
de todos los daños socio-ambientales denunciados. Las resistencias colectivas,
comunitarias y ciudadanas llaman la atención porque actúan del lado de la
conservación, protección y buen uso de los recursos de la naturaleza, y porque
vuelven visibles nuevos derechos no contemplados aún por la legislación
vigente, tales como: los derechos a la autodeterminación o autogestión
política, social y cultural, a la autodefensa, generando sus propios cuerpos de
seguridad local o comunitaria, así como a la soberanía en todas sus vertientes:
alimentaria, energética, financiera, tecnológica, comunicadora y cultural”.7
El cultivo
del aguacate se expande hacia Jalisco, que importa las crisis del modelo
michoacano. Se expanden los infernales invernaderos hiper-tecnificados de todo
tipo de bayas: “moras” (azules, zarzamoras, arándanos, frambuesas y fresas) y
el emblemático agave azul tequilero que utiliza en su proceso de producción al
menos 18 agroquímicos. “Es grave que la incidencia de plagas y enfermedades en
el agave azul se acentúe con los ciclos de sobreproducción”. y dañe
profundamente los suelos. Pese a todo, el “Paisaje Agavero” es declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 2006.8
El imaginario agroindustrial es la “monopolización
industrial de los valores personales” del que habla Ivan Illich. Pensar que las
fábricas agrotóxicas pueden producir alimentos sanos en equidad social y
equilibrio ambiental. El “ordenado” paisaje agroindustrial, que sustituye lo
silvestre, está más alto en la escala de valores que la salud o la alimentación
sana, e invade todo el espacio de la ruralidad. Esto es una confusión de orden vital
que privilegia invernaderos y criaderos con la más avanzada tecnología
“inteligente y de precisión”, derrochando energía y polución, por encima de
todas las variantes que definen la calidad de vida de los seres humanos. El
neoliberalismo pretende invadirnos con su solución tecnocrática de la necesidad
alimentaria y todas las necesidades humanas.
“La
agricultura tradicional y la soberanía alimentaria que existía antes de la
firma del TLCAN fue suplantada por una reconstrucción deformada de una
agricultura de exportación. México perdió la soberanía en la mayoría de sus áreas
básicas: granos, leguminosas, hortalizas, frutas, carne, alimentos procesados,
etcétera. Hoy el país importa diez millones de toneladas de maíz, a la vez que
subordina la nueva producción agropecuaria a los gustos del mercado
estadounidense: hortalizas, ‘berries’, aguacates, frutas tropicales, marihuana,
amapola, etcétera”.9
Como lo señala la sentencia final del
Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, todos los programas de
apoyo a la producción rural fueron desmantelados, así como las principales
leyes que protegían la propiedad ejidal (colectiva) de la tierra, fomentando su
privatización. Aun así, la mayor parte de la propiedad rural de la tierra se
mantiene, en la mitad del país, en manos de propietarios colectivos que se
resisten a registrar de forma privada sus tierras.
En realidad lo que se visibiliza es una intención de acabar
con la capacidad de los pueblos y comunidades de asegurar de manera autónoma su
subsistencia y formas de vida, para imponerles su integración en el mercado
industrial globalizado.
Como se señaló en el Dictamen de la Audiencia sobre
Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía de los
Pueblos (19-21 de noviembre de 2013): “La pérdida de soberanía alimentaria que
esta política ha provocado tiene como uno de sus componentes principales una
modificación inducida de la dieta mexicana con efectos catastróficos. México
padece uno de los más altos índices del mundo de obesidad, diabetes e
hipertensión. Ocupa el primer lugar mundial en el consumo por persona de
refrescos y uno de los primeros lugares en el consumo de la llamada ‘comida
basura’. Al mismo tiempo, ha empezado a disminuir el consumo de productos de
maíz por primera vez en la
historia. A ello se ha unido la estrategia de penetración del
maíz transgénico”.
Dicen los campesinos de Jalisco en
reunión estatal: Con el gobierno de López Obrador hay un cambio de discurso,
hablan de reactivar el campo con subsidios y reactivar las plantas oficiales de
fertilizantes. No hay, por ningún lado, reconfiguración de la vida campesina.
Se está promoviendo un nuevo extensionismo rural del que resurgirá más
dependencia de semillas, técnicos e insumos. El monocultivo es la política de
Estado. Lo chiquito e integral no cuenta para ellos, aunque sea lo que realmente
llega a las mesas de la gente y lo de mejor calidad. La población no está en su
horizonte.10
Notas:
[1] Taller: “Práctica crítica de la agroecología; desde una visión
comunitaria y el saber campesino frente a la agroindustria” GRAIN: Camila
Montecinos Urbina y Ramón Vera-Herrera. Ejido San Isidro, Jalisco, México.
Marzo 2017
[2] Ibidem
[3] Ibidem
[4] https://www.proceso.com.mx/344623/empresa-mantenia-como-esclavos-a-270-jornaleros-en-jalisco
[5] Fabiola Pomareda García, Memoria
del Encuentro de Personas Afectadas por los Agronegocios en Costa Rica. 21
y 22 de junio, 2017. San José, Costa Rica.
[6] Silvia Rodríguez Cervantes (Costa Rica), Richard Girard (Canadá),
Víctor M. Toledo (México) Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, Preaudiencia sobre la Devastación Ambiental
y Derechos de los Pueblos. San Francisco Cherán, Michoacán, 9 de noviembre
de 2012.
[7] Ibidem
[8] Peter R.W. Gerritsen, Jesús Juan Rosales Adame, Arturo Moreno
Hernández y Luis Manuel Martínez Rivera, Agave
azul y el desarrollo sustentable en la cuenca baja del río Ayuquila, Costa Sur
de Jalisco (1994-2004).
[9] Tribunal Permanente De los Pueblos. “Libre Comercio, Violencia,
Impunidad y Derechos de los Pueblos en México (2011-2014)”, sentencia,
audiencia final, ciudad de México, 12-15 de noviembre de 2014.
[10] Reunión regional en defensa del maíz, las semillas y la vida
campesina. Caracol Psicosocial, Palos Altos, Jalisco 2 y3 de Marzo de 2019.
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Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/El-fraude-de-los-gigantes-agroalimentarios
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