Juan Manzur: el gobernador del jardín de la tortura
28 de
febrero de 2019
En la provincia de
Tucumán, una chica de once años, víctima de una violación, solicitó el aborto no
punible a las 19 semanas de gestación. Pero el Sistema de Salud de la Provincia
de Tucumán (Siprosa) demoró todo para que en vez de interrumpirle el embarazo se
le hicieran una cesárea. La obligaron a ser madre. En la tierra que gobierna
Juan Manzur ex ministro de salud de Cristina Kirchner, Lucía fue obligada a
parir.
Responsabilidades
políticas en una provincia gobernada por un antiderecho.
Por
ANRed
“Vinimos junto con el vicegobernador, con legisladores e
intendentes de distintos puntos para acompañar esta marcha multitudinaria.
Nuestra postura siempre fue la misma. Desde lo personal yo
estoy en contra del aborto y siempre lo manifesté. Hoy
estoy aquí como un ciudadano más de los 150 o 200 mil tucumanos que participaron
de esta marcha fantástica” expresaba
el Gobernador Juan Manzur mientras participaba de una marcha bajo el lema
“Salvemos las dos vidas” en la capital tucumana el 6 de agosto de 2018, días a
previos al debate en Senadores del proyecto IVE.
Su carrera política
Juan Manzur estudió medicina en la
Universidad Nacional de Tucumán y una vez graduado se mudó a Buenos Aires e
hizo su residencia en Cirugía general en el Hospital Alvarez. Se especializó en
medicina laboral y legal.
Inició su carrera política como
secretario de salud en el Partido de La Matanza cuyo intendente era el peronista
Alberto Balestrini. Luego fue viceministro de salud en la provincia de San Luis
gobernada por Rodríguez Saá. En el 2003 asume como ministro de salud de Tucumán
cuyo gobernador era José Alperovich.
El 1 de julio de 2009 asumió el
cargo de Ministro de Salud de la Nación Argentina, en plena pandemia de gripe A
integrando el gabinete de la presidenta Cristina Kirchner.
Detractor del derecho al aborto legal seguro y gratuito
Manzur es un explícito detractor
del derecho al aborto legal seguro y gratuito, en una provincia que se
caracteriza por violentar mujeres. El caso de la niña Lucía obligada a parir
cuando había solicitado un interrupción legal del embarazo, el caso de Belén
presa durante 3 años por ingresar a un hospital con un aborto espontáneo, ambos
tienen el mismo denominador: la
impunidad y la violencia institucional son amparadas desde las autoridades.
En marzo de 2018 en la
inauguración de las sesiones legislativas en la pronvincia dijo: “vuelvo a
reafirmar lo que manifesté en mi discurso inaugural: la defensa de la vida desde
la concepción, como establece nuestra Constitución”
En ese entonces, organizaciones
feministas alertaron la postura del gobernador y denunciaron su intento de
disciplinar a los diputados y diputadas para lograr el rechazo del proyecto ILE
en el Congreso de la Nación, como finalmente sucedió.
La provincia tardó 15 años en
adherir a la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, que
asegura el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y la débil implementación
de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) que se profundiza con la
enseñanza religiosa en Escuelas Públicas en Tucumán.
En este contexto institucional,
desde la Regional Tucumán de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y
Gratuito, exigen la reununcia del gobernador y los funcionarios involucrados en
dilatar el acceso a la ILE a la niña Lucía.
“El Poder Ejecutivo de la
provincia de Tucumán actuó desde el conservadurismo y, utilizando una visión
sesgada e irresponsable, violó los derechos humanos establecidos en pactos,
tratados y convenciones internacionales, aceptando además que todo el personal
médico y el hospital público donde se llevó adelante la práctica se declarasen
objetores de conciencia, por lo que tuvieron que garantizar la interrupción dos
médicos que no trabajan en el sistema público de salud tucumano.
En nuestro país el aborto
es legal cuando la gestación es producto de una violación o cuando pone en
riesgo la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. El único requerimiento
para acceder a la práctica en este caso era el consentimiento informado.
El gobernador, los
ministros y las ministras, las autoridades hospitalarias y las y los
profesionales de la salud son responsables de garantizar y no obstruir el
derecho a interrumpir un embarazo. Las y los profesionales podrán ser
sancionados penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus
obligaciones.
Niñas, no madres. El
embarazo forzado no puede ser una política pública; “no es una niña feliz, no es
una madraza”, como nos quiso hacer creer el editorial de La Nación. No es una
nena con muñeca. Ha sido víctima de abuso sexual, agredida, estigmatizada por un
adulto abusador, machista y misógino y por otro montón de adultos, ministros,
fiscales, jueces, autoridades hospitalarias y profesionales de la salud que
debían brindarle asistencia integral y garantizar la interrupción del embarazo.
Nosotras/es, las/es
activistas que todos los días ponemos el cuerpo para que este mundo sea un lugar
amoroso para nuestras niñas, niños y niñes, no vamos a permitir que les roben su
infancia.”
expresaron las militantes mediante un comunicado
El futuro de Mazur
A través de una carta dirigida al
PJ nacional, el mandatario hizo público su alejamiento del espacio que lideran
Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti al tiempo
que reclamó “la unidad” con Cristina Fernández de Kirchner y acusó a quienes
insisten en prescindir de ella de “trabajar” para el presidente Mauricio Macri.
“Me doy cuenta del rol central
que ocupa Cristina Fernández de Kirchner cuando llama a la conformación de un
gran frente opositor. Sin mezquindades, abre sus brazos a todos. Ella entiende
la importancia de la unidad de nuestro espacio político” expresó
el gobernador.
Manzur, un antiderecho
entre las filas que acompañarán a Cristina Kirchner en sus intenciones
electoralistas de cara a octubre de 2019.
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Fuente: https://www.anred.org/?p=111146
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