La
fiebre del litio
Publicado en Página 12
el 6 de Junio de 2011.
La minería avanza en Jujuy y Salta en
búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y
electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las
salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.
“El oro
del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y
baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en
la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por
ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena
parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar
y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la
fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales
que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que
vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía.
Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a
permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo
kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó
una medida cautelar en la
Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos
vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se
consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe
geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una
región donde el agua es el bien más escaso.
“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista
estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el
noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por
ciento del litio del mundo.
En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de
compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al
menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos
en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).
El litio forma parte de las salinas, planicies
blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el
norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los
pueblos kolla y atacama.
“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros
hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan
todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores,
47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de
Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión
que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias,
piensan y actúan de manera similar.
La minería del litio forma parte del modelo de
extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la
minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso
masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en
los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.
Del agua dependen todas
las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras.
La presentación en la
Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca
hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes , que agrupa
cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades
indígenas.
“La explotación de la
minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de
los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de
utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona
árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las
comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas
afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos
de los jueces del máximo tribunal del país.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la
exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva
alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos
naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos
Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA
Salta.
Respecto de la minería, precisa que sus
“principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso
agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y
efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre pasado, la Coordinadora de
Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología
Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las
salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera.
“Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de
prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes ”,
se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando
impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.
“La perforación presenta surgencia permanente
de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá
notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de
extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se
esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos
de baja salinidad.”
Rodrigo Solá, uno de los abogados que
participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el
acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde
obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor,
el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no
sirve para cortarla y luego vender.”
En febrero de 2010 las comunidades indígenas
confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a
organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las
salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la
Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas
provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente
C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy
y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego
se sumaron otras once comunidades.
Entre los ejes de la
demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que
la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los
territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un
ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual
les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su
subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la
producción”.
Se solicita la suspensión inmediata de
actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide
aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya
peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza
científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del
medio ambiente”.
El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial
hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional
hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los
estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades
indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se
apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.
“No puede ni debe realizarse ningún tipo de
actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las
comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de
Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el
consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y
que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni
pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado
internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del
Código de Minería y Código Civil.
Las 33 comunidades de
la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y
Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual
legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes
de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio,
pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo
tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos
marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe
qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.”
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Fuente: https://darioaranda.wordpress.com/2011/06/07/la-fiebre-del-litio/
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