Expansión de las plantaciones de
palma aceitera como política de Estado en Centroamérica
31 de octubre de 2016
Red de Coordinación en Biodiversidad, http://redbiodiversidadcr.codigosur.net/
Aspectos históricos, ambientales, laborales y
económicos unen el fenómeno de expansión de los monocultivos de la palma
africana de aceite en la región centroamericana. Estrategias de producción
tercerizada, exoneración de impuestos, apoyo a los tratados de libre comercio,
concentración de subsidios estatales y estrategias de responsabilidad
empresarial son comunes en las empresas de palma. Incluso coinciden fechas de
experimentación y planes pilotos como es el caso de los años 50 y 60 en el
Valle de Agúan en Honduras y la costa del Océano Pacífico en Costa Rica.
En Centroamérica las extensiones de palma
aceitera registradas oficialmente sobrepasan las 370.000 hectáreas
y esta cifra viene en aumento debido a una agresiva expansión producto de la
demanda de aceite de palma a nivel global. El 51% del aceite vegetal consumido
mundialmente es de origen de palma. En particular las exportaciones
centroamericanas tienen como destino México, Estados Unidos y la Unión Europea (1).
El aceite de palma es quizá una de las
industrias de más rápido crecimiento y al mismo tiempo integradas regionalmente
como agronegocio. Pero destaca por ser quizá el cultivo menos estudiado en
cuanto a sus impactos sociales y ambientales aún inconmensurables.
En Guatemala existen 130.000 hectáreas
de plantaciones de palma. En los departamentos con presencia del monocultivo se
reportan desplazamiento de comunidades y pueblos indígenas (2). Estos son los
casos del Sur de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Q´eqchí, Escuintla,
Suchitepéquez, Quetzaltenengo, San Marcos y Retalhuleu, la mayoría comunidades
campesinas y pescadoras. Alrededor del 4% del total de la superficie agrícola
del país está ocupada por este monocultivo.
Si hablamos del caso hondureño, el monocultivo
de palma es uno de los responsables más importantes de la deforestación y la
pérdida de territorio por parte de las comunidades garífunas y misquitas.
Honduras posee una agroindustria agresiva vinculada a poderes políticos,
militares y del narcotráfico. Se reportan oficialmente 165.000 hectáreas ,
pero esta cifra está poco documentada y se encuentra actualmente en expansión
gracias a políticas e incentivos gubernamentales.
Para Honduras la concentración aparente no es
tan acentuada ya que la producción de palma no es exclusivamente una actividad
de grandes productores o transnacionales. En Honduras, 16 de los 18 mil
productores son pequeños (50 de las 165 mil hectáreas). Hay que señalar que el
número de hectáreas registradas con cultivo de palma en Honduras es el que
emiten las mismas empresas, por lo que se estima que están subcontabilizadas.
Sobre todo luego del Golpe de Estado de 2009, cuando se ha venido consolidando
de forma más agresiva la expansión palmera, la militarización y la violencia
contra campesinos. Esta situación se ha hecho particularmente evidente en el
Valle del Agúan, por la gran cantidad de asesinatos y desaparecidos dentro de
las plantaciones. En el centro de esta polémica por los crímenes está la empresa DINANT ,
propiedad de la
familia Facussé , el mayor productor de aceite de palma del
país (3).
Por su parte, el censo agrícola de 2014 de
Costa Rica reporta 66.419,7
hectáreas sembradas de palma aceitera distribuidas en
2169 fincas, donde el 67% de la extensión se encuentra en tan solo el 8,6% de
las fincas. Esta producción está vinculada con la industria alimentaria y
cosmética principalmente, aunque han habido intentos gubernamentales por
incentivar la producción de palma aceitera para la producción de biodiesel.
Según datos de la
Cámara Nacional de Productores de Palma (CANAPALMA), el 50%
de la superficie sembrada de palma en Costa Rica está en posesión del 3% de los
productores.
La introducción de la palma aceitera de forma
intensiva en Costa Rica se dio en la década de 1980, aunque se reporta ya
experimentación desde los años 50. El agotamiento de los suelos y la
contaminación con metales pesados provocada por el uso excesivo de fungicidas a
base de Sulfato de Cobre empleados en las plantaciones bananeras, ocasionó que
miles de hectáreas de tierra se tornaran tóxicas para las musáceas (familia de
las bananeras) y otros cultivos intolerantes a la presencia de estos elementos
en el suelo.
Esto provocó una disminución en la producción bananera
de la zona. Por
tanto, la United
Fruit Company (principal transaccional agroexportadora de la
época) migró agresivamente sus plantaciones e infraestructura relacionada con
la industria bananera desde el Pacífico Sur hasta el Caribe costarricense a la
siembra de palma aceitera. Este cambio se generó no sólo debido a que el Caribe
suministraba mejores condiciones de humedad que beneficiaban al cultivo de
palma, sino además porque este cultivo tolera altos niveles de concentraciones
de metales pesados en el suelo, como el cobre.
Para 1973, la United Fruit Company
tenía contratados alrededor de 11.000 empleados en la industria bananera en la Zona Sur. Luego de
la migración a palma aceitera, esta misma compañía empleaba 4.000 peones
agrícolas a finales de los años ochenta. Mientras las plantaciones de banano en
promedio empleaban a un trabajador por hectárea, ahora ese mismo peón asiste 10 hectáreas de palma.
Esta razón puede llegar a explicar el desempleo generado desde la década del 80
en gran parte del Pacifico Sur costarricense producto de este cambio
productivo.
Para algunos autores, la transaccional United
Fruit Company/United Brands suministró a los pequeños
productores locales de una alternativa productiva, crédito y tecnología de
punta. Sin embargo, también controló la entrada a los segmentos más rentables
de la cadena de producción de aceite por medio del material genético, la
industrialización, el transporte y la comercialización. El
Estado jugó un papel central en la configuración de las
relaciones de poder por medio de su participación en la construcción de
infraestructura procesadora e industrializadora de aceite. Dejando en poder de
la transnacional la parte más rentable de este negocio (la comercialización)
que luego tomaría el nombre de Chiquita Brands.
El fomento al sector cooperativo es donde el
papel de las instituciones estatales posee mayor injerencia cuando se habla de
palma en Costa Rica. Mediante un primer préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) de US$31 millones, otro de la institución financiera para el
desarrollo del gobierno del Reino Unido (CDC, por su sigla en inglés) de US$ 13
millones y un aporte estatal de US$ 4 millones, se da inicio a la operación de
una Unidad Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Agroindustrial de Coto Sur.
Esta Unidad no solo fomentaría la siembra de palma por parte de pequeños y
medianos productores, sino también la construcción de una planta procesadora
para extraer aceite.
En la actualidad, la Cooperativa de Pequeños
Productores de Palma (COOPEAGROPAL), adeuda más de 1,500 millones de colones
(aproximadamente US$ 2,72 millones) al Estado costarricense en un fideicomiso
en el Banco Nacional, adquirido para el establecimiento de una planta
extractora de aceite. Esto es excepcional debido a que Costa Rica ha optado por
la desfinanciación de la agricultura campesina, para apostarle a la inversión
agroindustrial publico-privada. Así, se da inicio a una industrial marcada por
desigualdades e intereses económicos muy fuertes.
Palma Tica S.A. tiene en su control el
procesamiento y la comercialización del 80% del aceite crudo y se estima que
del total de hectáreas sembradas de palma aceitera en el país esta misma
empresa pose el 40% de la superficie sembrada, es decir 24.800 hectáreas
aproximadamente. A esto se le debe sumar alrededor de 19.200 hectáreas
que pertenecen a productores independientes financiados mediante crédito
hipotecario por parte de Palma Tica, la cual reclama la totalidad de la
producción durante 14 años, como parte del pago. Por otro lado, COOPEAGROPAL
maneja el restante 31% de la superficie sembrada y comercializa al rededor de
un 20% de la producción.
Palma Tica S.A es una de las cuatro grandes
empresas del Grupo Numar, transnacional que opera a nivel centroamericano y en
Panamá especializada en producción, distribución y comercialización de
alimentos procesados. La transnacional
Chiquita Brands vendió el Grupo Numar en 1995 por US$100
millones a ocho firmas costarricenses, una panameña y otra de Belice.
Posteriormente, en 2013, Chiquita Brands vuelve a comprar esta compañía.
El Grupo Numar, a través de su subsidiaria
Agricultural Services and Development (ASD), tienen en su control la totalidad
del suministro de germoplasma tanto para los productores independientes, como
para Palma Tica S.A y COOPEAGROPAL. Según la misma empresa, ASD ha exportado
más de 300 millones de semillas a prácticamente todos los países productores de
palma aceitera en el mundo. En América Latina alrededor de 65% del área
plantada del monocultivo de palma fue desarrollada con variedades de ASD. En el
mundo, las plantaciones comerciales que han usado variedades de ASD representan
más del 11% del área total plantada, lo que demuestra la influencia regional y
global de la transaccional en la expansión de este monocultivo.
Actualmente, tanto Costa Rica, Guatemala como
Honduras cuentan con políticas de “biocombustibles” o mejor dicho agroenergía,
las cuales han intensificado y estimulado la expansión de la palma. Un ejemplo de
esto son las declaraciones de la Federación Nacional de Palmeros de Honduras
(Fenapalmah) quienes afirmaron que para setiembre de 2015, 7 de cada 10 plantas
de extracción de aceite estaban produciendo energía de biomasa.
La región centroamericana en su conjunto sufre
una serie de procesos de supuesta integración económica y financiera: sistemas
de interconexión eléctrica, tratados de libre comercio regionales, políticas
aduaneras conjuntas y proyectos de infraestructura son ahora algunos de sus
ejes. En este sentido, la producción de aceite de palma no sólo puede ser visto
como un proyecto regional sino que es una carrera de “integración económica”
anclada a la producción de mercancías para la exportación. Los
pueblos y comunidades expulsados de los territorios ocupados por esta expansión
son los más afectados.
Los procesos de expansión del monocultivo a
nivel regional se encuentra orquestado sin importar fronteras ni gobiernos.
Para comprender este fenómeno a nivel regional es preciso verlo en su conjunto
y tratarlo como un proyecto empresarial de gran magnitud fuera de las
proporciones nacionales de cada uno de los países centroamericanos.
Notas
(1) Mapa “Monocultivo
de Palma Aceitera en América Latina”, Otros Mundos AC, GeoComunes – ver aquí.
(2) Guatemala: la palma africana promueve un nuevo desplazamiento de comunidades rurales – ver aquí.
Guatemala: Isla Chicales – tierras estatales deben ser manejadas por las comunidades – ver aquí.
(3) Bajo Aguán: Grito por la Tierra – ver aquí.
Honduras: mujeres en lucha por la tierra en un marco de violencia y asesinatos – ver aquí.
(2) Guatemala: la palma africana promueve un nuevo desplazamiento de comunidades rurales – ver aquí.
Guatemala: Isla Chicales – tierras estatales deben ser manejadas por las comunidades – ver aquí.
(3) Bajo Aguán: Grito por la Tierra – ver aquí.
Honduras: mujeres en lucha por la tierra en un marco de violencia y asesinatos – ver aquí.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Expansion_de_las_plantaciones_de_palma_aceitera_como_politica_de_Estado_en_Centroamerica
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