Vemos que el megajuicio es fruto de la lucha desde abajo y a la izquierda. También desde abajo y a la izquierda se brega por la memoria, verdad y justicia de la criminalidad de lesa humanidad de hoy.

Concluyó la Megacausa 

La Perla-Campo de la Ribera: 

claves de un día histórico
29 de agosto de 2016

De lxs 43 imputados, 38 recibieron condena por su responsabilidad en el terrorismo de Estado entre 1975 y 1978. 28 son de prisión perpetua. 10 mil personas esperaron la sentencia en Tribunales Federales. 3 años y 8 meses duró el Megajuicio. 580 fueron los testimonios de víctimas sobrevivientes. 

Por RNMA

Hasta para lxs más desprevenidxs, ayer en la ciudad de Córdoba se vivió un día histórico. Se conoció el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba en el juicio oral por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por personal del Ejército y la Policía que actuaron de manera ilegal e ilegítima en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) denominados “La Perla”, “Campo de la Ribera”, “D2”, “Malagueño o Perla Chica”, años previos y durante la última dictadura militar en la ciudad de Córdoba.

La lectura de la sentencia que se transmitió en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) arrojó el dato de que de lxs 43 imputadxs, 38 recibieron condena. Sólo para 28 de ellxs fue de prisión perpetua, y para lxs 10 restantes penas que van desde los dos años y seis meses hasta los veintiún años. Cinco de los imputados fueron absueltos. En el inicio de la lectura el Tribunal rechazó el pedido de nulidad de la defensa. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 25 de octubre del corriente año a las 12 horas.

Día histórico

Tuvieron que pasar más de tres años y medio para conocer la sentencia de la Megacausa La Perla-Campo de la Ribera. Este es el séptimo juicio por crímenes de Lesa Humanidad en la provincia, pero por su envergadura se convirtió en una pieza clave para escribir la memoria del pasado reciente de la provincia y el país.
El interior de la Sala de Audiencia estuvo colmada por familiares y víctimas del plan sistemático de detención, tortura y exterminio a través del aparato estatal perpetrado durante la última dictadura en Argentina, así como por representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, legisladorxs y el gobernador de la provincia Juan Schiaretti. Afuera, la ciudad desbordaba con su histórico pedido de justicia: pañuelos blancos y claveles rojos recorrieron las calles hasta los puntos de encuentro para marchar a Tribunales. Estudiantes de escuelas secundarias junto a sus docentes, universitarixs, contingentes extranjeros, trabajadorxs y organizaciones sociales, barriales, sindicales, estudiantiles, artísticas y partidarias dieron el presente en la lectura de la sentencia.

Más de 10 mil personas congregadas para escuchar juntas el desenlace de la Megacausa, para hacer presentes a lxs desaparecidxs, y para exigir, no sólo memoria, verdad y justicia, sino también castigo a lxs genocidas. Mientras, otras miles siguieron en vivo la transmisión de la sentencia a través del CIJ del Poder Judicial, de la RNMA y más de 20 radios en “Cadena para la condena”.

La causa
El juicio: comenzó el 4 de diciembre de 2012. Por las 354 audiencias pasaron 581 testigxs para juzgar la responsabilidad de lxs imputadxs respecto a 705 víctimas del terrorismo de Estado.
El Tribunal: integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Arturo Ochoa (este último en calidad de juez sustituto).
Fiscal: Dr. Carlos Facundo Trotta (inició como fiscal coayudante, actualmente se desempeña en reemplazo de Carlos Gonella).
22 causas: son las que se investigaron en este juicio sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos entre marzo de 1975 y diciembre de 1978.
Acusadxs: de lxs 45 imputados sentadxs inicialmente en el banquillo, dos años más tarde el número ascendió a 54 por la acumulación de cinco nuevas causas. Durante el desarrollo del juicio, 11 represores fallecieron por vejez o por problemas de salud. Todxs pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado nacional y provincial, así como personal civil contratado y entrenado por las fuerzas represivas estatales que operaron de manera clandestina antes y durante la dictadura.
Como expresó Alexis Oliva para el Enredando las Mañanas, este juicio histórico cubre “todo el período histórico del terrorismo de Estado que arranca en febrero del ‘74 con el Navarrazo -el golpe de Estado que derrocó a Ricardo Obregón Cano y que prácticamente allí la intervención federal y el terror, primero las Tres A, después el Comando Libertadores de América y después el propio Ejército-, hasta el fin de la dictadura prácticamente”.

Perspectivas

El caudal probatorio de la Megacausa La Perla-Campo de la Ribera logró demostrar los hechos y la responsabilidad de lxs acusadxs de terrorismo de estado en el marco de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Por lo tanto, las víctimas de la causa pasaron a ser reconocidas como tales por la justicia del Estado argentino. Esto implica una doble reparación al ser reconocidas como víctimas y al escribir la historia que asienta que quienes cometen estos crímenes amparados en el aparato estatal y sus recursos, en el marco de un plan sistemático de exterminio contra la población civil, deben ser juzgadxs y condenadxs. Como manifestaba la testigo de causa y ex presapolítica Gloria Di Rienzo al ELM, “son condenados por el pueblo, condenados por la justicia y no hay oportunidad de otro tipo de relato dicotómico o que ponga en duda lo que aquí sucedió. Ese (...) es un legado también para las generaciones posteriores, que no haya dudas en cuanto a lo que aquí pasó y porqué se juzgan este tipo de crímenes”.

El desarrollo del juicio permitió que emergieran pruebas que iniciaron nuevas investigaciones no sólo vinculadas con otros centros de detención, tortura y exterminio militares o policiales, sino también con integrantes de la sociedad civil, empresarial, eclesial y judicial que aportaron a que las Fuerzas Armadas pudieran desplegar y perpetrar su plan de represión ilegal y genocidio. Resta ahora que la Justicia avance en determinar la responsabilidad de éstos.

Asimismo, otro antecedente de inconmensurable valor es la imputación de varixs de lxs genocidas por la desaparición forzada de un menor, el nieto o nieta de Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba, quien espera la resolución de la causa por la desaparición de su hija, Silvina Parodi y su yerno, Daniel Orozco, junto con su nietx aún no encontradx. Esta representa la primera condena sobre el plan sistemático de robo de bebés en el país. Por otro lado, durante el desarrollo de los testimonios se mencionaron otros cuatro casos de niñxs desaparecidxs, entre los cuales se encuentra el hijo o hija del abogado de DDHH Carlos Vasco Orzaocoa y de María de las Mercedes Gómez, detenida-desaparecida.
Mientras tanto, lxs es presos y presas políticxs, testigos centrales de éste y los demás juicios por la Verdad, continúan reclamando que "sin testimonios no hay juicios ni condenas" y la aplicación inmediata de las leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado, como lo expresaban hace unos días en el ELM.

Embajadora del terror

En la calle, una multitud se congregó para apoyar la actuación judicial y el largo reclamo de 40 años de lxs familiares y organismos de Derechos Humanos que permitió que estas causas por delitos de lesa humanidad vieran la luz, reafirmando que la política de memoria, verdad y justicia tiene que ser –y vale decir, no debe dejar de serlo- política de Estado.

Mientras tanto, al interior del Tribunal Oral, María Cecilia Pando se hacía presente para solidarizarse con lxs acusadxs, hoy ya sentenciadxs por genocidas. Pando es esposa de un militar condenado y referente de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA). Una vez más dio el presente, esta vez en la lectura de la sentencia, reforzando la maniobra que, con especial énfasis en los últimos meses, busca instalar la teoría de los dos demonios para licuar la responsabilidad de los militares genocidas responsables del terrorismo de Estado bajo el marco de una supuesta “guerra” entre dos bandos. Increpó verbalmente a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y testigo en el juicio, calificando como "circo" este juicio histórico y exhortándola a que “luche por los derechos de todas las víctimas de terrorismo”. A pesar de sus agravios se le permitió presenciar el dictamen.

Pero el terrorismo no se detuvo allí. Al finalizar la lectura de la sentencia el represor “Chubi” López increpó y amenazó al actual gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, quien fue acompañado del ministro de Justicia Luis Angulo y el vicegobernador Martín Llaryora, entre otrxs funcionarixs provinciales y nacionales. López vociferó: “Los vamos a secuestrar” antes de ser retirado de la Sala de Audiencias.

Genocidas con sentencia

Luciano Benjamín “Cachorro” Menéndez: perpetua (14º condenas en Córdoba, Tucumán, La Rioja y San Luis, 12 a perpetua para el ex Comandante del III Cuerpo del Ejército)
Carlos Alfredo “Tucán” Yanicelli: perpetua (ex jefe del Departamento de Informaciones -D2- de la Policía de Córdoba)
Luis Santiago Martella: perpetua
Héctor Hugo Lorenzo Chilo: perpetua
Jorge Eduardo Gorleri: perpetua
Jorge González Navarro: perpetua
Luis Gustavo Diedrich: perpetua
Héctor Pedro Vergez: perpetua (cumple otras condenas en la cárcel de Bouwer)
Ernesto Guillermo Barreiro: perpetua (primera condena a perpetua para el ex carapintada y ex jefe de interrogadores-torturadores de La Perla)
Jorge Exequiel Acosta: perpetua
Carlos Alberto Villanueva: perpetua
Carlos Alberto Díaz: perpetua
José Hugo Herrera: perpetua
Oreste Valentín Padován: perpetua
Miguel Ángel Lemoine: 5 años
Juan Eusebio Vega: perpetua
Ricardo Alberto Ramón Lardone: perpetua
Emilio Morard: perpetua
Arnoldo “Chubi” José López: perpetua (personal civil de Inteligencia)
Héctor Raúl Romero: perpetua
Eduardo Grandi: perpetua
Mirta Graciela “la Cuca” Antón: perpetua (ex policía)
Herminio Jesús Antón: perpetua (hermano de la “la Cuca”)
Yamil Jabour: perpetua
Juan Eduardo Ramón Molina: perpetua
Calixto Luis Flores: perpetua
Marcelo Luna: perpetua
Alberto Luis Lucero: perpetua
Miguel Ángel “el Gato” Gómez: perpetua
Enrique Alfredo Maffei: 21 años
José Luis Yáñes: 20 años
José Andrés Tófalo: 14 años
Alberto Choux: 11 años
Raúl Alejandro Contrera: 8 años
Antonio Reginaldo Castro: 8 años
Wenceslao Claro: 5 años
Rubén Osvaldo Brocos: 3 años (se computa como cumplida por el tiempo detenido en prisión preventiva)
Carlos Edgardo Monti: 2 años y 6 meses
Juan Carlos Cerruti: absuelto (se ordenó su inmediata libertad)
Francisco Melfi: absuelto
Ángel Corvalán: absuelto
Antonio Filiz: absuelto
José Idelfonso Vélez: absuelto

Ante la continuidad del aparato represivo

Mientras son juzgadxs y condenadxs gran parte de lxs genocidxs que actuaron de manera atroz durante la triste y larga noche dictatorial, seguimos siendo testigxs de inumerables casos de personas detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas en democracia, a 40 años del inicio de la última dictadura militar en el país.
Jóvenxs en los barrios más humildes que son oblidagxs a delinquir para y por la policía; trabajadoras sexuales que son acosadas, extorsionadas, violadas y asesinadas en manos de la misma fuerza represiva; personas presas que aparecen “suicidadas” en las cárceles y comisarías de todo el país; prácticas de torturas medieval y dictatorial en estos mismos campos de concentración. Escenas que no dejan de evidenciar un sinnúmero de ilegalidades que continúan vigentes, amparadas por el Estado y sus dispositivos de control y represión.

Quizás estos juicios contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, signifiquen también un paso adelante en el renovado pedido, casi cotidiano, de verdad, justicia y castigo de lxs familiares de personas víctimas de gatillo fácil, de la narcopolicía, de los servicios penitenciarios del terror que aún operan con crudeza contra objetivos claramente definidos y con la complicidad de algunos sectores del aparato judicial.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12709