Bolivia frente a sí
misma
30 de agosto de 2016
30 de agosto de 2016
Por Pablo Stefanoni (Nueva Sociedad)
El asesinato del
viceministro Rodolfo Illanes pone a Bolivia frente a la radicalidad de sus
formas de protesta y revive viejos fantasmas de conflicto social.
El conflicto entre el gobierno boliviano y los cooperativistas
mineros no es novedoso en su dinámica pero sí en su escala: la brutal muerte de
un viceministro a golpes, luego de ser secuestrado, causó conmoción en un país
acostumbrado a la radicalidad de las protestas sociales. Además, el crimen pone
en duda los avances en la creación de un «Estado fuerte», la meta de Evo
Morales desde 2006: ni siquiera durante la guerra del gas de 2003, que acabó
con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se llegó a una agresión semejante
contra un funcionario de tan alto nivel.
Como viceministro de Régimen Interior, y parte del círculo
presidencial desde 2006, Rodolfo Illanes fue a la localidad de Panduro (185 kilómetros de La
Paz) a negociar con los cooperativistas mineros, donde fue retenido y luego
asesinado a golpes mientras caían dos mineros víctimas de la represión policial
para desbloquear las rutas. «Ya no vamos a negociar con él [por el ministro de
Gobierno Carlos Romero], que presente su carta [de renuncia]; si no, vamos a
colgar a su viceministro y yo me voy a encargar», había declarado a la prensa
uno de los líderes mineros en medio de los intentos del gobierno de retomar el
diálogo.
La dinámica bloqueos
de caminos-represión- enardecimiento-escalada de violencia es parte de las luchas sociales en
Bolivia. Pero desde su llegada al poder, el gobierno del Movimiento al
Socialismo (MAS) logró reducir los conflictos sociales, aunque hubo momentos
críticos como las movilizaciones contra el «gasolinazo» de 2010 o las protestas
contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en 2011. En esa ocasión el canciller David
Choquehuanca fue «retenido» por los indígenas y utilizado como escudo frente a
la policía, no obstante las cosas no pasaron a mayores. Pero hoy, a diferencia
de esos días, el gobierno enfrenta el desgaste político de la derrota en el
referéndum del 21 de febrero de 2016, con una pérdida significativa de apoyo en
las grandes ciudades. A ello se suma la baja de los precios de los minerales y
menores recursos en el Tesoro.
Estas cooperativas son uno de los tres grandes
actores de la minería boliviana junto con la estatal y la transnacional, y
están acostumbradas a disputar vetas de minerales de manera aguerrida e incluso
violenta, como quedó claro en 2006 con el enfrentamiento entre cooperativistas y mineros estatales
con un saldo de 16 muertos. Sobrevivientes
de la crisis de la minería estatal en los años 80, las cooperativas crecieron
bajo todos los gobiernos, pero lo hicieron en mayor medida en esta década al
calor del aumento de los precios internacionales de los minerales. Los
cooperativistas también participaron del ciclo de luchas populares de los años
2000, y estuvieron entre quienes impidieron, en Sucre, que asumiera un
«neoliberal» tras la renuncia del presidente Carlos Mesa en 2005. Ya durante la Asamblea Constituyente
lograron que un artículo de la nueva Constitución
Política del Estado (2009) indique que «El Estado reconoce y
respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras,
por su carácter productivo social».
Hoy los cooperativistas son unos
119.000 trabajadores, frente a 8.000 de la minería privada y 7.500 de la
estatal), aunque su productividad es menor y su trabajo más artesanal.
En un artículo titulado «Cría cuervos», el ex-viceministro de Régimen Interior
Rafael Puente escribió que «las ‘cooperativas’ mineras no tienen nada de
cooperativas; en realidad son empresas, cuyos dueños son los llamados ‘socios’
(y ni siquiera todos) que manejan y explotan a una enorme masa de obreros que
no tienen ni seguro social, ni seguro industrial, ni jubilación, ni nada. Y ni
siquiera hablamos de las mujeres y del trabajo infantil».
En efecto, aunque se use la figura de la
cooperativa, ello opaca un mundo de asimetrías y relaciones entre «socios» y
peones, además de contratistas y otros actores. «La cooperación se restringe a
la reunión de socios para acceder al yacimiento que luego parcelan,
predominando el trabajo individual de baja productividad y no la organización
del trabajo con base en la cooperación», señala el investigador Pablo Poveda
Ávila en un artículo sobre la historia del cooperativismo minero.
Una de las razones de las protestas actuales fue, precisamente,
rechazar una ley que permitiría sindicalizarse a los peones de las
cooperativas, lo que es rechazado por los «socios».Otra causa de la
radicalización del sector es el impedimento que tienen para suscribir acuerdos
con empresas para operar sus yacimientos. Y una tercera es la demanda de
flexibilización de las regulaciones ambientales. Por eso, el gobierno los acusa
de querer asociarse a las transnacionales y de ser patrones disfrazados de cooperativistas.
No obstante, eran hasta ahora parte del bloque político y social «del cambio»,
e incluso consiguieron embajadores, diputados y senadores. El primer ministro
de Minería de Evo Morales, Walter Villarroel, pertenecía a la Federación Nacional
de Cooperativas Mineras (Fencomin) y su gestión potenció el conflicto entre
estatales y cooperativistas.
Una cuestión anexa a esta crisis es el uso de
la dinamita en las protestas. En 2012 el gobierno la prohibió, pero más tarde
la volvió a autorizar dado que es parte de la identidad minera. El propio
vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo hace un tiempo a un grupo de
estudiantes de Porco, Potosí, que «Si alguien de aquí a cinco a 10 años quiere
venir a quitar el petróleo, la electricidad, pónganse sus cartuchos de dinamita
y vayan a botarlos a patadas». «La dinamita es la esencia de los trabajadores,
sobre todo de los mineros; con ella podemos enfrentar a los gobiernos
neoliberales», señaló el secretario ejecutivo de la Confederación General
de Trabajadores Fabriles, Víctor Quispe, en mayo pasado al celebrar la
abrogación del decreto que prohibía su uso. Y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana ,
Guido Mitma, también destacó la medida. «¿Cómo se llegó a recuperar la
democracia? Gracias al arma que tenemos los trabajadores en su conjunto para
defendernos de la derecha neoliberal». Pero como se ve con este conflicto, la
minería no solamente remite a las heroicas luchas de los trabajadores de los
socavones –como la Revolución de 1952 o las luchas por la democracia en los
años 70 y 80– sino a las disputas por la renta en un país fuertemente
corporativo y sostenido en una economía extractiva.
Que los cooperativistas sean parte del MAS
tampoco es una anomalía. El MAS es un partido de pequeños productores (más que
de comunarios) que incluye a cocaleros y comerciantes informales («gremiales»),
pero en este caso los intentos oficiales de fortalecer la minería estatal
desataron diversas tensiones, que culminaron en la escalada actual. Ahora, tras
estos hechos luctuosos, posiblemente el gobierno emprenda cambios más profundos
en la minería. Por
lo pronto, se anunció que los cooperativistas ya no contarán con representación
en la
Corporación Minera Boliviana (Comibol).
Si bien muchas cosas se modificaron desde
2005, muchas otras permanecieron con escasos cambios y una de ellas es la
dificultad para que los conflictos sociales puedan procesarse de manera
institucional. Al mismo tiempo, la dinámica del conflicto social boliviano
muestra a menudo precariedad estatal (por ejemplo, un viceministro que va con
escasa custodia a negociar con un grupo radicalizado) junto a una policía que
suele ser letal a la hora de despejar caminos, por una combinación variable
entre armamento inadecuado o escaso, fuerzas policiales insuficientes o temor a
sectores sociales a menudo armados con piedras o dinamita.
Si bien Evo Morales tuvo la autoridad para normalizar en gran
medida el país, sus principales escollos fueron sus propias bases, ese «veto
social» difícil de contrarrestar, más aún que la oposición de derecha a la que
pudo derrotar sucesivas veces en las urnas –y en las calles–. Una ventaja con
que contó el gobierno en este caso fue que no se sumaron otros sectores a
las demandas de los cooperativistas y que estos últimos cosechan escasa
simpatía social. Pero haría mal en leerlo en términos conspirativos en lugar de
abordarlo como un síntoma de un nuevo momento y como una amenaza a futuro. Otra
vez, un conflicto toma el carácter de guerra civil en pequeña escala, y esta vez
con una baja del entorno del presidente.
Quizás el asesinato de Illanes marque un antes y un después, sin
que aún podamos dimensionar ese «después», es decir la forma en que el gobierno
utilizará este desborde para recuperar iniciativa y poder.
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