Operación Pergamino:
la verdad de la mentira
3 de agosto de 2016
Por Darío Aranda (La Vaca)
Vecinos bonaerenses fueron convocados para un
“estudio” sobre el impacto de los agroquímicos. Financiado por los ministerios
de Agricultura y Ciencia de Nación, los investigadores de la UBA no analizaron
los químicos más utilizados por el agro actual, no entregaron los estudios que
pueden detectar los plaguicidas y ocultaron sus vínculos con las empresas del
sector.
Una inédita operación en favor de los
transgénicos y agroquímicos se realizó entre científicos de la Universidad de
Buenos Aires (Facultad de Agronomía y Farmacia y Bioquímica), funcionarios de
Pergamino, el actual ministro de Ciencia de Buenos Aires, Jorge Elustondo, y
empresas del agronegocios. Bajo la promesa de estudios científicos en la
población, omitieron buscar los químicos denunciados (glifosato, atrazina,
2-4-D), ocultaron conflictos de intereses, negaron resultados a la población
afectada y minimizaron la contaminación en base a análisis sesgados: “Son
niveles muy bajos de plaguicidas, no representan ningún tipo de riesgo”
Las empresas e instituciones que celebraron la
maniobra, bajo el sello de “Agrolimpio”, son la Sociedad Rural , la
Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), la Cámara de
agroquímicos (Casafe), Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA),
empresas de aeroaplicación, la Federación de Distribuidores de Insumos y la
Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires (Aiamba).
La Asamblea por la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente
cuestionó el accionar de científicos y funcionarios y cuestionó la
investigación: “El estudio resulta totalmente incompleto porque no contempla
los productos de mayor uso actual. La comunidad no tuvo acceso a los resultados
escritos. Sólo se tuvo acceso a lo que los investigadores comentaron en su
visita y a los resultados individuales de sangre. Tampoco hubo un resultado de
escrito del análisis de agua”, explicó Jorge Dauach, de la Asamblea.
Pergamino
Pampa Húmeda. Las tierras más productivas y
preciadas del país. Allí está Pergamino, noroeste bonaerense, a 220 kilómetros de
Capital Federal, 105 mil habitantes y 300 mil hectáreas. El 60 por ciento tiene
soja. El otro 20 por ciento, maíz transgénico y trigo. Desde 1997 es la “Capital Nacional
de la Semilla”. Allí están Monsanto, Palaversich, Produsem, Sursem, Rizobacter,
Dreyfus, Agronort (distribuidor oficial de Bayer CropScience, Dow, BASF y Don
Mario) y Gesagro (representante de Syngenta). Las pocas empresas que no están
en Pergamino, se radican a 140 kilómetros , en Venado Tuerto.
La Asamblea por la Protección de la Vida, la
Salud y el Ambiente nació en 2013. Herejes que denunciaban las consecuencias
del modelo agropecuario (desde fumigaciones hasta las consecuencias sociales)
en una ciudad donde todo se mueve a ritmo “del campo”.
Redactaron un proyecto de ordenanza para
limitar las fumigaciones. Solicitaron 500 metros para las
aspersiones terrestres y 3000
metros para las aéreas.
Muy rápido salió al cruce “Agrolimpio”, un
conjunto de instituciones que son parte del negocio: Sociedad Rural, Aapresid,
Casafe, CREA, empresas de aeroaplicación y la Federación de distribuidores de
insumos. También sumaron su apoyo la Asociación de Ingenieros Agrónomos del
Norte de Buenos Aires (Aiamba), sectores de la Universidad Nacional
del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Unnoba), sectores del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la abogada, Analía Balbarani. La
propuesta de Agrolimpio: 100
metros para los químicos más tóxicos y sin distancia
para los “banda verde” (glifosato y atrazina, entre otros).
El intendente, Héctor Cachi Gutiérrez, y 18 concejales (de un
total de 20) se inclinaron por la propuesta empresaria pero en un intento de
“conciliación” establecieron 100
metros de distancia para todo agroquímico. Agrolimpio
pidieron el veto a la ordenanza y distancia cero para el glifosato.
La salud en riesgo
Desde la Asamblea exigieron mayor distancia de
protección, cuestionaron el intento de veto y continuaron con campañas de
difusión sobre los riesgos de los agroquímicos. En junio de 2014 realizan una
charla con la
investigadora Delia Aiassa , de la Universidad Nacional
de Río Cuarto. Aiassa, integrante del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental
(GEMA), confirmó el daño genético en poblaciones expuestas a agroquímicos,
antesala de distintas enfermedades, entre ellas el cáncer.
El intendente Omar Pacini (asumió en diciembre
de 2013 y finalizó el mandato en 2015) retrucó con el anuncio de “un estudio
científico” que daría cuenta del estado sanitario en Pergamino. Remarcó la
participación de la Facultad de Agronomía y de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica (ambas de la Universidad de Buenos Aires) y de los ministerios de
Agricultura y de Ciencia de la Nación.
“Consideramos que somos un Municipio
saludable, pero de cualquier manera tenemos que corroborar a través de estudios
científicos que esto así sea. Para nosotros es un gusto que gente como estos
profesionales vengan a trabajar a Pergamino”, explicó Leandro Peñaloza,
secretario de Salud del Municipio, cuando presentaron el inicio del trabajo.
Estuvo acompañado de la directora de
Estadísticas y Epidemiología, Adriana Torriggino; el secretario de Producción,
José Apesteguía; el director ejecutivo del Instituto de Ética Legal de la
Facultad de Agronomía, Jorge Elustondo; y las investigadoras de la Cátedra de
Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Edda
Villaamil Lepori y María Irigoyen.
Elustondo anunció que contaban específicamente
con el apoyo del ministro de ciencia, Lino Barañao, y de las autoridades del
Ministerio de Agricultura de Nación.
Villaamil Lepori explicó la metodología de
trabajo: “Queremos evaluar qué es lo que pasa y cuál es el impacto de los
agroquímicos que se están utilizando, principalmente con lo que tiene que ver
con los cultivos transgénicos, tanto en el ambiente como en la salud humana. Es
importantísimo tener datos del uso, de cómo se aplica y de los probables
niveles de exposición en la población humana. Queremos evaluar los alimentos y
algunas cuestiones en sangre y orina”.
María Irigoyen señaló que “la estrella es el
glifosato, el malo de la película o no, pero nosotros vamos a estudiar a la
gente el impacto sobre su salud de todos los componentes, no solamente del
glifosato”.
Explicaron que tomarían muestras de suelo,
agua, y analizarían sangre y orina de la población.
Investigando la investigaciòn
Desde la Asamblea comenzaron a inquietarse a
mediados de 2015, cuando los resultados no aparecían. Pidieron información al
Municipio y no tuvieron respuesta.
En diciembre de 2015, Pedro Courtial (de la
Asamblea) comenzó a buscar por Internet. Ya había pasado un año de la toma de
muestras y no tenían ningún resultado (su esposa fue una de las voluntarias del
análisis de sangre y orina). Y llegó la sorpresa: una de las científica
referentes del estudio, Villaamil Lepori, había presentado en septiembre parte
de los resultados de la investigación en el XIX Congreso Argentino de
Toxicología. Pero nunca les había informado los resultados a la comunidad
afectada.
El resumen señala que se encontraron con mayor
frecuencia los agroquímicos DDT, endosulfán y y metilclorpirifós. En sangre se
encontró DDT, heptacloro, aldrin, endosulfán, metilclorpirifós y cipermetrina.
En agua se encontró también DDT, clorpirifós y cipermetrina, entre otros. Todos
químicos usados décadas pasadas, persistentes y con numerosa bibliografía que
da cuenta de esa presencia en las zonas agrícolas. Por lo cual, dentro del
ámbito académico, no es novedad su aparición en estudios.
El trabajo señala que esos fueron los
“plaguicidas hallados”, pero no señala cuáles fueron los químicos buscados.
Científicos de cuatro universidades públicas
(UBA, Río Cuarto, Litoral y La Plata) explicaron a lavaca que es “una obviedad” buscar químicos
como el DDT porque la novedad sería no encontrarlo en tierras agrícolas de
Argentina. Por contraposición, señalaron que hay que buscar los químicos que se
usan en la actualidad.
Reclamo y respuesta
La Asamblea cuestionó de inmediato a las
autoridades municipales. Había pasado más de un año de la extracción de sangre
y entrega de muestras de orina, y nunca les habían dado los resultados.
A las 48 horas, el Municipio y los científicos
dieron a conocer los resultados en el Concejo Deliberante. El diario La Opinión
de Pergamino realizó una crónica detallada. Olga Heredia, de la Facultad de
Agronomía de la UBA, inició la charla con un agradecimiento a Aapresid
(empresarios del agro) por colaborar en la toma de muestras de agua y suelo.
Luego precisó que encontraron niveles “bajos” de glifosato en agua en base a
“parámetros internacionales de nivel máximo de 700 PPB (microgramos por
litro)”. La investigadora no aclaró que no hay consenso científico sobre el
nivel máximo del herbicida en agua. Mientras Estados Unidos acepta 700 PPB, la Unión Europea sólo
permite 0,1 PPB.
Reconoció que hubo casos con niveles altos
pero lo atribuyó a “alguna excepción que puede atribuirse a una contaminación
puntual. En general son niveles muy bajos, no representan ningún tipo de
riesgo”. Respecto al agua de red (de consumo humano), afirmó que “se ha
encontrado (glifosato) en algunas muestras, pero a niveles bajos”.
No aclaró qué niveles son bajos ni en cuántas
muestras se detectó la contaminación.
Edda Villaamil Lepori explicó que utilizaron
un análisis llamado “colinesterasas”, que implica evaluar las enzimas que se
inhiben por los químicos. “Confirmamos la hipótesis de que hay una exposición a
insecticidas no relacionados con la actividad agropecuaria y posiblemente al
uso doméstico. Son niveles bajos y no significa intoxicación”, afirmó.
Resaltó la presencia de DDT y, respecto al
agua, sostuvo que existen “niveles bajos de plaguicidas (…) y no se han
encontrado niveles elevados de glifosato”.
Nunca se entregaron los estudios completos a
la población y tampoco explicaron que el análisis de “colinesterasas” es
principalmente para intoxicaciones agudas (que se producen en el momento de la
manipulación) y no para afectaciones crónicas (prolongadas en el tiempo), para
lo cual debieran hacerse pruebas genéticas, como hacen investigadores de las
universidades de Río Cuarto y el Litoral, entre otras.
Tampoco se entregaron los estudios de orina,
donde es más factible encontrar glifosato y su metabolito AMPA, que es el
principal producto de la degradación del glifosato (el herbicida se transforma,
principalmente por acción de enzimas bacterianas del suelo, en AMPA).
Los responsables
El principal referente en la firma del
convenio fue Eduardo Pagano, que figura como “investigador responsable”. Es uno
de los referentes del agronegocios de la UBA, ex vicedecano de la Facultad de
Agronomía y desde su cátedra en la universidad trabaja junto a la semillera Don Mario.
Integra la Comisión
Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio responsable de
la aprobación de los transgénicos en el país, en base a estudios de las propias
empresas y con expedientes confidenciales.
También sobresale Jorge Román Elustondo, uno
de los impulsores del estudio. Ingeniero agrónomo, oriundo de Pergamino y era
-al momento de la investigación- director del Instituto de Ética y Calidad
Agroindustrial de la Facultad de Agronomía de la UBA. Una serie de
muestras fueron tomadas en cercanías de su campo, donde impulsa el barrio
cerrado “Chacras de Pergamino”, de 76 hectáreas .
Los resultados positivos, “niveles bajos de
plaguicidas”, son otro argumento favorable al momento de vender los lotes.
Elustondo es un férreo impulsor del modelo de
agronegocios. El 10 de diciembre asumió en el gobierno de María Eugenia Vidal
como ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, desde donde articula con con
su par de Agroindustria, Leonardo Sarquís (ex gerente de Monsanto).
En julio pasado, Vidal dividió el Ministerio.
Nombró al intendente de San Miguel, Joaquín De La Torre en Producción y
Elustondo quedó a cargo del Ministerio de Ciencia.
Edda Villaamil Lepori es doctora en
toxicología y titular de la cátedra de Toxicología y Química Legal de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. En 2009 formó parte del cuestionado “informe
sobre glifosato”, una maniobra de Lino Barañao para mantener el uso de
glifosato. El trabajo fue denunciado por utilizar bibliografía sesgada,
equiparar estudios de Monsanto (la principal empresa involucrada) con trabajos
de científicos independientes y por la total ausencia del principio precautorio,
exigencia legal de que, ante incertidumbre, prevenir consecuencias en la salud
y el ambiente.
Villaamil Lepori fue una de las firmantes de
ese cuestionado trabajo. También tiene relación con el Instituto Internacional
de Ciencias de la Vida (ILSI), que cuenta entre sus socios directos a las
multinacionales de agroquímicos y transgénicos Bayer, Dow Agro Sciences,
Syngenta y Monsanto. Villaamil Lepori es integranta de la Subcomisión de
Fitosanitarios de ILSI.
“¿Conflictos de intereses? ¿Por qué? En ILSI
yo tengo libertad para decir lo que pienso”, respondió ante la pregunta de
tener relaciones con empresas químicas y realizar estudios que podrían
inculparlas.
En diálogo con lavaca reiteró los resultados de los
estudios, aceptó que (en las muestras de sangre) no buscaron glifosato,
atrazina ni 2-4-D (los químicos más utilizados en la actualidad) y reconoció
que no hicieron los análisis en orina. Lo atribuyó a un “impedimento técnico”.
La investigadora señaló que este trabajo es una continuidad del realizado en
2009 sobre glifosato (impulsado por Lino Barañao) y que, en este caso, también
fue impulsado por el Ministerio de Ciencia.
Los análisis que no se pudieron hacer son
estudios importantes al momento de estimar el impacto de químicos en humanos.
Sí, pero no pudimos hacerlos por problemas de
equipamiento.
¿Por qué no se contrató a otro laboratorio?
No estaba en el proyecto.
¿Buscaron en agua atrazina, 2-4-D, químicos
muy usados en el agro actual?
No.
¿Buscaron glifosato, atrazina y 2-4-D en
sangre?
No.
¿Por qué?
Porque no estaba en el diseño el proyecto
buscar atrazina y 2-4-D y no contamos con todos los equipos para glifosato.
Pero ustedes anunciaron que buscarían
glifosato en sangre y orina
Sí, pero ya le dije que tuvimos dificultades
con los equipos.
Investigadores me han afirmado que uno de los
métodos más precisos para humanos es hacer pruebas genéticas de poblaciones.
Usted sabe que a mayor daño genético, mayor probabilidad de ciertas
enfermedades, como el cáncer.
Trabajar con población humana que está expuesta
a muchísimas cosas que son potenciales genotóxicos y sacar conclusiones
respecto a plaguicidas… me parece poco serio. En mi opinión es muy difícil
encontrar daño genético y hacer responsable al glifosato. Quienes hacen asado y
están expuestos al humo del asadito, también están expuestos a genotóxicos que
producen daño genético…
Ciencia y mito
La Asociación de Productores de Siembra
Directa (Aapresid) es la organización de empresarios y productores del
agronegocios de mayor lobby político. De estrecha relación con las grandes
compañías semilleras y de agroquímicos. Todos los años realiza su congreso
anual, la tribuna desde donde los defensores del modelo marcan sus líneas de
trabajo y acciones. El congreso 2016 comienza el próximo miércoles y una de las
figuras más anunciadas es Villaamil Lepori. Su disertación fue publicitada como
“los mitos del glifosato”.
Para la difusión de la charla adelantó que
“han determinado un grado muy bajo de presencia de glifosato” en poblaciones
rurales y urbanas remarca: “Creemos que estamos en condiciones de desmitificar
al glifosato y a sus efectos; ya que no hay evidencia científica de
enfermedades cancerígenas ni otro tipo de patologías, después de todas las
investigaciones realizadas”.
El trabajo de Villaamil Lepori no fue
publicado por ninguna revista científica, tradicional forma de validación entre
pares y requisito indispensable que los defensores del agronegocios suelen
exigir a las investigaciones que cuestionan al modelo transgénico.
“No se puede encontrar lo que no se busca”
El viernes 29 de julio la Asamblea por la
Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente de Pergamino dio una conferencia
de prensa y emitió un duro cuestionamiento al estudio realizado por los
investigadores de Agronomía y Farmacia y Bioquímica de la UBA, y financiado por
los ministerios de Agricultura y de Ciencia. “No
se analizaron otros agroquímicos (además de glifosato) utilizados en la
actualidad en la agricultura, como tampoco se analizaron ninguno de los
utilizados para la optimización y eficacia del glifosato en el tratamiento de
plagas (de uso y práctica habitual en la agricultura en éste tipo de
tratamiento). Por lo que el estudio hace un análisis minimísimo en relación a
lo que es el uso de agroquímicos y su incidencia en suelo y agua”, denuncia.
Ante la falta de entrega del trabajo, la
Asamblea reconstruyó los resultados vía distintas fuentes. Y precisó los
resultados parciales:
- El glifosato fue el único
principio activo analizado por los investigadores (a nivel ambiental). Se
encontró en agua superficial, napas y agua de consumo humano. En humanos
no lo buscaron en sangre y no se realizaron los estudios en orina.
- Estudios en suelo. Se
encontró glifosato y AMPA, tanto en suelos dedicados a la agricultura como
no agrícolas.
“El principio activo (glifosato) se encuentra
durante todo el año tanto en las muestras de suelo como en las de agua. Esto
marca una presencia continua, habitual y crónica lo que merece especial
atención en rangos de incidencia y exposición”, alertaron.
Recordaron que el discurso empresario y
oficial era que “el glifosato se degrada fácilmente”, “no persiste en el
ambiente” o “no existe deriva”. En base los resultados, la Asamblea afirma:
“Hay una sobrecarga ambiental en relación al principio activo buscado y analizado.
Son falaces las afirmaciones respecto a su degradación. Nos negamos a que
continúe una práctica productiva que nos condena a un mayor nivel de
contaminación”.
También destacaron que “otro dato alarmante es
la presencia de glifosato en agua de bebida. Esta circunstancia no ha sido
informada a la población que consume habitualmente el agua de red que provee la
Municipalidad de Pergamino, por ninguna autoridad pública competente, sin que
los ciudadanos hayamos tenido la posibilidad de decidir respecto a la calidad
del suministro de un elemento esencial para la vida y que constituye un derecho
humano básico”.
Cuestionaron el sesgo no casual que tuvo el
estudio. “En relación al análisis de agrotóxicos en sangre consideramos que el
estudio resulta incompleto, porque sólo midieron algunos insecticidas
(organoclorados, ciertos organofosforados, ciertos piretroides en plasma). La
mayoría no está en uso actualmente. A su vez, no se efectuaron mediciones en
relación a los herbicidas y otros agrotóxicos más usados en la actualidad
(atrazina, 2-4-D, dicamba, entre otros). A los fines de medir plaguicidas en
humanos el estudio resulta totalmente incompleto porque no contempla los
productos de mayor uso actual”.
No se puede encontrar lo que no se busca. El
estudio en Pergamino no buscó los químicos más utilizados en el agro actual.
“Este estudio no es representativo para
evaluar el impacto actual en humanos en nuestra región. Tampoco se sabe ‘a
ciencia cierta’ cuáles son los valores máximos tolerables de exposición porque
no están establecidos, razón por la cual todo lo que se pueda estimar al
respecto queda en el rango de simple conjetura”, resaltó la Asamblea de
vecinos.
Promesas no cumplidas
Los ciudadanos de Pergamino entregaron
muestras de orina para el análisis de químicos. La Asamblea afirmó: “Los
análisis nunca fueron presentados. Consideramos que el acceso al resultado de
los mismos es muy significativo porque constituye la vía más idónea (tal como
lo demuestran estudios realizados en nuestro país) para poder detectar la
presencia de glifosato en el cuerpo humano”.
No fue la única promesa no cumplida. “En
relación a los alimentos que consume la comunidad, no se realizaron análisis
para detectar presencia de agroquímicos, a pesar de que esto fue anunciado en
la presentación del proyecto, tanto por funcionarios como por científicos”,
cuestionó la Asamblea de Pergamino.
También explicitaron los conflictos de
intereses de Pagano y Villamil Lepori, por sus relaciones con empresas del
sector. Y cuestionaron a la toxicóloga: “Consideramos que las expectativas
declaradas por la
doctora Villaamil Lepori al afirmar ‘queremos evaluar qué es
lo que pasa y cuál es el impacto de los agroquímicos que se están utilizando, principalmente con lo que tiene que
ver con los cultivos transgénicos tanto en el ambiente como en la salud
humana’, no han sido contempladas en su totalidad en el estudio, al resultar un
análisis incompleto justamente en las cuestiones más críticas”.
Los asambleístas cuestionaron que nunca les
fue entregado el pre-informe científico. Sólo obtuvieron algunos resultados en
la presentación municipal de 2015 y el resto fue vía escritos académicos y por
internet. Solicitaron conocer el convenio entre la Municipalidad, las
facultades de la UBA y el Ministerio de Agroindustria y Ciencia.
Punta de lanza
“Buenas prácticas agrícolas”, es el término
impulsado por Aapresid y Casafe (cámara empresa de agroquímicos donde están
Monsanto, Syngenta, Bayer y todas las grandes empresas de químicos) que
justifica el uso masivo de plaguicidas y culpa al “mal uso” de las
consecuencias sanitarias y ambientales del modelo. De esta manera, el relato
argumental señala que con “buenas prácticas agrícolas (BPA)”, no habrá efectos
no deseados con las fumigaciones.
Las BPA son cuestionadas por las
organizaciones sociales y pueblos fumigados. Lo equiparan a Barrick Gold y su
promesa de “minería sustentable”, o cuando Chevron-YPF y su eslogan de
“fracking seguro”. Asambleas y pueblos fumigados asegurar que el problema es el
modelo químico que se aplica en el agro, no las “buenas (o malas) prácticas”.
Sin embargo, los funcionarios de distintos
signos políticas hicieron propio el discurso empresario. El 5 de julio pasado,
la gacetilla de prensa del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires tituló:
“Buenas prácticas agrícolas. El ministro Sarquís firmó convenio para el
correcto uso de fitosanitarios”. Se trata de un acuerdo para promover el “uso
racional” de las fumigaciones en tres municipios: Tandil, Trenque Lauquen y
Pergamino.
La iniciativa fue impulsada por la Cámara Empresaria
de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines (Cedasaba) y la intención
es replicar la experiencia en otros municipios. Menciona la existencia de
“áreas de amortiguamiento” para proteger a la población, pero no precisan qué
distancias.
“Queremos que antes de fin de año exista una
nueva ley de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires. Este es un avance
importantísimo”, señaló Sarquís, actual ministro de Agroindustria y ex gerente
de Monsanto.
Al día siguiente, el 6 de julio, el Senado
bonaerense dio media sanción a una ley de agroquímicos que permite fumigar con
glifosato, atrazina y 2-4-D (entre otros químicos) a sólo diez metros de
distancia de las viviendas. Ninguna provincia se había animado a tanto.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215108
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