Construyamos alternativas nuestramericanas e internacionalistas al sistema mundo capitalista que prosigue maximizando concentración de riquezas y poder.

Tratado Trans Pacífico: Una amenaza letal
26 de agosto de 2016

Por Alcira Argumedo

La intención del actual gobierno argentino de integrarse a la Alianza del Pacífico, como paso inicial para su ingreso al Tratado Trans Pacífico-TTP (o Trans Pacific Partnerchip -TPP) constituye una grave amenaza para el futuro de nuestro país. Este Tratado se enmarca en la disputa por la hegemonía entre el bloque de poder mundial liderado por Estados Unidos y el naciente bloque que encabeza China aliada con Rusia.

I.- El escenario internacional y el papel de China

En los albores del siglo XXI, China ha surgido como una nueva potencia mundial, sustentada en un poderío económico que comienza a cuestionar el predominio de Estados Unidos en ese Nuevo Orden Mundial, que consideraba haber consolidado bajo su liderazgo, luego de la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Poco después de la muerte de Mao Tse Tung en 1976, las resoluciones del Congreso del Partido Comunista Chino de 1978, liderado por Deng Xiaoping, impone la política de “Las Cuatro Modernizaciones” -en agricultura, industria, defensa nacional, ciencia y tecnología- con el objetivo de transformar a China en una gran potencia económica para comienzos del siglo XXI. Bajo un estricto control en manos del Partido Comunista, el gobierno chino establece los grandes lineamientos políticos, controla el sector financiero junto a determinadas áreas consideradas estratégicas y establece pautas de comportamiento a las corporaciones locales y extranjeras en función de esos lineamientos.

Con este marco, aumenta el volumen de su comercio exterior habilitando las inversiones de empresas japonesas y del mundo occidental, lo cual le permite un rápido acceso a tecnologías de avanzada y experiencia de gestión, utilizando la capacidad negociadora que le brinda su mercado de 1.400 millones de personas y los bajos salarios de una población que ha vivido tradicionalmente en condiciones de subsistencia. Al mismo tiempo, promueve una acelerada calificación de los jóvenes, mediante la creación de  escuelas de calidad y el envío de los mejores estudiantes a universidades extranjeras, para garantizar el futuro desarrollo del país en ciencia y tecnología: en 2015 habían obtenido su graduación universitaria 220 millones de chinos, mientras inicia el desarrollo del Centro Tecnológico de Censen a imagen y semejanza del Sillicon Valley norteamericano. La represión y los costos sociales de la experiencia, merecen un capítulo aparte. Como resultado, al iniciarse el siglo XXI China es una potencia y, en su alianza con Rusia, conforma un nuevo bloque de poder mundial, que cuestiona la primacía del bloque liderado por Estados Unidos.

Ante este escenario, en el transcurso de 2015, los Estados Unidos, en acuerdo con Canadá, logran consolidar el Tratado Trans Pacífico al integrarse Japón y países asiáticos menores como Vietnam, Malasia y Singapur, junto a Australia y Nueva Zelanda y las naciones latinoamericanas miembros de la Alianza del Pacífico: México, Colombia, Perú y Chile. Con una capacidad de control del 40% del PBI mundial en el 2015, los mentores del TTP aspiran a conformar una gran área geopolítica, capaz de enfrentar la dura competencia económico-financiera impuesta por el rápido crecimiento de China. La prueba piloto para la construcción de esta gran área de integración económica, comercial, financiera y político-militar, sería el NAFTA: el tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá, creado en 1992.

China ha puesto en marcha su propia versión del TTP -el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, su sigla en inglés)- que cubrirá un mercado de 3.400 millones de personas y está integrado por países de Asia y Oceanía, algunos de los cuales a su vez pertenecen también al TTP, donde el comercio intra-regional se hará en yenes: Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas, además de Australia, India, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. La ventaja del RCEP con respecto al TTP es que contará con reglas menos estrictas, lo cual podría hacerlo más atractivo para los países en desarrollo; aunque siempre en condiciones de subordinación.

La construcción de estos dos bloques, se conjuga con los enfrentamientos por áreas estratégicas y recursos naturales cada vez más escasos -petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y similares- que en Medio Oriente y África se traduce en guerras devastadoras. En la actualidad, existen cinco guerras -supuestamente “civiles” en algunos casos, pero con participación de uno u otro de los polos de poder en cada bando- que se desarrollan en el mundo árabe: Irak, Afganistán, Siria, Libia y Yemen. A su vez, otras siete guerras asolan al África negra: Malí, Chad, Nigeria, República Centroafricana, Congo, Somalia y Sudán. Como un indicador de estas tragedias, UNICEF ha informado que, en la actualidad, 250 millones de chicos menores de 18 años están creciendo bajo condiciones de guerra; y se estima que cerca de un 20% de ellos sufrirán secuelas psicológicas graves a causa del terror, la angustia, el hambre, la pérdida de sus padres y/o hermanos y otras situaciones traumáticas: serían unos cincuenta millones; y una alta proporción tendrá daños irreversibles. Si los cálculos indican que un 20% de los menores que crecen en condiciones de guerra sufren secuelas psicológicas graves, es posible evaluar la cantidad de jóvenes de hoy, que nacieron y crecieron en Irak o en Afganistán desde la década de 1990; evaluar la cantidad de víctimas transformadas en feroces victimarios.

 II.- Principales lineamientos del TTP

La filtración de documentos a través de Wikileaks permitió conocer algunos de los acuerdos secretos -el 90% de los participantes son altos ejecutivos de corporaciones y bancos- en los cuales se establecen los principales objetivos y resoluciones del Tratado, que otorgan un protagonismo decisivo a las grandes empresas y grupos financieros  transnacionales, para condicionar la orientación de las políticas de gobierno, limitando seriamente el poder de los Estados nacionales. Se trata de una plataforma de articulación integral en términos políticos, económicos, financieros y comerciales, que debe garantizar la libre circulación de bienes, servicios y capitales; aunque no de personas en sentido Sur-Norte. La experiencia de México durante las dos últimas décadas, permite comprobar que esos objetivos secretos se han ido cumpliendo rigurosamente en ese país; y la prueba piloto mexicana ahora tiende a reproducirse en gran escala.

a.- El papel del Estado

Entre otras condiciones, se plantea la privatización y/o eliminación de las empresas y servicios públicos, que van a ganar competitividad al pasar a manos privadas y al derecho comercial privado. De esta manera, la minería, el petróleo y gas, las industrias de base, la metalurgia pesada, el transporte ferroviario, las finanzas, el sistema previsional e incluso la educación y la salud, así como las demás áreas existentes, quedarán en manos de empresas privadas y en especial de corporaciones y bancos transnacionales, guiados por criterios de rentabilidad y obtención de beneficios privados. Con este fin, los Estados deben modificar su legislación de modo tal que, además, los recursos naturales, las fuentes de agua y las tierras cultivables pasen a ser detentados por esos grandes grupos empresarios, considerados como los únicos capaces de garantizar eficiencia. El propósito es gestar las condiciones para que sean estos protagonistas quienes tomen a su cargo la regulación de los servicios financieros, las telecomunicaciones, los transportes, la producción agrícola, la distribución de agua potable y energía, las prestaciones jubilatorias, la salud, la educación y toda otra actividad susceptible de subordinarse a las leyes del mercado, incluyendo la potestad de definir la localización de las industrias en los países o territorios que garanticen un aumento de la competitividad. Como señalan entusiastamente sus promotores: “La Alianza nace de intereses pragmáticos, de abajo hacia arriba, impulsada por la comunidad empresarial de los países miembros, no de arriba hacia abajo como un proyecto político.”Se trata del camino exactamente inverso al transitado por China: la política al mando se reemplaza en el TTP por las corporaciones y bancos al mando.

b.- El problema ambiental

Complementariamente, deben reformularse las leyes existentes de protección ambiental y/o las que limitan o prohíban la utilización de elementos considerados nocivos para la salud humana y animal o que afecten el calentamiento global: entre otros, la mega minería a cielo abierto con utilización de cianuro y ácido sulfúrico; las matrices energéticas basadas en carbón e hidrocarburos; los agrotóxicos en plantaciones transgénicas; la técnica del fracking en la obtención de petróleo y gas no convencional; las mega centrales hidráulicas; así como restricciones similares en la explotación de recursos naturales que puedan brindar una rentabilidad atractiva para los mercados. A modo de ejemplo, si la Unión Europea ingresara al TTP, debe eliminar las leyes que prohíben la mega minería -en tanto el Parlamento Europeo considera que tiene “consecuencias catastróficas e irreversibles”- junto a las limitaciones impuestas a la importación de carnes tratadas con hormonas, transgénicos agrícolas o pollos lavados con cloro.

 c.- El control de patentes

La legislación de cada país integrante debe adaptarse también para garantizar el derecho de patentes de las corporaciones en los más diversos ámbitos. En especial, en el campo de los medicamentos, donde se propone que regirán por 12 años, con la eliminación total de los genéricos; lo cual significa un importante incremento de los precios promedio. Este plazo está en proceso de negociación y podría rebajarse a 7 años, considerando que en Canadá, Australia y Nueva Zelanda rige actualmente por sólo 5 años. Como tanto la salud como los medicamentos se consideran mercancías, según la más rancia filosofía neoliberal, en caso de necesidad, los individuos tendrán la responsabilidad de procurarse los recursos necesarios para acceder a ellos; si no lo hicieran, nadie más es responsable de lo que pueda sucederles. Por ejemplo, luego de su ingreso en la Alianza del Pacífico en 2011, en Perú el presupuesto de salud para el programa de retrovirales se duplicó entre 2010 y 2015; pero la cobertura se redujo a la mitad: cada día mueren tres personas por SIDA,  una enfermedad que ya no es letal si se trata con la medicación correspondiente.

 d.- La cuestión salarial

Una clave central del Tratado es la llamada “adaptabilidad” de los salarios. Para que las corporaciones puedan realmente competir con la producción y las exportaciones chinas, se considera necesario disminuir el costo salarial -en términos cuantitativos y en lo relativo a derechos laborales, tanto en las naciones centrales como en las periféricas- de modo tal que se equiparen a los salarios asiáticos, sensiblemente menores en ambos aspectos. Este objetivo se ve favorecido por la creciente desocupación estructural que ha ido gestando en las dos últimas décadas una reconversión tecnológica salvaje, con la expulsión de trabajadores mediante la incorporación de tecnologías que ahorran tiempo de trabajo humano en las más diversas áreas del quehacer social: entre otras, industrias, servicios financieros, comunicaciones, actividades administrativas públicas y privadas, carga en los puertos, siembra directa en agricultura, diversas áreas de comercialización. Es posible reiterar el ejemplo de la filial Ford de Argentina: si en 1979 contaba con 12.000 trabajadores, gracias a los robots y otros instrumentos informáticos, en la actualidad produce con 2.500 trabajadores: estas son las proporciones promedio del desplazamiento laboral en todas las áreas. Una situación similar a la de Europa a fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando madura la Revolución Industrial, produciendo un desplazamiento masivo de población sobrante misérrima, que migrará principalmente hacia América o va a morir en las dos guerras mundiales.

Es significativo que, en el marco del TTP, durante el 2014 Estados Unidos solamente ha ratificado dos de las ocho normas fundamentales de la OIT que protegen a los trabajadores. Esto se debe a que la precarización de los salarios en las naciones centrales y en las periféricas, es una condición esencial para el éxito del Tratado. No es un dato menor que el presidente Barack Obama haya reconocido que la apertura comercial y la relocalización de empresas en territorios que les brindan condiciones especialmente favorables en términos de adaptabilidad de las leyes a sus intereses, baja decisiva de los impuestos y mano de obra barata, ha tenido para Estados Unidos consecuencias durísimas de pérdida de empleos y rebaja de los salarios y los derechos de los trabajadores. No obstante, considera con optimismo que las perspectivas son favorables y es preciso erradicar toda idea de proteccionismo. En este sentido, mientras en el Mercosur las políticas privilegian el mercado interno y los salarios, la Alianza del Pacífico es un modelo basado en la exportación de materias primas y supone ventajas competitivas con respecto a los mercados exteriores, que exigen ante todo una restricción de los costos salariales. Precisamente, unos de los objetivos del TTP es destruir las integraciones regionales que dejan fuera a Estados Unidos, como es el MERCOSUR en Sudamérica. Es significativo que en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico realizada en Puerto Varas, Chile, en junio de este año -donde concurrió como observador el presidente Mauricio Macri, con intención de incorporar a nuestro país a la Alianza- se haya señalado que uno de los problemas más graves que presentan Argentina y Brasil, es la fortaleza de sus organizaciones sindicales.

 e.- Los tribunales de arbitraje

En las tratativas secretas para la concepción e implementación del TTP, se establecen tribunales de arbitraje en los cuales las empresas pueden presentar demandas en contra de los Estados o gobiernos ante leyes, acciones o cualquier otro hecho que afecte sus ganancias. Como ejemplo, una petrolera demandó al Estado en Canadá, por haber prohibido la técnica del fracking en su territorio; Phillips Morris demandó al gobierno australiano por incorporar fotos de enfermedades pulmonares y otras consecuencias del tabaco, en los paquetes de cigarrillos; también pueden demandarlo si los trabajadores realizan un paro o si pretenden un aumento de sus salarios reales y otros beneficios sociales. El conjunto de estos lineamientos, confirman que el espíritu de la propuesta es garantizar las ganancias empresarias y financieras, como único objetivo excluyente de las sociedades y los Estados que integren el TTP. 

III.- La experiencia piloto de México: el NAFTA

El 1 de enero de 1994, mientras México se conmovía con las primeras acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la región de Chiapas, otro hecho igualmente significativo marcaba un punto de inflexión para la sociedad mexicana: la entrada en vigencia del NAFTA (North American Free Trade Agreement); un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Pasadas dos décadas, los datos de la situación del país, dan cuenta de lo que realmente significa para nuestras naciones la perspectiva de ingreso en este tipo de acuerdos.

En lo relativo al papel del Estado, como una tradición derivada de la Revolución Mexicana y en especial de las políticas implementadas por el presidente Lázaro Cárdenas hacia los años ´40, al iniciarse el tratado los activos públicos tenían una participación cercana al 60% en la economía y los servicios, controlando entre otras áreas las finanzas, las industrias de base, la siderurgia, los ferrocarriles, el petróleo y la minería. Garantizaba además un sistema público de educación en todos sus niveles, incluyendo universidades, así como sistemas de salud de amplia cobertura. El modelo económico-social sustentaba un poderoso Estado de Bienestar, capaz de contener las demandas populares mediante políticas de alimentación, salud, educación y vivienda, junto al arraigo de millones de campesinos en sus tierras. En la actualidad, luego de la privatización del sector petrolero y las finanzas, esa participación se ha reducido a un 5%, centrada principalmente en educación y salud: la dura represión de docentes y estudiantes en Oaxaca durante los meses de mayo y junio de 2016, fue una respuesta a la resistencia ante la decisión del gobierno de impulsar la privatización final del sistema educativo, iniciada desde el 2011.

Con la privatización de la minería y el petróleo, se permite a las corporaciones la explotación minera a cielo abierto con cianuro y ácido sulfúrico y la técnica del fracking en hidrocarburos no convencionales, sin restricciones ambientales que puedan afectar sus intereses: se estima que alrededor de un 30% del territorio nacional ha sido entregado a empresas mineras para su explotación. Complementariamente, las políticas de “sacrificio campesino” tendientes a erradicar los resabios de la Revolución en el sector rural, permitieron ir reemplazando los ejidos comunitarios y familiares por extensas plantaciones de granos transgénicos con utilización intensiva de agrotóxicos. Entre las primeras medidas del tratado, México abrió sus fronteras a la importación de productos agrícolas norteamericanos a muy bajos precios, debido a los subsidios de origen, en especial maíz transgénico. Una agresiva política destinada a garantizar “sueldos decentes” a las familias rurales en Estados Unidos, cuya contracara sería la ruina de las familias campesinas mexicanas: doce millones de integrantes de estas familias debieron entregar sus tierras y migrar hacia las periferias marginales de las ciudades: además de perder la soberanía alimentaria, estas políticas tendieron a eliminar la “cultura del maíz” que en esos territorios se remonta a unos 3.000 años. Con esto se cumplía un doble objetivo: obtener tierras libres para plantaciones de transgénicos en gran escala y disponer de una masa creciente de mano de obra que alimente una caída de los salarios y la eliminación de los derechos laborales.

Otra de las víctimas del libre comercio fueron las Pymes locales, que no pudieron afrontar una competencia desleal: mientras se protegía a las grandes empresas extranjeras, los gravámenes y condicionamientos fueron significativamente mayores para las pequeñas y medianas empresas, generando una oleada de cierres y quiebras, con el consiguiente aumento del desempleo y la desnacionalización casi total de la industria. La producción en este campo fue reemplazada por sistemas de maquila en distintas ramas, con componentes importados -automóviles, textiles y confecciones, computadoras, teléfonos móviles y otras manufacturas- controlados en un 85% por corporaciones extranjeras y destinados al consumo interno y la exportación, donde el aporte mexicano es mano de obra barata. Un éxito del NAFTA fue lograr que los salarios de trabajadores mexicanos sean los más bajos de América Latina y 8 veces menores que los de Estados Unidos. Más de dos tercios de la población activa se dedica a la venta callejera -equivalente a manteros, trapitos y similares- e integran gran parte de los habitantes en condiciones de pobreza e indigencia, que ronda el 60%.

Una alternativa para los jóvenes marginados de ambos sexos, es tratar de ingresar a Estados Unidos en búsqueda de algún futuro: cada año cruzan la frontera entre 400 y 500 mil mexicanos, engrosando los doce millones de indocumentados que viven allí bajo constante amenaza de deportación: contra ellos Donald Trump y la derecha republicana proponen políticas duramente represivas y la construcción del tan mentado muro. El ingreso al NAFTA potenció además las condiciones para una incontrolable expansión del narcotráfico, habilitada por la grave corrupción entre políticos, jueces, empresarios y fuerzas de seguridad, al mismo tiempo que la muerte del casi mítico colombiano Pablo Escobar, favoreció una reorientación en las rutas de la droga hacia Estados Unidos, que se trasladan desde el Caribe al territorio mexicano. En este contexto, otra alternativa para una masa disponible de niños y jóvenes indigentes, cuya vida carece de valor y lo saben, es incorporarse como sicarios, distribuidores o informantes en grupos de narcotráfico. Su filosofía es escalofriante:”Prefiero vivir cinco años como rey y no cincuenta como mendigo”

A partir de 2004, el NAFTA incorpora un Tratado de Seguridad similar a lo que fuera el Plan Colombia de militarización de la sociedad; y en 2006 el presidente Felipe Calderón inicia una guerra contra los narcotraficantes, que agudiza los enfrentamientos existentes entre los distintos cárteles por el control de territorios, sumiendo al país en una violencia descontrolada, con rasgos de crueldad y truculencia que incluyen ataques irracionales a la población civil. A su vez, esta violencia actúa como un disciplinamiento social ante eventuales protestas y reclamos. Se calcula que en estos diez años se han producido más de 150.000 asesinatos; 30.000 personas están desaparecidas, incluidos los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, que fueran perseguidos y atacados por la policía municipal de Iguala; mientras 500.000 mexicanos han sido desplazados por la guerra. El drama que atraviesa México, es para nosotros un duro llamado de atención

IV.- Las paradojas políticas del TTP y el libre comercio en Estados Unidos y la Unión Europea.

La voracidad de las grandes corporaciones y el sector financiero, guiados por objetivos de obtención de ganancias e incentivados en el marco de la globalización neoliberal y los tratados de libre comercio, sin considerar los costos sociales, han ido limitando el poder de gobernabilidad de los Estados Nacionales, tanto en los países desarrollados como en las áreas periféricas. Entre otros aspectos, la relocalización de empresas en función de los menores costos salariales e impuestos o retenciones, sumada en los últimos veinte años a la reconversión tecnológica salvaje, ha redundado en la desindustrialización de algunos países y en el crecimiento del desempleo. En una gran mayoría de naciones centrales, esta dinámica está alimentando situaciones políticas paradojales, en lo referido a los perfiles de la oposición frente a quienes impulsan la ampliación de los tratados de libre comercio, como es el caso del TTP.

En Estados Unidos, el bajo costo de los salarios mexicanos ha llevado a distintas corporaciones de ese país a un reordenamiento modular de su producción, trasladando determinados procesos a maquilas en México, principalmente al estado de Monterrey. Como contrapartida, aumenta la desocupación industrial norteamericana, incrementando los niveles de pobreza y marginalidad; situación que tiende a agravarse luego de la consolidación del TTP en 2015. A esto se agrega la magnitud de las migraciones de sudamericanos y de mexicanos, que tratan de cruzar la frontera en la búsqueda de alternativas ante la crítica situación social en sus propios países. En este escenario, mientras los bancos y las corporaciones transnacionales apoyan con entusiasmo el TTP, liderados políticamente por el sector mayoritario del Partido Demócrata, la oposición al Tratado tiene dos expresiones principales: por una parte, el sector de la izquierda demócrata que encabeza Bernie Sanders y las organizaciones sindicales de la AFL-CIO; por otra, la ultraderecha del Partido Republicano, con su máximo representante, Donald Trump.

Una situación similar se presenta en la Unión Europea, donde confluyen dos procesos que están alimentando una profunda crisis social y política. Lo nuevo después de cinco siglos es que, hasta comienzos del siglo XXI -simbólicamente con el ataque a las Torres Gemelas en 2001- las sociedades centrales sólo se enteraban de las guerras coloniales por la muerte de sus soldados o el regreso de mutilados, pero la cotidianeidad no se veía afectada. Por el contrario, ahora también han comenzado a sufrir las consecuencias, a través de ataques terroristas y de la llegada de migraciones desesperadas desde África y Medio Oriente: cientos de miles o millones de refugiados, que huyen de la muerte y el hambre en sus propios países. Las guerras por el control de áreas y recursos estratégicos entre los dos polos de poder mundial, están devastando esas sociedades: es posible estimar que, en estos días, cerca de 500 millones de seres humanos en África y el mundo árabe -equivalente a toda la población de América Latina- se encuentra golpeada por guerras en sus territorios; y muchos de ellos tratan de huir hacia Europa. Por su parte, en las naciones europeas, la ampliación de los tratados de libre comercio y el eventual ingreso al TTP, que requieren un ajuste salarial para ser competitivos con China, sumado a la reconversión tecnológica y a la relocalización de empresas en función de los costos laborales e impositivos, ha creado condiciones sociales críticas que, ante la llegada de refugiados, alimenta reacciones racistas y xenófobas. Dada la confluencia de estos factores, el TTP también enfrenta allí situaciones paradójicas: en Francia, las nuevas leyes de precarización laboral, son resistidas por manifestaciones de protesta de los trabajadores; pero asimismo se opone al Tratado el Frente Nacional de Marie Le Pen, con su ideología de tintes nazi-fascistas. En Gran Bretaña, el United Kingdom Independence Party-UKIP promueve el Brexit, cuestionando la experiencia de la Unión Europea, mientras el Partido Laborista y su líder Jeremy Corbyn entran en una profunda crisis, por la división de sus votantes entre quienes pretenden continuar perteneciendo al bloque europeo y sectores de una izquierda democrática que critican las consecuencias sociales de dos décadas de libre comercio, mientras otros apoyan las posiciones de extrema derecha.

En un escenario que evoca el surgimiento de fuerzas de extrema derecha en Europa durante los años treinta del siglo pasado -la consolidación del fascismo en Italia, el triunfo de Franco en España o el liderazgo de Hitler en Alemania- en distintos países europeos crecen y se fortalecen movimientos políticos sustentados en aggiornadas ideologías nazi-fascistas. Entre otros, Norbert Hofer del Partido de la Libertad en Austria, con posibilidades ciertas de llegar al gobierno; Geert Wilders con el Partido de la Libertad en Holanda; Alternativa para Alemania o Partido Nacional Demócrata en Alemania; el Partido Popular Danés en Dinamarca, con su solidaria propuesta deconfiscarles los bienes a los refugiados para sufragar su estancia en el país. En Polonia, el Partido Ley y Justicia logró imponer como Primer Ministra a Beata Szydlo, que lidera la resistencia a cooperar en la crisis de refugiados, mientras la tradicional derecha liberal ha quedado en minoría y las fuerzas de izquierda prácticamente desaparecieron del Parlamento. El Movimiento por una Hungría Mejor (Jobbik en húngaro), que ha venido creciendo en las elecciones parlamentarias y reivindica los valores e intereses húngaros dentro de sus territorios, con rasgos duramente xenófobos, ha logrado imponer el cierre de las fronteras a los refugiados. En Bulgaria han surgido patrullas ciudadanas con el objetivo de reprimir a los refugiados que intentan llegar desde Turquía; y también en Finlandia y Suecia existen grupos que los hostigan.

Diversos analistas señalan que, como tendencia general, los votantes de ultra derecha son personas con escasos estudios, obreros de bajos salarios o desocupados que pueblan los suburbios de las ciudades. Serían las víctimas o los frustrados por el sistema y la integración europea; reivindican el nacionalismo y alimentan la xenofobia, al considerar  a los inmigrantes como rivales o enemigos que les quitan los puestos de trabajo y las ayudas sociales. Cuestionan también a la globalización y el libre comercio de la Unión Europea, oponiéndose a las elites políticas, económicas y financieras que los han promovido; y consideran que los partidos tradicionales apoyan a los extranjeros, mientras a ellos los han privado de sus derechos sociales, económicos y políticos. Así, tanto en Europa como en Estados Unidos, la reivindicación de un neoliberalismo a ultranza, liderado por los grupos de poder económico y financiero más concentrados en cada país, que impulsa las propuestas de integración en el Tratado Trans Pacífico, está quedando restringida a los partidos liberales o conservadores tradicionales y a la  socialdemocracia o el socialcristianismo, que adoptaron las ideas neoliberales en los años noventa. Los altísimos costos sociales del libre comercio, enmarcado en la globalización neoliberal, sumados a las consecuencias de las guerras genocidas entre los nuevos bloques de poder mundial, al conjugarse con una reconversión tecnológica salvaje y la gestación de población sobrante, descartable para estos modelos, junto a la contaminación ambiental y el cambio climático, están alimentando situaciones de alta peligrosidad a nivel planetario. Tendencias que pueden calificarse como una crisis civilizatoria. Son las advertencias del Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si y en sus declaraciones acerca de que el mundo está en guerra; pero no es una guerra religiosa, sino por recursos económicos.

V.- Argentina frente a las amenazas del Tratado Trans Pacífico

En los años previos a la dictadura militar; y a pesar de los impactos de la crisis mundial, con el incremento de los precios del petróleo decretado por la OPEP en 1973 o incluso el Rodrigazo en 1975, el 90% de la población económicamente activa de nuestro país estaba en blanco y cubierta por derechos sociales, con un 3% de desocupación y un 7% de pobreza e indigencia. Cuarenta años más tarde, luego de la implementación de las políticas de Martínez de Hoz, profundizadas en los años noventa por el pejotismo menemista y continuadas en sus principales líneas por los gobiernos que lo sucedieron, la situación social es contrastante: sólo el 50% de los trabajadores están cubiertos por derechos laborales, la otra mitad está precarizada, en negro o desocupada. Se considera que las cifras de desocupación rondan el 8%; pero esta cifra es engañosa, dados los criterios con que se mide: es desocupada la persona que no tiene trabajo, pero buscó trabajo la semana anterior. Si no ha buscado trabajo, se lo define como inactivo; que en realidad es una situación peor aún, en tanto ha caído en desaliento, ha bajado los brazos. De este modo, si a las cifras de desocupados se suman los inactivos en condiciones de trabajar, la desocupación real crece al 25%; un indicador que se acerca más a la población en condiciones de pobreza e indigencia, que el Observatorio Social de la Universidad Católica estima en un 34%.

La desarticulación del Estado de Bienestar y de la participación del sector público en áreas básicas de la economía mediante las políticas de privatización, junto al pago de una deuda externa odiosa y fraudulenta, habilitaron un descomunal saqueo de riquezas, mientras la desindustrialización del país -que cubría más del 80% de su demanda interna- fue reemplazada por un modelo productivo agro-exportador extractivista,  depredador y contaminante, basado en agronegocios transgénicos, megaminería y, más recientemente, la explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fracking. Un modelo que ha llevado a la extranjerización de nuestra economía y a un predominio del sector financiero especulativo, beneficiado por la persistencia de la ley financiera de Martínez de Hoz. A esto debe sumarse la destrucción del sistema ferroviario y de las flotas marítima y fluvial o la consolidación de una matriz energética basada en hidrocarburos en un 93% en tiempos de cambio climático y calentamiento global. Sin pretender profundizar en otros aspectos esenciales de la dramática decadencia argentina -baste considerar el estado actual del sistema educativo público, que en otros tiempos diera tres Premios Nóbel en Ciencias- si hemos de tener en cuenta la experiencia mexicana, el eventual ingreso del país en la Alianza del Pacífico, como puente para integrar el Tratado Trans Pacífico, nos llevaría a profundizar esa decadencia aún más, incluyendo crecientes niveles de violencia social e institucional.

Además de la entusiasta participación del presidente Mauricio Macri como observador  en la reunión de la Alianza del Pacífico, realizada en Puerto Varas en el mes de Junio y de los acuerdos firmados con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en su reciente visita, existen preocupantes indicios de un avance en las condiciones que favorecerían el ingreso de la Argentina en la Alianza y en el TTP. Entre otros, destaca el permiso para la instalación de dos bases militares norteamericanas: en la Triple Frontera y en Tierra del Fuego. Un documento del Pentágono analiza que los dos grandes conflictos del futuro próximo, son el calentamiento global y la escasez de agua potable en el mundo. Precisamente, ambas bases militares se instalan en áreas estratégicas para el control del agua de Argentina: el Acuífero Guaraní y la Antártida. Igualmente grave es la presencia en las villas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, de miembros de las Fuerzas Armadas vinculados con la lucha contra el narcotráfico, incluyendo algunas personas que hablan en inglés, según relatan referentes de esas villas.

En la misma orientación y en concordancia con el blanqueo de capitales, un reciente DNU amplía las proporciones de tierras que pueden ser adquiridas por extranjeros: mientras en Estados Unidos o Brasil solamente se permite hasta un 2%, en nuestro país la Ley de Extranjerización de la Tierra -que en su momento criticamos- permitía hasta un 15%; pero ahora esa proporción se amplía significativamente. Bajo toda evidencia, la influencia y el ejemplo del amigo del presidente, Joe Lewis -en cuya propiedad junto al lago Escondido se alojara cuando la visita de Barack Obama- es por demás importante. Por su parte, el reciente tarifazo del gas, manifiesta la decisión del retiro del Estado en lo relativo a subsidios, como parte del retiro total del sector público en la experiencia mexicana, de manera tal que las corporaciones privadas puedan establecer con libertad el monto de las tarifas en función de sus criterios de rentabilidad empresaria, sin considerar las consecuencias sociales o económicas que ello pueda tener en el bienestar de la población o en la viabilidad de las Pymes. El gas deja de ser un servicio público y se  convierte en una mercancía más: el que pueda pagarlo, bien; el que no, paciencia.

La misma filosofía mercantil habrá de emplearse con la electricidad, los combustibles, el agua potable, los medicamentos, la salud, la educación, la vivienda y toda otra necesidad humana vinculada con derechos sociales básicos. Con similar orientación, el gobierno pretende que Argentina ingrese, junto al nuevo gobierno brasilero, a la Organización de Comercio y Desarrollo Económico-OCDE, la asociación de libre comercio de las 34 economías consumidoras de petróleo, en tensión con los países exportadores nucleados en la OPEP, a la cual pertenecen Ecuador y Venezuela: otra alternativa para desintegrar el Mercosur. A su vez, en lo referido al tema de patentes en materia de biotecnología, existen fuertes tensiones entre Monsanto y las Cámaras de productores rurales en lo concerniente al control de la soja Intacta RR2, que es el núcleo de la disputa por la modificación de la Ley de Semillas; pero lo que no se discute es la imposición de los granos transgénicos con utilización intensiva de agrotóxicos, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud los ha calificado como cancerígenos. Es lo que denominan “reinsertar a la Argentina en el mundo”

Dadas sus consecuencias para una parte mayoritaria de nuestra sociedad -en especial  los trabajadores, las clases medias y las de menores recursos- el Tratado Trans Pacífico se ha convertido en un parte-aguas de la política argentina. Por un lado, Cambiemos lo impulsa con entusiasmo desbordante; por otro, el pejotismo neo-menemista que tiende a rearticularse con el Frente Renovador, aparece como un recambio del establishment ante un eventual debilitamiento del macrismo. Es significativo el viaje de Sergio Massa, invitado por Macri al Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2016, donde se reúnen los Directores Ejecutivos de las 1.000 empresas miembro -las mayores corporaciones y grupos financieros de cada país- junto a políticos selectos y destacados periodistas e intelectuales que son sus voceros, para analizar los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo e impulsar las estrategias pertinentes. Tan significativo como su visita a Estados Unidos en julio para apoyar a Hillary Clinton y las reuniones con el Spanish Caucus, brazo latino del Partido Demócrata, con quienes abordó problemas vinculados a la Alianza del Pacífico y el Mercosur.

Sin embargo, el peligro que conlleva el ingreso de Argentina al TTP, no debe hacernos ignorar que las relaciones económicas y comerciales de subordinación centro-periferia se profundizaron durante el ascenso de los BRICS y, en ese contexto, Argentina y otros países del continente se fueron definiendo como proveedores de materias primas para el gigante asiático: casi todos cayeron en recesión al bajar el precio internacional de commodities y petróleo. Desde 2007, China pasó a ser el segundo mayor importador de la producción argentina después de Brasil; pero en un 85% se trataba de la exportación de materias primas sin valor agregado, frente a un 90% de productos manufacturados de importación. Lo cual profundizó el modelo extractivista, agro-minero exportador, en una relación neocolonial similar a la que el país tuvo con Inglaterra a fines del siglo XIX y principios del XX. El ejemplo de los ferrocarriles es elocuente: mientras todavía funcionan en China vagones y locomotoras que Argentina le vendiera en los años ´70, se importa llave en mano material ferroviario, incluyendo durmientes de hormigón armado. A su vez, capitales chinos comenzaron a comprar empresas en el país consideradas estratégicas: por citar algunos ejemplos, Chem China compró Nidera, dedicada a la exportación de granos y la petrolera CNOOC tiene una fuerte participación accionaria en Panamerican Energy de Bridas. Más grave aún, la instalación en 2015 de la base satelital de la Agencia China de Lanzamiento y Control de Satélites en Neuquén -supuestamente para la cooperación en el desarrollo civil de tecnologías espaciales- es en los hechos una base militar, dado que este tipo de tecnología es dual, civil y militar; y la base depende del Departamento General de Armamentos y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación Chino. Si se tiene en cuenta la base militar de la NATO en Malvinas y las dos bases militares norteamericanas que se instalan en la Triple Frontera y en Tierra del Fuego, la potestad soberana del país queda seriamente cuestionada.

Ante este escenario de la política nacional e internacional, las fuerzas políticas con valores de reivindicación social y soberanía; los sectores sindicales, cuya fortaleza es el problema más grave de Argentina y Brasil para los ideólogos de la Alianza; los movimientos sociales, ambientalistas, estudiantiles, de derechos humanos y todos aquéllos dispuestos a defender una vida digna para el conjunto de los seres humanos que habitan estas tierras, deben encontrar marcos de confluencia alrededor de un proyecto alternativo, capaz de enfrentar y superar la amenaza letal que para nuestro futuro cercano supone el ingreso al Tratado Trans Pacífico o una subordinación al bloque de poder mundial liderado por China. Ambas alternativas nos condenan a una condición neocolonial y a la profundización y extensión del modelo extractivista agro-exportador que, al igual que en los años ´90 -como continuidad de la política económica de la dictadura militar- pretenden convencernos de que es el “único camino”. “Único camino” cuyos resultados están a la vista y tienden a agravarse: sin considerar otros indicadores de decadencia nacional, pasamos de un 3% a un 25% de desocupación real; y de un 7% a un 34% de pobreza e indigencia.

La globalización neoliberal, sustentada en un librecambio sin restricciones y liderada por corporaciones y grupos financieros, está afrontando una crisis integral: económica, financiera, social y política. Crisis que afecta tanto a Estados Unidos y a Europa como a las naciones periféricas, para quienes la tragedia que vive México es un “espejo de su propio porvenir”. Es preciso tomar conciencia que las resistencias y demandas dispersas de sectores políticos, de trabajadores en diversos ámbitos, grupos ambientalistas, movimientos sociales, estudiantes secundarios y universitarios, personal médico de salud pública, sectores de clases medias, Pymes y tantos otros, tienen sus causas en un mismo proyecto abarcador; para derrotarlo, es preciso conjugar todos los esfuerzos. No es cierto que no existan alternativas a este “único camino”. (…)

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/tratado-trans-pacifico-una-amenaza-letal/