Peligro en las
mesas argentinas
diciembre 26, 2018
diciembre 26, 2018
Dario
Aranda
En base a estudios confidenciales, y
luego del visto bueno de una comisión que tiene íntimos vínculos con las
empresas que venden las semillas genéticamente modificadas para producirlos, el
Estado dio vía libre a la comercialización de productos cuestionados.
Los argentinos serán los primeros en
comer papa y trigo transgénicos. Dos alimentos de consumo masivo que fueron
aprobados por el Gobierno en base a estudios confidenciales y luego del visto
bueno de una comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que
venden las semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los
transgénicos, el mayor uso de agrotóxicos y la profundización de un modelo a
medida de las empresas.
El 4 de noviembre la empresa Bioceres
(que cuenta entre sus accionistas a Gustavo
Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios argentinos) presentó en
Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa señala que es “tolerante a
la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio, más cuestionado por su
toxicidad que el famoso glifosato.
“No se metan con nuestro pan” había
sido la consigna de una decena de organizaciones sociales que denuncia la nueva
avanzada del agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los
transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud
de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina,
muy poco serios”, advirtieron desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la
UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos,
Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo
que exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca en el país 5,6 millones
de hectáreas y es el principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue
en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede
en los países de la
Unión Europea , además de Rusia, India, China y Australia,
entre otros.
Los estudios de “inocuidad” son
realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los
expedientes son confidenciales. La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia),
dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes,
26 pertenecen a las empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años,
aprobó 16 transgénicos (51 desde 1996).
Fernando Frank, de la Asociación Campesina
del Valle de Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico
puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la
nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de
Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales
podrán contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores
podrán ser obligados a pagar a las empresas.
El Gobierno
también presentó la primera papa transgénica, ya liberada para su
comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar. En el acto, el
10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia, Lino Barañao, y el de
Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada es Tecnoplant,
del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del Instituto de
Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). La publicidad empresaria
afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato virus”). Uno de
los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien era jefe de
gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la papa modificada
genéticamente. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El
investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma parte del
desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la Conabia al
momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó parte Lino
Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la aprobación de
la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia.
El Parlamento Andino (órgano
deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa
transgénica en 2006. Resaltó la “inestabilidad” del cultivo y alertó que “una
vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación
genética”. Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante
de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) afirmó que la
papa transgénica no resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el
virus PVY puede desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que es
un “gran problema adicional” que esta papa se utilice para consumo humano
directo.
Fernando Frank apuntó al fondo: “No
pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera
tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance
tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el
avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo
del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y
consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
Fuente original:
Página 12
Fuente: http://www.dariovive.org/?p=8558
Fuente: http://www.dariovive.org/?p=8558
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