Amnistía
manifiesta profunda preocupación con relación a los anuncios sobre la política
de seguridad”
Por Amnistía Internacional Argentina
Alerta sobre los anuncios de seguridad en
detrimento de los derechos humanos
Amnistía Internacional manifiesta
profunda preocupación con relación a los últimos anuncios sobre la política de
seguridad que compromete la responsabilidad del Estado argentino.
El mantenimiento del orden y la
seguridad no se contrapone con los derechos humanos, por el contrario, su
respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de
Derecho.
Armas tipo Taser
Amnistía Internacional hace años
investiga el uso de armas de electrochoque (como las Taser) y destaca dos
preocupaciones principales en materia de derechos humanos, que han sido
compartidas por otros organismos internacionales, como el Comité contra la
Tortura de la ONU.
En primer lugar, se subestiman los
riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de
estas armas. En segundo lugar, las armas de electrochoque presentan un alto
riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos
tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o
sufrimiento en la persona.
“Esto último es bien relevante. El
punto es cómo el gobierno puede garantizar que las fuerzas de seguridad hayan
sido capacitadas y estén preparadas continuamente para que no ocurran usos
incorrectos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía
Internacional Argentina. (…)
Baja de edad de imputabilidad
En el marco de estos anuncios,
preocupa también a la organización la propuesta de bajar la edad de
imputabilidad. Desde hace años Argentina ha sido interpelada por los organismos
internacionales de derechos humanos a aprobar un sistema de justicia penal
juvenil que brinde garantías a los jóvenes en conflicto con la ley penal.
“Esta necesaria reforma no puede
hacerse de cualquier modo. El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU,
en sus Observaciones a Argentina de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley
penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir
la edad de responsabilidad penal”, afirmó Mariela Belski.
En este sentido y atendiendo estas
recomendaciones, llama la atención la propuesta de baja de edad de
imputabilidad presentada, ya que representa un retroceso contrario a los
principios internacionales de derechos humanos.
Asociación de la migración con la
criminalidad
Preocupan además los anuncios del
Gobierno que, basados en estadísticas tergiversadas, insisten en abordar a la
migración desde un paradigma de seguridad y punitivo.
A diferencia de lo anunciado a los
medios, la totalidad de personas extranjeras detenidas en Argentina no es de un
20% sino que es de cerca del 6%, cifra que no se ha incrementado en los últimos
años. El gobierno debe promover la regularización y la garantía de los derechos
de las personas migrantes, en el marco de las políticas sociales y desde un
enfoque de derechos humanos.
Amnistía Internacional considera imperioso que el Gobierno respete
los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de seguridad, escenario
en donde en muchos casos se trata de la vida y la libertad de las personas,
especialmente de las poblaciones más vulnerables.
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