Organizaciones sociales chilenas
presentan informe alternativo de DDHH en Naciones Unidas
Realizado por
Este 22 de enero,
la situación de derechos humanos en Chile fue evaluada a través del Examen
Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A
la instancia acudieron representantes de la sociedad civil, quienes llevaron
consigo un informe realizado por la “Coalición por el Fortalecimiento de los DDHH en
Chile”, instancia en la que participan la Asociación de Municipalidades con
Alcalde Mapuche, ONG Lumbanga, el Consorcio Ticca, Informativo Mapuexpress,
Movimiento Acción Migrante y Observatorio Ciudadano.
El documento
analiza el cumplimiento por parte del Estado de Chile de sus obligaciones y
compromisos voluntarios en materia de derechos humanos en el período
comprendido entre el último EPU que el Consejo de Derechos Humanos (CDH)
realizara de Chile, en enero de 2014, y julio de 2018.
Dentro de los
aspectos valorados positivamente por el “Informe Conjunto de Sociedad Civil”,
se encuentran la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de
Derechos del Niño de Naciones Unidas; la ratificación del Convenio N° 189 de la
OIT; la conclusión del proceso de adhesión a la Convención sobre el Estatuto de
los Apátridas de 1954 y a la Convención para Reducir los Casos de Apátridas de
1961, ambos de Naciones Unidas.
En esta línea, el
texto destaca además la creación y puesta en funcionamiento de la Subsecretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la elaboración del Plan
Nacional de Derechos Humanos el 2017 y la creación del Plan de Acción Nacional
de Derechos Humanos y Empresas.
Las deudas
parten en la Constitución
El Informe hace
hincapié en que Chile mantiene la Constitución de 1980, que fue impuesta en
dictadura y que no contempla un reconocimiento de los derechos económicos,
sociales y culturales, ni establece mecanismos para hacerlos exigibles.
“Concibe el rol del Estado en materia económica como subsidiario, lo que
restringe las posibilidades de dar impulso a políticas públicas para hacerlos
efectivos”, se lee en el trabajo de la Coalición.
Las observaciones
a la carta magna también apuntan al nulo reconocimiento de los pueblos indígenas,
pese a que según el Censo 2017, constituyen el 12.8% de la población que habita
en el país.
El documento
también da cuenta del frustrado proceso constituyente iniciado en el segundo
gobierno de Michelle Bachelet, por lo que recomienda “impulsar un proceso
transparente y participativo, incluyendo a todos los sectores de la población,
en particular la sociedad civil y pueblos indígenas, para la elaboración de una
nueva Constitución Política que permita armonizar el ordenamiento jurídico
interno a los tratados internacionales de derechos humanos, permitiendo así el
ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos”.
Pueblos
indígenas vulnerados
Otra materia
deficitaria del Estado chileno dice relación con los derechos humanos de los
pueblos indígenas. Al respecto, el documento establece que Chile “ha impulsado
un proceso de criminalización de la protesta social indígena por la
reivindicación de sus derechos, a través del uso abusivo de las fuerzas
policiales en contra de población indígena y ha perseguido judicialmente a los
líderes del pueblo mapuche a través del uso de legislación especial, como lo es
la Ley sobre Conductas Terroristas, vulnerando el espíritu excepcional de dicha
legislación al utilizarla de manera ordinaria”.
En el periodo analizado
por la Coalición, la
Ley Antiterrorista fue invocada en contra de 23 personas
mapuche, en el marco de los casos Luchsinger-Mackay, Iglesia y Huracán,
procesos que, de acuerdo al diagnóstico del informe, “fueron sustentados con
serias vulneraciones a las garantías del debido proceso, entre ellas, la
ausencia de pruebas directas y la inclusión de pruebas con defectos
insuperables, la persecución penal múltiple y sostenida en el tiempo y el abuso
de la prisión preventiva”.
El texto también
pone en relieve los actos de violencia policial contra los menores de edad
miembros de comunidades indígenas, como el Brandon Hernández Huentecol, quien
tenía 17 años al momento de recibir, en la comuna de Collipulli, un disparo de
escopeta que lo dejó con un centenar de perdigones incrustados en su cuerpo. El
hecho ocurrió en diciembre de 2016 y su autor es el sargento de Carabineros,
Cristian Rivera Silva, quien fue condenado recientemente apenas por el delito
de lesiones graves.
También ha sido
materia de consideración para las organizaciones detrás del informe un episodio
ocurrido el 22 de marzo de 2018, cuando tres niños mapuche, de entre 14 y 12
años, y una niña de 12 años, estudiantes de una escuela pública en la comuna de
Ercilla, fueron interceptados por tres carabineros cuando regresaban a sus
casas, siendo sometidos a un control de identidad y llevados a un sitio eriazo,
donde les obligaron a desnudarse bajo amenazas e intimidación, ante lo cual
accedieron.
Afrodescendientes,
migrantes y amenaza empresarial
La falta de
reconocimiento legal del pueblo afrodescendiente en Chile también ha sido
incorporada al informe preparado para el EPU. La Coalición valoró el proyecto
de ley sobre la materia, aprobado por la Cámara de Diputados, pero criticó “la
lentitud del Congreso en su discusión y aprobación, así como la ausencia de
respaldo del actual gobierno”.
Adicionalmente,
las organizaciones expresaron que “Chile se ha negado a incluir en los censos
nacionales, encuestas de hogares, de salud y otros instrumentos estadísticos al
pueblo afrodescendiente, lo que impide su visibilización”.
Otra materia de
inquietud para el informe concierne a la situación de la población inmigrante.
En este sentido, el documento subraya que el Estado “aún no ha modernizado su
legislación migratoria que data de 1975” y que el proyecto que se discute en el
Congreso “no contiene un enfoque de derechos humanos que permita la
consagración de los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos,
sociales y culturales de las comunidades migrantes en el país, conforme a los
tratados internacionales ratificados por Chile”.
Otro tópico
relevado en el informe se relaciona con los derechos humanos amenazados por la
actividad empresarial. Al respecto, la Coalición manifiesta que “no se han
verificado avances sustanciales para reducir los impactos de la actividad de
las empresas en los derechos humanos, en particular en aquellos sectores más
vulnerables, como lo son pueblos indígenas y comunidades locales. Tampoco hay
avances en justicia y reparación por el deterioro ambiental generado por la
actividad de empresas”.
Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/01/23/organizaciones-sociales-chilenas-presentan-informe-alternativo-de-ddhh-en-naciones-unidas/
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