El Grupo de Lima
marca la “ruta de Trump” para intervenir a Venezuela
"No se trata de
reemplazar una cúpula por otra, se trata de que
el pueblo ejerza la
soberanía"
19 de enero de 2019
Por Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución(Rebelión)
Proponemos que la disputa entre el Gobierno y la AN debe
resolverse mediante el diálogo y la negociación, tomando como punto de partida
la convocatoria a un referendum consultivo vinculante
NO AL ESTADO PARALELO IMPULSADO POR EEUU, UE Y
GRUPO DE LIMA
RECHAZAMOS EL RÉGIMEN ENTREGUISTA E INCONSTITUCIONAL DE
NICOLÁS MADURO
REFERENDUM PARA RENOVAR TODOS LOS PODERES PUBLICOS
Desde la
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución hemos
venido tomando iniciativas y denunciando el régimen autoritario e
inconstitucional del Presidente Maduro, quien a raíz de perder el control de la
AN luego de la aplastante derrota en las elecciones parlamentarias de 2015,
comenzó a gobernar al margen de la Constitución mediante la aplicación de un
estado de excepción permanente, para evadir y neutralizar el control del
Parlamento Nacional y facilitar la entrega al gran capital corporativo
transnacional, la explotación primaria de nuestros recursos naturales, mineros
y petroleros. Optó por avanzar en la profundización del modelo rentístico
extractivista depredador, lesionando la soberanía nacional y el patrimonio social,
natural y económico de la
Nación. El Arco Minero del Orinoco, los Acuerdos de Servicios
Conjuntos de PDVSA en términos viles, que nos retrotraen al régimen de
concesiones de Gómez y a los contratos operativos de la apertura petrolera de
Luis Giusti, son la muestra de la clara orientación entreguista de un gobierno
cada vez más autoritario y opaco, que sustenta su poder en el control político
clientelar y en la represión y coacción policial, violando los derechos
humanos, con la falsa bandera de la lucha antiimperialista.y la defensa de la
revolución bolivariana.
Habiendo perdido la base social de apoyo heredada del liderazgo de
Chávez, por su connivencia y tolerancia con la corrupción y, su incapacidad
para corregir errores en el manejo de la política económica y en la conducción
del proceso, el gobierno de Maduro optó por preservar el poder a toda costa sin
importarle los graves daños causados al pueblo de Venezuela y sus
instituciones, echando por tierra los logros políticos y sociales alcanzados por
la revolución bolivariana, para lo cual no dudó en llevarse por delante su
logro histórico fundamental, la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela parida por un proceso constituyente inédito, que sentó las bases
del protagonismo popular a través de la profundización de la democracia y de su
ejercicio directo y refrendario. La instrumentalización del poder electoral
para “legitimar” la suspensión del referéndum revocatorio presidencial
convocado por la oposición (2016) y la posterior convocatoria a la elección de
una Asamblea Nacional Constituyente (2017) otorgándole poderes
“supraconstitucionales y plenipotenciarios", sustituyendo de facto la Asamblea Nacional
y usurpando la soberanía popular que reside intransferiblemente en el pueblo,
fueron rechazados y denunciados en su momento por esta Plataforma, como
evidencia incontrovertible del carácter autoritario e inconstitucional del
gobierno de Maduro.
El 20 de mayo de 2018, el presidente Maduro resultó electo para un
nuevo período constitucional de seis años, en unas elecciones adelantadas
caracterizadas por un claro ventajismo e irregularidades en las cuales se
produjo una abstención del 52%, superando en 30% la abstención promedio de los
tres últimos procesos electorales presidenciales, en lo cual tuvo un peso
importante el llamado a no participar que hizo un sector de la oposición, con
el propósito de evidenciar la ilegitimidad del régimen madurista, al cual se
sumó el escepticismo derivado de la fragmentación de los opositores y la
desconfianza en el manejo del proceso por el CNE. En esa oportunidad, la Plataforma Ciudadana
en Defensa de la Constitución llamó a participar en el proceso electoral, por
considerar que la abstención, además de dejarle el campo libre a Maduro para
atornillarse en el poder, también se lo abría al gobierno de EEUU y sus
aliados, interesados en imponer la tesis del “estado fallido” al demostrarse,
según ellos, la “ilegitimidad de origen” del Presidente, para luego justificar
su intervención en Venezuela, siguiendo la ruta de la creación de un “Estado
Paralelo”, como hicieron en Libia. No es casual que el vocero más conspicuo de
Trump en la OEA, Luis Almagro, haya participado directamente en la campaña
electoral llamando a no votar, presumiendo que una alta abstención permitiría
declarar la “ilegitimidad de origen” del presidente electo, con el fin de
desconocer su mandato y proclamar el “vacío de poder” a fin de darle
“legitimidad” a un gobierno paralelo impuesto por EEUU.
Reconocemos que en la alta abstención ocurrida
en el proceso electoral del 20M jugó un papel importante la pérdida de
credibilidad del liderazgo político y el escepticismo de amplios sectores de la
población en la eficacia de la participación electoral, como medio para cambiar
la situación del país, también, debido a la desconfianza en el CNE y la
fragmentación del liderazgo opositor. Sin embargo, independientemente de que
algunos sectores opositores acompañaron de buena fe la abstención para
demostrar su rechazo al gobierno de Maduro, los efectos prácticos de ésta y de
la política abstencionista impulsada por el Departamento de Estado y asumida
por algunos sectores de la oposición extremista pro-yankee, ha sido la
desmovilización del pueblo venezolano, sacándolo del juego, evitando que
asumiera su condición de decisor fundamental en la salida a la crisis
transitando la vía pacífica y constitucional. De ese modo EEUU y sus aliados
pasaron a ser actores de primera línea bajo el paraguas de la “comunidad
internacional” para imponer un desenlace por la vía violenta o a través de una
negociación injerencista con el gobierno de Maduro, funcional a sus intereses
económicos y geopolíticos, hiriendo gravemente la soberanía del Estado Nación
venezolano. Los hechos que se han venido suscitando antes y después de la juramentación
del Presidente Maduro ante el TSJ, especialmente el pronunciamiento del llamado
Grupo de Lima y de EEUU, marchan en esa dirección.
Creemos que la ilegitimidad del presidente Maduro proviene del
rechazo de una mayoría aplastante de venezolanos y venezolanas, que consideran
a su gobierno el principal responsable de la terrible crisis que los agobia, de
la masificación de la pobreza, del colapso de los servicios públicos, de la
parálisis económica, de la hiperinflación y de la destrucción del tejido social
y productivo del país, además de muy graves violaciones persistentes de la
Constitución, incluida la violación sistemática de los derechos humanos.
Igualmente, también hay un rechazo a la violencia y a la injerencia externa. Esa mayoría considera
de igual modo, que la vía para restaurar el estado de derecho y la
institucionalidad perdida, es la movilización pacífica sustentada en los
mecanismos constitucionales. En ese sentido, respaldamos las luchas y reclamos
de los trabajadores y trabajadoras venezolanas por la defensa de su salario y
de sus condiciones de vida y de trabajo, hoy, terriblemente afectados por la
caída del ingreso, el desconocimiento por parte del gobierno de la contratación
colectiva y demás conquistas laborales y socioeconómicas. Esas luchas deben
articularse con la lucha por la restauración de la Constitución.
Rechazamos la creación de un Estado paralelo centrado en la Asamblea Nacional
y el TSJ en el exilio apoyado por EEUU y el Grupo de Lima, porque conduciría a
la profundización de la crisis y a un “choque de trenes” que podría derivar en
un conflicto interno de consecuencias impredecibles, comprometiendo la
soberanía e integridad de la Nación.
Más allá de la calificación y el
pronunciamiento que puedan hacer gobiernos extranjeros sobre la legitimidad del
Jefe de Estado venezolano, sólo el pueblo de Venezuela, apoyándose en la
Constitución y conforme a su derecho inalienable a la autodeterminación, debe
ser quién decida sobre la salida a la crisis política. Por ello, rechazamos firmemente
la intención del gobierno de EEUU y el llamado Grupo de Lima de atropellar la
dignidad del pueblo venezolano, al pretender imponer como solución a la crisis,
un gobierno paralelo que equivaldría a un golpe de estado parlamentario.
El Grupo de Lima marca la “ruta de Trump” para intervenir a
Venezuela
El pronunciamiento del Grupo de Lima (GL) sintetiza la hoja de
ruta trazada por el gobierno de Donald Trump para tensar la cuerda al límite,
con el fin de darle “jaque mate” al gobierno de Maduro, para colocarlo frente
al dilema de negociar su rendición o enfrentar la ofensiva final de la alianza EEUU-UE -Grupo
de Lima en marcha, eufemísticamente llamada “comunidad internacional”, a través
del estrangulamiento económico seguido de una “intervención humanitaria” tipo
Libia, articulada con la puesta en escena de la disputa territorial por el
Esequibo y del reclamo del gobierno colombiano por la presencia en Venezuela de
la guerrilla del ELN, como detonantes de conflictos en los flancos occidental y
oriental,
La ficha clave en esta jugada que han venido preparando
minuciosamente por el Departamento de Estado y el Comando Sur y el, con la cual
esos poderes fácticos pretenden rebasar la soberanía y autodeterminación del
pueblo venezolano, para imponer un gobierno tutelado desde Washington y
condicionado a los intereses del gran capital transnacional comprometiendo la
existencia misma de la Nación, es la derecha apátrida que fuera y dentro del
país, ha hecho suya esa estrategia intervencionista, plasmada en el referido
pronunciamiento, asumiéndola como la única opción para lograr un cambio
político en el país, desechando de plano que sea el propio pueblo venezolano el
que protagonice el restablecimiento de la Constitución derogada de facto por el
gobierno de Maduro y la salida a la crisis por la vía pacífica y
constitucional. El pronunciamiento del Grupo de Lima es también un
emplazamiento dilemático para los movimientos y organizaciones políticas que
hacen vida en el país, frente al cual solo puede haber dos posiciones: o se
rechaza por injerencista y violador de la soberanía nacional y popular o se
apoya por acción u omisión dándole luz verde a la intervención extranjera. Por nuestra parte,
rechazamos en todo su contenido ese pronunciamiento intervencionista violatorio
del derecho internacional y ofensivo a la dignidad del pueblo venezolano, con
base en las siguientes consideraciones:
1. El Grupo de Lima es un
grupo informal de presión creado bajo los auspicios de EEUU, a partir de los
cambios de gobierno hacia la derecha que ocurrieron en la región en los últimos
años, ante la imposibilidad de lograr una mayoría en la OEA para imponer la
aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra del
gobierno de Venezuela. La creación de ese grupo se produjo en el contexto de la
deserción y reducción de la participación de algunos de sus países miembros en
la UNASUR, siguiendo la política estadounidense de dinamitar la arquitectura de
integración latinoamericana que se construyó en los primeros tres lustros del siglo
XXI, con el fin de devolverle a la OEA el protagonismo perdido como foro
regional y su condición de “ministerio de colonias”,. operador de la Doctrina Monroe. No
son razones humanitarias sino políticas y económicas, las que animan a ese
bloque de gobiernos, en el que participa EEUU como dueño del circo, y lo que
está de por medio son las ambicionadas riquezas naturales y la primera reserva
petrolera del mundo.
2. Al asumir de manera
arbitraria y unilateral la facultad de calificar la legitimidad de los órganos
del Poder Público venezolano, renunciando al escenario multilateral, a la
mediación y al diálogo como el instrumento fundamental para dirimir
pacíficamente las diferencias y conflictos entre los Estados y al interior de
los países, lo hacen para darle sustento a la política del gobierno de Trump,
de bloquear cualquier salida que surja de la decisión autónoma y soberana de
los venezolanos. De ahí su política de impulsar el abstencionismo y la
insurrección violenta desmovilizadora, de la cual se abanderó la derecha
extremista, dándole al gobierno la oportunidad de justificar la aplicación de
un “estado de excepción” de facto, que aunque inconstitucional, le ha servido
de coartada para gobernar al margen de la constitución e imponer un régimen
represivo para supuestamente “garantizar la paz” y atornillarse en el poder. Al
reconocer la legitimidad al TSJ en el “exilio”, desconocer el nuevo mandato del
Presidente Maduro y reconocer a la AN como el único poder legítimo, el Grupo de
Lima presiona hacia la constitución de un Estado Paralelo, hacia un conflicto
de poderes, hacia una confrontación de alcance internacional de consecuencias
impredecibles, entre el gobierno de Maduro respaldado por la FANB y la
oposición extremista atrincherada en la AN respaldada por EEUU y el Grupo de
Lima.
3. El guión seguido por
una mayoría de la AN liderada por su nuevo Presidente, Juan Guaidó (VP) sigue
la misma estructura y letra del pronunciamiento del Grupo de Lima y del Jefe de
la Diplomacia estadounidense, tanto en cuanto al desconocimiento del mandato de
Nicolás Maduro, como en lo referido al carácter plenipotenciario que asume la
AN para designar un Presidente interino o Consejo de Transición, que ejercería
la “coordinación con la FANB, la designación de representantes ante instancias
internacionales y la conducción de un proceso de transición, todo ello
presumiendo que el cargo de Presidente estaría vacante. De esta manera, se
plantean abiertamente la dualidad de poderes que promueven EEUU y sus aliados,
que como ya señalamos, podría conducirnos a un conflicto donde las víctimas
seremos los venezolanos y el poder de decisión quedará a merced de los
intereses geopolíticos y económicos de EEUU y sus aliados.
4. Superando al gobierno
de EEUU en materia de sanciones a Venezuela, el Grupo de Lima se dispone a
elaborar, a discreción y sin definir un criterio preciso, listas de personas
naturales y jurídicas a las cuales se le impedirá interactuar con instituciones
financieras y bancarias de los países miembros e incluso congelar sus fondos y
activos. Por otra parte, anuncia que evaluará la aplicación de restricciones en
el otorgamiento de créditos al Estado venezolano, en los organismos financieros
internacionales y regionales de los que son parte”. Estas son el tipo de
medidas que suele tomar EEUU aplicando leyes extraterritoriales que vulneran la
soberanía de los Estados, las cuales supuestamente van dirigidas a golpear a
funcionarios gubernamentales, pero que inexorablemente recaen sobre el pueblo.
Son medidas que en el marco de la grave crisis económica y social del país,
contribuyen a profundizar el sufrimiento de las grandes mayorías que padecen
los embates de la crisis.
Al supeditar en términos absolutos la cooperación humanitaria
al logro del objetivo político, en este caso, del cambio de gobierno, queda al
descubierto el chantaje detrás del ofrecimiento de la ayuda humanitaria a
cambio de ceder la
soberanía. Muy diferente sería ofrecer incondicionalmente la
cooperación para atender la emergencia humanitaria, siempre y cuando esta no
sea manejada por el gobierno sino por la comunidad organizada.
5. El hecho de que 10 de
los 12 gobiernos del Grupo de Lima se retractaron del espaldarazo que le dieron
a Guyana, en su reclamo a Venezuela por la expulsión de una embarcación extranjera
que, con la autorización de ese país, penetraron aguas venezolanas en el Delta
del Orinoco, no le quita relevancia al cipayismo vergonzoso de los gobiernos
que integran ese Grupo. Ese es solo un movimiento “táctico”, lo que cuenta es
su intención y voluntad demostrada de adhesión total, incondicional e inédita a
la posición de EEUU de reconocerle a Guyana soberanía plena sobre el Esequibo y
una porción importante de la plataforma continental del Delta del Orinoco, como
si este fuera algo coyuntural vinculado al gobierno de Maduro, y no un asunto
de Estado de carácter histórico, altamente sensible para los venezolano, porque
afecta la integridad del territorio nacional. Para colmo del irrespeto, se
atrevieron a calificar a las FANB como “provocadores” y “violadores de los
derechos humanos de los países vecinos”, refiriéndose a Guyana, cuando una nave
patrullera de la
Armada Nacional Bolivariana interceptó y desalojó a un buque
que realizaba estudios exploratorios para la ExxonMobil con el permiso írrito
del gobierno guyanés, porque cumplieron con su deber de garantizar el ejercicio
de la soberanía territorial en la plataforma continental del Delta del Orinoco,
apegándose a las normas internacionales.
6. Adicionalmente, ese
incidente lo utilizan para justificar la suspensión de la cooperación militar
en general y el posible establecimiento de una zona de exclusión aérea mediante
la suspensión de los “permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos
en caso de asistencia humanitaria”. Estas son señales que anuncian la
preparación para un conflicto bélico, lo cual resulta mucho más preocupante si
tenemos en cuenta que en ese grupo están Brasil, Colombia y Guyana, países que
tienen frontera con Venezuela y con los dos últimos mantenemos diferendos
territoriales.
7. En razón de que un
sector extremista de la oposición encabezado por el nuevo Presidente de la AN,
decidió adherirse al Pronunciamiento del Grupo de Lima y del gobierno de EEUU,
de declarar unilateralmente vacante la Jefatura del Estado Venezolano,
argumentando la ilegitimidad de origen de la elección de Nicolás Maduro para el
período 2019-2025, y no reconociéndolo como tal y en consecuencia procedió a
conformar un Estado Paralelo en el que la AN asume las funciones del Poder
Ejecutivo y se reconoce como legítimo al llamado TSJ en el exilio, crea las
condiciones para que se desencadene un conflicto interno que agravará la crisis
y podría conducir a una guerra civil con participación internacional o en el
mejor de los casos, a una negociación, impuesta desde afuera, amenazando la
integridad territorial y la soberanía nacional, desde esta Plataforma Ciudadana
en Defensa de la Constitución proponemos:
¿Qué hacer?
Para el Pueblo de Venezuela, la primera tarea es garantizar la
preservación de la Patria, porque sin ella, ningún proyecto nacional sería
posible para construir el futuro. El suicidio, sea individual o colectivo, no
es una opción. De allí que cualquier propuesta, idea, decisión planteadas en
términos de lesionar nuestra herencia, nuestra integridad territorial, nuestra
identidad nacional, nuestro derecho a la autodeterminación, incluyendo los
derechos de nuestros pueblos originarios, debe ser combatida con absoluta
firmeza y es por ello que, desde la Plataforma Ciudadana
en Defensa de la Constitución, denunciamos y rechazamos como injerencistas las
acciones del llamado “Grupo de Lima” y cualquier venezolano, más allá de su
opinión política, está en la obligación de sumarse a ese rechazo.
Así mismo, rechazamos la tesis que internacionalmente viene siendo
manejada por un sector extremista de la oposición, siguiendo las instrucciones
del gobierno estadounidense, acerca del “vacío de poder” y de la necesidad, en
consecuencia, de una intervención extranjera. Tal idea, al final, busca limpiar
el camino para la disolución de la República, para la repartición de lo que es
de los venezolanos, para convertir a Venezuela, esa de las ocho estrellas, esa
del Libertador, esa de donde surgió la libertad para buena parte del
continente, en un grupo de pequeñas republiquetas: un proceso de fragmentación
, al estilo de lo ocurrido históricamente con la disolución de la Gran Colombia y
posteriormente con Panamá. Pero eso no implica, de ninguna manera, que
defendamos el actual gobierno, responsable de la gran crisis que nos agobia y
responsable también, por acción u omisión, de poner en peligro a la República. Asumimos
que en Venezuela sí existe un gobierno pero el mismo es ilegítimo porque actúa
al margen de la Constitución y, porque sus acciones son absolutamente contrarias
al interés general. Por tanto, debe ser reemplazado pero no a través de un
inconstitucional golpe de estado con el apoyo de EEUU y sus aliados, sino a
través de una acción coherente y sostenida de participación y movilización
popular en el marco de la propia Constitución. La profundidad de la crisis
requiere, sin dudas, de un acuerdo general, un acuerdo de sociedad, no un
simple acuerdo de cúpulas y para ello, insistimos, la Constitución tiene
previstos los caminos. No se trata de reemplazar una cúpula por otra, se trata
de que el pueblo, quien ejerce la soberanía (A-5), se manifieste acerca de lo
que verdaderamente quiere (Artículos 70 y 71). Es necesario reinstitucionalizar
la República pero ello no es posible mientras las instituciones sigan siendo
manejadas por los responsables de la crisis. Se trata de que, a partir de un acuerdo
de patria, un acuerdo con visión de futuro, un acuerdo responsable, que prevea
la renuncia de absolutamente todos los poderes, en forma ordenada y frente al
pueblo, con el fin de llamar, en tiempo perentorio, a un nuevo proceso general
de elecciones que relegitime todos los poderes, para abrirle el camino a una
nueva Venezuela. Se trata, en definitiva, de poner las decisiones en manos del
soberano, como reza nuestra Constitución. De lo contrario, la deriva de la
crisis nos conducirá inexorablemente a una guerra civil con participación
internacional, la instalación directamente del fascismo, con todo lo que ello
implica para las generaciones presentes y futuras de venezolanos, o la
instalación, a partir de componendas, de un gobierno que no represente los
intereses de los venezolanos.
La AN liderada por la oposición extremista, avanza en la ejecución
del proyecto del estado paralelo promovido por EEUU-UE-Grupo de Lima para desplazar
a Maduro del gobierno, mientras éste con el apoyo de la FANB acaricia la idea
de disolver la AN y convocar unas elecciones anticipadas. Esta confrontación
podría desembocar en una guerra civil con participación internacional o en una
negociación cupular forzada por intereses foráneos. En estas circunstancias,
cuando está en juego la existencia de la Nación, es que el pueblo debe ser el
protagonista de su propia historia para decidir el destino de la República,
ejerciendo plenamente su derecho a la autodeterminación. Por
esa razón, proponemos que
la disputa entre el Gobierno y la AN debe resolverse mediante el diálogo y la
negociación, tomando como punto de partida la convocatoria a un referendum
consultivo vinculante, en el que los venezolanos decidamos en elecciones
transparentes y con base en los artículo 70 y 71 de la Constitución, si
queremos o no renovar todos los poderes públicos.
La salida debe ser soberana, pacífica y constitucional a
través de la consulta popular!!!
Rechazamos el Pronunciamiento intervencionista del Grupo de
Lima!!!
Todos contra el despojo territorial
imperialista en el Esequibo!!!
Héctor Navarro, Oly Millán, Gustavo
Márquez, Ana Elisa Osorio, Edgardo Lander, Juan García, Gonzalo Gómez, Santiago
Arconada
Caracas 17 de enero 2019-01-17
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251438
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