Hace dos décadas Ménem
autorizaba el ingreso de la transgénica
Veinte años de soja al
cuello
28 de marzo de 2016
Por Darío Aranda (Página 12)
El 25 de marzo de 1996, el
secretario de Agricultura de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó con un trámite
express el ingreso de la soja transgénica, basado en estudios de Monsanto.
Aumentó el uso de glifosato. Record de desmontes y desalojos.
Paseo
Colón 982. 25 de marzo de 1996. El gobierno de Carlos Menem autoriza la primera
soja transgénica y ya nada volvería a ser igual. Un cambio drástico para la
agricultura de Argentina, aprobado en un trámite express de sólo 81
días y en base a estudios de la propia empresa Monsanto. Dos
décadas después, el 60 por ciento de la tierra cultivada tiene un solo cultivo
y se utilizan, cada año, 200 millones de litros de glifosato. Cuantiosos
ingresos para el país, pero también consecuencias: récord de desmontes, uso
masivo de agrotóxicos, desalojos a campesinos y pueblos indígenas,
concentración de tierras en pocas manos. Veinte años de una Argentina
transgénica.
Felipe
Solá, secretario de Agricultura de Menem, firmó el expediente de aprobación de
la soja transgénica. En 2011, un grupo de seis científicos de distintas
disciplinas realizó una lectura del informe. Confirmaron que la autorización no
contaba con estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la información era
incompleta y cuestionaron que el Estado argentino no haya realizado
investigaciones propias. “El expediente de aprobación es, desde el punto de
vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de
los resultados en puntos de extrema importancia como consumo humano, o los
tests ecotoxicológicos en ratones, pollos y peces, corresponden a las propias
investigaciones de Monsanto. Son juez y parte”, denunció Norma Sánchez,
profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
de la Plata (UNLP) e investigadora independiente del Conicet.
La soja transgénica pasó de
seis millones de hectáreas a doce millones (en 2003) y veinte millones (en
2015). Las exportaciones fueron millonarias. El investigador Tomás Palmasino,
del Instituto Gino Germani de la UBA, precisó que, entre 2002 y 2013, Argentina
exportó 158.000 millones de dólares (en poroto, harina y aceite de soja).
En
economía se refiere como “externalidades” a las consecuencias no deseadas (y
que las empresas no rinden cuentas). El desmonte es una
“externalidad” del agronegocio. El Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (de la ONU), donde participan más de 300 científicos de todo el
mundo, alertó en 2014 que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre
en Argentina. Hernán Giardini, de Greenpeace, precisó que, desde 1998 hasta
2014, fueron arrasadas 5.123.065 hectáreas . “Equivale a 300.000 hectáreas
por año, una hectárea cada dos minutos”, afirmó Giardini. El 80 por ciento de
la deforestación se concentra en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco,
todas provincias en las que avanzó el modelo agropecuario transgénico.
Según
los censos agropecuarios de 1988 y 2002, en ese período desapareció el 25 por
ciento de las explotaciones agropecuarias (104.000 fincas). Hay coincidencia de
científicos sociales en que el número de chacras siguió en caída, pero no hay
censo agropecuario completo desde hace catorce años. Datos
del INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las
explotaciones agropecuarias cuenta con el 50 por ciento de la tierra
cultivable.
La
Red de Médicos de Pueblos Fumigados precisó que el uso de agrotóxicos pasó de
30 millones de litros (en 1990) a 300 millones anuales en 2011 (200 millones
son glifosato). De dos litros del herbicida glifosato por hectárea se
incrementó a entre ocho y doce litros. El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, en su reciente publicación “Los plaguicidas agregados al suelo y
su destino en el ambiente”, advirtió que los agroquímicos permanecen durante
meses en el suelo, afectan cursos de agua, y cuestionan que Argentina es el
país con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos.
“El actual modelo de agricultura industrial o modelo extractivo ha pretendido
que la química (los plaguicidas) controle a la biología, simplificando así la
toma de decisiones. Sin embargo, dentro de este modelo, no se ha tenido en
cuenta que el uso excesivo de plaguicidas pone en serio riesgo al recurso
suelo”, afirmaron los investigadores del INTA.
Andrés
Carrasco, científico que en 2009 confirmó los efectos letales del glifosato y
luego sufrió un ataque de las corporaciones transgénicas (fallecido en 2014),
definió al modelo de agricultura química en Argentina como un “experimento
masivo a cielo abierto”.
Ser jueces y parte
En la aprobación de la soja
en 1996 fue clave la
Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). Creada durante
el menemismo (1991), su composición fue secreta durante 23 años (hasta 2014),
cuando se conoció que más de la mitad de sus integrantes (27 sobre 47)
pertenecen a las mismas empresas de transgénicos o tienen trabajos junto a
ellas (presentan conflictos de intereses). La Conabia aprobó 35 transgénicos
entre 1996 y 2015. Soja, maíz, algodón y papa. Las empresas beneficiadas:
Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Pioneer y Nidera, entre otras.
Presidida por Martín Lema, en
la Conabia participan y tienen poder decisorio Juan Kiekebusch (Syngenta),
Miguel Alvarez Arancedo (Monsanto), Ricardo Fernández de Ullibarri (Ingenio
Ledesma), Teresita Martín (DuPont Pioneer), Luis Negruchi y Alejandro Petek
(Aapresid) y Guillermo Mentruyt (Dow AgroSciences). Todas empresas que impulsan
transgénicos y, en la Conabia, son juez y parte.
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