Francia tras las
movilizaciones del 9M
Se abre una brecha
contra el Gobierno
14 de marzo de 2016
Por Patrick Le Moal (Viento Sur)
El miércoles día 9 hubo movilizaciones masivas
en más de 170 pueblos y ciudades, en las que la juventud y los trabajadores y
trabajadoras se manifestaron contra la política del Gobierno Valls. Se abre así
en Francia una nueva situación política y social.
Desde hace un año, la orientación autoritaria
y neoliberal del Gobierno Valls y del presidente Hollande ha adquirido una
nueva dimensión. Sus ataques contra las libertades, el incremento de la
represión contra las luchas y el racismo institucionalizado se dan al mismo
tiempo que unas modificaciones legislativas que acentúan los ataques contra los
derechos de las y los asalariados y profundizan la contrarreforma neoliberal
orientada a destruir las conquistas sociales logradas en la segunda mitad del
siglo XX. Con ello se implanta un sistema nuevo, otro marco legal, otro modelo
de Estado, de represión, que conducen a una modificación de fondo del sistema
de dominación capitalista en Francia.
Una ofensiva de calado, con una respuesta débil
durante estos últimos años
En el pasado reciente hemos asistido a
movilizaciones de solidaridad con los 8 asalariados de Goodyear condenados a 9
meses de prisión por haber secuestrado a cuadros intermedios
de la empresa en medio de una larga huelga contra su cierre y el despido de más
de 1000 trabajadores en 2013; también las hubo para apoyar a los 5 de Air
France despedidos por haber destrozado la cabina de un directivo de la empresa. También
hemos conocido luchas sectoriales, a veces muy radicales (sobre todo en Correos
contra las reestructuraciones brutales que impone la empresa y en el sector del
comercio contra la apertura de los domingos). También ha habido manifestaciones
contra la política gubernamental en relación con la política de acogida a las
personas refugiadas. Las manifestaciones y protestas varias contra el estado de
excepción, su prolongación [durante tres meses] y el proyecto de ley contra la
privación de la nacionalidad [a las personas de origen no francés], muy
minoritarias en las semanas que siguieron a los atentados de noviembre,
hicieron converger a un número creciente de colectivos. El 31 de enero hubo
manifestaciones en todas las capitales convocadas por un colectivo de 150
asociaciones, sindicatos y partidos políticos que aislaron al Gobierno en torno
a las cuestiones democráticas, toda vez que asociaciones y movimientos muy
influenciados por el Partido Socialista también se sumaron a ellas. En fin, aun
cuando la prohibición de manifestarse con ocasión de la cumbre sobre el clima
(COP21) impidió que se diera una gran movilización de masas, no por ello el
Gobierno logró anular la protesta y la lucha a favor de la justicia climática.
El primer síntoma de una posibilidad de
movilización amplia contra la política del Gobierno vino de la mano de la lucha
contra el proyecto de construir un aeropuerto en Notre Dame des Landes, cerca
de Nantes, que se aceleró estas últimas semanas con el anuncio gubernamental de
organizar un referéndum-farsa. En respuesta al mismo, se organizó de forma
exprés un bloqueo festivo sobre el terreno en el que está proyectado el
aeropuerto el pasado 27 de febrero. Una movilización que fue todo un éxito:
entre 50 000 y 60 000 participaron en una gigantesca manifestación en defensa
del bloqueo del aeropuerto y en apoyo a quienes ocupan el ZAD ("zona a
defender”) desde hace 15 años [cuando se anunció el proyecto].
La puesta en cuestión del código laboral
El proyecto gubernamental es tremendo,
radical: su objetivo es poner patas arriba el código laboral [Estatuto de los
trabajadores].
El código laboral, que nació en 1910, reúne un
conjunto de leyes y reglamentos que afectan a los 17 millones de personas
asalariadas en el sector privado/1. En él se concentran las conquistas
sociales fruto de la lucha de clases del último siglo y, sobre todo, tras los
grandes movimientos huelguísticos (1936 y 1968) y los períodos en los que la
relación de fuerzas era favorable a los trabajadores y trabajadoras (o sea,
desde el fin de la
II Guerra Mundial hasta los años 1970). Los progresos se
dieron a través de un proceso de negociación un tanto particular: ningún
acuerdo entre la patronal y los sindicatos podía ser perjudicial para los
trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, la ley marcaba un límite por abajo y
la negociación no podía sino mejorar este punto de partida, con conquistas que
poco a poco se incorporaban a este código laboral.
Evidentemente, todo esto se puso en cuestión
en los últimos treinta años. Al igual que en el resto de Europa, se desarrolló
la flexibilización de los contratos y del tiempo de trabajo, se facilitó el
despido y se mermaron otras conquistas.
Pero lo que se plantea ahora tiene una
dimensión muy superior: se plantea reescribir el código laboral partiendo de
otros puntos de referencia.
Existen dos ideas básicas que destruyen
completamente el actual código:
La primera es que se pueden restringir las
libertades y los derechos fundamentales en "función de las necesidades
para el buen funcionamiento de la empresa". Esta fórmula neoliberal
quiere que los derechos y libertades se sometan a la economía y no a la
inversa, que es lo que hacía el código de trabajo desde su creación.
La segunda es que los acuerdos negociados a
nivel de empresa (entre la dirección y los trabajadores) que sean perjudiciales
para los trabajadores se sitúan por encima del código laboral y en caso de que
los sindicatos mayoritarios se opongan a los mismos, la empresa puede organizar
referéndums para imponer la degradación de las condiciones laborales y
salariales con el chantaje de mantener el empleo.
La aplicación de estos nuevos principios al
conjunto del código laboral certifica la muerte de todas las conquistas
logradas en los últimos cien años.
De llevarse a cabo será posible negociar 12
horas de trabajo diario, 48 horas semanales durante 4 meses, 60 horas para una
semana, la flexibilización sin límite del reparto del tiempo de trabajo, la
extensión del trabajo nocturno , la generalización del trabajo a destajo/2 y la disminución del coste de las
horas extraordinarias. Al mismo tiempo, el texto prevé facilitar el despido por
causas económicas siempre que haya una reducción de pedidos y limitando las
indemnizaciones cuando la patronal se vea condenada por los tribunales por
haber despedido de forma abusiva.
Una movilización impulsada al margen de los
sindicatos
Ante una agresión de esta dimensión las
organizaciones sindicales se han visto superadas. El 23 de febrero un
comunicado intersindical apenas planteaba la derogación de algunas de las
medidas contenidas en el mismo, sin exigir la retirada del proyecto y sin
realizar ningún llamamiento a la movilización.
Pero en las redes sociales la movilización fue
abriéndose camino. La exigencia de la retirada del proyecto impulsada por una
militante feminista que había abandonado el Partido Socialista en 2014/3,
recabó en unos pocos días cientos de miles de firmas. En dos semanas se llegó
al millón. Un vídeo grabado por jóvenes con el título "valemos mas que
eso"/4, haciendo referencia a la vivencia de mil y una pequeñas y
grandes vejaciones que atentan contra su dignidad, se convirtió en viral. Y a
él le siguieron centenares y miles de testimonios espontáneos sobre la
explotación cotidiana en las empresas. En pocos días, a través de las redes
sociales, se fue haciendo creíble la posibilidad de movilizarse el día en el
que el proyecto de ley fuera presentado en el Consejo de Ministros (o sea, el 9
de marzo).
El 25 de febrero, todas las organizaciones
juveniles sindicales y políticas/5 tomaron
posición conjuntamente a favor de la retirada completa del proyecto de ley y
llamaron a una jornada de acción para el 9 de marzo. Se comenzó a organizar la movilización. El Gobierno
decidió entonces retrasar la presentación de la ley al 24 de marzo, pero nada
cambia. Además, en el seno de los sindicatos fue aumentando un malestar
creciente contra el anuncio de la Intersindical de ir a una jornada de acción
el… ¡31 de marzo! Finalmente, todas las organizaciones, forzadas por el
incremento del malestar en la juventud, convocaron a las protestas para el día
9, la mayoría llamando a la retirada del proyecto de ley El Khomri (Ministra de
trabajo)/6.
Cristaliza el rechazo a la política
gubernamental
La movilización del 9 de marzo ha sido masiva
(más de 450 000 manifestantes en las calles). La más importante desde 2010
[cuando más de tres millones de personas se movilizaron durante 2 meses contra
la reforma de las pensiones, que se perdió].
En las manifestaciones convergían los jóvenes
de institutos y universitarios con una franja significativa de trabajadores y
trabajadoras, fundamentalmente del sector privado, pero también del público/7.
Esta movilización es un claro reflejo del
rechazo a la política del Gobierno Valls-Macron (ministro de economía), y a
toda la política reaccionaria desarrollada por los distintos gobiernos
socialistas desde 2012. La
ley El Khomri se ha convertido en el catalizador del rechazo
a la política de austeridad y liberticida del presidente Hollande. En el debate
sobre el proyecto de ley se siente que una parte de la juventud y de los
trabajadores y trabajadoras está poniendo en cuestión toda la política
anti-obrera, pro-patronal, liberticida, etc. Se pone de manifiesto así una
impugnación global de la política gubernamental, e incluso del modelo social
actual, expresada hasta ahora de forma subterránea en toda una serie de luchas.
Con esta primera movilización comienza a
perfilarse la posibilidad de imponer la retirada del proyecto de ley y de poner
freno a la ofensiva gubernamental. Para que se desarrolle, el movimiento tiene
que organizarse en torno a la exigencia clara de la retirada de la ley que
unifique al conjunto de los sectores. Va a ser necesario hacer frente al
Gobierno y a algunas organizaciones sindicales [la CFDT…] que se plantean
enmendar la ley en cuestiones secundarias sin tocar su orientación general.
Este primer paso ha sido posible por la
radicalización de una parte de la juventud y por la capacidad de algunos
sectores de impulsar iniciativas orientadas a la movilización. Un
panorama que va tomando cuerpo, también, con próximas jornadas de movilización
previas a la jornada del 31 de marzo anunciada por la intersindical.
Notas:
1/ El funcionariado (8
millones) está sometido a estatutos diferentes.
2/ En la que las horas
extraordinarias no son compatibles y por consiguiente no se pagan como
extraordinarias.
5/ Incluso las juventudes
del Partido Socialista
6/ Nombre de la Ministra
de Trabajo actual
7/ Que son conscientes de
que los recortes que se impongan en el sector privado se impondrán después en
el público.
Traducción: VIENTO SUR
Fuente original: http://vientosur.info/spip.php?article11071
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