Supresión de las
diputaciones
Una operación de desmantelamiento de lo
público para la entrega como
botín al sector privado
14 de marzo de 2016
14 de marzo de 2016
Por Miguel Ángel Domenech (Rebelión)
1. De las diputaciones provinciales pocos saben que son
jurídicamente administración local, es decir son la parte de la administración
pública más cercana a la inmediatez del vecino. Se trata de hecho, ni más ni
menos que de asociaciones de municipios. Esto no es únicamente una
consideración jurídica sino que de hecho, quien haya vivido la experiencia
profesional de trabajar en la administración local sabe que la diputación es un
organismo hermano de los ayuntamientos materialmente muy accesible a ellos,
donde se tiene conocimiento íntimo de los problemas inmediatos y cotidianos de
los ayuntamientos. Su personal es de la misma extracción funcionarial que los
de la restante admisntración local y los profesionales y cargos electos de
ambos sectores, Ayuntamientos y Diputaciones comparten diariamente la misma
problemática.
2. Cuando se propone que las competencias
actuales de las diputaciones sean suprimidas sea por ser asumidas por los
ayuntamientos o por la Comunidad autónoma es que no se conocen las competencias
de las diputación. Sus competencias definidas en la ley de Bases de Régimen
Local son de asistencia técnica y jurídica a municipios que lo necesiten, la
realización de obras y servicios a los municipios que no tengan los medios para acometerlas y la realización de obras,
servicios e infraestructuras que alcancen y excedan más de un municipio. Nada
de puede delegarse en los propios municipios que las componen por la propia
lógica de la función. La
asunción de la competencia por las comunidades autónomas supone una delegación
hacia arriba, contraria a la descentralización por lo tanto La duplicidad
supuesta de funciones no es normal resolverla suprimiendo el órgano más cercano
al ciudadano y entregándoselo al más alejado, precisamente por razones de
racionalidad democrática y optimización de recursos.
3. Las mancomunidades de municipios ha sido la
otra figura que ha tratado de sustituir los servicios de las diputaciones. La
mayor parte no ha representado ninguna simplificación administrativa sino un
alejamiento en un organismo técnico descontrolado de los municipios que lo
componen y en gran parte de ellas, en déficit, quiebra e insolvencia económica.
4. Los diputados provinciales, si bien no son
electos de primer grado sino de segundo grado, no por ello hacen un organismo
menos democrático., pues, contrariamente a lo que ocurre en la administración
regional, el ejecutivo de las diputaciones lo componen cargos electos no
designados por el gobierno de la comunidad autonomía por su pertenencia al
partido gobernante. Es el único organismo político en España cuyo ejecutivo
está formado por electos. El diputado de medio ambiente es un concejal electo
de algún municipio del área mientras que el consejero de medio ambiente de una
Comunidad autónoma es un ministro nombrado a dedo por conveniencias y méritos
partidistas.
5. Históricamente las diputaciones
provinciales son de origen ilustrado y democrático. Se trata de divisiones
territoriales provinciales que superaban las divisiones aristocráticas de
condados, reinos, diócesis, etc., para ser sustituidos por una división
racional del territorio. Están inspirados en la municipalización racionalista
de la ilustración francesa (neustro Javier de Burgos)al margen de
reivindicación de nacionalidades. De ahí la inquina ancestral que les tienen
las regiones y nacionalidades. Por ejemplo, las diputaciones fueron la “bestia
negra” de Pujol que trató de suprimirlas vaciándolas de contenido y se enfrentó
a la jurisprudencia del constitucional que las mantuvo por “constitucionalmente
protegidas”.
6. Dado su carácter de asistentes técnicos de
los municipios, su supresión no supondría ninguna ahorro relevante pues su
personal como funcionario debería ser asumido por las comunidades autónomas con
el mismo coste pero con el agravante de sustituir su ejecutivo formado de
electos que cobran dietas y asistencias por un ejecutivo de técnicos, cobrando
sueldos mas caros.
7. Las diputaciones han tenido una mala fama
histórica por haber servido antiguamente como instrumento del caciqusimo local.
Eso hoy no existe y no se plasma en esos organismos. Los caciques locales se
han desplazado a la administración de la comunidad autónoma, más relevante a
efectos de influencia y de volumen de contratación para las empresas privadas
que se hacen cargo de los servicios públicos que los ayuntamientos no pueden
asumir.
8. La mayor parte de los municipios de España
no tiene capacidad económica ni técnica para asumir sus competencias. De los
más de 8.000 municipios de España, cerca de 7.000 son de muy pequeña dimensión
y están situados en un entorno rural empobrecido y envejecido. La supresión de
las diputaciones, es decir de sus agrupaciones, y sus apoyos técnicos para
desplazarlos a los centros de poder y centros administrativos de las
consejerías de las comunidades autonomías vuelve a reproducir el antiguo
centralismo de “ir a Madrid” a resolver los problemas, pero esta vez el
centralismo protagonizado por la administración regional
9. Buena parte de los asesores y cargos de confianza
de las comunidades autónomas son nombramientos políticos por méritos de partido
o parentesco y amistad. Estos asesores políticos son los que servirán de
asistencia técnica a los pequeños municipios en caso de desaparición de las
diputaciones sustituyendo a los concejales y alcaldes que son los que en la
actualidad dirigen esos servicios. El desconocimiento de la problemática local
de aquellos es patente y en muchos casos grotesco. Exciten servicios
provinciales cuya responsabilidad se ha delegado en cuadros del partido
completamente ajenos al territorio de esa provincia y a la problemática que por
el contrario sí conoce el concejal que es diputado en la diputación
10. Al retirarse a las diputaciones
competencias de prestación de servicios de asistencia y apoyo a pequeños
municipios, que no tenían capacidad, ( tendencia agudizada en los últimos años)
se ha propiciado la entrada de las empresas privadas en esta gestión. Así se
han introducido empresas privadas de gestión del agua, de asesoría e instalación
informatica, de urbanismo y planificación, de gestión de personal y relación de
puestos de trabajo, de gestión de multas, de recaudación, etc. Todos, asuntos
que exceden la capacidad de los pequeños municipios y antes encomendadas a
diputación. Su abandono ha sido el agujero por el que se han presentado la
empresa privada. En la supresión definitiva de esos servicios agrupados
gestionados públicamente ponen su esperanza otra nueva tanda de empresas para
repartirse el botín. Esa es el interés verdadero de su desaparición, ninguna
otra lógica democrática de gestión o presupuestaria lo aconsejan. Precisamente
la propuesta de sustituirlas por vagos “Consejos de Municipios” muestra que se
les quiere arrebatar la materialidad de gestión y contratación, la susceptible
de ser lucrativa, por una entelequia vacía de orden deliberativo.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209905
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