NO NOS
PATENTEN LA VIDA
Campaña
contra la privatización de
las semillas en Argentina
4 de septiembre de 2014
4 de septiembre de 2014
Una nueva amenaza de las
corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación
de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto
para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N°
20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del
agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para
su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su
tratamiento. En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del
neoliberalismo -que incide sobre la producción y el comercio global de
alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo
agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños
agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí
denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este conjunto
de políticas. Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas
han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales
iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y
corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias
al accionar de las resistencias sociales. A pesar de la crisis económica y del
cambio climático, el modelo sojero -paradigma del extractivismo agrario-
continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino
impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el
complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los
productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica
superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En
tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva
devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la
crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso
inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares. Mientras
este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los
agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico”
celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable”
de un modelo agro-minero-exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el
despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para
corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de
la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques
nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos
problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones),
superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de
los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del
monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo
ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de
la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías
regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida
comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en
busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los
cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria. A pesar de semejante
escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos
negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los
agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así , la
institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial
2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo
fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de
granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un
incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34
millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de
tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias
socio-ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de
los modelos extractivistas imperantes en América Latina. Otros datos dan cuenta
de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el
modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996
hasta la fecha, el Estado -a través de la Comisión Nacional
de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para
30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a
corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer,
AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el
total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por
los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el
principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las
aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin
controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio.
Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos
transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las
propias empresas. En este contexto general, luego de aprobar las nuevas
semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno
nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a
las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de
la producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias.
El anteproyecto para reformar la ley
de semillas
El gobierno nacional y las
corporaciones agro-biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en
materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera
lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del
agronegocio para reformar la
antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el
fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de
las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad
intelectual. En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad
intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones vegetales
mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de
Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
(establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento
de plantas. Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se
aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una
invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad
puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda
su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha
para una nueva siembra. Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el
sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el
anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería
seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre
almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e
intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en
el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone
la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el
intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así
como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se
adecuen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento
de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones,
inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros
obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales. Cabe destacar que las
políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno
nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales
hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y
privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones
de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del
Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB 4 resistente a la
sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional
del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo
directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo
Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho
evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación
y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad
intelectual a partir del cobro de regalías compartidas. Frente a estos
escenarios es importante recordar que históricamente, desde que se inventó la
agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su
propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de
mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una misma
especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese
potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal. En
efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose
que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes
de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial
eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por
las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las
empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las
variedades de semillas desarrolladas en el dominio público. En 1936 se
establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección
legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en
desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era
provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales
no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a
restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores
a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los
últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los
transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas
semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla
con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.
La “coexistencia” del agronegocio y
la agricultura familiar
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver
con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura
territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros
pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo
antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista
social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el
texto de la pretendida reforma. El planteo de la convivencia/coexistencia de
los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso
que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de
legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de
manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente,
y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones
tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy
amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el
chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece
como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de
cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a
los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del
agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por
privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.
La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una
“Mesa de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de
Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con
algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el
Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este
encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a
través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder
político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de
ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando
lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas
rentas. Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los
agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se
expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina
y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho
menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar ”
y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura
campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se
hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la
FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y
de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron
satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles.
Los propios documentos de la
Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que
actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y la
Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las
medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios.
Pareciera que todo ello forma parte del pasado. Estos mandatos internacionales
se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que
rodean la problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA,
etcétera.
A modo de conclusión
De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo
de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida,
sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar
esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países. En definitiva, el
avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una
ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la
Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un
modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes:
continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la
cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los
monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue
depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la
necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa -dadas las
imprevisibles consecuencias del cambio climático- prioriza irresponsablemente,
como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas
hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación
de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y
orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron
el año pasado. Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del
continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la
dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la
depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las
asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas
contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios
contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la
Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron
la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de
Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas
voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para
cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud
que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en
el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen
inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la
esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente
identificada con la naturaleza.
Por lo tanto, frente a este cuadro de
situación manifestamos:
– No a la privatización de las semillas. Las semillas son
patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no
se patenta.
– No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para
reformar la ley de semillas en todas sus versiones.
– No la tramposa operación
política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura
familiar con el agronegocio”.
– Nos pronunciamos por un modelo alternativo de
país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía
nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y
papeleras.
– Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la
modificación genética de alimentos. Por el repoblamiento del territorio
actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la
producción de alimentos sanos para los pueblos.
– Por encima de cualquier ley
estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía
Alimentaria y la de las generaciones venideras. Con espíritu amplio y diverso
nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales,
campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para
desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir
el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos
en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de
discutirse e intentar aprobarse este proyecto de Ley de Semillas. (…)
http://www.opsur.org.ar/blog/2014/09/04/no-nos-patenten-la-vida-campana-contra-la-privatizacion-de-las-semillas-en-argentina/
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