Empeoran el racismo y el terrorismo de
Estado y crece la resistencia de la juventud
3 de marzo de 2016
Por Juan Luís Berterretche (Rebelión)
El 23 del mes de febrero Amnistía
Internacional publicó su
informe anual sobre el Estado
de los Derechos Humanos en el Mundo, panorama
que abarca 160 países. El capítulo sobre Brasil describe el agravamiento de la
situación en el ámbito de los DDHH, indicando la responsabilidad directa del
Congreso brasileño en esa degradación de los derechos y libertades de la
población.
Entre otros varios temas, la entidad pone como
ejemplo: el proyecto de ley 2016/15 que “tipifica” el terrorismo, tiene como
objetivo central criminalizar los movimientos sociales; la aprobación en
Diputados -iniciativa de la
bancada BBB *- de una enmienda a la Constitución pretende
reduce la mayoría penal contra los derechos de niños y jóvenes; un proyecto de
ley 5.069/13 aprobado por la cámara de diputados de un Estatuto de la Familia -el nombre ya indica el origen en la
“bancada biblia”- dificulta los abortos de mujeres víctimas de violación; y
entre otros un notorio avance en el debate del proyecto de enmienda
constitucional (PEC 215) que permite al Congreso impedir cualquier clase de
nueva demarcación de tierras indígenas, lo que ha promovido un crecimiento de
la violencia “ruralista” y sus sicarios, contra los indígenas y la población
rural en general.
Amnistía también destaca el número creciente
de asesinatos de jóvenes y niños negros. A la vez que resalta que no se pudo
calcular la cantidad de homicidios realizados en 2015, por “falta total de
transparencia” en la mayoría de los estados, pero con la certeza que superó el
asesinato de 58 mil personas, la cifra de 2014. Aquí destaca los casos
emblemáticos de matanzas y ejecuciones policiales e intentos de alterar la
escena del crimen, para criminalizar a las víctimas.
Es evidente que el Congreso está dominado por la mafia BBB y una mayoría
de corruptos, destacándose entre ellos los presidentes Eduardo Cunha de la
cámara de diputados y Renan Calheiros del senado, investigados ambos por
innumerables artimañas para apropiarse de dineros públicos o coimas con obras
estatales y realizar fuga de capitales.
Pero la responsabilidad del gobierno central, tanto en el tema de
corrupción como en el de represión y racismo no es menor. Allí se destaca la
operación “Lava-Jato” que investiga las coimas que pagaban las principales
corporaciones para intervenir en las obras de Petrobras. El conjunto de la
clase política, tanto gobierno como oposición, tuvieron injerencia destacada en
la utilización de sobornos para financiar las campañas electorales, o abrir
cuentas personales en paraísos fiscales.
Respecto al racismo y a los DDHH la mayor
acción de exterminio se realizó en Manaos en un único fin de julio/2015 donde
37 personas fueron asesinadas por un grupo de exterminio de policías, en
represalia por la muerte de un colega.
La que le sigue en importancia por la cantidad
de muertes fue en el barrio de Cabula en Salvador de Bahía, donde 12 jóvenes
negros fueron asesinados -y otros cuatro heridos- por policías militares, y en
una intervención judicial plagada de ilegalidades, los asesinos fueron eximidos
de culpa. Mientras el Ministerio Público condenó el hecho como ejecuciones extra-judiciales. El principal defensor de la
policía asesina fue el gobernador de Bahía, Rui Costa, del PT. Pero además, la
complicidad del PT se expresó en que ningún funcionario del gobierno petista,
ni del estado ni del país, hizo una acusación contra el gobernador nordestino,
o condena por la manipulación de la investigación y la intervención judicial.
Racismo y Terrorismo de Estado en Río de Janeiro
El Instituto de Seguridad Pública de Rio
informó hace pocos días la cantidad de personas muertas en “enfrentamiento” con
la policía del estado en 2015. Fueron 644 intervenciones letales de las
policías militares. Aquí no se incluyen ni las víctimas de los grupos de exterminio, aunque está ampliamente
demostrado que cuentan con integración de los diferentes sectores policiales
que intervienen en una represión estatal “encubierta”, ni se cuentan las
víctimas de las “milicias”, mafias de origen policial que controlan varias favelas en Rio. Por eso además de los 644
homicidios policiales, una parte importante de los 4.197 que se definen como
“homicidios dolosos” es posible que también sean responsabilidad de agentes
gubernamentales encubiertos.
En todo el mundo cualquier muerte violenta se
caracteriza de “homicidio” y debe ser investigada por la justicia. En Brasil ,
hay varios términos diferentes, para caracterizar las muertes violentas:
“lesión corporal seguida de muerte”, “latrocinio”, “homicidio doloso” y el más
conocido es el antes llamado “auto de resistencia” que ahora se denomina como
“homicidio derivado de oposición a la intervención policial” con el mismo
objetivo de antes: eximirlo de cualquier investigación. De modo que esas 644
intervenciones letales de las policías -en especial las PMs- quizá solo
representen una fracción de las verdaderas cifras del crimen policial.
Estos 644 homicidios indican 25,4 homicidios por 100 mil
habitantes. Pero el aspecto más importante de estas dudosas cifras oficiales es
la proporción de personas negras o pardas asesinadas en 2015: 77,2% del total.
Rio de Janeiro por haber sido capital de Brasil, en sus favelas
quizá arrastre la más fuerte tradición de racismo estructural, institucional e interpersonal
del país. La relación que el Estado siempre creó con la favela de lazos de
clientelismo electoral y de corrupción política con el dinero del tráfico,
ahora ha pasado a un segundo plano. El PMDB que contó con los dos últimos
gobernadores de Rio, bajo Álvaro Cabral, con el apoyo del gobierno petista,
comenzó por implantar las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) en el
territorio de las favelas. Con el asesinato de Amarildo, quedó demostrado que
las UPPs eran centros de tortura y desaparición de personas. El modelo UPP
comenzó a ser superado por la resistencia de los favelados y entonces el gobierno del PT,
desde 2008, inició la intervención militar directa de varias favelas con
unidades del ejército que venían de hacer su experiencia de laboratorio en la
represión a la población de Haití, con la Minustah. En junio de
2008 los militares invadieron el Morro da Previdencia; en noviembre de 2010
ocuparon el Complexo do Alemão que reúne 13 favelas; desde mayo de 2012
irrumpieron en la
favela Santo Amaro , y en abril de 2014 entraron masivamente
en el Complexo da Maré con 2700 soldados del ejército y la marina.
Esta ocupación policial y militar de Rio barrió con el estado de
derecho en la ciudad y en cualquier otro país del continente hubiera sido caracterizada
como terrorismo de estado.
Fue la falsa imagen de “progresista” del gobierno PT que le permitió que esa
acción de represión brutal sobre la población desarmada, pasara como una
“necesidad nacional” para garantizar los mega-eventos de la mafia internacional del
futbol.
Es decir que, en Rio de Janeiro no puede haber ninguna duda que la
ocupación policial-militar de las favelas, debe ser caracterizada comoTerrorismo
de Estado y que el gobierno
petista tiene la responsabilidad principal sobre esta represión brutal contra
la población pobre desarmada, en especial sobre negros y pardos.
Racismo y Terrorismo de Estado en São Paulo.
En 2015, según la Defensoría
de las Policías del Estado de São
Paulo -es una especia de fiscalía que controla la acción policial-,
policías mataron 862 personas en todo el estado. Una cifra que con seguridad no
refleja la exacta realidad de las intervenciones policiales letales.
Júlio César Fernandes, el titular de la
Defensoría, afirma que la elevada letalidad policial está ligada a la falta de
investigación y la punición de los agentes envueltos en la gran mayoría de los
casos. “Lo que normalmente
sucede es que los ‘boletines de ocurrencia’ redactados por los participantes
policiales, se clasifican mayoritariamente como ‘enfrentamientos’ y todo pasa a
ser archivado”.
Como no existe ninguna intervención de la
sociedad civil y todo se resuelve en el ámbito de la Secretaría de Seguridad
Pública y en los comandos de la Policía Militar , bajo un gobierno estatal de
Geraldo Alckmin (PSDB) que ha dado innumerables pruebas de racismo y de apoyo
irrestricto a la represión policial de la sociedad, nada se investiga y la
matanza racista continúa.
La última información sobre asesinatos
policiales en São Paulo, hasta el fin de semana de carnaval, indica que desde
el inicio de año y en menos de dos meses, 27 personas fueron muertas por
policías en la capital del estado.
En enero 2016 fueron contabilizadas un total
de 20 muertes causadas por policías, lo que denota un ritmo de escalada
respecto a 2015. En febrero hubo un caso en Villa Leopoldina y por lo menos 6
muertes sólo en el feriado de carnaval hasta el miércoles de cenizas. Y la
impunidad sigue dominando la escena.
Con 8 muertes en 2015, Brasil es el 5º país
más peligroso para periodistas
El pasado año Brasil volvió a ubicarse entre
los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, con el resultado de
ocho muertes de periodistas en el ejercicio de su profesión, según el informe
sobre la libertad de prensa editado por la Asociación Brasileña
de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT).
De acuerdo a la organización no gubernamental
Press Emblem Campaign (PEC) sostenida por periodistas y con sede en Suiza,
Brasil subió cinco posiciones en relación a la anterior pesquisa, ocupando el
5º lugar como país más letal para los periodistas, por encima de naciones en
guerra como Libia, Yemen y Sudán del Sur.
El caso más emblemático ocurrió en agosto de
2015, cuando hombres armados ejecutaron a Gleydson Carbalho en el estudio de
radio que trabajaba, en Camocim (Ceará). Una expresión de la impunidad con que
actúan los sicarios en los estados del nordeste brasileño. Recordemos que Ceará
fue gobernado por el neoliberal PSDB desde 1991 a 2007, y si contamos
el primer gobierno del caudillo Tasso Jereissati iniciado en 1987 cuando aún él
pertenecía al PMDB, se trató de dos décadas de dominio de un personaje nefasto
que hoy ocupa el cargo de senador. Desde el 1º de enero de 2015 Ceará tiene un
gobernador del PT.
Pero fue en noviembre de 2015 el peor mes para
el periodismo brasileño cuando se realizaron tres ejecuciones en 11 días: un
periodista de radio en Pernambuco y dos blogueros independientes en Maranhão.
La mayoría de los periodistas muertos trabajaba en el tema político o en la
indagación de casos de corrupción contra políticos o empresarios. La expansión
de la corrupción en Brasil, con un Congreso que aloja no menos de 400
representantes indagados por corrupción en algún momento de su trayectoria
política, no abre buenas perspectivas de seguridad para los profesionales.
A estas muertes hay que agregar el registro de
114 casos de agresiones, atentados, ataques, amenazas, intimidaciones, contra
periodistas en 2015. En el rubro “agresiones” que suma 64 casos se destaca el
aumento de ataques contra la prensa perpetrado por policías y en especial,
policías militares, a pesar de estar claramente identificadas la víctimas como
profesionales de la comunicación.
Corrupción: pilar de la Desigualdad
Como ya lo hemos afirmado anteriormente, la
documentación histórica en Brasil demuestra que desde la colonia hasta la
fecha, la supuesta “hacienda pública” siempre funcionó como un activo
patrimonial de los grandes empresarios privados en componenda con los
principales agentes estatales, y representantes políticos. Esto implicaba que
la corrupción era publicitada y penalizada si se trataba de pequeños montos. La
corrupción política en Brasil es una práctica fundamental para garantizar la
desigualdad social. Se coloca siempre como barrera entre los derechos del ciudadano
común y su acceso a los recursos del Estado.
Durante el “lulismo” la corrupción jugó un rol
importante para la acumulación de capital de las corporaciones de la
construcción o ligadas a la industria petrolera, -por ejemplo-, que se
transformaron a partir de las “licitaciones” coimeadas de obras públicas, en
transnacionales. Como los definió Dilma con toda precisión, los distintos
Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC) garantizaron un “festival de
licitaciones”. La operación Lava
Jato, con todas su
inequidades investigativas, es una muestra de cómo la corrupción dominó todo el
proceso. Jugó un rol de primera línea también como contrapeso a los avances en
derechos sindicales, sociales o aumento del salario mínimo durante el “lulismo”
que podían reducir los lucros empresariales. Para el capitalista brasileño ha
sido en toda su historia un factor fundamental e insoslayable. Y a los
empresarios poco les importa cuál es el partido que usufructúa el gobierno en
tanto la corrupción continúe siendo el eslabón que los une a la “hacienda
pública”. La corrupción se combina y complementa con el racismo para mantener a
la población negra en un nivel de acceso inferior a la salud, educación,
transporte y servicios sociales en general.
Si tomamos en cuenta sólo el caso de São
Paulo, podemos tener una leve idea de lo que significa la corrupción
estructural e institucional en Brasil. Según el Anuario de Justicia de São
Paulo 2016 publicado el 24/02, cuatro de cada diez municipios del estado (entre
nov./2014 y oct./2015) tuvo sus prefeitos (intendentes) condenados por
“Improbidad Administrativa”. Los principales motivos para esas 266 condenas,
fueron contratación de servicios sin licitación, fraudes a licitaciones,
evasión de concurso público para llenar cargos, uso indebido de dineros
públicos y utilización del cargo para propaganda personal. Y es indudable que
estos datos son sólo un anémico reflejo de la realidad.
Las Olimpíadas de la corrupción
El informe de Amnistía Internacional ya citado
denuncia las injustas remociones de sus casas impuestas a pobladores de Rio de
Janeiro, para la realización de las obras de los Juegos Olímpicos y
Paraolímpicos Rio 2016. Lo pone como ejemplo de violación de derechos humanos
en el país. Hubo ausencia de notificación con tiempo suficiente a los
afectados; indemnizaciones insuficientes y sin preocupación por un
reasentamiento adecuado. La falta de respeto a la población se acentuó en Vila
Autódromo, al lado del parque Olímpico en la zona oeste de Rio, donde se
derrumbaron las casas antes que los pobladores pudieran sacar sus pertenencias.
El complemento de esta prepotencia son los
fraudes ya denunciados por el Ministerio Público Federal (MPF) en la
contratación de empresas por el Comité Olímpico Brasileño (COB) desde 2008.
Para el MPF el proceso selectivo de empresas de servicio para la traducción a
otros idiomas de materiales de la COB no se trató más que de una “farsa”, una
“simulación”. De las tres empresas concurrentes en la licitación dos
pertenecían a la misma familia (V&B y Primacy) y la tercera (Efficiency)
era inexistente. Para completar el mamarracho licitatorio la apertura de
propuestas se hizo a “puertas cerradas” sin participación de los oferentes,
contrariando la transparencia exigida por la ley.
La acusación ante juzgado de Rio de Janeiro
contra el COB, el vice-presidente del Comité, el Ministro Interino de Deportes,
un gerente del COB y las empresas que participaron en el fraude los transforma
en “reos” de la justicia.
La ejemplar resistencia de los estudiantes
secundarios en São Paulo
En noviembre/diciembre de 2015 más de 220
escuelas para niños y jóvenes entre 13 y 18 años fueron ocupadas en São Paulo
en jornadas ejemplares con elevado grado de organización y originalidad. Y
garantizando en todo momento actividades culturales y educativas para los
ocupantes. Con dicha movilización se consiguió una victoria parcial contra la
reforma de la educación que intentó el gobernador Geraldo Alckmin (PSDB) en el
estado. El proyecto de reforma neoliberal se iniciaba con el cierre de 93
escuelas y la transferencia a otras zonas de cerca de un millón de estudiantes.
Las ocupaciones se inscriben en un nuevo ciclo de luchas iniciado en junio de
2013 en defensa de los servicios públicos. En 2013 la lucha fue por el
transporte popular, y en parte logró ser desvirtuada por manipulación de los
grandes medios de comunicación, y
con la inclusión oportunista de consignas que nada tenían que ver con las
exigencias originales de los manifestantes contra el aumento del boleto.
En 2015, la ocupación de las escuelas impidió
que se adulteraran los objetivos de la lucha y esta se mantuvo siempre bajo la
conducción de una juventud que hace sus primeras experiencias de disputa
social. Los ocupantes impidieron los intentos de desocupación en los centros al
unir un amplio abanico de fuerzas políticas y sociales en su apoyo que envolvió
a los profesores, padres y madres de alumnos, movimientos sociales, artistas y
otros segmentos de la
población. Se creó una red de solidaridad que aumentó a
medida que las ocupaciones se ampliaban y la represión se intensificaba. Cuando
se intentó el desalojo de los centros, los estudiantes llevaron la movilización
a las grandes avenidas de la ciudad y el gobierno estadual lanzó la represión
de los truculentos policías militares, responsables de la matanza sistemática
de jóvenes negros en el estado. A pesar de los apaleamientos y prisiones de
menores la movilización continuó. El resultado fue la derrota transitoria de la
reforma y la renuncia del secretario de educación que la estaba implementando.
El programa de reforma educacional que se
mantenía en secreto, al trascender su publicación fue rechazado por todas las
universidades del estado y las instituciones que nuclean a los profesores. La
reforma, llamada “reorganización”, para ocultar su ideología neoliberal fue
identificada como un clásico recorte de gastos en la educación y el inicio de
un proceso de privatización de la enseñanza pública a través de tercerizaciones
y concesiones. El gobernador Alckmin intentaba disfrazar la “reforma” e impedir
una discusión abierta y pública con los interesados.
Con el comienzo de las clases este año, ya se
puede percibir una inquietud en las escuelas secundarias, por el aumento de las
salas de clase con exceso de alumnos. En una resolución del gobierno de enero
2016 se aumentó a 50 el techo de alumnos por sala. Según la opinión de
profesores se pretende reintentar una “reorganización sigilosa” en perjuicio de
los estudiantes y de la enseñanza.
Referencias (…)
*BBB es la bancada mayoritaria de la Cámara de
Diputados, significa Boi (buey, por los ruralistas o
agro-industria); bala (por policías, militares y defensores de la represión) y
Biblia (por los religiosos intolerantes, principalmente evangélicos).
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209568
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