Extractivismo o
subdesarrollo:
el falso dilema de los gobiernos progresistas
en América Latina
27 de enero de 2016
27 de enero de 2016
Actualmente las
exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América
Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del
crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas,
siendo varios de ellos promotores del extractivismo. Una situación que de no
cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región-
seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por
aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.
Por Ricardo Bustamante / El Mostrador
Mucho se ha analizado
sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados
por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido
nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos
países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora
comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección
presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las
últimas legislativas en Venezuela.
No obstante, e
independiente de los gobiernos de turno en la región, hay un dato que no
miente: En
Latinoamérica los ingresos provenientes del sector extractivo -que incluye la
explotación minera y petrolera- se han incrementado 20 veces durante la última
década. Una situación que ha ocasionado la propagación de un sinnúmero de
conflictos socio-ambientales a lo largo de la región y la consiguiente
violación de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de
millones de latinoamericanos.
Y es que las banderas
de lucha de los gobiernos llamados progresistas en el continente, si bien
descansaban en un discurso que siempre cuestionó los modelos de desarrollos
tradicionales, y por ende, al extractivismo. Se criticaba la dependencia de las
exportaciones, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales,
el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la
baja tributación. Con el fin de desarmar los entramados neoliberales,
diversificando la producción e industrializando las materias primas, apuntando
precisamente a los sectores extractivos típicos: la minería y el petróleo.
Sin embargo, la realidad
ha logrado ser otra muy distinta. Actualmente las exportaciones de minerales y
petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos
insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se
repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del
extractivismo, incluso a través de reformas legislativas o de subsidios
financieros. Y no sólo eso, sino que han generado una versión de agricultura
basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser
una nueva forma de extractivismo, esta vez, agrícola. Muy bien lo sabe Chile
con millones de hectáreas plantadas con pino y eucaliptos y sus nocivas
consecuencias socio-ambientales, y la aplicación del subsidio estatal DL-701.
La dirigente ambiental
ecuatoriana, Esperanza Martínez, ha estado en Chile para relatar su experiencia
en instancias académicas, y destaca cómo el proceso de reposicionamiento del
rol del Estado en las sociedades latinoamericanas, llevado a cabo durante los
últimos 15 años y más allá de otros méritos, responde a una nueva fase de
capitalismo extractivista, caracterizada por una economía sostenida mediante el
agotamiento del petróleo y los minerales.
En Ecuador, país que
lleva varios años viviendo de la renta petrolera, las zonas más pobres del país
son aquellas de donde se saca petróleo. ¿Cómo es posible aquello?, Simple, como
en el caso de Chile -con la explotación minera en el norte, la forestal y
salmonera en el sur- “estas políticas extractivas lo que generan, justamente, es pobreza
local”. Porque los recursos
que se quedan en el país de turno no se traspasan a las regiones impactadas,
sino que se traspasan -en una lógica colonial- hacia las grandes ciudades
industrializadas. Martínez, y su comunidad, llaman a este suceso la “deuda
ecológica a escala local”.
En Colombia, en tanto,
la superficie utilizada para la extracción minera ha pasado de 1,1 millones de
hectáreas en 2002 a
8,4 millones de hectáreas en 2009. Según Sergio Coronado, del Centro de
Investigación y Educación Popular de Colombia, el 80% de violaciones a los
derechos humanos y laborales se dan en esos territorios. “La minería a gran
escala no ha facilitado la superación de la pobreza”, y agrega que esto no sólo
sucede en su país, “la experiencia histórica de América Latina está mostrando
una muy mala relación entre la garantía de derechos sociales y la presencia de
industrias extractivas. En la mayoría de los casos, la situación de los
derechos sociales y humanos es mucho peor en zonas mineras”.
Cifras del falso
dilema
Como señala el
investigador uruguayo Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología
Social (CLAES), a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia
la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de
los pilares de las estrategias de desarrollo actuales.
En paralelo al gran
peso de los sectores extractivos en las exportaciones y la economía nacional de
los países latinoamericanos, buena parte de estos mismos gobiernos enfrentan
bajos niveles de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza e incluso
limitaciones en el acceso a la alimentación. Para algunos expertos, esto es la
llamada “maldición de la abundancia”.
Como el caso de
Ecuador, que exporta el 59% de su producción de hidrocarburos, tiene un 36% de
pobreza y un 11% de niños desnutridos, o el de Colombia, en que el 60% de sus
exportaciones la componen materias primas, suma un 31% de pobreza y un 11% de
desnutrición. O sumar el ejemplo de Bolivia, que si bien desde el arribo al
poder de Evo Morales ha rebajado sostenidamente sus índices de pobreza e
indigencia, el 91% de sus exportaciones la siguen constituyendo commodities,
registrando un 36% de pobreza y un 19% de desnutrición, según cifras de la FAO
y CEPAL.
Aunque el estilo
extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no
debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por
ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un
cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación
de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a
constituirse en un actor clave para esos sectores. O si se observa el caso de
Brasil, se verá también una presencia estatal más enérgica, que incluso empuja
a una expansión de la
empresa Petrobrás , y que ha llegado a discutir un nuevo marco
legal y administrativo para el sector petrolero.
De esta forma, es
posible postular un neo-extractivismo de cuño progresista (Gudynas), el que,
sin embargo, no ha modificado sustancialmente el modelo de esta industria, y
que por consiguiente, ni haya comenzado a resolver los grandes impactos
sociales y ambientales a los que son sometidas las comunidades.
Un desafío mayor, que
no sólo basta con diversos postulados sobre el cambio del modelo de desarrollo
de nuestras naciones, sino que muchas veces, los análisis no tienen en cuenta
la existencia de mayorías parlamentarias -sumado a la voluntad política
necesaria- que mitigue los múltiples impactos ocasionados por esta industria.
Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos
conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa
explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o
subdesarrollo.
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