Aportemos a esclarecer porqué el Estado bajo gestión K fue falsamente distributivo. Es fundamental debatir la política de subsidios, el régimen tributario y el superávit primario.

Daniel Aspiazu y Martín Schorr

Del libro Hecho en Argentina, Ed. Siglo Veintiuno Editores, Bs. As., 2010.

La indagación de los rasgos sobresalientes del desenvolvimiento de la industria manufacturera argentina en la posconvertibilidad no puede prescindir del estudio de las características del proceso de concentración y centralización de capital que constituyó uno de los elementos distintivos del "modelo financiero y de ajuste estructural". Con respecto a la evolución del peso relativo en el PBI industrial global de las cien empresas de mayores dimensiones del sector, según consta en el cuadro 62, entre 2001 y 2007 el PBI fabril a precios corrientes creció a una tasa promedio anual del 24,2%, por debajo del ritmo evidenciado por las ventas agregadas de la cúpula empresaria fabril, que se expandieron al 27,2% anual acumulativo. Así, si se considera el factor corrector del coeficiente valor agregado/valor bruto de producción que surge como promedio de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC, la relación proxy de la significación de la élite empresaria en el conjunto del sector fue del 37,5% en el último año de vigencia de la convertibilidad, se elevó al 56,3% en 2002, para luego fluctuar entre un máximo del 45,1% (2005) y un mínimo del 41,7% (2006).

Para dotar de significación estas cifras, es importante reparar en el hecho de que, más allá del fenomenal incremento verificado en el grado de concentración industrial global en plena crisis por el abandono del régimen convertible, en los años posteriores, de notable reactivación fabril, este indicador tendió a estabilizarse, pero en un estadio superior al que predominó en los años noventa. Este fenómeno pone en evidencia un nuevo elemento de continuidad entre la posconvertibilidad y el "modelo financiero y de ajuste estructural", que se suma a los señalados al analizar las características del perfil productivo-exportador y el comportamiento de la distribución funcional del ingreso.
 

Las evidencias disponibles indican que entre los factores que concurrieron a generar esa mayor concentración económica en la industria se destacan, entre otros, los siguientes: a)  importante y creciente inserción exportadora de la mayoría de los oligopolios líderes de la actividad; b) Su integración a unidades económicas complejas que cuentan con un amplio abanico de opciones en materia productiva, tecnológica, comercial y financiera; c) las variadas posibilidades que tienen estas grandes corporaciones para captar excedentes de manera diferencial a partir del poder del mercado que detentan en diversos ámbitos manufactureros críticos para el funcionamiento del conjunto de la economía nacional (como aquellos vinculados con la elaboración de materiales intermedios de uso difundido); d) los sesgos manifiestos en el nivel normativo-institucional en lo Deferido al control sobre la relación entre grandes empresas y pymes; y e) la considerable centralización de capitales desencadenada a partir de la profunda crisis que marcó el fin del régimen de convertibilidad. (…)

La situación de las pymes contrasta con los cuantiosos fondos públicos destinados a la "promoción" de inversiones por parte de las firmas de mayores dimensiones. Sobre el particular, cabe destacar que la principal "política industrial" implementada en la posconvertibilidad fue la vinculada con el fomento a determinadas inversiones sectoriales, que se vio plasmada en  la Ley 25.924 de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, sancionada a mediados de agosto de 2004 y vigente entre octubre de ese año y fines de septiembre de de 2007. En abril de 2008, a través de la Ley 26.360, se prorrogó la vigencia de este esquema de incentivos, con modificaciones mínimas hasta el 30 de septiembre de 2010.

Una caracterización muy simplificada de los rasgos centrales de este régimen remite, por ejemplo, al tipo de beneficios fiscales ofrecidos ( amortización acelerada en el pago del impuesto a las ganancias y/o devolución anticipada del IVA correspondiente a los bienes de capital invertidos), la fijación de montos de cupos fiscales anuales (1000 millones de pesos para (proyectos de inversión en actividades industriales y 200 millones de pesos para aquellos desarrollados por pymes), la recurrencia al procedimiento , de concurso público para su asignación, la inexistencia de prioridades sectoriales o territoriales, etc.

En cuanto a los dos tipos de incentivos fiscales, sólo en caso de presentar proyectos de inversión destinados exclusivamente a la exportación de manufacturas, las empresas patrocinantes contaron con la posibilidad de acceder a ambos beneficios impositivos. Se trata, en síntesis, de la promoción de la formación de capital en la industria, con incentivos superiores para las que estuvieran orientadas a incrementar las exportaciones. Cabe destacar que se trataba de un contexto signado por la convergencia de un tipo de cambio "competitivo", un acelerado y sostenido crecimiento de la demanda externa y de los precios de los principales rubros exportables, y muy bajos costos salariales en términos internacionales. Esto es, anterior a la crisis mundial actual. En otros términos, un régimen promocional tendiente a favorecer a las grandes industrias exportadoras que contaban con incentivos "de mercado" más que suficientes para encarar nuevos emprendimientos y/o ampliaciones en sus respectivas capaci­dades de producción y exportación. En efecto, las evidencias disponibles permiten inferir que, por lo menos en los casos que involucraron los mayores montos de inversión, se trataría de una promoción superflua o redundante dado que, con seguridad, las inversiones se hubieran realizado igualmente por las razones antes apuntadas.

Al amparo del esquema establecido por la Ley 25.924, el monto total de inversión industrial promocionada -al cabo de los seis llamados a concurso que se concretaron- ascendió a casi 10.000 millones de pesos, con un "costo fiscal" ligeramente inferior a los 1800 millones de pesos ( el 17,9% de la formación de capital), una proyección de creación de poco menos de 7800 nuevos puestos de trabajo (lo que supone una inversión de poco más de 1,2 millones de pesos por ocupado, con un "sacrificio fiscal" de casi 226.000 pesos por puesto de trabajo,  y un incremento  neto de las exportaciones previsto en casi 4500 millones de dólares. Se trata, en suma, de un total de 125 proyectos de inversión patrocinados por 93 empresas locales de gran envergadura.  La información con que se cuenta indica que, por lo engo­rroso de las solicitudes, las pymes prácticamente no realizaron presentacio­nes en el marco de este régimen promocional.

La evaluación de los resultados requiere varias dimensiones de análisis. Lo primero que se destaca es, sin duda, la elevada concentración de la inversión promocionada y la concesión de beneficios superfinos. De los datos que ofrece el cuadro 64 puede concluirse que apenas quince proyectos concentraron más de las tres cuartas partes de la inversión, poco más del 82% de los beneficios fiscales concedidos y el 83,2% de las exportaciones increméntales derivadas de la concreción de los respecti­vos emprendimientos. Para ese subconjunto de proyectos, mayoritariamente intensivos en capital, cada nuevo puesto de trabajo generado supuso una inversión superior a los 2,9 millones de pesos y un "costo fiscal" de casi 700 mil pesos. En contraposición, el resto de los proyectos aprobados -los pocos que fueron patrocinados por pymes, pero también los realizados por algunas grandes compañías como Celulosa Argentina, Aceros Zapla, Alpargatas Textil, Ferrum y General Motors de Argentina- dio cuenta de más de las dos terceras partes de los nuevos empleos, internalizando apenas el 17,1% del total del "sacrificio fiscal".

Una primera aproximación general a los principales proyectos promocionados permite inferir que se trató, en general, del desarrollo de emprendimientos que ya contaban con suficientes incentivos "de mercado" (in­terno y/o externo) para justificar la decisión empresaria de invertir, con o sin beneficios fiscales. Más aún, en algunos casos ya habían formulado e incluso iniciado la ejecución de los respectivos proyectos de inversión.
La ampliación de la única planta productora de aluminio del país (Aluar), así como los proyectos que le fueran aprobados a Terminal 6 Industrial, Molinos Río de la Plata, Cargill o Louis Dreyfus (mayoritariamente procesamiento de soja, cuando, en paralelo, se planteaba la necesidad de "desojizar" la producción agraria), estuvieron destinados a atender una demanda externa creciente, en un escenario de elevados precios internacionales, tipo de cambio local "competitivo" y reducidos costos salariales; en otras palabras, se trató de beneficios promocionales redundantes.
Por su parte, casos como los de algunas de las terminales automotrices (Peugeot Citroën y Daimler Chrysler), Siderar (seis proyectos), Acindar, YPF y Petroquímica Comodoro Rivadavia resultan ilustrativos en la medida en que constituyeron estrategias para reforzar los respectivos posicionamientos oligopólicos frente a una demanda doméstica en ascenso y, a la vez, con distinta gradación o intensidad, para incrementar sus exportaciones (en el caso de las automotrices y en el de Petroquímica Comodoro Rivadavia hacia el mercado chileno).

En todos los casos se trató de grandes firmas con un poder decisivo en una fijación de los precios domésticos en un marco de acelerado y sostenido crecimiento del mercado interno. Si bien en su mayoría son tomadoras de precios en el contexto internacional, debe considerarse que hasta hace poco tiempo las condiciones para las ventas al exterior resultaban excepcionales, en especial, precisamente, para sus principales rubros de producción (agroindustrias de escaso valor agregado y diversos commodities). Es decir, se trataba de una situación favorable para encarar nuevos emprendimientos exitosos —mayoritariamente, ampliaciones de escala-, de escasa o nula incertidumbre en cuanto a la tasa de retorno de las inversiones, incluso cuando no se recibieran incentivos fiscales.A la vez, las beneficiarías fueron casi en su totalidad compañías exportadoras de importancia que, favorecidas por la vigencia de un contexto muy propicio para el desenvolvimiento de sus actividades o, como en el ejemplo automotor, para el desarrollo de estrategias transnacionales acordes con el diseño del mercado subregional, se afianzaron como parte sustantiva de la élite empresarial en materia de crecientes ventas al exterior. Es más, a pesar de la franca y sostenida expansión de la de­manda interna, casi todas ellas (con la salvedad de Peugeot Citroen y Si­derar) incrementaron sustancialmente sus respectivos coeficientes de exportación, que llegaron en varios casos (como Aluar, Molinos Río de la Plata, Cargill y Louis Dreyfus en 2005) a ubicarse por encima del 50% de la respectiva facturación anual (cuadro 65).

Así, puede concluirse que la pronunciada concentración de los incentivos fiscales en un núcleo sumamente acotado de proyectos se conjugó con el carácter superfluo -si no espurio- de los beneficios otorgados en el plano impositivo. A la vez, resultó plenamente funcional a la concentración económica, así como a la persistente recurrencia, por parte de las grandes  empresas, a los nichos de privilegio ofrecidos por las políticas públicas de "promoción " a la formación de capital. Ello involucró tanto a algunos gran­des grupos económicos nacionales como también a importantes corpora­ciones transnacionales, que tanto en la producción agroindustrial como en el sector automotor, la refinación de petróleo o la siderurgia pudieron usufructuar los generosos beneficios fiscales concedidos por el Estado argen­tino a inversiones que igualmente se hubieran concretado en el marco de la estrategia a escala mundial de sus respectivas matrices.

Los datos del cuadro 66 son elocuentes: un reducido número de proyectos (26) patrocinados por una aun más acotada cantidad de fir­mas (8) que integran tan sólo cinco grupos empresarios locales (Madanes,  Techint,  Urquía, Molinos Río de la Plata y Petroquímica Comodoro Rivadavia) explican el 56,9% del total de la inversión promocionada y casi las tres cuartas partes (74,3%) del consiguiente "costo fiscal". Entre ellos se destaca nítidamente el grupo Madanes (Aluar y Fate), muy particularmente por la incidencia de los proyectos aprobados al monopolio productor de aluminio (que fueron los de mayor trascendencia por los montos de inversión comprometidos y, más aún, por sus "costos fiscales"). Otro gran grupo económico al que el gobierno le aprobó ocho proyectos es Techint (seis emprendimientos de Siderar y dos de Sidérea). Consideraciones no muy disímiles podrían hacerse extensivas a los restantes grandes conglomerados. 

En suma, la promoción industrial desplegada en los últimos años propició la consolidación oligopólica de determinados grandes agentes locales y, en ese marco, la profundización del proceso de concentración económica y centralización del capital en el país, que se vio potenciado por los señalados sesgos del accionar estatal en el campo de las políticas hacia las pymes. 

Basta un simple repaso del posicionamiento de mercado de las firmas favorecidas por el esquema promocional analizado. Cargill, Urquía (Aceitera General Deheza),  Molinos Río de la Plata  y  Louis Dreyfus,  constituyen el núcleo de cuatro de las cinco principales agroindustrias del país (la restante, Bunge Argentina, es co-controlante, junto con Acei­tera General Deheza,  de uno de los mayores proyectos de inversión apro­bados, el de Terminal 6 Industrial). Por su parte, las empresas del grupo Techint junto con Acindar conforman el duopolio que caracteriza a la producción siderúrgica del país. Las firmas controladas por el grupo Madanes son, en un caso, monopólica en el mercado interno (Aluar), y en el otro (Fate) la principal firma del oligopólico mercado de los neumáticos. Dadas las peculiaridades del mercado cementero (muy alto costo de transporte con relación al  peso y el valor unitario del producto), en una menor escala emerge prácticamente monopólico en lo territorial el caso de Petroquímica Comodoro Rivadavia. En el ámbito del oligopólico mercado automotriz están presentes tres de las cinco principales corporaciones del país (Peugeot Citroën, Daimler Chrysler y Volkswagen). 

Por último, YPF no sólo es la principal empresa local sino que, a la vez, ejerce posiciones dominantes en todos los segmentos de mercado en los que opera.
Ahora bien, más allá de la redundancia de beneficios y del consiguiente aporte fiscal a la concentración de la economía, el perfil productivo de los proyectos aprobados evidencia otro rasgo distintivo: la profundización de los sesgos de la estructura productiva manufacturera heredado de larga hegemonía de políticas neoliberales.

A este respecto, cabe recuperar algunos elementos ilustrativos que no parecen tender a revertirse con la política promocional analizada: simplificación del aparato productivo, desintegración y desarticulación del tejido manufacturero, explotación de ventajas comparativas asociadas a la constelación doméstica de recursos naturales, profundización en cierta especialización en commodities industriales de uso difundido, escaso dinamismo en materia de eslabonamientos intra-industriales y, más aún, de generación de empleo y mayores retribuciones salariales, desatención de la producción de bienes de capital y la generación y apropiación de ventajas dinámicas en actividades portadoras del progreso técnico.

Como era de esperar dados los aspectos distintivos del régimen de fomento analizado y la peculiar dinámica manufacturera reciente, el perfil sectorial de la inversión agregada en la industria no hizo más que profundizar los rasgos que habían venido definiendo el patrón de reactivación fabril en la posconvertibilidad. Así, de acuerdo con las evidencias aportadas por el cuadro 67, apenas nueve ramas de actividad, explicaron más del 90% de la inversión fabril. En este marco, es notable la preeminencia de las actividades agroindustriales, las productoras de commodities (siderurgia, aluminio, refinerías, químicos y celulosa y papel), así como de la industria automotriz y la cementera, que derivan en el fortalecimiento de un patrón de industrialización limitado en términos de sus potencialidades, e insuficiente en cuanto a impactos propagadores sobre el tejido sectorial y económico-social.

En definitiva, se puede concluir señalando que el período comprendido entre el fin del régimen de caja de conversión y el año 2.007 estuvo signado por una importante expansión fabril acompañada por una no menos intensa aceleración de la concentración económica, lo cual refleja el carácter heterogéneo de la dinámica sectorial verificada. A pesar de que la etapa fue expansiva y viabilizó cierto grado de reindustrialización del país -aunque acotada en lo temporal y muy ligada a la utilización de capacidades productivas preexistentes -, se trata de  una nueva línea de continuidad con el "modelo financiero y de ajuste estructural". El señalado cuadro de heterogeneidad en el desempeño empresarial se articuló con el sesgo regresivo que caracterizó la relación capital-trabajo. De esta forma quedó de manifiesto que los principales estamentos de clase ganadores en la posconvertibilidad fueron aquellos grandes capitales insertos en los sectores fabriles privilegiados por las acciones y las omisiones estatales en diversos frentes (como, a título ilustrativo, el "dólar alto" y la "promoción industrial" entre las primeras, y diversos 'vacíos" regulatorios e institucionales entre las segundas) y estrechamente vinculados con el mercado mundial, fundamentalmente debido a su posicionamiento oligopólico en los rubros productivos "bendecidos" por la dotación de factores.
Fuente: http://www.aldorso.com.ar/23-OCT-10_Nacionales.html