Argentina:
batalla por las semillas entre poderosos
28 de marzo de 2016
Los Derechos de Propiedad Intelectual sobre las semillas enfrentan a
Monsanto con los productores de soja. Los grandes exportadores del grano actúan
aliados a Monsanto. El resultado será una nueva Ley de Semillas que tendrá a
agricultores familiares y campesinos como
principales víctimas.
Por Carlos Vicente, GRAIN y Acción por la
Biodiversidad.
Cuando en junio del 2012 el gobierno argentino anunció su
acuerdo con Monsanto para, entre otras cosas, autorizar el cultivo de la soja
resistente al glifosato y productora de la toxina Bt (Soja intacta rr2 pro) desató una batalla entre la corporación y los grandes y
pequeños productores de soja que aún no ha concluido y que sin lugar a duda
intenta ser el telón de fondo para dar un paso más en la privatización de las
semillas.
La autorización de la nueva soja puso en el centro de la
escena a los Derechos de Propiedad Intelectual sobre las semillas ya que en
Argentina conviven en este momento dos sistemas que permiten la privatización y
el monopolio sobre las mismas:
Por un lado, una Ley de Semillas
del año 1973 (Ley 20247) que sigue vigente y que instituyó los Derechos de
Obtentor sobre las semillas pero resguardando el uso propio y la posibilidad de
realizar investigación sobre las semillas registradas con título de propiedad.
La Ley expresa claramente que “No lesiona el derecho de propiedad sobre un
cultivar…. quien reserva y siembra semilla para su propio uso” (1) Por otro, en el año 1996 se
modificó la Ley de Patentes aprobándose
Excusa para una nueva Ley de
Semillas
Sin embargo, la soja rr introducida en ese mismo año ‘96 en
Argentina no tuvo ninguna solicitud de patente para sus transgenes según lo
reconoció la misma empresa que la introdujo. Pero para el año 2012, con la autorización de la Soja intacta
rr2 pro se anunció simultáneamente la modificación de la Ley de Semillas para
que la corporación pudiera recibir una retribución por sus aportes en
tecnología.
Los diversos borradores que circularon clandestinamente, ya
que nunca se hicieron públicos, mostraban claramente cómo el eje estaba en
limitar el “uso propio” de las semillas, al limitar la posibilidad de “guardar
semilla” para la siguiente cosecha, derecho básico y práctica histórica de los
agricultores que es el fundamento de toda agricultura. Los distintos
anteproyectos restringían gravemente prácticas que han estado en vigencia desde
los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener,
guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha
anterior. Además en todas las versiones se abrían las puertas para la
profundización de la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola
y silvestre y se creaba un sistema policial para criminalizar a quienes
guardaran o intercambiaran semillas (3).
Sin embargo, la anunciada modificación de la Ley nunca pudo
concretarse ante la resistencia que desde múltiples sectores de la sociedad
surgieron y se expresaron a través de campañas, recolección de firmas,
movilizaciones, audiencias, documentos y diversas expresiones públicas. Las
distintas versiones que se produjeron dentro del Ministerio de Agricultura
nunca llegaron a ser presentadas al Congreso de la Nación.
La Cláusula Monsanto
Ante este panorama incierto para sus intereses, Monsanto
decide unilateralmente crear un sistema de Licencia de Uso para su nueva soja
“orientado a asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos de propiedad
intelectual de las nuevas invenciones biotecnológicas aplicadas a variedades de
soja” (4).
A través de esta Licencia de Uso, que es en realidad un
Contrato de Regalías Extendidas, Monsanto impone a quien quiera usar la soja la
firma de un contrato con vigencia hasta el 14 de noviembre de 2028 por el cual
el productor asume el compromiso de pagar una contraprestación por el uso de la
tecnología y realizar el “uso correcto de la tecnología” cada vez que vuelva a
sembrar la soja intacta.
Este pago de regalías es contrario a la legislación vigente,
pero no recibió ningún cuestionamiento del gobierno nacional y se sigue
sosteniendo desde su lanzamiento en el año 2013.
Sin embargo, los productores de soja no firmaron masivamente
este contrato y para los años 2013 y 2014 la siembra de la soja intacta se
multiplicó a partir de la comercialización del grano cosechado en la anterior
cosecha, vendido ilegalmente como semilla.
A partir de allí, ya en el año 2015, Monsanto intentó cobrar
las regalías realizando controles en los silos donde el grano es acopiado para
su exportación en los puertos del litoral argentino, desatando un conflicto de
envergadura ante la negativa de los productores a aceptar este control. Tal fue
la dimensión del conflicto que en el mes de mayo el gobierno nacional intervino
y luego de una reunión con las partes, informa que el mismo se resolverá a
través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establezca el cobro de
regalías (limitando el uso propio) pero que sólo autorizaría el control para el
cobro de las mismas sobre la semilla y no en los granos.
Este intento de aprobación del DNU también tuvo un amplio
rechazo social y fue duramente cuestionado y nunca llegó a emitirse.
Así es que llegamos al año 2016 con un conflicto que se
agudizará en las próximas semanas cuando comience a cosecharse la soja y con un
nuevo gobierno en el que la alianza con el agronegocio (corporaciones
biotecnológicas y productores de soja) es aún más fuerte que en el gobierno
anterior (con representantes de los sectores productores de soja y de Monsanto
ocupando cargos públicos).
A esto se suma la novedad de un acuerdo de Monsanto con los
grandes agroexportadores que se comprometen a facilitar los análisis en los
puertos para detectar la presencia de la soja intacta. Ya la corporación Bunge
ha anunciado que comenzará a realizar los análisis correspondientes al nuevo
sistema creado denominado “bolsatech” (5). A partir de estos controles se
habilita, siempre por la vía privada, que Monsanto demande a los productores
para cobrar sus regalías.
La reacción de los productores
de soja
Los grandes y medianos productores de soja han rechazado
desde sus organizaciones el cobro de regalías extendidas y han recurrido a
diversas medidas legales para denunciar a Monsanto por sus abusos, sin
cuestionar por supuesto el resto del modelo agrícola industrial ni sus
consecuencias.
Durante el mes de febrero de 2016 la Federación Agraria
Argentina junto con las entidades que componen el Complejo
Federado presentaron una ampliación de la denuncia existente contra Monsanto
ante la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia. En la
misma, se realizó la denuncia planteando que Monsanto con sus medidas está
abusando de su posición dominante en el mercado buscando lograr el total
control de la cadena productiva, comercial e industrial del grano, violando la
Ley de Semillas y la Ley de Patentes. Las entidades afirmaron que la empresa
monopoliza el mercado de semillas, imponiendo cláusulas abiertamente ilegales,
sin posibilidad de defensa alguna por parte de los productores, las
cooperativas o los acopiadores, que se están viendo afectados por condiciones
comerciales leoninas, que los discriminan del sistema de comercialización de
granos de soja, sometiéndolos a un sistema abusivo e ilegal (6).
En tanto la Sociedad Rural Argentina
(SRA), que agrupa a los grandes terratenientes argentinos, ya en el año 2015
denunció que "Monsanto no tiene la patente de la soja Intacta RR 2
PRO" en la voz de su presidente Luis Miguel Etchevehere (7). En marzo
de2016 la SRA denunció a Monsanto ante la Comisión Nacional
de Defensa de la
Competencia. La acusa de conducta antijurídica y abusiva en
la implementación del sistema de comercialización de la semilla Intacta RR 2
PRO. "Bajo la máscara de un supuesto acuerdo voluntario con el productor,
y a través de contratos de adhesión, con cláusulas abusivas y contrarias a la
legislación de orden público vigente en la República Argentina ,
Monsanto obliga a los productores a renunciar a los derechos reconocidos en la
Ley de Semillas 20.247, e intenta cobrar regalías por supuestos derechos de
propiedad intelectual que la ley y las autoridades nacionales no le reconocen
(tal como fue confirmado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
frente a una consulta de la SRA, en junio de 2015)", indicó la entidad en
un comunicado (8).
Sobre los impactos de la sojización, la destrucción de
ecosistemas y suelos, la contaminación por agrotóxicos que implica el modelo,
el desplazamiento de comunidades campesinas y la destrucción de economías
regionales ninguna de las organizaciones dijo una palabra.
Los agricultores familiares y
campesinos y los movimientos sociales
Los movimientos sociales y campesinos que cuestionan la
totalidad del modelo sojero mantuvieron durante todos estos años un radical
cuestionamiento a la modificación de la Ley de Semillas y fueron actores
centrales en su freno desde el año 2012.
Ante el intento de modificar la Ley por Decreto durante el
año 2015 el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) expresó que lo que
está en juego es una disputa por la función social de las semillas o su
subordinación al capital financiero transnacional. Según expusieron en el
comunicado que difundieron, “ceder a la presión de las corporaciones y aceptar
la propiedad intelectual sobre semillas, en un contexto donde las empresas
transnacionales son quienes controlan más del 90% de esa tecnología, así como
todos los eslabones de esa cadena (insumos, servicios, comercio global,
mecanismos financieros) es retroceder en Soberanía”. Además, enfatizan que “el
uso propio es un derecho inalienable para los campesinos indígenas y
agricultores familiares, y para ejercerlo no necesitamos estar en ningún tipo
de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa” (9).
La Campaña “No a la nueva Ley Monsanto
de semillas en la Argentina” en ese mismo momento emitió un comunicado donde
asegura que el anunciado DNU “avanza sobre un tema que viene recibiendo las
críticas y el rechazo de cientos de organizaciones sociales, de trabajadores,
de agricultores, campesinos y pueblos originarios, así como de académicos y de
diferentes sectores políticos. Estos múltiples sectores resisten la apropiación
de los bienes comunes de la naturaleza”. Asimismo, remarcan que “con la excusa
de combatir la ‘Bolsa
Blanca ’ [la venta de las semillas de soja como grano por
parte de productores] se plantea haber llegado a un ‘consenso’ para impulsar
este DNU”. Sin embargo, se denuncia que éste no es tal ya que no representa a
toda la sociedad y que es “solo el consenso del agronegocio para seguir
imponiendo sus pretensiones”. La declaración finaliza haciendo un llamamiento a
rechazar “cualquier decreto y a cualquier normativa que intente avanzar sobre
la privatización de nuestros bienes comunes” (9).
La respuesta del Gobierno
Una vez más la respuesta del gobierno nacional ha sido el
anuncio de una nueva Ley de Semillas, tal como lo manifestó el Ministro de
Agroindustria, Ricardo Buryaile al diario Clarín, vocero del agronegocio
argentino durante la mega muestra Expo-Agro realizada en el mes de marzo en el
corazón sojero de la Argentina . El Ministro expresó alli que “se reforzarán
los controles oficiales a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE),
para evitar la proliferación de semilla ilegal o no certificada”. Y la
conclusión es que la solución de fondo parece ser una Ley de Semillas que
defina con claridad los derechos de unos y otros (10). Por supuesto que en esta
misma Expo-Agro esta propuesta fue ratificada y apoyada por el presidente de la
empresa, Juan Farinati (11).
Al mismo tiempo, el otro diario vocero del agronegocio, La
Nación, acaba de informar que “según trascendió, el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, planteará en sus reuniones con el presidente Mauricio
Macri la cuestión de la propiedad intelectual incluida en semillas”. Queda así
muy claramente marcada la agenda de los próximos meses (12).
Conclusiones
Esta disputa entre sectores poderosos del agronegocio por la
distribución de una parte de la inmensa renta que los commodities ofrecen en la
actualidad esconde detrás el propósito de fortalecer el control corporativo y
la mercantilización de todas las semillas.
No existen dudas. En esta disputa los grandes monstruos
corporativos lograrán acuerdos satisfactorios mientras las semillas criollas y
nativas seguirán siendo víctimas de esta apropiación. Y serán las campesinas y
campesinos, los productores familiares y agroecológicos los que sufrirán las
consecuencias de las nuevas normas que se impongan.
La situación actual en la India, donde Monsanto amenaza con
retirarse del mercado ante la intención del gobierno de “recortar las cuotas de
la compañía por propiedad intelectual” ya que esto le implica a la compañía
“crecientes dificultades para recuperar sus inversiones en investigación y
desarrollo en semillas modificadas” (13) muestra que la historia se repite ya
que este fue el discurso con que Monsanto comenzó su campaña por la
modificación de la Ley de Semillas en Argentina en el año 2005.
Frente a los cambios que se están produciendo en América
latina, donde se está produciendo un giro en el que la aprobación de Tratados
de Libre Comercio comienzan a ser parte de la agenda de los nuevos gobiernos
(que se suman a los que ya los venían promoviendo como Chile, Perú, Colombia o México)
la agudización de la imposición de Leyes de Semillas estará al orden del día.
El caso de Argentina debe servir como espejo para poder
mirar integralmente las consecuencias de un modelo, los mecanismos que se
utilizan para imponer las nuevas leyes y también las distintas vías para la
resistencia que hasta el presente han dado sus frutos, impidiendo este avance
en la privatización de las semillas.
Notas:
1- Ley de semillas y creaciones fitogenéticas, aquí
2- Ley de Patentes de invención y modelos de utilidad, aquí
3- Campaña NO a la nueva Ley ’Monsanto’ de Semillas en Argentina, aquí
4- Soja intacta rr2 pro, Licencia de uso, aquí
5- Bunge anunció que comenzará a realizar análisis de
semilla en Ramallo para detectar el evento Intacta, aquí
6- La
Federación Agraria y sus entidades asociadas ampliaron la
denuncia contra Monsanto,aquí
7- "Monsanto no tiene la patente de la soja Intacta RR 2
PRO”, aquí
8-La Rural denunció a Monsanto ante Defensa de la Competencia, aquí
9- Voces críticas en torno al DNU sobre el uso y propiedad
de las semillas, aquí
10- Semillas: el gobierno intervendrá en la pelea por las
regalías, aquí
11- Monsanto se mostró a favor de la discusión por la nueva
ley de semillas, aquí
12- Una pelea entre un productor y Monsanto podría trabar la
comercialización de la soja,aquí
13- Monsanto amenaza con marcharse de India, aquí
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