9 marzo: Huelga
general
Francia contra la
reforma del código laboral
7 de marzo de 2016
7 de marzo de 2016
Por Varios autores (NPA)
[En
todos los países europeos, el código de trabajo o estatuto de los trabajadores
es objeto de ataques por parte del poder. Esto constituye un elemento
importante de la guerra de clases. Gérard Filoche [Exinspector de trabajo y una
autoridad en la materia] ha calificado de este modo la función de Robert
Badinter, encargado de elaborar la reforma: “El informe presentado el 26 de
enero por la comisión Badinter sanciona la condena a muerte del
Código del Trabajo construido desde hace un siglo.” Aunque el presidente de
la comisión que elaboró la propuesta consideró conveniente escribir sin
modestia que se trataba de una “empresa difícil” y de una “tarea
compleja que no habría podido llevarse a cabo en el breve plazo que tenía
fijado el comité encargado de elaborar la reforma", un estudiante de
bachillerato podría haber realizado en menos tiempo y sin dificultad lo que
básicamente no es más que un corta y pega de los 50 artículos “fundamentales”
que ya había escrito el tándem Badinter/Lyon-Caen hace más de seis meses en su
libro Le travail et la loi publicado en junio pasado.
En aquel entonces, este intento de reescribir
el código ya era pretencioso y ridículo, pero si comparamos veremos que el
corta y pega del “informe” comportaba aún más renuncias con el objetivo de
complacer a sus destinatario: Manuel Valls (primer ministro) y Emmanuel Macron
(ministro de Economía). Pierre Gattaz (presidente de la patronal, Medef)
acababa de decir que “el Código del Trabajo es el enemigo n.º 1 de los
empresarios”. Pues ya está: ahora lo será menos.
Para ser justos, los 61 artículos actuales,
que se supone que establecen los principios fundamentales del derecho laboral,
ya no contienen, de ningún modo, esas escorias que exponían demasiado
claramente el nuevo credo patronal, del tipo “El trabajador ejecuta
con diligencia la prestación acordada”, pero se agrava el contenido
ajustándolo aún mejor a la indicación de la ministra de Trabajo, Myriam El
Khomri, que había insistido en que haya una perfecta armonía con el texto de la
ley que, de hecho, suprimirá dentro de poco la jornada legal.
Un efecto positivo de la presentación de este
proyecto de Ley es que ha servido para reactivar el campo de la contestación
social, totalmente a la deriva desde hace años, pero especialmente tras los
atentados del 13 de noviembre y la implantación del estado de excepción. De
entrada, se dio un llamamiento unitario de un amplio espectro de la izquierda
social y política para denunciar sus contenidos -documento que reproducimos a
continuación- y llamar a la movilización, que más tarde tuvo su continuidad con
el llamamiento a la huelga general a través de las redes sociales para el 9 de
marzo, fecha en la que el Gobierno va a dar luz verde al proceso para aprobar la contrarreforma. Un
llamamiento que se marcó como objetivo alcanzar 1 000 000 de firmas y que a
estas alturas ya las ha logrado; como también el apoyo de la izquierda política
y sindical, con la implicación de sindicatos como la CGT, FO, FSU, Solidaires
UNEF, UNL et FIDL.
En estos momentos es difícil saber hasta qué punto esta jornada de
lucha será un éxito y si marcará un punto de inflexión tras la derrota del
movimiento social en 2010 (Huelga general contra la reforma de las pensiones),
pero sin duda constituye un acontecimiento importante que tiene interés seguir.
A fecha de hoy ya están programadas movilizaciones en más de 130 ciudades. Red.]
Bajo el mandato de François Hollande, los trabajadores han perdido
derechos. No permitiremos que la ley El Khomri los recorte todavía más. El
proyecto de ley de la
ministra El Khomri pretende facilitar los despidos ¿para
favorecer el empleo? La experiencia, sin embargo, enseña que facilitar los
despidos no hace más que eso, facilitar los despidos. E inflar los beneficios.
Desde hace un siglo, la patronal denuncia ese
“yugo” que es, según ella, el Código del Trabajo. “Vuestras leyes sociales
hunden una industria que de por sí es frágil”, lanzó en 1909 el senador
Touron, presidente de la Asociación de la Industria y de la Agricultura, a René
Viviani, ministro socialista de Trabajo, quien impulsó la redacción del primer
Código. En 2006, a
Laurence Parisot le salió este grito del alma: “La libertad de pensamiento
desaparece allí donde comienza el Código del Trabajo”.
Manuel Valls y François Hollande quieren
suavizar el Código del Trabajo. ¿Con qué propósito? ¿Para combatir el paro?
Bajo Nicolas Sarkozy, la
misión Combrexelle expurgó el Código suprimiendo 1,5 millones
de caracteres, 500 leyes. Un Código light disparará el empleo, dijo la derecha. No ha creado
ni un puesto de trabajo. Hasta la OCDE lo reconoce: una legislación que protege
a los trabajadores no influye en la destrucción o creación de puestos de
trabajo.
En este país no se habla nunca de los trabajadores quemados en el
trabajo: víctimas innombrables de una guerra económica innominada. Y eso que
todos los años se producen 500 accidentes laborales mortales, 700 suicidios,
650 000 accidentes con parada de la producción, 4 500 personas resultan
discapacitadas por causas directamente asociadas al trabajo. ¿Números? No,
vidas. Condenadas al paro, a la precariedad, a la miseria.
Arruinadas. Invisibles. Despreciadas.
El Código del Trabajo no es ni grueso ni ilegible. De por sí ya
concede a las empresas demasiadas derogaciones desfavorables para los
trabajadores. No es suficientemente regulador, no está suficientemente
controlado ni se aplica suficientemente: las agresiones a los agentes de la
inspección de trabajo se han multiplicado por cuatro en diez años, las
consecuencias judiciales de las actas respectivas brillan cada vez más por su
ausencia y los medios con que cuenta
la inspección de trabajo se reducen progresivamente.
Las propuestas de reforma del Código del Trabajo, anunciadas hoy,
son inaceptables.
¿Referéndum de empresa? Deslegitima la
intervención sindical. Permite redoblar las presiones de la patronal, los
chantajes con los despidos. En Smart habría permitido a la dirección aplicar
directamente su proyecto de 39 horas pagadas como 37. En la Fnac comporta el
riesgo de obligar a trabajar en domingo.
Por encima de las 35 horas, las horas
suplementarias ¿deberán “compensarse” y ya no pagarse con la cuantía del
salario más un 25 %, como ocurre actualmente? Emmanuel Macron dice la verdad:
es el fin de las 35 horas. Hoy por hoy, los sindicalistas parten de la base de
un incremento del 25 % al 50 % de la paga de las horas suplementarias para
negociar. ¿A cuánto ascenderá la “compensación”? Seguro que menos.
¿Propone El Khomri aumentar la duración de la
jornada si la empresa lo decide? Esto implicará trabajar más para cobrar menos.
Su texto, por cierto, rebosa disposiciones contrarias a los trabajadores. Para
reducir las indemnizaciones en caso de despido abusivo, para disuadir a los
trabajadores de atacar a la empresa ante el tribunal de lo social, para
obligarla a revisar a la baja sus condiciones de trabajo, etc. El proyecto de
El Khomri convierte al empresario en rey.
Sin embargo, lo que se sabe del proyecto de El Khomri no es más
que el comienzo. Hay muchas más cuestiones inquietantes, pues los informes de
Combrexelle y Badinter socavan ciertos fundamentos del derecho laboral,
reduciendo su campo de aplicación. Por ejemplo, el principio de favor, que
establece que en caso de contradicción entre la ley, el contrato laboral o un
convenio colectivo, prevalece la norma más favorable para el trabajador.
Combrexelle no lo acepta a menos que se añada que “si la ley no dispone lo
contrario”. La obligación de recolocación, que estipula que la empresa ha
de hacer todo lo posible por recolocar a su trabajador antes de proceder a su
despido por motivos económicos. “Salvo derogación prevista en la ley”,
replica el informe Badinter. Cosa que abre no pocas brechas: suprime la
obligación de recolocación de los despedidos por motivos económicos y por los
que quedan inválidos, en particular.
Veamos qué dice el artículo 13 de dicho informe: “El contrato de
trabajo tiene una duración indeterminada. Sólo podrá concluirse por un tiempo
determinado en los casos previstos en la ley”. No se retoma la formulación
vigente: el contrato de duración indeterminada es “la forma normal y general
de la relación laboral”. ¿Mera casualidad? No se reafirma la garantía
actual frente a las derogaciones: el contrato de duración determinada sólo debe
cubrir las necesidades temporales de la empresa. ¿Por qué este olvido? Cuando la patronal Medef
sueña con recurrir sin trabas a los contratos de duración determinada.
El artículo 1 proclama: “Las libertades y
derechos fundamentales de la persona están garantizados en toda relación
laboral. No podrán limitarse salvo si ello se justifica por el ejercicio de
otras libertades y derechos fundamentales o por las necesidades del buen
funcionamiento de la empresa…” Estamos hablando del Código del Trabajo,
¿no? Entonces, ¿por qué se habla de la “persona” y no de los “trabajadores”? En
derecho, las palabras cuentan. No hablar de los trabajadores equivale a no
hablar de los empresarios ni de los poderes de la patronal. Es
reproducir la filosofía liberal contractualista, según la cual el contrato
laboral es puro acuerdo de voluntades puras entre personas iguales. Este
artículo, por cierto, sitúa el buen funcionamiento de la empresa en el mismo
nivel que las libertades fundamentales. Como en el Tratado de Lisboa de la UE,
que otorga el mismo rango a la dignidad de las personas, el derecho de
propiedad y la libertad de empresa.
En la carta por la que se instaura la Comisión Badinter ,
Manuel Valls declara: “La doble función atribuida al derecho laboral se
cumple cada vez peor. Aunque debe tanto proteger a los trabajadores como dar
garantías a las empresas para que puedan desarrollarse…” No es esta, ni
debe serlo, la misión del Código del Trabajo. Como estipula el artículo L.
120-3, este Código está destinado a poner coto a “la relación de
subordinación jurídica permanente con respecto a la empresa”. Desde 1910, y
con cada avance social, ha desempeñado esta función. El primer Código es fruto
de las resistencias obreras. Hoy, las luchas de los trabajadores aspiran a
menudo a reforzar esta barricada jurídica que es el Código. Pretender que
proteja a las empresas es escribir la historia al revés.
Juntos, en los meses que vienen, vamos a
defender los derechos de los trabajadores y sentar las bases de un Código del
Trabajo que los proteja.
Clémentine Autain (Ensemble), Olivier
Besancenot (NPA), Eric COQUEREL (Parti de gauche), Gérard Filoche (PS), Willy
Pelletier (Fondation Copernic), Pierre Laurent (PCF), Eric Beynel (Solidaires),
Fabrice Angei (CGT) y Noël Daucé (FSU)
Traducción: VIENTO SUR
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209699
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