“Estamos diciendo, al inicio de la investigación que la policía científica, con los cuerpos policiales, los fiscales y los jueces incluso, son todos cómplices de los crímenes de Estado”,

El gatillo fácil y 

la continuidad de las políticas represivas

21 de marzo de 2016

El pasado jueves 17 de marzo el Colectivo contra el Gatillo Fácil (CCGF) realizó una charla-debate al cumplirse dos años de la muerte del joven Mauricio Andrada, quien falleció 40 días después de haber sido atacado por el policía del Grupo Halcón, Cristian Daniel Duarte. Durante la exposición se relató cómo la causa pudo ser elevada a juicio a pesar de las irregularidades cometidas en el marco de la investigación, tanto por los distintos cuerpos policiales como por la Justicia, que tienen íntima ligazón con las prácticas de las fuerzas represivas durante la última Dictadura. 

Por ANRed

El pasado jueves 17 de marzo, en la Facultad de Trabajo Social de La Plata, el Colectivo Contra el Gatillo Fácil (CCGF), realizó una charla-debate al cumplirse dos años de la muerte de Mauricio Andrada. Esta actividad estuvo enmarcada también en la semana de la memoria, a pocos días de cumplirse 40 años del golpe cívico-militar. En la misma se evidenció el reforzamiento del aparato represivo por parte del Estado, y las líneas de continuidad desde la Dictadura a esta parte.

En el panel estuvieron presentes: Julio Avinceto, integrante de Hijos La Plata, Lihuen Martínez del Colectivo Piedra, Papel y Tijera y Claudia Andrada, la mamá de Mauricio. Los tres integrantes del Colectivo contra el Gatillo Fácil (CCGF).

“Nosotros somos el CCGF, elegimos esta fecha en particular, que es 17 de marzo porque hoy se cumplen dos años desde que murió Mauricio Andrada. A él lo mato un policía del grupo Halcón, en un supuesto intento de robo que nunca se probó, donde sabemos que se planto un arma y demás”, afirmó Lihuen Martínez y agregó: “Entonces la idea era hacer esta actividad porque nosotros laburamos con familiares, con casos en particular, con el caso de Omar Cigarán, que esta Sandra la mamá, y con el de Mauricio y ahora también se están sumando algunos familiares de otros casos”.

En ese sentido, señaló: “Entendemos que el gatillo fácil no son casos particulares sino que es una política de Estado, que son practicas sistemáticas, que también a medida que vamos militando esto, que nos vamos adentrando, se repiten no sólo las edades de los pibes a los que se mata sino a las situaciones y los contextos en que los pibes estaban, la persecución policial, es decir, se repite la forma en que la policía mata”.

Luego, tomó la palabra, Claudia, mamá de Mauricio Andrada: “Mauri era un pibe de barrio. Hoy es un día muy chocante para mí. Ese día no sé bien si él fue a un partido de fútbol y se cruza con este señor Duarte y le dio un tiro a el maxilar, y al que manejaba la moto, Ismael, no se bien si en el pecho o en la espalda. Ismael muere en el momento y Mauricio agoniza 40 días”.

“Yo tengo la esperanza de que él tiene que pagar las dos cosas que él hizo. En realidad yo nunca puedo hablar de este tema, creo que ningún pibe merece esto. Mauricio no tenía una causa no tenía nada, no era un pibe problemático para que termine como terminó y aun así si hubiera sido problemático tendrían que haber tenido una oportunidad y no este señor decidir que hacía con la vida de mi hijo”, remarcó.

La causa y sus condimentos políticos

La charla continuó en la línea de la denuncia y visibilización de la política represiva por parte del Estado. Así continuo Julio, integrante de Hijos La Plata, también parte del CCGF: “hay una investigación penal que se está llevando adelante contra el asesino de Mauricio Andrada e Ismael Perussatto, que es Cristian Daniel Duarte, un efectivo del grupo Halcón, integrante de la policía bonaerense; no es cualquier policía es integrante de un cuerpo de elite de la policía bonaerense que tiene un entrenamiento especifico, es una persona alta y robusta y digo esto porque en función de su discurso en la investigación de la causa dice: que dos pibitos de 1,70 y de 60 kilos lo tiraron al piso y lo patearon”.

Luego agregó: “Esa es parte de la mentira que el construyó para justificar el hecho de que les quitó la vida a dos pibes con su arma reglamentaria, y él dice que disparó dos veces cuando las pericias de la causa recogen por lo menos 5 casquillos de 9 mm de lado a lado de la calle, es decir, que él disparó corriendo. A Ismael Perussatto le tiró un tiro por la espalda cuando huía con una moto y a Mauricio le metió un tiro en la axila. Él dice que Mauricio estaba armado, hay un pistolón suizo 9,20 que obviamente para nosotros sembrado por la policía bonaerense en el lugar del hecho”.

Continuó: “El fiscal interviniente en la causa desde el primer momento es Marcelo Romero. Pero Duarte no le entrego su arma reglamentaria al fiscal. Sino que primero llegaron efectivos de la Comisaria 5ta que por jurisdicción es la que corresponde a la zona del hecho, calle 71 entre 22 y 23. Después, antes de que llegara la policía científica y el resto de los cuerpos que tienen que hacer el peritaje, llego el grupo Halcón y lo sacó del lugar a Cristian Duarte, se lo llevó hasta la esquina y es este grupo el que lo desarma, le saca el cargador y le entrega al fiscal Romero el arma. Ya desde el vamos estamos teniendo una situación irregular en la cual el fiscal y la propia policía en sus diversas manifestaciones, Halcón, Comisaria 5ta, Científica, están por lo menos cometiendo irregularidades que es para enturbiar los hechos tal cual se produjeron”.

En este sentido, denunció: “Como decía Claudia, no solamente Duarte no fue apartado de la fuerza sino que en abril del año pasado fue ascendido de teniente a teniente primero en una serie de decretos que el ministro de seguridad Alejandro Granados sacó para la mayoría de los ascensos. Además no solo no lo apartan de la fuerza sino que el equipo de abogados que lo defiende está integrado por el grupo del buffet de abogados de Fernando Pedersoli que es un tipo que labura con el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Es decir no solo no lo apartan de la fuerza sino que le ponen los abogados para seguir empañando la investigación que de todas maneras pese a todo esto por el acompañamiento que hicimos desde el Colectivo y porque sobran pruebas, incluso el Fiscal Romero, que no es santo de nuestra devoción, tuvo que sostener la acusación y pedir la elevación de la causa a juicio siendo que Duarte en una primera instancia había sido sobreseído”.

Cuarenta años después, las mismas prácticas de encubrimiento

En esta última parte de la charla se puso en claro que el Estado sigue aplicando y reforzando la dinámica represiva desde hace 40 años. “La causa esta elevada a juicio por doble homicidio en ocasión de robo, acusado Duarte quien está en libertad y está ejerciendo su función en la policía y está elevada al Tribunal Criminal Nº3 de La Plata, lo cual no es buen augurio para nosotros tampoco. Este tribunal cambió su conformación en noviembre del año pasado: el presidente es Andrés Vítale, un tipo que en la década del ‘90 por ejemplo fue abogado defensor de uno de los integrantes de la morgue judicial de la policía durante la dictadura militar, de apellido Lancone, que así como el doctor Marcelo Menzulo está implicado por falsear la certificación de la muerte en la causa de Omar Cigarán y también era integrante desde hace mucho tiempo del cuerpo médico forense de la policía bonaerense”.

“Vitale también está acusado de durante la dictadura militar de falsear los certificados de defunción de las personas que eran detenidas desaparecidas y que eran claramente asesinadas por un tiro en la cabeza y que ponían paro cardio respiratorio, como un eslabón más en la cadena de encubrimiento en los crímenes de Estado durante la dictadura. A ese personaje de apellido Lancone lo defendió en la época del ‘90 Andrés Vitale, hoy presidente del Tribunal 3 que tiene que juzgar la causa de Duarte por el asesinato de Ismael y de Mauricio y si fuera poco también fue abogado defensor en el año 2012 de tres penitenciarios que estaban imputados por las torturas, la violación y la muerte de un interno de la unidad 31 en Melchor Romero. Esto esta denunciado por el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria; él fue uno de los tres abogados defensores de estos penitenciarios que salieron absueltos en el caso Gorosito, que fue asesinado en la unidad. Estamos diciendo, al inicio de la investigación que la policía científica, con los cuerpos policiales, los fiscales y los jueces incluso, son todos cómplices de los crímenes de Estado”, finalizó.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article11675