Amparo contra los desmontes: organizaciones sociales acercaron pruebas sobre violación a la Ley de Bosques
20 de septiembre de 2019
El martes 17 de septiembre por la mañana en el Juzgado Civil
y Comercial N° 21 de la ciudad de Resistencia, Chaco, el juez Julián
Flores convocó a una Audiencia de Vista de Causa sobre el amparo presentado por
el Defensor del Pueblo, Gustavo
Corregido, en el que se pide la nulidad de los permisos de recategorización de
suelos en Zona Amarilla que autorizó la Subsecretaria de Recursos Naturales
violando la Ley N °
26.331, conocida como Ley de Bosques. La audiencia contó con la presencia de
las partes y amigos del tribunal que apoyan tanto la postura del defensor del
Pueblo, como la postura de la demandada.
Por Agencia
Periodística Timbó.
En mayo de este
año, Corregido promovió una acción de amparo contra la Subsecretaría de
Recursos Naturales y el Poder Ejecutivo de Chaco pidiendo el freno a los
desmontes y la nulidad de lo que, según la escasa información oficial que se
brinda, serían 53 permisos de recategorización a de suelos ubicados en la Zona Amarilla ,
Categoría II. También exige el cumplimiento de la Ley N ° 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en lo que respecta a la
participación ciudadana en la actualización del Ordenamiento Territorial
Bosques Nativos (OTBN).
Las presentaciones
El colectivo Somos
Monte Chaco está integrado por organizaciones y personas con una amplia
trayectoria en esta temática que vienen trabajando en conjunto para la defensa
del monte desde enero con una posición que contempla lo ambiental, lo
socio-cultural y lo económico-productivo. El movimiento fue activo protagonista
desde diciembre de 2018 de las investigaciones legales y técnicas y acciones
públicas para visibilizar las irregularidades con las que se pretendía hacer el
proceso de actualización del OTBN y, también, denunciando el otorgamiento de
los permisos de recategorización de suelo.
En la audiencia del
martes pasado, Somos Monte Chaco tuvo la oportunidad de ampliar su ya completa
presentación como amigo del tribunal. Con el patrocinio de los abogados Pablo
Fernández Barrios y Nora Gimenez, el representante designado por la asamblea
para exponer fue el físico y técnico en cartografía digital Ricardo Tiddi que
acercó elementos que explican claramente por qué se viola la Ley 26.331 en el
otorgamiento de estos permisos.
Desde el Frente
Nacional Campesino, Daniel Liberatti exhortó al juez Flores y a los
funcionarios de la Subsecretaria de Recursos Naturales presentes a tener en
cuenta la situación y visión de las comunidades campesinas criollas e indígenas
que habitan los territorios desmontados. Describió la salida constante de
camiones de forma clandestina que se llevan los algarrobales, palosantales y
quebrachales que aún quedan y denunció los apremios, amenazas y ataques que
reciben las familias para abandonar sus tierras.
Por otro lado,
Noemí Cruz, representante de Greenpeace y participante de Somos Monte Chaco,
consideró que: “Estas recategorizaciones ya han posibilitado la desaparición de
miles de hectáreas de bosques y esto es algo que no puede continuar. Esperamos
que estos permisos sean declarados nulos y que el bosque sea restituido. Esto
es lo que la ley indica y esto es lo que debe suceder. Las organizaciones de
base tenemos mucho para aportar de nuestra experiencia. Sin bosque, vamos
perdiendo posibilidades de una vida sostenible. Perdemos alimento, perdemos
medicinas, biodiversidad como el yaguareté, del cual sólo quedan 20 ejemplares
en esta región, arruinamos nuestro clima. Ya lo hemos vivido con las últimas
inundaciones y también perdemos cuestiones de valores intangibles como lo es el
tema cultural. Apostamos a que el juez pueda resolver conforme la Justicia lo
exige, que es que el bosque siga en pie”.
El Instituto del
Aborigen Chaqueño (IDACH) reclamó la necesidad de hacer una consulta libre
previa e informada a los Pueblos Indígenas sobre el manejo de los bosques de la
provincia y la
Red Agroforestal Argentina (REDAF) esgrimió argumentos a
favor de una amplia investigación de todo lo actuado hasta el momento y la
necesidad de participación.Por la parte demandada, la Subsecretaria de Recursos
Naturales, se presentaron dos amigos del tribunal. Por un lado, el Colegio de
Ingenieros Agrónomos cuyos representantes hablaron sobre las consecuencias
laborales para los profesionales y los supuestos controles realizados. El juez
consideró débiles los argumentos esgrimidos. Por otra parte, la Asociación Moqoit
“Qaralamaxarete Qana Lava» manifestó la necesidad de consulta y participación a
los Pueblos Indígenas y el desconocimiento de la Ley N ° 26.331, el proceso de
actualización y los fondos destinados a la preservación del monte.
Luego de escuchar a
las partes y a los amigos del tribunal y de analizar las pruebas, evidencias y
aportes presentados, el juez Flores deberá dictar sentencia haciendo lugar o
desestimando la acción de amparo presentada por el Defensor del Pueblo. Se
prevé que tome la decisión en el plazo de diez días y, mientras tanto, sigue en
vigencia la medida cautelar innovativa que él mismo dictó en mayo y que
suspende los desmontes mientras dure la investigación.
Derecho a la participación
El Dr. Pablo
Fernández Barrios consideró sobre la audiencia que “para nosotros fue una
novedad porque es un instituto procesal que se está implementando a partir de
la reforma de nuestra ley procesal de la provincia, así que no seguía el carril
de las típicas audiencias. Sí parecía alguna de las audiencias públicas que se
han hecho en caso de relevancia pública como, por ejemplo, los casos que se
hicieron en la Corte por el caso Riachuelo, donde los amigos del tribunal
exponen sus posturas. Igualmente me pareció muy interesante como herramienta de
participación de la población en un ámbito en general bastante cerrado o
impermeable como es la Justicia”.
Anahí Collet,
miembro del Foro Gualamba y del movimiento Somos Monte se mostró conforme y
expresó que “se presentaron sobradas justificaciones y fundamentos de la
cantidad de desmontes ilegales y todas las violaciones a la Ley que se han
venido haciendo por parte de los funcionarios de la provincia. Considero
que fue positivo en ese sentido, aparecimos como actores, abogados, campesinos
y organizaciones interpelando al Estado y dando la cara. Ahora queda
esperar que es lo que el juez sentencia de esta parte legal. Por supuesto que
seguimos activan do con todo lo que
tenga que ver con concientización y educación ambiental”.
Tiddi, por su
parte, dijo: “Pase lo que pase con la sentencia, se reanudará la actualización
del Ordenamiento Territorial y vamos a querer participar, como hemos siempre
solicitado en todas las notas desde hace años, en el caso del Foro Gualamba, y
desde enero en el caso de Somos Monte Chaco. No sólo queremos participar en la
parte de consulta pública, tenemos el derecho y el deber de participar también
en la mesa técnica de la actualización”.
Noemí Cruz valoró
la posibilidad de exponer los argumentos por la defensa del monte: “Fue un buen
ejercicio del derecho a participar en temas tan cruciales como lo es la
permanencia del bosque nativo, porque consideramos que su desaparición
representa un crimen ambiental sumamente grave cuando proviene, sobre todo,
como en este caso, de un mecanismo ideado por el gobierno para burlar la Ley de
Bosques”.
Y, por último,
recordó al coordinador del Centro Mandela, fallecido el 15 de junio pasado:
“Aunque en la audiencia parecía que estaba sentada sola exponiendo mis alegatos
por el bosque, en realidad tenía un abogado patrocinante espiritual, invisible
para muchos, pero con una presencia enorme. Creo que eso fortaleció todo lo que
yo pudiera responder o decir para defender nuestro bosque. Rolando Núñez estuvo
presente en la voz de cada uno de los que formamos Somos Monte”.
Más Noticias
Fuente: https://www.anred.org/2019/09/20/amparo-contra-los-desmontes-organizaciones-sociales-acercaron-pruebas-sobre-violacion-a-la-ley-de-bosques/
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