El riesgo de financiar Vaca Muerta
7 de septiembre de 2019
Las Participaciones Público
Privadas (PPP) fueron anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri como la gran
respuesta a la infraestructura que demandan las empresas petroleras para
avanzar en Vaca Muerta. Pero, ¿quién corre los riesgos? Una mirada al caso
Catalán.
Por Martín Álvarez Mullally | Observatorio Petrolero Sur.
A
fines de 2016 se sancionó la ley 27328 que reglamentó el mecanismos de
Participación Público Privada (PPP) cuyo objetivo fundamental era financiar
diferentes obras de infraestructura en Argentina. Una de las obras impulsadas
bajo esta modalidad fue el llamado “tren de Vaca Muerta” que traslada las
costosas arenas de sílice utilizadas para el fracking. Tras diferentes amagues
de licitación y con poco interés del sector privado el tren sigue siendo por
ahora solo intenciones. Los esfuerzos para salvar la iniciativa llevaron a
proponer una compra por adelantado, por ahora son las empresas vinculadas al
estado -YPF y Puerto de Bahía Blanca- las que más toneladas se anotaron. Por su
parte, el estado provincial neuquino propuso garantías provenientes de un
remanente de regalías. También se incluyó una garantía inicial de
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF). Por
ahora en el “todos ponen” de la pirinola de Vaca Muerta se ve más a los estados
que a los privados quienes reservaron solo una baja cantidad de toneladas de
arenas.
La
experiencia española en torno a las PPP permite reconocer innumerables críticas
a ese mecanismo. “Estás asociaciones tienen bastantes claroscuros, en un análisis
que hemos hecho recientemente encontramos que hay un mayor
endeudamiento de la parte pública, un mayor riesgo de la parte pública y todos
los beneficios y activos se quedan en la parte privada”, sostiene Alfons Pérez
López, miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y de la
Red por la
Soberanía Energética de Cataluña. El investigador catalán
explica que en un contexto de metas fiscales austeras, que a España le impone la Unión Europea , es
necesario reducir el gasto público en infraestructura, y por eso se requiere de
financiamiento privado vía las PPP. Pero esto no es más que un artilugio
contable, porque una vez comenzada las obras, el costo de las mismas sigue
recayendo sobre el Estado/el público, por diferentes vías. “A partir de esta
asociación lo que se hace es que sea más asequible para la parte pública y que
no entren en su contabilidad para no pasar los techos de déficit impuestos para
el estado español, en este caso, por el Unión Europea”, indica Pérez López.
El proyecto
Castor es un fracaso
emblemático que tuvo grandes costos para la ciudadanía catalana y española. Se
trató de un depósito geológico de gas ubicados en la costa del mediterráneo
entre la Cataluña y Valencia. El desarrollo estuvo a cargo de la empresa ACS , la 4ta
empresa de construcción más grande del mundo presidida por Florentino Pérez,
también presidente del Real Madrid. Su presupuesto inicial fue de 500 millones
de euros, aunque su costo final superó los 1350 millones. Peréz describe que
hubo “una cláusula en el contrato, el artículo 14 decía que esa infraestructura
en caso de dolo o negligencia se debía indemnizar a la empresa concesionaria y
esa cláusula -abusiva para la parte pública- hizo que ese proceso se traslade a
las facturas del gas. Lo que ocurrió es que ese almacén geológico de gas en su
primera operación, en la inyección de gas colchón provocó más de 1000 sismos en
el territorio de Cataluña”. Desde entonces se frenó el almacén, pero la empresa
constructora concesionaria ACS accionó el contrato, renunció a la
infraestructura y cobró la indemnización en menos de treinta días, estamos
hablando de 1350,7 millones de euros.” El analista recuerda que fue “en un
momento en el que el estado español tenía problemas de liquidez, no podía
asumir los presupuestos de salud y educación, pero sí indemnizó con una cifra
tan grande a la parte privada y esos son parte de los riesgo de las alianza
público privadas”.
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