Máquinas del ecocidio y de la subalternidad
3 de septiembre
de 2019
Por
Raúl Prada Alcoreza
¿Cómo funcionan las máquinas del ecocido, que son
las máquinas del poder, máquinas de guerra y máquinas extractivistas, máquinas
de muerte de lageopolítica del
sistema-mundo capitalista? Las máquinas de poder funcionan contra
las resistencias; las máquinas ecocidas, funcionan contra los ecosistemas, los
ciclos vitales, la vida. Las
máquinas extractivistas de la economía-mundo
capitalista funcionan
contra los ciclos planetarios de largos procesos minerales, hidrocarburíferos y
de asombrosa cristalización simétrica. Se trata de máquinas de muerte; el sistema-mundo
capitalista solo
puede desarrollarse inscribiendo y hendiendo sus marcadas huellas ecológicas,
es decir, destruyendo los ecosistemas. Su desarrollo, que ideológicamente se
legitima, en el imaginario institucionalizado, como desarrollo y crecimiento
económicos, no corresponde más que a la realidad
apocalíptica de la muerte planetaria, dilatada por los ritmos mismos del
capitalismo y sus ciclos largos.
Quizás una ilustración esquemática ayude a
representar este desarrollo del capitalismo. Primero, se prepara el terreno, en
palabras teóricas, se conforman las condiciones
de posibilidad económicas para
la construcción del modo de producción capitalista. Esto
es, se cosifican las relaciones sociales, se convierten
a los bienes comunes en cosas, después en mercancías;
paralelamente, se erige laideología,
es decir, la fabulosa máquina de fetichización generalizada.
Una vez conformadas las condiciones de posibilidad económicas,
a través de los procesos inherentes a la economía política generalizada, por lo
tanto, a la economía política restringida a los límites de lo que el discurso
moderno llama economía, la “ciencia de la producción,
distribución y el consumo”, en términos más restringidos, la “ciencia del
mercado”, se edifica la logística y la infraestructura de lo que el discurso
marxista ha denominado el modo de producción capitalista.
Siguiendo con la metáfora estructural, después o, más bien, en el transcurso,
se erige la arquitectura del modo de producción capitalista. Y en el
mismo transcurso, paralelamente, se conforma lo que el mismo discurso marxista
denomina superestructura
jurídico-política.
Cuando el modo
de producción capitalista se
consolida, sobre todo mundialmente, pues así funciona, en todo el orbe tomado
por la economía política generalizada, ya parte de los ecosistemas han sido
desmantelados; empero, todavía el planeta conserva sus apariencias “naturales”,
mejor dicho, ecológicas, a pesar de las redes de nichos ecológicos demográficos
de las sociedades humanas, la red comunicacional, sobre todo física, las redes
de transportes marítimos, terrestres y aéreos.
(…)Sin embargo, es en la etapa tardía, cuando el modo
de producción capitalista generalizado, que ha desterrado a los
otros modos de producción, cuando este modo
de producción de la valorización abstracta avanza demoledoramente, de manera
desmesurada, desequilibrando al máximo los ecosistemas y los ciclos vitales,
convirtiéndose en una verdadera amenaza para las sociedades humanas y las
formas de vida en el planeta. La constatación de lo que decimos aparece en los
alcances que ha tomado lo que se llama eufemísticamente “cambio climático”,
alcances que se aproximan a los umbrales mismos de lo que figurativamente
nombramos apocalipsis, apocalipsis planetario y de crepúsculo de la
civilización moderna, que se clausura, empero, pretende llevarse a las formas
de vida del planeta, en su propio desaparecer.
Para lo que nos compete y nos preocupa,
en este ensayo, nos focalizamos en lo que pasa en la Amazonia y la extensión
complementaria del Chaco del sudeste de Sud América. Por eso pasaremos a
una descripción publicada, que pueda, ahora, ilustrarnos empíricamente sobre lo
que pasa. Se trata de una denuncia y relato de lo que sucedió antes y durante
la propagación de los incendios en la Amazonia brasilera.
Contratación de operadores de
motosierra y motoqueros, creación de pistas de aterrizaje clandestinas y mucho
más. Los hechos escandalosos que reveló la revista brasileña Globo Rural
ocurridos el “Día del Fuego” en la Amazonia. Así pasará a la historia el tristemente
célebre 10 de agosto de este año, cuando comenzó un suerte de incendio
simultáneos encendidos en forma mancomunada por productores rurales de la
región norte de Brasil, que consumieron miles de hectáreas del “pulmón del
mundo”. Según la revista, la organización del “Día del Fuego” empezó en el
grupo de Whatsapp “Jornal A Voz da Verdade” (Diario La Voz de la Verdad). El
grupo fue creado por João Vgas el 17 de agosto de 2016 y tiene 246
participantes, entre productores rurales, expropiadores de tierras y
comerciantes del municipio Novo Progreso, en la provincia de Pará. De ellos, 70
aprobaron los planes del “Día del Fuego”, y entonces crearon el grupo “Sertão”
– referencia al nombre del establecimiento de Ricardo de Nadai, creador de este
segundo grupo. Hasta el final de los preparativos, el grupo llegó a tener 80
participantes. El objetivo principal del grupo era incendiar matas y tierras
estatales, y hacer avanzar el fuego hacia la Floresta Nacional
Jamanxim , una reserva de 1,3 millones de hectáreas. Su
objetivo era alcanzar la Tierra del Medio, escenario de los mayores conflictos
de tierras en Brasil. La
revista Globo Rural relevó que al menos cuatro miembros de
ese grupo ya fueron presos por crímenes ambientales. Antes de provocar el
fuego, varias áreas fueron previamente desmatadas. Globo Rural entrevistó a un
operador de motosierra que afirmó que “nadie se quedó sin tarea”. Personas
fueron traídas de otras regiones de la Amazonia e incluso del Nordeste para realizar
la acción ilegal. El procedimiento de este tipo de acción criminal es primero
desmotar y después quemar. Esta acción predatoria de la naturaleza contó
incluso con pistas de aterrizaje clandestinas para desembarcar gente para la
destrucción de la floresta.
El 10 de agosto, motoqueros contratados por el grupo atizaron
el fuego en los márgenes de la
ruta BR-163.
Todavía no se sabe si este grupo puede haberse organizado con
otros grupos. Sin embargo, todos vieron el resultado: una nube de humo que
cubrió el país, y hasta pudo ser vista desde satélites. La misma nube que
cubrió San Pablo e hizo atardecer a las tres de la tarde.
El 7 de agosto, tres días antes de esas
quemas, el fiscal local Gustavo de
Queiroz Zenaide avisó lo que estaba por ocurrir al gerente ejecutivo del
Instituto brasileño del medio ambiente (Ibama) de la localidad de Santarém,
Roberto Fernandes Abreu, a través de un oficio. Este aviso vino a través de un
documento oficial protocolado por el Ibama de Santarém el 8 de agosto. En él Gustavo escribe: “productores rurales planifican
realizar una quema en la región del municipio de Novo Progresso el 10 de agosto
de 2019 como forma de manifestación”. A pesar de todo esto, durante todo el
período, el gobierno de Bolsonaro intentó negar la existencia de las quemas,
siendo luego desmentido por las nubes de partículas y hollín que cerraron los
cielos de San Pablo.
La política de Bolsonaro de
deslegitimar los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales
(INPE por sus siglas en portugués), o intervenir el Instituto Brasileño de
Medio Ambiente (Ibama), no sólo encubre sino defiende los intereses de
estancieros, apropiadores de tierra y latifundistas. Él y sus ministros,
defensores de que el calentamiento global no existe, en el fondo, por su
verborragia irracional, tiene un programa bien claro y extremadamente
comprensible por cualquier persona racional: transformar todas las riquezas
nacionales en ganancia capitalista, tirar a la basura el futuro del país, el
futuro de la juventud, atacar a los pueblos indígenas, fortalecer los
asesinatos en el campo, la persecución a los Sin Tierra y terminal con los
derechos de los trabajadores.
La transformación de esa realidad pasa
por un cambio radical de la sociedad en que vivimos. No hay conciliación
histórica posible entre una producción volteada hacia la ganancia – cuya
dinámica inexorable es la acumulación capitalista – y cualquier cosa parecida a
la utilización racional y ambientalmente correcta de los recursos. Solo la
organización de una sociedad emancipada de las garras del capital, y por lo
tanto con base en los productores libremente asociados podrá superar la
explotación predatoria de la naturaleza, la crisis ambiental y la miseria
social a la que estamos sometidos[1].
La descripción no podría ser más
elocuente, teniendo en cuenta los detalles mismos de la organización de la
destrucción de los bosques amazónicos. La incumbencia y complicidad operativa
del gobierno de Jair Bolsonaro se hace patente en el comportamiento político
del ejecutivo, pero también en la modorra de los órganos de poder del Estado. La única que reacciona ante las
atrocidades del ecocidio es la sociedad brasilera, el pueblo brasilero y los
pueblos indígenas amazónicos, además de los institutos de investigación
científica. En contraste, se evidencia con mayúsculo descaro el cinismo
grotesco de un gobierno sin horizontes, además de los estratos más
conservadores y recalcitrantes de la estructura social brasilera. Se hace
patente el despropósito de destruir para obtener las ganancias anheladas por
estos estratos de una burguesía sin escrúpulos, que apuestan al goce inmediato,
goce banal, por cierto, de la obtención de ganancias y hasta de
super-ganancias, a costa de la desaparición misma de los ecosistemas, las
formas de vida, los ciclos vitales integrados del planeta.
Estamos, como dijimos antes, ante los síntomas mismos no solo del apocalipsis,
sino también ante el desborde descomunal de la decadencia.
De la decadencia generalizada en todos sus niveles y planos de intensidad; el
institucional, sobre todo, estatal, el relativo al funcionamiento de la economía-mundo,
en plena dominancia del capitalismo financiero y especulativo; el de los campos
sociales, manifestado en la asombrosa descohesión
social, entre sus síntomas, el desprecio a la vida. La decadencia del sistema-mundo cultural de la banalización
generalizada; el derrumbe ético y moral. Además, se evidencia lo
que podemos nombrar mediocridad generalizada, sobre todo en
los perfiles de los personajes de las castas políticas gobernantes.
El problema no sólo es que se ha
llegado a grados demasiado intensos de la crisis múltiple social, política, cultural y económica,
sino que los efectos irradiantes parecen irreversibles. La muerte de las especies y de los
seres orgánicos, la muerte de los ecosistemas, la muerte misma de la humanidad de
la humanidad, de las sociedades humanas, aunque en una tortuosa
dilatación; la muerte de los horizontes,
que se pliegan hacia adentro, hacia un centro abismal, que aparece como agujero
negro; muertes que patentizan lo irreversible de estas fatalidades,
de estas tragedias, de este vaciamiento de la potencia creativa de la vida.
Ahora bien, lo que pasa en la geografía
política de Bolivia no es distinto de lo que pasa en Brasil, salvo las singularidades del acaecer particular en las formaciones
sociales
diferenciales. Que Evo Morales exprese
el perfil simbólico de la convocatoria del
mito, encarnada en la simbolización del poder convocante del
caudillo, y Jair Bolsonaro exprese el perfil deslucido y gris de un
anacrónico fascista criollo, hace solo a la diferencia de las formas de
presentación de los mismo, del desenvolvimiento demoledor de la geopolítica
del sistema mundo capitalista en
la extensión diferencial de las periferias y de su evolución, en algunos casos,
a lo que se denomina, por la burocracia mundial, “potencias emergentes”. Ambos
presidentes, uno, de un país anclado en el modelo colonial extractivista del capitalismo
dependiente, el otro, de un país que se vanagloria, en sus estratos
elitistas, de ser “potencia emergente”, son los dispositivos simbólicos, en el
teatro político, del demoledor desarrollo capitalista, en la modernidad tardía,
cuando domina el mundialmente capitalismo financiero y especulativo.
Otra descripción, esta vez de lo que
acaece en Bolivia, es ilustrativa empíricamente de la destrucción ecológica
para dar lugar al desarrollo desigual capitalista en la geopolítica
del sistema-mundo moderno. La descripción publicada parte de las
metas propuestas por la forma de gubernamentalidad clientelar del “gobierno progresista”. Para
seguir con las consecuencias desastrosas de la persecución anodina de estas
metas, por personajes políticos gobernantes, que, a pesar de que se reclamen
“progresistas” y hasta “socialistas del siglo XXI”, es más, partidarios del
“socialismo comunitario”, son, efectivamente, operadores de las estructuras de
poder dominantes en el orden mundial, el imperio, y agentes encubiertos de las
empresas trasnacionales extractivistas.
El Gobierno plantea llegar a 13
millones de hectáreas cultivadas en 2025, cuando el Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras advertía, en 2012, señaló que las áreas agrícolas disponibles
en el país serían de sólo 8,9 millones de hectáreas. La observación pertenece
al investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(CEDLA), Enrique
Ormachea, quien observa que la medida beneficiará a los agroindustriales y que
el engrosamiento de la frontera agrícola implica destruir terrenos de vocación
forestal. “El
estudio Compendio Agropecuario 2012, publicado por el Ministerio, señala que el
total agrícola disponible (es decir la sumatoria de la superficie cultivada,
barbecho, descanso y tierras con potencial agrícola) alcanza a 8,9 millones de
hectáreas, es decir, sólo el 8,1 por ciento del territorio nacional”, señala
Ormachea. El investigador, con base en el estudio del Ministerio, añade que si
a estos 8,9 millones se restan las tierras que ya están siendo cultivadas y
aquellas en barbecho o descanso, las tierras con potencial agrícola se reducen
a la mitad, es decir a 4,5 millones. Ormachea resalta que en la medida en que
la política
gubernamental acordada con los agroindustriales está destinada a la producción
de biocombustibles,
es decir a potenciar los cultivos de caña de azúcar y soya, las tierras con
potencial agrícola en Santa Cruz, Beni y Pando alcanzan a sólo 2 millones de
hectáreas.
“Como se puede inferir, una
ampliación de la frontera agrícola a 13 millones de hectáreas supone sobrepasar
ampliamente estos límites, por lo que el incremento de la frontera agrícola se
expandirá a áreas de clara vocación forestal del uso del suelo, que incluyen
los territorios indígenas, seguramente con resultados productivos de muy corto plazo, pero
no sustentables a futuro; lo que ocurre hoy en la Chiquitanía expresa esta
obsesión gubernamental”.
Ormachea señala que Bolivia se sitúa
entre los países con menores rendimientos agrícolas de la región y con
distancias abismales con relación a la productividad alcanzada por los países
desarrollados. En el período comprendido entre 2005/2006 y 2016/2017, es decir
durante el “proceso de cambio”, los rendimientos promedio anuales apenas
sufrieron un muy ligero incremento de 4,76 toneladas métricas por hectárea a
4,96. Se requieren, por tanto, políticas públicas orientadas a mejorar
sustancialmente la productividad”. El investigador plantea que, considerando la
propuesta gubernamental de lograr 13 millones de hectáreas para producir 45
millones de toneladas métricas hacia 2025, en realidad se retrocede en
productividad, pues se alcanzaría un rendimiento de sólo 3,46 toneladas
métricas por hectárea. “Gran regalo del MAS para celebrar el bicentenario de
Bolivia, a costa, obviamente, de sus bosques y su biodiversidad”.
El estudio cuantifica 90 mil kilómetros
cuadrados como la totalidad de superficie agrícola disponible. Unos 27.500 kilómetros
cuadrados corresponden a la superficie cultivada. Hay otros 45 mil kilómetros
cuadrados con potencialidad agrícola. La mayoría está en Santa Cruz, con 15 mil
kilómetros cuadrados. Pando tiene 6 mil. Algo más de 9.500 kilómetros
están reservados como zonas de descanso[2].
Otra descripción empírica también ayuda
ilustrativamente a comprender los alcances de la fenomenología
apocalíptica de la
destrucción capitalista, sobre todo, en una de las periferias de la geopolítica
del sistema-mundo moderno. Se enfoca la trágica situación en el
Chaco húmedo boliviano, sobre todo en la geografía administrativa denominada
Chiquitana.
El incendio de magnitudes en la
Chiquitanía ha destapado el tema de la distribución de tierras en el oriente
boliviano. El
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha negado que se haya dado
permisos de asentamientos en las zonas del siniestro, pero las resoluciones
emitidas desde marzo contradicen a esa repartición del Gobierno central. Entre
el 11 y el 17 de marzo, el INRA entregó resoluciones de aprobación de
asentamientos a las llamadas “comunidades interculturales”, sectores sociales
de colonizadores, movimientos sin tierra y gremios sindicalizados aliados al
régimen de Evo Morales, que desde 2006 se vienen organizando para lograr
tierras en los valles, oriente y Amazonía del país.
Las resoluciones beneficiaron a grupos
como la
Comunidad Intercultural agroecológica Marcelo Quiroga Santa
Cruz adjudicada con 650
hectáreas de tierra y la Comunidad
Agropecuaria Intercultural El Quebracho con 1.350 ha , ambas en San
Miguel de Velasco; la Comunidad
Intercultural Alborada logró 1.551 ha en San Ignacio;
los interculturales Pampa Grande con 1.350 ha en San Rafael. Posteriormente, en
marzo, el INRA volvió a dotar de tierras fiscales a estas comunidades
colonizadoras, aprobando la entrega de 26.157 ha para la
Federación de Interculturales de Santa Cruz, a fin de consolidar los
asentamientos en las provincias Chiquitos, Cordillera, Ñuflo de Chávez y
Velasco de Santa Cruz. Otro documento muestra la lista de 26 comunidades
afiliadas a la Central Única de Campesinos de Santa Cruz, que se beneficiaron
con resoluciones de asentamientos por más de 60 mil hectáreas a un promedio de 1.500 ha por comunidad, en
un proceso que abarcó desde febrero a abril de este año.
El director nacional del INRA, Roberto
Polo, había negado que esa entidad hubiera aprobado los asentamientos en las
zonas en las que se produjo el incendio que hasta la fecha no ha podido ser
sofocado, aunque la magnitud y cantidad de focos de calor redujeron 80 por
ciento, quedando 142 puntos reportados. “Nosotros desmentimos categóricamente a
la población en general que los focos de calor hubieron sido a raíz de los
asentamientos. Reitero, no tenemos asentamientos desde el 2018 y en la
actualidad no se están haciendo asentamientos”. Sin embargo, el documento de
aprobación de asentamientos para la Central Única de Campesinos de Santa Cruz
incluye al municipio de Roboré, donde se presume comenzó el siniestro que hasta
hoy ha provocado la pérdida de 1,1 millón de hectáreas y mantiene 30 incendios
activos en la zona de la Chiquitanía. Entre Pailón , Roboré y San José de
Chiquitos figuran nueve comunidades beneficiadas con terrenos para la expansión
de la frontera agrícola. En Roboré, específicamente, se encuentran la Comunidad
Campesina Agroforestal Aguas Claras y la Comunidad Tupac Amaru ,
esta última cercana a Tucavaca, donde a fines de 2018 hubo resistencia para el
ingreso de colonizadores a la zona por existir ahí una reserva natural.
Mientras desde el régimen de Evo Morales se rechaza el tema de asentamientos,
los activistas y cívicos cruceños desplazados en la Chiquitanía han verificado
que existe tala de árboles y apertura de caminos. También se muestran en
imágenes carteles de las comunidades interculturales con nombres como “San
Lorenzo”, “Miraflores”, hasta “Comunidad Evo Morales”. El director del INRA
también anunció dar cumplimiento a la “pausa ecológica” que decretó el mandatario
del Estado Plurinacional. “Se ha suspendido absolutamente todo, así como se ha
instruido a la Unidad de Catastro a nivel nacional que no se va a permitir la
mutación y la transferencia de bienes en el lugar en cuanto no se tenga todo
este desastre controlado”.
Para el director de la Fundación Tierra ,
Gonzalo Colque, las tierras afectadas por el incendio son precisamente aquellas
que el INRA repartió desde 2018, pues el 70 por ciento de las hectáreas
quemadas son tierras fiscales y de empresas agropecuarias. Colque, en palabras
al matutino Los Tiempos, confirmó que los incendios afectan a los municipios de
San José de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré y
Puerto Suárez. La
Fundación Tierra calcula que existen más de mil comunidades
asentadas en la Chiquitanía, desde el inicio del “proceso de cambio” en 2006,
con políticas gubernamentales que promovieron además los “perdonazos” a las
quemas y desmontes ilegales.
El investigador y abogado del Centro de
Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Leonardo Tamburini, publicó
en su cuenta de Facebook, las diez normativas elaboradas durante la última gestión de Evo
Morales, para ampliar la frontera agrícola en deterioro de las tierras,
reservas naturales y territorios indígenas. Tamburini llama “paquetazo” a estas
leyes y decretos, fruto del consenso entre el MAS y el empresariado de Santa
Cruz y Beni, que van desde la Ley 337 de 2013, que estableció el “perdonazo” a
los desmontes ilegales desarrollados entre 1996 a 2011, hasta el
polémico Decreto Supremo 3973 de julio de 2019, que amplió el desmonte de
bosques y la quema controlada en tierras comunitarias en ambos departamentos.
“Se debe cambiar el modelo productivo agroextractivista, que supone la
liquidación de los bosques nacionales”. La distribución de tierras del régimen de Evo Morales
coincide con el informe de la Fundación Tierra de 2011, que identificó zonas de
expansión agrícola y ganadera en Santa Cruz, que tenía importante presencia de
empresas de Brasil. La Chiquitanía, en un mapa elaborado por esa organización,
se encuentra justo en la zona que va desde San Miguel a Puerto Suárez, con esta
región amazónica en medio, caracterizada como “área de expansión agrícola”.
En marzo, cuando el entonces director
del INRA y actual viceministro de Tierras, Juan Carlos León, entregaba la
resolución de asentamientos a la Federación de Interculturales de Santa Cruz,
que incluyó parte de la
provincia Chiquitos , conminaba a los colonizadores a
apresurar la instalación de cultivos. “De estas 26.000 hectáreas ,
quisiéramos que para el siguiente año estén cultivadas 6.000 hectáreas .
Sabemos que se requiere capital para producir, es importante que ustedes
produzcan para aportar a la Seguridad Alimentaria del país”. El 9 de julio el
consejo de ministros aprobó el Decreto Supremo 3973 dictado por el mandatario
Evo Morales, con el que se amplió la acción de desmonte de tierras a las
llamadas “tierras comunitarias”, es decir, aquellas que el INRA ya había
aprobado para la acción de los interculturales meses antes.
El anterior decreto 26075 de 2001, que
fue modificado con esta norma presentada en la sede de la Federación de
Ganaderos de Beni, solo aprobaba el desmonte en tierras privadas y según
reglamentos departamentales. El D.S. 3973 agregó la figura de “tierras
comunitarias” y también incluyó a Beni en los permisos de “quemas controladas”
o “chaqueos”, que ya se daban en Santa Cruz. Con el siniestro de la
Chiquitanía, el Gobierno quedó marcado como “ecocida” y “biocida”. Sin embargo,
las posiciones ambientalistas quedan cortas con un tema que hace a la
redistribución de las tierras de oriente y amazonía en favor de los sectores
corporativos que son la base social del régimen socialista populista de Evo
Morales. Datos últimos de la Fundación para la Conservación del Bosque
Chiquitano hablan de 40 millones de árboles con valor comercial perdidos por el
siniestro, que tendrían un valor de mercado de 1.140 millones de dólares en
este bosque seco, además de alertar sobre 1.200 especies de fauna afectada
entre 43 ejemplares de anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos[3].
Lo sugerente de estas descripciones empíricas es que nos muestran
las correlaciones y vinculaciones entre dispositivos jurídicos y políticos con
los desplazamientos de la destrucción ecológica. Por otra parte, es importante
anotar, que proporcionalmente, la magnitud de la destrucción de la Amazonia es
relativamente mayor en Bolivia que en Brasil. El aditamento, un tanto distinto
a lo que ocurre en Brasil, es que el gobierno boliviano se presenta como
“defensor de la Madre
Tierra ”, aunque, ciertamente, desde el conflicto del TIPNIS y
la evidencia de la Cumbre de Naciones Unidas de Cancún se ha caído la careta;
en cambio, el gobierno fascista criollo brasilero se presenta descarnadamente
tal como es, incluso en sus propios discursos desnudos y provocadores. Empero,
este contraste complementario nos
muestras que es inocuo tratar de diferenciar a los gobiernos por la forma
ideológica con la que
se presentan, pues, al margen de que esto tenga efectos en la convocatoria
discursiva a los pueblos, se trata de dispositivos discursivos diferenciales al
servicio de lo mismo, el funcionamiento de lageopolítica
del sistema-mundo capitalista, en su etapa tardía y de dominancia
del capitalismo financiero y especulativo.
En Bolivia, se ha tratado de presentar
los incendios como un accidente, en el mejor de los casos, como un descontrol
del chaqueo, que estaba normado como “quema controlada”, en el peor de los
casos, en su forma grotescamente manipuladora, como una extensión casual de los
incendios dados en el Brasil y en Paraguay. Sin embargo, esta versión
oficialista cae por su propio peso, pues no puede ocultar ni las políticas
extractivistas del gobierno, tampoco sus dispositivos jurídicos, leyes, normas,
reglamentos, que alientan la ampliación de la frontera agrícola, incluso
avanzando en áreas de vocación forestal. Por otra parte, no pueden ocultar lo
que efectivamente ha ocurrido, la entrega de tierras a “comunidades” de
colonizadores, mal llamados “interculturales”, además de las concesiones
dadivosas a la burguesía agroindustrial de la soya y también, en su
desenvolvimiento, del añorado biocombustible, acompañado por la promoción de
los transgénicos.
En otras palabras, observando lo que ocurre en Sud América, en la
álgida coyuntura de crisis ecológica del presente, lo que acaece en la
Amazonia, tanto brasilera como boliviana, así como en la Amazonia peruana,
además de lo que acaece en el Chaco paraguayo, corresponde a los costos de
muerte ecológica del desarrollo del capitalismo en su etapa tardía, es decir,
financiara, especulativa y desbordadamente extractivista. Que se den perfiles
de gobierno distintos, en rostros diferentes de presidentes, no sugiere otra
cosa que el desenvolvimiento destructivo del capitalismo puede darse en
distintas versiones políticas.
Conclusiones
- Las máquinas ecocidas, que son las máquinas capitalistas,
además, en su contexto mayor, máquinas de poder, despliegan, en
plena modernidad tardía, cuando se combinan barrocamente, una vinculación
perversa de tecnologías de última generación con la destrucción atroz de
las formas de vida en el planeta, son máquinas de guerra sofisticadas de la
civilización moderna contra la vida.
- El
funcionamiento de estas máquinas corresponde a la heurística depredadora
del sistema-mudo capitalista, sobre
todo, en la etapa de la dominancia del capitalismo financiero, especulativo
y demoledoramente extractivista.
- La
crisis ecológica es planetaria, no está focalizada en algunas regiones o
espacios cardinales del planeta. La diferencia radica en que, desde la
perspectiva de la geopolítica sistema-mundo capitalista,
las regiones de las periferias tienen que pagar, fuera del desarrollo desigual y combinado y la desigualdad diferencial de
los términos de intercambio, además de
la proletarización generalizada de sus poblaciones, con la destrucción
sistemática e irreparable de sus bosques y de sus suelos.
- En
Brasil, el proceso de la destrucción ecológica, que, obviamente comenzó
antes, y comprometió a los “gobiernos progresistas” del PT, ha cobrado una
desmesura descomunal en el gobierno de Jair Bolsonaro. En Bolivia, en la
tercera gestión de los gobiernos de Evo Morales Ayma, también denominado
“progresista”, la desmesura descomunal de la destrucción ecológica cobra
apocalípticamente magnitudes escalofriantes.
- La
alianza de los gobiernos del PT fue desplazándose, paulatinamente, con los
distintos estratos de la burguesía, primero con la burguesía industrial,
lo que es comprensible, después, con los estratos burgueses mas bien
especulativos. El gobierno de Jair Bordonero, a pesar del perfil
desnudamente fascista criollo, puede leerse como continuidad de lo que se
venía proyectando, a pesar de la diferencia en las políticas sociales, de
salud y del trabajo. En otras palabras, las gestiones corrosivas de los
últimos gobiernos del PT cavaron la sepultura del proyecto “progresista”.
En circunstancias catastróficas de crisis múltiple del Estado, en el
contexto coyuntural del derrumbe ético y moral del proyecto progresista,
emerge, casualmente, un personaje altamente anacrónico, de los estratos de
la lumpen-burguesía, aliada, por cierto, a los estratos recalcitrantemente
conservadores de la oligarquía “café con leche”.
- La alianza del gobierno de Evo Morales con los estratos más
conservadores de la burguesía boliviana, sobre todo con los estratos más
depredadores, patentiza no solamente el decurso de la genealogía del poder del “gobierno progresista”, sino
la fatalidad ineludible del circulo vicioso del poder y del modelo colonial extractivista del pitalismo dependiente.
NOTAS
[1] Leer Escándalo:
cómo se organizaron las criminales quemas en la Amazonia. https://www.laizquierdadiario.com/Escandalo-como-se-organizaron-las-criminales-quemas-en-la-Amazonia?utm_content=buffer38388&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2nNkuHaKiRbqsmn7Y_VVznyCfjcGQ0SzIaWHx7iDW9lv6YJLDlj6_uOtk.
[2] Leer Cedla:
Gobierno pasa por alto sus cifras para la frontera agrícola.https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190903/cedla-gobierno-pasa-alto-sus-cifras-frontera-agricola.
[3] Leer Siniestro
de la Chiquitanía destapa masiva distribución de tierras del oriente para
interculturales.http://www.visorbolivia.com/noticia/5656.
Fuente: https://www.bolpress.com/2019/09/03/maquinas-del-ecocidio-y-de-la-subalternidad/
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