Leyes de la
economía popular
28 de
septiembre
de 2019
Por
La tinta
Los movimientos sociales siguen
protagonizando jornadas de lucha urgentes y necesarias en el actual contexto de
crisis. La extensión de la ley de Emergencia Alimentaria y la aprobación de una
ley de Agricultura Familiar para Córdoba son avances que hablan de realidades
donde el alimento es el núcleo de combate. Proponemos pensar esas leyes como
herramientas concretas en un largo camino emancipatorio protagonizado por
mujeres.
La
arena en la que se pelea por leyes en el estado moderno juega con los códigos
del patriarcado, del colonialismo y del capital. Ninguna de las llamadas
“conquistas” escapan a ese monstruo de tres cabezas. Sin embargo, el fino ojo
estratégico en momentos de crisis profunda y de guerra abierta y no
convencional, obliga a las organizaciones sociales a avanzar en el terreno
legal, garantizando un piso de acuerdos sobre los cuales trabajar, intentando
revertir la urgente y desesperante realidad de millones de personas. Los
movimientos sociales han demostrado tener la capacidad de intervenir y disputar
en asuntos públicos, a la par de construir un sinfín de experiencias
organizativas en las comunidades.
Estos
espacios están integrados principalmente por mujeres de sectores populares, por
esto la mayoría de las demandas se orientan a transformar las condiciones de
vida de este sector, atravesado por múltiples violencias: mujeres pobres, muchas
migrantes y con fuerte componente juvenil. ¿Qué nos dicen estas leyes del camino
de construcción encarado por y para mujeres?
El salario
social complementario (SSC) fue
ganado por los movimientos sociales en diciembre de 2016. El gobierno de Macri
reconoció, aprobando la ley
de Emergencia Social, que los y las trabajadoras de la economía
popular, aún trabajando ocho horas diarias, no llegarían al 50% del salario
mínimo, vital y móvil. Laburantes de unidades productivas desarrolladas en el
marco de organizaciones, movimientos sociales y grupos diversos, recibieron el
salario social complementario.
Resultó interesante el impacto que produjo en los trabajos que se asocian a las
tareas de cuidado, pero en el ámbito comunitario: comedores, copas de leche,
apoyos escolares, guarderías, talleres culturales y deportivos, acompañamiento a
personas en situación de violencia, y un largo etcétera. Un servicio comunitario
sin valor de mercado, realizado en abrumadora mayoría por mujeres.
El salario significó entonces el
reconocimiento de un trabajo invisibilizado, realizado desde siempre por los
sectores populares en la lucha por la supervivencia, que implica necesariamente
las tramas comunales. Recibir una remuneración por la tarea de cuidados,
reconocida como un trabajo de la economía popular, desafió el confinamiento que
supuso en sociedades occidentales el trabajo de reproducción. Sin escapar a las
complejidades, esta nueva realidad abrió preguntas interesantes: ¿qué significa
que estos espacios sean pensados como unidades productivas? ¿supone una nueva
forma de organización familiar? ¿desarma las jerarquías del patriarcado del
salario? ¿politiza las tareas reproductivas? ¿genera nuevas subjetividades en
las mujeres trabajadoras?
* * *
En
octubre de 2018 el senado aprobó la ley
de Integración Socio-urbana, herramienta construida desde las
organizaciones sociales para lograr un real acceso a la tierra y la vivienda.
Surgida a partir del esfuerzo de más de diez mil personas que se dedicaron a
relevar los más de 4.416 barrios populares identificados en el ReNaBaP (Registro
Nacional de Barrios Populares), los puntos centrales de la ley son cruciales en
el avance de políticas serias contra la violencia de géneros y el mejoramiento
de la calidad de vida de miles de mujeres y niñes.
Se
posibilitó que la vivienda esté a nombre de las mujeres, el avance en servicios
indispensables para el desarrollo de una vida digna, en la seguridad de los
espacios barriales habitados por 4 millones de personas. Es una necesidad
urgente que los entornos barriales sean espacios donde se pueda circular y
habitar de manera libre y cuidada. Por ejemplo, la iluminación, los mejores
caminos y el adecuado transporte urbano de pasajeras hubieran evitado algunos de
los femicidios y violaciones que lloramos estos años.
En las
grandes ciudades la resistencia por el territorio no significa solamente
defender la casa de la familia nuclear, como nos quisieron hacer creer con
programas de erradicación y relocalización de villas. Un desalojo significa
también el desarme de cierta vida y fuerza comunal, de lazos de supervivencia
que van elaborando sistemas solidarios, y estrategias de resistencia.
Además, en las urbes, salir de la violencia también es cuidarse entre vecines,
es colectivizar las tareas de cuidado como forma de minimizar costos, es
defenderse de la pobreza, de la violencia estatal y de la violencia ejercida por
los hombres. Lo comunitario en las ciudades no sólo no ha desaparecido, sino que
se recrea constantemente.
En las
últimas semanas, tras reclamos, acampes y movilizaciones, las trabajadoras de la
economía popular lograron la extensión de la ley
de Emergencia Alimentaria hasta
2022, y la aprobación de la Ley
Provincial N° 28.981de “Desarrollo Integral de la Agricultura
Familiar Campesina e Indígena de Córdoba”.
Por
unanimidad, los senadores nacionales decidieron extender la Emergencia
Alimentaria y aumentar hasta el 50% los fondos destinados a programas de
alimentación y nutrición, actualizando los montos trimestralmente, tomando como
referencia el Índice de Precios del Consumidor y la Canasta Básica Alimentaria
establecida por el INDEC. En los sectores empobrecidos de Argentina, la
inseguridad alimentaria es moneda corriente, profundizada fuertemente por el
gobierno macrista y sus políticas de hambre, dejando un país con niveles de
falta de comida severos que alcanzan el 17,4% y déficit de nutrientes
alimentarios que llegan hasta el 44%. Es un ataque al núcleo del cuidado y la
reproducción de la vida, afectando fuertemente a mujeres y niñes.
“¿Cómo
podemos salir de la pobreza si ni siquiera tenemos un pedazo de tierra para
sembrar?”, decía una mujer hace unas semanas en una asamblea de los movimientos
sociales. Pensar en el hambre en las ciudades, sin un correlato en lo agrario es
una mentira del sistema: olvidar la relación del alimento con la tierra.
La
urbanización masiva, la pérdida de la dimensión de la tierra como medio básico
de reproducción, la tecnología y la mentira individualista liberal, produjo una
pérdida profunda de memoria sobre la importancia radical de la tierra y la
comunidad. Tierra que, al menos en principio, es generadora básica de nuestro
alimento, indispensable para nuestra existencia. Comunidad que cuida,
sostenedora de los vínculos necesarios para una reproducción de la vida.
La
indiferencia de les habitantes de las urbes sobre la tierra y la comunidad
comenzó un proceso de resquebrajamiento. El arrase del territorio y el hambre,
se conjugan en memorias que reaparecen. La lucha de los movimientos sociales en
toda nuestramérica, la ruralización creciente de la vida, incluso urbana, con
tomas de tierras, huertas comunitarias, y creativos etcéteras, ayudaron a poner
en foco la importancia de la tierra y los bienes comunes.
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