ANÁLISIS Nº 22 – 2017
ANÁLISIS Nº 22 - 2017
¿Hacia
dónde va la Argentina?
Los
peligros del endeudamiento.
SEPTIEMBRE 2017
Alejandro Olmos Gaona / Jürgen
Kaiser / Beverly Keene / Claudio Lozano / Marisa Bordón Ojeda
La llegada de Cambiemos ha renovado la
centralidad de la deuda como eje de las políticas económicas. Compensando el
déficit fiscal y el déficit externo, el gobierno ha tomado deuda de manera
acelerada, pagando elevadas tasas de interés para financiar gastos corrientes
–sin asociación con la inversión. ¿Es sostenible esta lógica? ¿En qué se
distingue de lo actuado por el gobierno anterior? Jürgen Kaiser, Alejandro
Olmos Gaona, Claudio Lozano, Beverly Keene y Marisa Bordón abordan este
complejo problema.
Más allá de los aportes
específicos de cada texto, existen algunos puntos en común: • La deuda no es un
mero problema técnico, sino una relación política y económica. • Se identifican
elementos de fuerte continuidad histórica, aún reconociendo que ciertos rasgos
hayan variado entre los sucesivos gobiernos. • Este auténtico sistema de la
deuda se sostiene con base en eludir la dudosa legalidad y legitimidad sobre la
que se sostiene. • Su impacto no es neutral, pues no aparece asociada con nueva
inversión, y sus pagos quitan recursos necesarios para otros usos. • Esto acaba
por vulnerar derechos sociales, y reafirma el carácter social del problema.
La deuda externa es un
problema histórico en Amé- rica Latina. Durante los primeros años del siglo
XXI, los países de la región aprovecharon los altos precios internacionales de
las exportaciones primarias para evitar recurrir al endeudamiento para
equilibrar sus cuentas. Más aún, Argentina, Brasil y Venezuela cancelaron sus
deudas con el FMI, y Ecuador auditó públicamente su deuda. Sin embargo, desde
el 2012 a
esta parte, la situación se ha modificado. Con un mundo en crisis, que demanda
pocos bienes, y limitados cambios estructurales que se adapten a este
escenario, las crecientes dificultades comerciales y fiscales han fomentado una
nueva tendencia a la toma de deuda. Allí donde llegaron al gobierno fuerzas
políticas más proclives al libremercado, esta tendencia parece haber cobrado
mayor ímpetu. Tras una década y media, vuelven a aparecer dudas sobre la
sostenibilidad de este acelerado proceso de endeudamiento. ¿Cómo presiona sobre
las cuentas fiscales y externas este proceso? ¿Cuán real es el riesgo de un
default? ¿Y qué marco regulatorio requería la gobernanza global para impedir
y/o manejarlo? En particular, en el caso argentino, la llegada del gobierno de
Cambiemos ha renovado la centralidad de la deuda como eje de las políticas
económicas1. Compensando el déficit fiscal y el déficit externo, el gobierno ha
tomado deuda de manera acelerada, pagando elevadas tasas de interés para financiar
gastos corrientes –sin asociación con la inversión. La
velocidad de toma de deuda con acreedores privados en el extranjero es de las
más altas del mundo. ¿Es sostenible esta lógica? ¿En qué se distingue de lo
actuado por el gobierno anterior?
Con estas preguntas como
marco, se desarrolló una mesa de debate en FLACSO Argentina el día 3 de mayo de
2017, con la presencia de Jürgen Kaiser (coordinador de la red alemana
Erlassjahr), Alejandro Olmos Gaona (Facultad de Derecho, UBA), Claudio Lozano
(dirigente Unidad Popular) y Beverly Keene (Diálogo 2000/Jubileo Sur, Facultad
de Ciencias Sociales, UBA). Este documento retoma sus exposiciones,
incorporando como complemento el texto de la experta Marisa Bordón
(Universidad Complutense de Madrid). Esto permite recuperar miradas desde
diferentes latitudes y trayectorias para abordar el complejo problema de la deuda. Más allá de los
aportes específicos de cada texto, vale la pena señalar algunos puntos en
común. El primero es identificar que la deuda no es un mero problema técnico,
sino una relación política y económica. En este sentido, como segundo punto
común, se identifican elementos de fuerte continuidad histórica, aún
reconociendo que ciertos rasgos hayan variado entre los sucesivos gobiernos.
Tercero, este auténtico sistema de la deuda se sostiene con base en eludir la
dudosa legalidad y legitimidad sobre la que se sostiene. Cuarto, su impacto no
es neutral, pues no aparece asociada con nueva inversión, y sus pagos quitan
recursos necesarios para otros usos, lo cual termina por vulnerar derechos
sociales. Esto reafirma el carácter social del problema. Los textos ofrecen un
recorrido sobre aspectos legales, económicos, políticos y sociales, tanto desde
una perspectiva nacional como desde el ángulo internacional. (…)
La deuda contra los derechos de los pueblos
Beverly Keene
Algunos
aspectos de la actualidad argentina están sujetos a diversas interpretaciones y
merecen debates profundos, pero en materia de deuda pública no parecen caber
dudas que vamos de mal en peor, y rápidamente. Mal,
porque pese al promocionado “desendeudamiento” de los últimos años, venimos
desde tiempos de la dictadura sin quebrar el ciclo de endeudamiento y hegemonía
que sigue implicando su propio 2 x 1: cada dólar recibido en préstamo
remite como mínimo 2 de ganancias, y otros más en calidad de poder de
dominación6. Peor, porque mientras la economía se estanca con un
profundo ajuste en curso y todos los indicadores de empleo, ingresos, bienestar
social en franco retroceso, la deuda pública financiera ya dio un salto de 35
mil millones de dólares en 2016 y el presupuesto 2017 contempla un nuevo
incremento de 38 mil millones de dólares7. A modo de comparación, durante las
gestiones Kirchner, el promedio de aumento anual de la deuda pública era de
aproximadamente 10 mil millones de dólares. Esta tasa de aumento (13%) en un
contexto de recesión refleja centralmente la firme decisión política de
gobernar con un ritmo de endeudamiento imposible de pagar, realmente inédito
-aun comparando con el período de la última dictadura. Esta política beneficia
directamente no solo a los prestadores, que cobran suculentos intereses, sino
también a los colocadores de la deuda, que cobran importantes comisiones.
Así,
se deja atado el modelo productivo y todo el diseño de política económica a
sectores del gran capital cada vez más concentrado y extranjerizado (incluso
cuando su origen sea local). Hay que resaltar que la nueva deuda pública no
significa más inversión social, sino todo lo contrario. Se endeuda para cubrir
el déficit fiscal que, pese a las promesas electorales de Mauricio Macri, se ha
incrementado, tanto por la rebaja de las retenciones mineras y agropecuarias y
otros regalos fiscales, como por el hecho de que crece el peso de los pagos de
intereses. Lo que no tan eufemísticamente se llama “servicio de la deuda”,
desde hace varios años se ha convertido en uno de los rubros presupuestarios
más grandes y que más crece.
Endeudamiento
ilegítimo e ilegal que el gobierno Macri ahora profundiza, no casualmente a
favor de muchas de las mismas empresas e intereses. Tampoco debe sorprender,
entonces, la actualidad de una de las denuncias de ese período confirmadas por
el Juez Ballestero en la
Causa Olmos , cuando afirma “la existencia de un vínculo
explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo
y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente
del presupuesto nacional desde el año 1976”10. Esa estafa original ha
atravesado diversos momentos: la década perdida de los ’80 (con el fallido
intento del club de deudores), la entrega del patrimonio público en los ’90, la
crisis de 2001 y la política de “pagador serial” de los gobiernos del
kirchnerismo –incluyendo las concesiones al Club de París, al CIADI, o a Repsol,
entre otras. Las formas del endeudamiento fueron cambiando, pero no su esencia
de constituirse en poder de dominación –que vulnera democracia y soberanía- ni
el hecho de que su costo siempre lo paga el pueblo con sus derechos.
Así,
mientras más se profundiza el sistema de endeudamiento perpetuo, más se
incrementan las deudas con el pueblo: la deuda social, la deuda ecológica, la
deuda democrática, la deuda de género, la deuda con los pueblos originarios, la
deuda con la niñez. En
fin, la dicotomía es entre una deuda ilegal e ilegítima, y las deudas que son
legítimas, que tienen al pueblo por acreedor. ¿Qué hacer? Ante este escenario,
se plantea el gran desafío desde el campo popular de reconocernos como
verdaderos acreedores, y dejar de pagar lo que no debemos. Podríamos incluso
decir que, en esta era de la posverdad, todavía luchamos por desmitificar
muchos conceptos de la pre-verdad.
Seguimos
escuchando, por ejemplo, a pesar de todas las pruebas en contra, que el país se
endeuda para tener recursos para invertir, para desarrollarnos. O que existe
margen para endeudarnos porque la relación deuda / PIB es baja, o que hay que
aprovechar la posibilidad de endeudar el país en el exterior – pues los
inversores estarían amigables con el gobierno de Macri, que hizo “los deberes”
para “retornar” Argentina a la supervisión del FMI y al mundo del mercado, o al
mercado mundial. Y desde luego, se insiste, las deudas no solo hay que
pagarlas, sino que es necesario “honrarlas” y “servirlas”. El lenguaje no es
neutro. Al finalizar la dictadura, el futuro presidente Raúl Alfonsín hizo
campaña sobre la promesa de no pagar la deuda ilegítima, y su primer ministro
de economía intentó realizar una investigación en ese sentido, pero fue
abandonada ante las demandas del FMI y demás prestamistas.
Luego,
en especial en los ’90, después de que la deuda sirvió de palanca y palo para
la imposición de la agenda neoliberal como salida a la crisis, la mera mención
de la deuda era un tabú. Al día de hoy continúa siendo difícil incorporar la
problemática en la agenda popular y el debate político, incluso hemos sumado
nuevos obstáculos a su tratamiento en los años recientes. Cuando Néstor
Kirchner planteaba que era bueno pagar la deuda –mediante su reestructuración
en 2005, o más aún con el pago anticipado al FMI – se operó un golpe muy
certero a la opinión progresista, que, aunque no lograba materializar el cómo,
hasta ese entonces mantenía incólume el convencimiento que el no-pago era lo
justo y necesario. Poco después, con el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner, sobrevino el relato del “desendeudamiento” y
cundió la sensación que la deuda –salvo aquella ligada a los fondos buitre–
había dejado de existir, cuando en realidad lo que había sucedido era una
importante conversión de deuda pública externa en deuda pública interna,
política revertida ahora por el gobierno Macri.
Es
decir, no significó una disminución ni del stock de deuda pública ni del costo
de su servicio, sino todo lo contrario. Dado el cerrazón de los mercados internacionales
de capitales y sobre la base del pleno reconocimiento de una deuda probadamente
fraudulenta11 y la reafirmación de condiciones gravosas -como la
cesión de jurisdicción a tribunales extranjeros y la renuncia a la inmunidad
soberana -, se trató, en fin, de un traspaso del grueso de la deuda ilegítima
de manos de prestamistas extranjeros al pueblo argentino entero, mediante su
conversión en deuda intra-Estado. El 60% del fondo de garantía del ANSES, por
ejemplo, está ahora prestado al Tesoro Nacional, para que éste pagara el
servicio de una deuda que la justicia argentina ya había dictaminado
fraudulenta.
Por todo lo anterior, el primer paso en esta nueva fase pasa por
reconocer que la política de endeudamiento permanente es un problema, y que no
es nuevo, sino que viene de lejos y perpetúa ganancias y privilegios para los
prestadores. No huelga reconocer además que la experiencia argentina, si bien
tiene particularidades, es compartida con gran parte de América latina y el
Caribe, así como otros países del Sur global donde el endeudamiento público,
que sostiene el despojo neocolonial y la dependencia, define los modelos
productivos bajo los ejes comunes de empobrecimiento, desigualdad y destrucción
ambiental y cultural. Hay que enfatizarlo: la deuda no es un simple problema de
liquidez o de solvencia, sino una herramienta de dominación que acentúa la
extracción de nuestros bienes comunes y pone en riesgo la democracia, nuestros
derechos humanos, la naturaleza; en fin, la vida de los pueblos en todas sus
dimensiones.
Así
también resulta necesario construir conciencia crítica de que el problema de la
deuda se trata en realidad de un sistema de endeudamiento perpetuo, que la
convierte en ilegítima, ilegal, odiosa e impagable. Desde la red de Jubileo Sur
hemos planteado siempre esta ilegitimidad, fundamental a la hora de plantear la
necesidad de romper con la lógica de este sistema, tan bien explicada en tan
pocas palabras por ese gran escritor y compañero, Eduardo Galeano: “más
pagamos, más debemos, menos tenemos”. Una deuda ilegítima es una deuda que no
debemos, y que tenemos derecho a no pagar (Herrero Garisto y Keene, 2011).
¿Hay alternativas?
Tanto frente a la deuda existente, como ante
la profundización del sistema de endeudamiento perpetuo, hay alternativas de
corto, mediano y largo plazo Impulsar la realización de auditorías integrales
de las deudas es una estrategia que ha dado resultados importantes en contextos
diversos, incluyendo Brasil en los años ’30, Ecuador y Grecia más
recientemente. El caso ecuatoriano es particularmente significativo, pues entre
2007 y 2008 se realizó una Auditoría Integral del Crédito Público, que tuvo por
efecto inmediato una fuerte devaluación de los bonos - los prestadores se saben
dueños de títulos ilegales – y un posterior ahorro al tesoro nacional. Ecuador
no tuvo por ello problemas para volver a emitir deuda o recibir inversiones, y
fue de los paí- ses de mayor crecimiento en la región, contra lo que sugieren
quienes critican las auditorías. En el caso argentino, la recuperación
económica posterior al colapso de 2001 fue construida sobre la base de la
suspensión de pagos de la mitad de la deuda pública, durante 3 años: una
reacción tardía, incompleta y temporaria que, aun así, permitió frenar el
drenaje de riqueza y bienes comunes y empezar a revertir el desastre provocado.
Teniendo la exhaustiva base probatoria que ya existe en Argentina, a partir de la Causa Olmos y otros
juicios que duermen en distintos tribunales federales, es cuestión de
actualizar y completar el proceso de identificar a cada paso la corrupción y
las responsabilidades12. Es preciso trabajar para que el poder judicial asuma
su obligación de juzgar y sancionar los crímenes cometidos, y el poder
legislativo su responsabilidad de contralor. Mientras tanto, se debe suspender
todo pago sobre una deuda cuya legitimidad y legalidad no han sido comprobadas.
Es esencial quebrar la lógica del sistema de endeudamiento que requiere cada
vez más deuda, para servir a la deuda vieja. En el largo plazo, la construcción
de soberanía financiera pasa por la consolidación de un régimen fiscal más
justo y la aplicación de controles al movimiento de capitales. Al respecto, es
vital reconocer la necesidad de desandar el andamiaje de normas nacionales e
internacionales que el gran capital ha establecido en estos años para facilitar
su operatoria sin trabas: desde el FMI al GAFI (Grupo de Acción Financiera
Internacional), impulsores de la desregulación financiera y las leyes
antiterroristas; los tratados de protección a las inversiones y de “libre”
comercio –que solo liberan los movimientos de capitales y bienes, sin
libertades para las personas-; los mecanismos para la resolución de conflictos
(como el CIADI), que menoscaban la soberanía de los Estados y habilitan la
acción de tribunales foráneos o árbitros privados vinculados a los intereses
corporativos, entre otras. Es necesario que los Estados asuman la primacía de
los derechos humanos por sobre las demandas del capital y que entre todos,
creemos la fuerza y mecanismos necesarios para asegurar su protección. Una
ventaja de estas luchas, como ocurrió con el ALCA hace poco más de una década,
es que permite construir alianzas amplias en toda la región, y más allá
también. Ahí está nuestro gran desafío: para 18 construir las alternativas que
queremos, cobra vital importancia la lucha de los pueblos. Por eso la
centralidad de impulsar una gran campaña popular hacia el financiamiento
soberano, contra el sistema de endeudamiento perpetuo, tal como acordamos en la I Conferencia Internacional
sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación – Resistencias y Alternativas hacia el
Buen Vivir, realizada aquí en Buenos Aires, hace dos años.
Para ello, es
necesario articular las diversas resistencias y propuestas contra el ajuste
social, el extractivismo, el “libre” comercio, la impunidad corporativa, las
mega-represas y los megaeventos, la criminalización de la protesta, la
militarización, el avasallamiento de los pueblos originarios… vincular a todas
y todos quienes pelean por la soberanía y la autodeterminación en defensa de
nuestros derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. No hay
tiempo que perder para avanzar en la misma, reconociendo que forma parte del
igualmente impostergable desafío de construcción hacia un nuevo proyecto popular
superador del colonialismo, del capitalismo, del imperialismo y del patriarcado
y en armonía con la naturaleza.
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