Argentina: Si envenena,
ninguna
práctica es buena
26 de julio de 2018
Damián Verzeñassi opinó sobre la recomendación
de Nación de no poner límites a los que fumigan los campos. Un documento
interministerial de Cambiemos aconsejó no restringir la aplicación de
agrotóxicos si "hay buenas prácticas" agrícolas.
Por Damián Verzeñassi * – Especial para El Ciudadano
Este año los ministros
de Agroindustria y de Medioambiente y Desarrollo Sustentable firmaron una
resolución, la primera del 2018, y acompañados de los de titulares de la
cartera de Ciencia y Tecnología y Salud presentaron un documento para buenas
prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios. Sin citas científicas,
el texto definió que “establecer distancias y superficies no es esencial en una
zona de amortiguamiento”. Negaron las publicaciones científicas que demostraron
la presencia de agrotóxicos en ríos, lagos, agua de lluvia, alimentos, así como
las que evidencian los daños en la salud de las personas y comunidades
expuestas a estos químicos, reconocidas por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, más conocida por la sigla FAO. El anexo del documento tiene material
técnico escrito por personas con conflictos de interés con la agroindustria. Algunos
datos incluso son anteriores a la reclasificación que del glifosato y el 2.4-D
que hizo la
Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de la OMS
en 2015.
El Ministerio de
Salud, que en el año 2015 reconoció el daño en la salud de los agrotóxicos e
incluso difundió trabajos científicos que así lo acreditaban, hoy con nuevo
ministro legitimó el documento. Sin embargo, no incluyó los dosajes de
agrotóxicos en orina y sangre que figuran en la Encuesta Nacional
de Nutrición y Salud (ENNYS) por cuestiones de “prioridad, parsimonia y
eficiencia”. El documento también pasó por alto que en Rosario, Gualeguaychú,
San Antonio de Areco, entre otras localidades, han aprobado ordenanzas
prohibiendo el uso de esos venenos y que fue trabajado por las legislaturas de
Santa Fe y Entre Ríos. Estando en discusión proyectos para resguardar la salud
de las comunidades al poner distancias de protección, el documento
interministerial de la Nación parece tener dos objetivos. El primero es frenar
la aprobación de normativas que restrinjan el uso de agrotóxicos,
desprotegiendo aún más a las comunidades ya afectadas. El segundo es cargar la
responsabilidad de los daños que generan los venenos sobre los hombros de los
productores y aplicadores. En síntesis, consolida un modelo extractivista
venenodependiente que beneficia a las corporaciones del agronegocio y pretende
“marcarle la cancha” a los legisladores locales y provinciales para evitar la
protección de la salud del pueblo.
En Santa Fe el
proyecto de Ley para regular el uso de agrotóxicos espera en la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados para su tratamiento, así como el de fomento a la agroecología.
Diógenes Chapelet falleció en enero de este año. El campo de
al lado de su casa fue fumigado mientras él estaba en su patio, respirando.
¿Qué esperan los legisladores para tratar la ley?
La propuesta de Nación
Para completar el
documento, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, dijo: “Si se
aplican determinadas buenas prácticas agrícolas la actividad es inocua para la
salud de la población y el medio ambiente”. El funcionario contradijo, entre otros
pronunciamientos, al documento científico elaborado en 2010 por la Universidad Nacional
del Litoral (UNL) sobre la toxicidad del glifosato, que en su página 144
señala: “No existen agroquímicos inocuos”. También fue en contra lo que dijo la
subdirectora general de la FAO, María Helena Semedo: “El vertido de residuos en
forma de pesticidas, fertilizantes, antibióticos y metales pesados en el agua y
los terrenos que se utilizan para la agricultura supone una importante fuente
de contaminación”. ¿Sabrá el ministro que el presidente de la Nación, su jefe,
hizo instalar en la Casa
Rosada una huerta agroecológica para producir verduras sanas
para él y su familia? ¿Será que el presidente no cree en las “buenas prácticas”
que pregona su ministro?
Investigadores de
Conicet como Andrés Carrasco (de la Universidad de Buenos Aires), Damián Marino
(de la Universidad de La Plata), Delia Aiassa (de la Universidad de Río
Cuarto), Rafael Lajmanovich (de la Universidad Nacional
del Litoral), Silvana Rosso (de la Universidad Nacional
de Rosario), y María del Pilar Díaz (de la Universidad Nacional
de Córdoba) son ejemplos de quienes trabajan en “ciencia digna”. Es la que
entendemos desde nuestras universidades públicas como la que ha generado una
importante cantidad de trabajos científicos sobre los daños en la salud y el
ambiente de este modelo agroindustrial dependiente de los organismos
modificados genéticamente y los venenos. La pregunta es: ¿De qué ciencia hablan
los funcionarios nacionales cuando dicen “buscamos que las regulaciones tengan
una base científica”? Más cuando en el documento definieron de “innecesario”
establecer distancias de protección para los pueblos porque con “buenas
prácticas” no habría riesgos a la salud y al ambiente.
Lujo y vulgaridad
El ministro de Ciencia
y Tecnología, Lino Barañao dijo que debe haber “una agricultura industrial para
las personas que simplemente quieren comer”, y otra para quienes quieran
alimentarse saludablemente. “Es un fenómeno que podemos denominar como «lujo
responsable» o «consumo sustentable»” reconociendo que genera “un conflicto por
la presencia de residuos de fitosanitarios que en los alimentos ecológicos no
se permiten. Por eso, hay una iniciativa que tiene factibilidad que es crear
valles protegidos o separados del resto”. El ministro fue claro: producir
alimentos sanos es factible y puede garantizarse en áreas aisladas, que no
puedan contaminarse ni con transgénicos, ni con agrotóxicos. El problema parece
ser que solo accederán quienes puedan pagarlos.
En un mundo donde por
cada dólar que se paga por una comida industrializada se deben pagar otros dos
dólares en daños ambientales y a la salud, decir que alimentarse de forma
saludable es un “lujo responsable”, suena a cinismo. Comer no es lo mismo que
alimentarse. Alimentarse no puede ser un lujo ni un “privilegio de
presidentes”. Alimentarse es un derecho humano y el Estado tiene la obligación
de garantizarlo y también el de vivir en un ambiente saludable. Suponer que la
cadena agroindustrial, que funciona por el interés comercial, alimentará al
mundo no tiene fundamentos. Si la agroindustria depende de 400 millones de
litros de venenos por año, contamina y enferma, no es sustentable. Si la comida
tiene veneno, no es alimento. Si envenena, ninguna práctica es buena.
*Director del Instituto
de Salud Socio Ambiental de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR). Desde 2010 desembarca con un grupo de profesionales y alumnos
en sus últimos años de carrera en 29 localidades de las cuatro provincias del
núcleo agropecuario argentino. En más de 80 mil entrevistas médicas relevó que
en las personas que viven rodeadas por la vida industrial del agro las
patologías glandulares, respiratorias y los casos de cáncer aumentaron desde
hace más de dos décadas, cuando los agrotóxicos hicieron su entrada en la vida
del campo.
25 de julio de 2018
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_Si_envenena_ninguna_practica_es_buena
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