Venezuela:
el fracaso del proceso
bolivariano
16 de agosto de 2018
Por: Edgardo Lander
El proceso bolivariano en Venezuela, a partir de la elección de
Chávez en el año 1998, comenzó en un momento crítico de la historia del país.
En una sociedad que había entrado ya hacía dos décadas en el agotamiento del
modelo petrolero rentista y su Estado clientelar, una sociedad que atravesaba
una severa crisis económica con un sistema político inestable y profundamente
deslegitimado, las propuestas y el discurso de Chávez lograron crear un sentido
de rumbo, una esperanza colectiva de que era posible otro horizonte para la
sociedad.
En la primera década del gobierno de Chávez se produjeron cambios
importantes en la
sociedad. Se llevó a cabo un proceso constituyente que
culminó con la aprobación, por vía de referéndum, de una nueva constitución. En
ésta se estableció una amplia gama de modalidades de democracia participativa,
destinadas no a reemplazar a la democracia representativa, sino a profundizar la democracia. En un
momento en que operaba en todo el continente una fuerte oleada neoliberal, se
constitucionalizaron no solo los derechos políticos, sino igualmente los
sociales, económicos y culturales tales como el derecho a la educación en todos
los niveles y el acceso a servicios de salud públicos gratuitos. Por primera
vez en la historia se reconoció a los pueblos indígenas y sus derechos,
incluidos los territoriales. Se dispuso un amplio control estatal sobre la
industria petrolera y demás industrias básicas.
Con un mayor control público sobre los ingresos petroleros y un
incremento sostenido de los precios de los hidrocarburos, aumentó
sustancialmente el ingreso fiscal. Se produjo una fuerte reorientación del
gasto público hacia políticas sociales, las denominadas misiones destinadas prioritariamente a los
sectores menos favorecidos de la población. Se amplió extraordinariamente la
cobertura de la seguridad social. Como resultado de estas políticas y de un
crecimiento económico sostenido durante varios años, se redujeron
significativamente tanto los niveles de pobreza y de pobreza crítica (medidos
por ingreso monetario), como los índices de desigualdad. Mejoraron todos los
principales indicadores sociales como la matrícula escolar, los niveles de
nutrición, y la mortalidad infantil.
Se produjeron profundos cambios en la cultura política popular. De
unas condiciones generalizadas de apatía y distancia en relación a un sistema
político desprestigiado en el cual había ido desapareciendo toda noción de lo
popular hasta del ámbito del discurso, se pasa a una nueva condición de
optimismo, de dignidad y convicción de que con la organización y movilización
colectiva sería posible la construcción de un futuro mejor. Se dan ricos y
variados procesos de organización popular como las Mesas Técnicas de Agua, los
Consejos Comunitarios de Agua, los Comités de Tierras Urbanos, los Comités de
Salud, y posteriormente, los Consejos Comunales y las Comunas, que en su
conjunto involucraron a millones de personas. Durante más de una década el
gobierno de Chávez contó con elevados niveles de legitimidad en el mundo
popular venezolano y ganó sucesivas elecciones entre los años 1998 y 2012.
En el ámbito latinoamericano, los ejemplos y las iniciativas del
gobierno bolivariano jugaron un papel significativo en la emergencia de los
gobiernos denominados progresistas que cubrieron la mayor parte de la geografía
de América del Sur. Fueron importantes sus iniciativas tanto en la derrota del
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), orden constitucional
neoliberal que el gobierno de los Estados Unidos pretendía imponer sobre todo el
continente, como en la creación de nuevos mecanismos de solidaridad e
integración latinoamericanos: UNASUR, CELAC, Alba y Petrocaribe.
Este extraordinario proceso de cambio se convirtió en una
referencia global, en un rayo de esperanza tanto para pueblos y movimientos
latinoamericanos, como para comunidades tan remotas como los campamentos de
refugiados palestinos en Beirut y movimientos sociales en la India y en el
Sureste Asiático.
Como era de esperarse, en un proceso político definido como
anti-imperialista, y posteriormente como socialista, el proyecto bolivariano
enfrentó durante todos estos años presiones y amenazas externas por la derecha
global, especialmente por parte del gobierno de los Estados Unidos. Desde sus
propios inicios, el gobierno de Chávez confrontó acciones imperiales destinadas
a deponerlo. El gobierno de los Estados Unidos en todo momento ha apoyado
política y financieramente los intentos de la derecha venezolana por
derrocarlo, comenzando por el golpe de Estado de abril 2002 y el paro
petrolero-lockout empresarial que prácticamente paralizó al país durante dos
meses entre los años 2002 y 2003.
Más recientemente, Barack Obama, justo antes de salir de la
presidencia, renovó una orden ejecutiva que declaró a Venezuela como una
"amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política
exterior de los Estados Unidos".[2] En
agosto de 2017, Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar
de Estados Unidos en los siguientes términos:
Tenemos muchas
opciones para Venezuela, este es nuestro vecino.... Estamos en todo el mundo y
tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que son muy, muy lejos, Venezuela
no está muy lejos y la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones
para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario.[3]
Un nuevo paso se dio en agosto 2017 cuando Donald Trump ordenó un
bloqueo financiero a Venezuela. Éste ha tenido una aplicación extraterritorial
mucho más allá de los Estados Unidos ya que muchos bancos de otros países,
especialmente de la
Unión Europea , han suspendido sus operaciones con Venezuela
por temor a represalias del gobierno estadounidense. Al carecer de bancos
corresponsales en los Estados Unidos y en la Unión Europea , el
gobierno ha enfrentado grandes dificultades para sus compras en el exterior
(incluso de alimentos y medicamentos), para tener acceso a nuevas fuentes de
crédito y para realizar pagos de su deuda externa. A diferencia de las
sanciones anteriores dirigidas puntualmente hacia algunos funcionarios del alto
gobierno, estas sanciones económico/financieras afectan directamente a la
mayoría de la población.
El golpe de Estado parlamentario en Brasil y la victoria electoral
de Macri en Argentina, y en general el desplazamiento político latinoamericano
hacia el neoliberalismo y la alianza con los Estados Unidos, ha alterado
significativamente el contexto continental en el cual había operado el proceso
bolivariano hasta recientemente, conduciendo a un creciente y severo
aislamiento, no solo internacional, sino latinoamericano. El gobierno
venezolano no sólo no cuenta con el respaldo latinoamericano que tuvo
anteriormente, sino que enfrenta ataques sistemáticos por parte de la mayoría
de los integrantes de la Organización de Estados Americanos y una presión
constante por parte del denominado Grupo de Lima.
Limitaciones, contradicciones y vulnerabilidades internas del
proceso bolivariano
Sin embargo, este contexto profundamente adverso de modo alguno es
suficiente para explicar la profunda crisis multidimensional que hoy vive el
país.
Como se documentará más abajo, tanto la recesión como la reducción sostenida de
la producción petrolera comenzaron en el 2014, tres años antes de las sanciones
financieras impuestas por el gobierno de Trump. Este proceso político estuvo
atravesado desde sus inicios por profundas contradicciones y vulnerabilidades
internas, contradicciones y vulnerabilidades que se fueron haciendo más
evidentes con el paso del tiempo. Esto hizo que, más allá de los discursos
altisonantes, fuese limitada la capacidad de resistir las presiones externas.
Entre estas destacan:
-Las contradicciones entre un proyecto auto denominado como
anticapitalista y pluricultural, por un lado, y su apuesta por la acentuación extrema
del rentismo y el extractivismo petrolero y minero y la profundización de la
inserción colonial primario exportadora en el régimen global de la división
internacional del trabajo y la naturaleza.
-La extraordinaria dependencia en el papel unipersonal de Hugo
Chávez como líder carismático incuestionado del proceso bolivariano tuvo
consecuencias profundamente contradictorias. Por un lado, la notable capacidad
de liderazgo de Chávez hizo posible los quiebres político culturales que
caracterizaron a las primeras fases del proceso bolivariano, permitiendo
quebrar la jaula de hierro de una sociedad que, a pesar de pasar por una
profunda crisis económica y tener un sistema político profundamente
deslegitimado, estaba en lo fundamental desmovilizada y carecía de horizontes
de cambio creíbles. Chávez logró romper con el letargo, la apatía y la resignación
del mundo popular ofreciendo un nuevo rumbo, una nueva direccionalidad capaz de
capturar los imaginarios colectivos. Pero, por otro lado, el proceso venezolano
vivió igualmente las consecuencias negativas de un liderazgo unipersonal. Este modelo de
liderazgo termina por generar un tipo de conducción caracterizado por el
endiosamiento del líder y la exigencia de incondicionalidad. En este contexto,
el debate crítico estorba y las voces disidentes van siendo marginadas. Se
empobrece de esa manera la posibilidad de debates abiertos y de exploración de
opciones alternativas. En estas condiciones no debe sorprender que muchas de
las decisiones de Chávez fueran improvisadas y terminaran haciéndole mucho daño
al país. Desde el punto de vista de la continuidad del proceso bolivariano la
presencia determinante de este tipo de liderazgo bloquea la emergencia de
liderazgos alternativos, con lo cual la ausencia del líder máximo pone en
riesgo todo el proyecto de cambio.
-La tensión entre los imaginarios y prácticas del poder popular y
la auto-organización desde abajo, por un lado, y políticas de inspiración
leninistas de control desde arriba y la toma de todas las principales
decisiones desde la cúpula del Estado-partido que luego son informadas a la
población a través de transmisiones conjuntas de radio y televisión. De esta manera se va
socavando la confianza en las capacidades de auto-gobierno del pueblo
organizado. Ha habido en estos años una fuerte contradicción entre el impulso y
promoción de múltiples formas de organización popular de base, y el establecimiento
de estructuras de control vertical de estas organizaciones, así como la
generación de una permanente dependencia financiera del Estado, minando así las
posibilidades autónomas de estas organizaciones.
-Han sido igualmente severas las limitaciones de un proceso de
trasformación social concentrado en las dinámicas político organizativas e
institucionales, sin una correspondiente alteración de la estructura económica de la sociedad. Se dan pasos en la dirección de mayor democracia política,
sin que esto esté acompañado de la democracia en el ámbito de la producción. Sin
base productiva propia, las organizaciones populares no pueden dejar de
depender del Estado. De esta manera se acentúa el Estado-centrismo
verticalista rentista y clientelar de esta sociedad, lo cual es poco conducente
a la ampliación de la democracia.
-La contradicción entre la ampliación de la democracia y el
impulso de sus modalidades participativas, por un lado, y por el otro una cultura militar de
mando vertical no deliberativo que ha aportado la fuerte presencia militar en
todos los ámbitos del Estado (ministerios, instituciones y empresas públicas,
gobernaciones, alcaldías) y del partido de gobierno.
-Fueron igualmente severas las consecuencias de que, a nombre de
Ala Revolución@, se fuesen borrando los límites entre lo público-estatal y lo
político-partidista. Cuando se considera que las fronteras entre lo
púbico-estatal y lo político-partidista constituyen separaciones liberales que
deben ser superadas en tiempo de "revolución", se va diluyendo
igualmente la frontera entre lo público y la privado. De esta
manera se crean las condiciones político institucionales para la masiva
corrupción que ha caracterizado al gobierno bolivariano en todos sus niveles.
-La concepción y práctica de la política como una confrontación
entre amigo y enemigo, terminó instalando en la sociedad venezolana una cultura de
sectarismo, desconfianza y de no reconocimiento del otro que dificulta
enormemente las posibilidades de diálogos y acuerdos, aunque sean mínimos, ante
la profunda crisis humanitaria que vive el país.
La condición estructural básica de la sociedad venezolana,
determinante fundamental de las severas dificultades económicas, políticas y
culturales que venía confrontando desde hacía décadas, es la crisis terminal de
su modelo petrolero rentista, su altísima dependencia de la exportación de un
solo producto, y del correspondiente modelo de Estado centralizador y
clientelar. Durante los años del gobierno de Chávez, más allá del discurso, no
solo no se tomaron ni siquiera pasos iniciales en la dirección de una transición hacia
una Venezuela post-petrolera, sino que se profundizó aún más la dependencia del
petróleo, hasta llegar éste a representar el 96% del valor total de las
exportaciones del país. En términos relativos y absolutos se redujeron las exportaciones
no petroleras y las exportaciones del sector privado. Al incremento de la
demanda interna, que se dio como consecuencia de políticas públicas orientadas
al aumento de la capacidad de consumo de la población, no se respondió con un
aumento de la producción agrícola e industrial, sino mediante un crecimiento
sostenido de las importaciones. Una paridad cambiaria extraordinariamente sobre
valuada profundizó la histórica enfermedad holandesa.Importar bienes
del exterior ha sido más barato que producirlos en el país, el comercio y las
finanzas más rentables que la actividad agrícola o industrial. Todo esto acentuó la
vulnerabilidad de la economía e incrementó su dependencia de los ingresos
petroleros. Tanto las políticas sociales, que tuvieron durante unos años un
impacto tan significativo en las condiciones de vida de los sectores populares,
como las iniciativas de solidaridad latinoamericana, han dependido de la renta
petrolera. Se trató en lo fundamental de un modelo político distributivo. La
única alteración significativa de la estructura productiva del país fue su
progresivo deterioro.
Al pasar el proceso bolivariano a ser definido como socialista en
los años 2006 y 2007, y a partir de una fuerte influencia cubana, se identificó
socialismo con estatismo. En ausencia total de un balance informado y crítico
sobre las consecuencias que en Cuba tuvo la pretensión de dirigir la totalidad
de la actividad económica desde instituciones del Estado, hoy cuestionada en el
nuevo texto constitucional que se debate en dicho país, una muy amplia gama de
empresas agrícolas, industriales, de servicios y comerciales pasaron a ser
empresas estatales, un total que ha sido estimado en 526.[4]
La mayor parte de éstas pasaron a ser gestionadas en forma
deficiente, con limitadas inversiones, así como niveles bastante generalizados
de clientelismo y corrupción. Carecieron de las divisas requeridas para su
mantenimiento y actualización tecnológica. La grotescamente distorsionada
estructura de precios de la economía venezolana (una taza de café en una
cafetería costaba, a mediados del año 2018, lo mismo que 250 mil litros de
gasolina de 95 octanos) ha afectado por igual a las empresas públicas y
privadas. Lo mismo ocurre con la inflación e hiperinflación que impide la
realización del cálculo económico requerido para la gestión de toda unidad
productiva. Su dirección fue puesta en manos de "gente de confianza
política", con frecuencia militares, aunque éstos no tuviesen conocimiento
alguno de la actividad que les tocaba gestionar. La mayoría de estas empresas ‑desde
las grandes plantas de acero y aluminio hasta pequeñas empresas de alimentos-
pasaron a producir pérdidas y solo pudieron mantenerse activas como
consecuencia de los aportes que les hacía el Estado a partir de la renta
petrolera. Cuando el Estado deja de tener capacidad para estos subsidios, se
profundiza la crisis de estas empresas.
El sector privado no se encuentra en mejores condiciones. De
acuerdo a la última encuesta de la cámara empresarial de la industria,
Conindustria, para mediados del año 2017, estaba siendo utilizada solo 45% de
la capacidad industrial instalada.[5] Para mediados del año 2018, esta cifra
había descendido significativamente.
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