Las élites agrarias en
la política ecuatoriana
11 de agosto de 2018
Por Anahí Macaroff
La línea
de fuego
Cuando uno se pregunta quienes ostentan el
poder político en el país, desde el sentido común una primera respuesta
apuntaría hacia los gobernantes, pero incluso desde el sentido común esta
resuena como una respuesta incompleta, es entonces cuando volvemos la mirada
sobre las élites como un grupo reducido -no necesariamente homogéneo.
Y su característica es la de ubicarse en la
cúspide de la jerarquía social a partir de una combinación de factores
económicos, políticos y de prestigio que le permite ejercer el poder (Espinoza,
2015; Rojas, Tapia y Bazoberry, 2000) y controlar las instituciones -políticas,
estatales, educativas, sociales- que garantizan su reproducción y permanencia
tanto material como simbólica (Mills, 1993).
Este artículo propone una aproximación a las élites ecuatorianas y
sus formas de participar o accionar dentro de la política que nos permita, no sólo
distinguir quienes están detrás del poder sino también, qué recursos y
estrategias despliegan para asegurar sus lugares de privilegios. En este
sentido veremos que en ocasiones gobernantes y élites son los mismos y en otras
aunque los primeros no se correspondan con los segundos, las élites encuentran
maneras diferentes según la coyuntura historia para influenciar las decisiones
políticas.
Para entender la conformación actual de las élites realizaremos un
breve recorrido histórico de las élites agrarias que indague sus mecanismos de
legitimación económica y simbólica, las ideas y creencias políticas a partir de
las que se constituyen sus organizaciones y con cuales intervienen en la vida
política, así como los niveles de articulación y formas de relacionamiento con
el Estado.
Partimos de considerar que, élites económicas
y élites políticas son en gran medida causales y dependientes, ya que cuando no
son a la vez élites económicas y políticas despliegan estrategias para ejercer
una influencia política que garantice su acumulación económica. Es justamente
el poder económico de estos grupos lo que les sirve para incidir en el campo de
la política. Si
bien, no son un grupo homogéneo y aparecen como un grupo reducido que en
momentos actúan como un núcleo compacto; construyen un sentido de superioridad
simbólica y una estructura jerarquizada que se basa en una combinación de
factores culturales (raciales y étnicos) que los consolidan, no sólo cómo un
grupo que ostenta riquezas, sino como un grupo distinto de la sociedad.
Y para su reproducción simbólico cultural
comparten espacios de sociabilidad -Club la Unión de Guayaquil-, se reclutan y
forman en los mismos colegios, universidades, empresas y ostentan una posición
de poder (Mills, 1993).
Entre la composición de la clase dominante y
en la combinación de factores que nos permiten hablar de élites nos vamos a
referir a la “cúspide” de esta estructura representada por las grandes élites
nacionales, dejando para otra ocasión su relación con élites menores de
carácter más locales las cuales se encuentran discursivamente enlazadas y
subordinadas a las élites nacionales.
Por último, hay que señalar que tal como lo demuestran los aportes
de varias personas investigadoras (North, Larrea, Herrera, Guerrero, Benavides
y Quevedo) en Ecuador la conformación de las élites económicas y políticas
tienen un origen terrateniente que se puede rastrear desde la primera República ,
donde el poder económico de las élites es posible gracias a la gran propiedad
de tierra y la explotación de la fuerza de trabajo indígena a través de formas
serviles. Podríamos distinguir dos grupos de élites terratenientes de carácter
regional. Por un lado, están la élite serrana más “tradicional”, heredera de
las formas coloniales de explotación de la fuerza de trabajo indígena, el
concertaje de indios en las haciendas; y por el otro lado está la élite costeña
que se consolida gracias al boom de la producción de cacao primero y luego con
el boom bananero, en plantaciones “más modernas” cuyo proceso de expansión está
ligado a la inserción del país en el mercado mundial determinando su carácter
dependiente.
El Estado como inversor y canalizador de los
conflictos sociales
Para finales del siglo XIX las élites
comienzan a organizarse en Cámaras. En 1889 se crea la Cámara de Comercio que
en 1908 se transformó en Cámara de Comercio y Agricultura; en 1903 la Sociedad Nacional
de Agricultura y la Asociación de Agricultores del Ecuador en 1911; y en 1906
se crea la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria (Paz y Miño, 2008). A
partir de entonces las respectivas cámaras tendrán un importante rol en la
negociación política con los diferentes gobiernos.
La década del 60 comienza con una caída de la
exportación bananera, mientras en la sierra las condiciones serviles de trabajo
en las haciendas acumulaban el malestar y descontento de los pueblos indígenas.
Los gobiernos militares serán los encargados de llevar adelante las reformas
impulsadas por la Alianza para el Progreso, elaboradas tras el triunfo de la
revolución cubana para evitar su posible “contagio a otros países”.
Si bien los sectores más tradicionales se
opusieron, las reformas agrarias favorecieron a las élites más modernas cuyos
intereses y capitales transgredían el ámbito puramente regional.
La influencia de las élites sobre el Estado
resultaba fundamental tanto por su capacidad de inversión, como por su rol en
la gestión de los conflictos sociales. Por ello cuando tras la primera Ley de Reforma
Agraria en 1964 se crea el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) “los terrateniesntes de la costa y
sierra unieron fuerzas para asegurar que ni los trabajadores agrícolas ni los
campesinos estuvieran representados en el Consejo Ejecutivo de IERAC” (North 1985:434-438). Con esto
lograron tener cierto control sobre la distribución de tierras, especialmente
en los programas de colonización del Oriente que era una vieja aspiración de
los terratenientes.
Durante la segunda Ley de Reforma
Agraria, las Cámaras de Agricultura y Ganadería se opondrán a la redistribución
mediante un discurso centrado en la productividad que logró transformar la
propuesta original de la ley, relegando a un segundo plano el tema de la redistribución. Este
cambio de prioridades les permitió incluir una cláusula, según la cual -con
previo aviso- se otorgaba un periodo de gracia a los terratenientes para hacer
su producción más eficiente y evitar la expropiación (López 1994; North 1985).
La inversión realizada por los gobiernos
militares gracias a los ingresos petroleros de los años 70 apuntaló el
crecimiento de los agronegocios y la recuperación del sector bananero mediante
prerrogativas del Estado, especialmente con el grupo Noboa, que incluían la
venta de combustible para el transporte marítimo a precios internos,
notablemente inferiores que sus cotizaciones internacionales, y que se
mantendrán incluso tras las alzas de precios de 1981. Según Larrea (1987), este
puede ser el elemento explicativo más importante del crecimiento de la Exportadora Bananera
Noboa entre 1973 Y 1977.
La política de fomento estatal al modelo de los agronegocios
también benefició a los grandes productores de palma, en especial el grupo de
Palmeras de los Andes y DANEC, así como la Procesadora Nacional
de Alimentos (PRONACA) vinculada a la venta de aves y fertilizantes [1] . Se inició una modernización de
las élites agrarias -nuevas o renovadas- que a partir de ese momento comienzan
a operar mediante la formación de grupos económicos con una visión distinta del
mercado, tanto exportador como para abastecer el mercado interno. En sus nuevas
prácticas, el prestigio de las élites ya no se basa solo en el apellido de
familia, sino que toma la forma de empresas agroindustriales como el mecanismo
económico para desarrollar el capitalismo en nuevas zonas -como por ejemplo
Esmeraldas y Santo Domingo (Benavídes y Quevedo, 2015). Esto no significa que
desaparezcan los emporios familiares sino que conviven y se mezclan dos formas
de operar en el control sobre importantes sectores de la economía nacional
hasta la actualidad.
Los niveles de diversificación nos muestran una transición desde
élites terratenientes y oligarquías a burguesías capitalistas se sostiene
mediante actividades diversificadas que permiten el control de distintas
esferas de la producción, el comercio, las finanzas, el consumo y el mismo
Estado (J. Maiguashca y L. North, 1991; C. Larrea, 2005). Esta transición lleva
a las élites a apoyar un retorno constitucional que les posibilite un entorno
institucional e instrumentos políticos más orientados a las demandas
internacionales de liberalización del mercado.
La democracia empresarial
El retorno a la democracia (1989) dio paso a
una sucesión de gobiernos que aplicaron las políticas del consenso de
Washington, especialmente a partir del gobierno de León Febres Cordero
(1994-1998) del Partido Social Cristiano y representante de las élites
“costeñas”. Quien durante años ocupo puestos gerenciales dentro del Grupo
Noboa, fue director y presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y
presidente de la
Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador.
Con el neoliberalismo asistimos a la
eliminación de la autonomía relativa del Estado, siendo un elemento frecuente
que los presidentes de los gremios de las élites como las Cámaras de
Agricultura, entre otros, pasen a ocupar puestos de alto rango dentro los
gobiernos y desde allí elaboren política pública y legislación a favor de sus
intereses sectoriales. Un ejemplo claro fue la privatización de las empresas
estatales como la entrega a manos privadas de toda la infraestructura y las
empresas estatales ligadas a la promoción agrícola, la red de silos estatales
ENAC pasó a empresas privadas en las que tenían acciones los mismos funcionarios
del momento [2] o la empresa de fertilizantes Fertisa
que fue vendida al grupo Wong; otro ejemplo fue La Ley de Desarrollo Agrario
(julio de 1994) impulsada desde la Cámara de Agricultura de la Primera Zona
conjuntamente con el Instituto de Estrategias Agropecuarias (IDEA)[3] que, entre otras cosas, permitió el
registro de tierras comunales como propiedad privada, la venta de tierras
estatales a agricultores individuales y la libre importación y distribución de
insumos y semillas. Medidas que se dan cuando la expansión de la producción de
flores requería insumos y tecnologías importados.
El accionar político de las Cámaras de Agricultura no se limitaba
a la colocación de funcionarios sino que también apelaban a posesionar
discursos para constituir una opinión pública que respalde sus intereses. Por
ejemplo, tras el surgimiento del movimiento indígena de 1990, las Cámaras de
Agricultura y Ganadería contratan expertos extranjeros que les ayuden a
contrarrestar los discursos y demandas indígenas estableciendo una relación
entre reforma agraria y deterioro económico.
En 1999, la caída del precio internacional de
banano provoca una crisis del sector que genera tensión entre exportadores y
productores porque los primeros se negaban a cumplir con el precio oficial de
la caja del banano, mientras los productores presionan al gobierno para que
asegure el pago del precio oficial, las principales firmas exportadoras
presentaron una demanda judicial contra el gobierno con el objetivo de que se
anule el decreto mediante el cual se creó el Instituto Ecuatoriano del Banano,
un organismo con atribuciones de contralor y sanción. Entre los demandantes se
encuentra la compañía exportadora de banano Costatrading, cuyo dueño y gerente
era el presidente del Congreso, Juan José Pons Arízaga [4] de
la Democracia
Popular , partido de Jamil Mahuad el principal responsable de
la dolarización.
La crisis del banano evidenció conflictos
internos entre las élites que conformaban el gobierno y el nivel de influencia
política alcanzado del sector exportador que ese año se organiza en la
Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) -creada para defender
los intereses de las grandes exportadoras de banano tanto nacionales como
transnacionales [5] , hasta la actualidad AEBE se
consolidó como interlocutora de los exportadores con el Estado, Sergio
Seminario, primer presidente de AEBE terminará al frente del ministerio de
Agricultura unos años más tarde, mostrando el poder del sector exportador
durante el neoliberalismo.
Los sectores ligados a los agronegocios -muchos surgidos entre los
50 y 70- serán los grandes beneficiarios de este periodo y devienen en grandes
grupos económicos como Pronaca, La Favorita, La Fabril, DANEC, Florexpo,
Agripac, REYBANPAC, Consorcio NOBIS, Exportadora Bananera Noboa, Nestlé, entre
otros, los cuales fortalecieron sus espacios de negociación con el Estado a
través de las cámaras y asociaciones (Benavídes y Quevedo, 2015).
Las élites durante la Revolución Ciudadana
Tras más de 20 años de políticas neoliberales,
la crisis económica (1999) deriva en una crisis de legitimidad política y
económica. La llegada al poder de Rafael Correa (2007-2017) encarnaba –como
años atrás lo había hecho Lucio Gutiérrez (2003-2006)- la esperanza de una
renovación política y la promesa de recuperar la autonomía relativa del Estado.
El nuevo gobierno implicó la pérdida del control directo de las
élites -al menos de altos cargos- dentro del Ejecutivo [6] y
el despliegue de una estrategia de incidencia mediante el lobby sobre el
Ejecutivo y la
Asamblea Nacional desde sus asociaciones gremiales como las
cámaras y un elemento nuevo que fue la influencia política realizada
directamente desde empresas y grupos económicos.
En el caso del Ejecutivo se dieron una gran cantidad de recambios
y si bien nunca llegó a conformarse un gabinete empresarial, las élites
encontraron espacios permeables y funcionarios que actuaron como nexos para
canalizar sus intereses.
En el caso de la Ley de Tierras, Territorios y
Comunas, la Cámara de Agricultura de la 1ra. Zona elaboró su propio proyecto de
ley, el cual fue acogido por la Federación Nacional de Cámaras de Agricultura y presentado por
Fernando Cáceres, asambleísta de Alianza País. Aunque el proyecto no prosperó,
lograron evitar que se apruebe el proyecto defendido desde las organizaciones
sociales y que se promulgue una ley que respeta los privilegios de la
agroindustria y donde prima la lógica productiva de los agronegocios, retomando
el discurso de que la pequeña propiedad y la economía campesina no son
rentables.
Durante este periodo, el proceso de
legitimación de las élites ya no se basa únicamente en el prestigio y poder
económico de las familias, sino que apelan a la construcción de un discurso que
presenta sus intereses como intereses del común y para esto se valen del
control que tienen sobre los medios
de comunicación.
De este modo, las élites no dependen únicamente de tener
representantes directos en el Estado, sino que pueden valerse de trabajadores
públicos funcionales y en muchos casos convencidos de aplicar políticas
“desarrollistas”. Un ejemplo es el Plan Semilla, que consiste en la entrega de
Kits de insumos agropecuarios generando dependencia de los campesinos a las
lógicas de la agroindustria y beneficiando a las importadoras de insumos como
Agripac, Ecuaquímica, Pronaca/India y Del Monte, entre otras, que entre 2006 y
2016 duplicaron sus ingresos gracias a la transferencia de recursos del Estado [8] .
Además, en un marco de mayor transnacionalización del capital, las
élites ligadas a los agronegocios de exportación (banano, flores, camarón y
otros) desplegaron una fuerte campaña para presionar al gobierno a que retome
las negociaciones y firme un tratado comercial con la Unión Europea. La
campaña no solo se basaba en los supuestos beneficios, sino también en las
catastróficas consecuencias -ante las posibilidad de que se acaben las
preferencias arancelarias- para la economía del país y los empleos si se
demoraba en la firma.
De este modo, las élites buscaban el apoyo de
la opinión pública y las clases subordinadas, bajo el discurso de que su
beneficio sería el beneficio de todos. Finalmente en 2016 consiguen su cometido
y al final de su gobierno Rafael Correa firma el tratado multipartes con la Unión Europea.
Lenín Moreno y el retorno de las élites en el
Estado
Moreno quien se presentó como candidato de la
continuidad, triunfa en una ajustada segunda vuelta contra el banquero
Guillermo Lasso. Ya en el poder busca alejarse radicalmente de la figura de su
antecesor y generar una serie de alianzas propias que le permitan
sostenibilidad.
Organizaciones y sectores sociales a quienes
el gobierno anterior había negado y cerrado las puertas vieron una oportunidad,
sin embargo la debilidad en la que se encuentran llevó a que apenas consigan
algunas concesiones y espacios marginales dentro del nuevo gobierno.
En cambio, las élites que al final del gobierno
anterior tenían cada vez más influencia pero no representantes directos ahora
cuentan con figuras propias en sectores claves del gabinete como: la ministra de
Industrias Eva García Fabre; empresaria, guayaquileña cercana las Cámaras de
Guayaquil y relacionada con el alcalde Jaime Nebot; El ministerio de turismo en
manos de Enrique Ponce de León, director general de la cadena hotelera
transnacional Decameron; Pablo Campana, yerno de Isabel Noboa Pontón dueña del
grupo Nobis del cual fue directivo, al frente del Ministerio de Comercio
Exterior; El Ministerio del Trabajo encabezado por Raúl Clemente Ledesma, hijo
de Eduardo Ledesma, ex presidente y actual director ejecutivo de la Asociación
de Exportadores de Banano de Ecuador; y la reciente incorporación Richard
Martínez quien pasó de la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano al
Ministerio de Finanzas.
El gobierno que arrancó sin un plan claro -más
allá de la ternura [9] –
donde todo parecía estar en negociación cedió rápidamente a las demandas de las
élites. Uno de los espacios utilizados por las élites fue el Consejo Consultivo
Productivo y Tributario [10] , instancia creada según los mismos
voceros del gobierno para unir al Ejecutivo con el sector empresarial y así
dinamizar la economía, crear empleos y simplificar trámites, entre otros
objetivos. De las 139 recomendaciones que el Consejo entregó se aceptaron el
86%, pero como las élites no quedaron conformes y algunas de las
recomendaciones tributarias no aceptadas fueron incluidas en la Ley de Fomento
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y
Equilibrio Fiscal -la Ley
Trole 3 [11] -.
En apenas más de un año, entre otras cosas,
las élites han conseguido:
Reformas laborales: tras una reunión entre el
ministro Ledesma y la Cámara de Comercio de Guayaquil quienes presentaron al
Gobierno su propuesta de “flexiseguridad laboral”, el ministro rechazó
flexibilizar, pero aprobó, mediante Acuerdos Ministeriales, siete nuevos
modelos de contratos para el sector agro exportador y turístico que no son otra
cosa que una flexibilización laboral ligeramente camuflada e inconstitucional.
Amnistía tributaria: bajo el argumento de la
falta de liquidez, se aprueba un condonación de deudas sobre el 100% de las
multas e intereses que las empresas tengan con el Servicio de Rentas Internas
(SRI). Esto quiere decir que a las grandes empresas nacionales y
transnacionales, en el plazo de 90 días, se les perdonará un monto que podría
llegar, según el mismo SRI, a 2.355 millones de dólares, de una deuda total de
aproximadamente 4.600 millones.
Libre Comercio: se retoman las relaciones
cercanas con Estados Unidos, tanto en temas de defensa como de comercio y
política exterior on una orientación hacia la apertura comercial, en busca de
nuevos tratados de libre comercio y el retorno del Fondo Monetario
Internacional (FMI). En líneas generales son las élites ligadas al comercio
internacional y la agroexportación quienes, en la actualidad determinan la
política exterior y las políticas económicas del país.
Finalmente, se concluye que el Ecuador vemos
que las élites políticas, de origen terrateniente, mantendrán una permanente
incidencia en la política.
A partir del siglo XX, la política se desarrolla
paralelamente en dos mecanismos: por un lado, la presión política mediante de
sus representaciones gremiales, a lo cual se suma en los últimos 12 años el
lobby político ejercido directamente desde las empresas y grupos económicos.
Por otro lado, según la coyuntura, hay períodos donde las élites ostentan un
control directo del Estado a través de colocar representantes en puestos claves
del ejecutivo y el legislativo.
La influencia política de las élites sobre el Estado resulta clave
en tanto es un elemento central para garantizar su reproducción material y
simbólica, les permite cimentar ideológicamente la supremacía de un grupo
social sobre el resto de la sociedad y hacer funcionales las instituciones y
políticas estatales para los requerimientos de la acumulación del capital.
El recorrido nos permite ver que, si bien se
pueden señalar periodos de crisis en la hegemonía de las élites agrarias que
provocan una circulación en la cual algunos grupos pierden su posición y otros
se incorporaron, no significan una renovación mayoritaria de las élites. Por
ello hablamos de continuidades en la conformación de las élites las cuales se
transforman y adaptan en función de las transformaciones del capital. Son los
ingresos generados por la explotación agrícola, los que consolidan el primer modelo
de acumulación a partir del cual se genera una diversificación capitalista a
otros sectores de la economía, primero hacia el sector comercial y financiero
que se profundiza en los años 70 con la conformación de grupos económico cuyo
control abarca desde la importación de insumos, hasta inversiones financieras, medios de comunicación, universidades privadas y
otros.
Cabe remarcar que hasta el boom petrolero, la
agricultura representaba la principal fuente de ingresos del país. Con la
explotación petrolera la agricultura y agro-negocios basados en las grandes
extensiones de tierra pasaron a un segundo lugar pero mantienen una importancia
crucial ya que los ingresos petroleros no derivaron en una marcada
industrialización ni cambiaron la condición primario exportadora del Ecuador.
Por ello, más allá de la creciente diversificación, podemos hablar una “vía
terrateniente” de acceso al poder político y económico.
Por último, remarcar uno de los principales
efectos de la transformación en la composición de las élites en función de su
adaptación al capital que es la creciente presencia de capital transnacional,
lo que conlleva un cambio de comportamiento de las élites, hoy sus intereses ya
no son de carácter nacional sino transnacional y se expresan en su marcado
interés por los tratados de libre comercio y políticas fiscales que no limiten
la salida de capitales al exterior.
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*Instituto de Estudios Ecuatorianos
Notas:
[1] PRONACA
inicia sus actividades en el año de 1954, y de a poco se consolida como la
principal productora de alimento para animales. Liderado Luis Bakker
Villacreces, el grupo se constituye como tal en 1979 y registra 156 integrantes
entre personas naturales y sociedades, 109 sociedades nacionales y 24
extranjeras; 13 de sus integrantes se hallan domiciliados en paraísos fiscales
y uno figura en los Panama
papers (Campaña, 2017).
[2] Entre
las empresas beneficiarias se encuentran Almagro y Almagresa, entre cuyos
accionistas se encuentran el propio ministro de Agricultura, Marcel Laniado, el
gobernador del Guayas Jaime Nebot Saadi y José Nebot Saadi (Tamayo, S/F)
[3] La fundación IDEA es
un centro de análisis y desarrollo de propuestas basadas en la Revolución Verde
y la liberalización del mercado, cuyo objetivo es “fortalecer la capacidad del
sector privado para analizar e identificar políticas agropecuarias en
beneficio de la actividad- cuyo presidente es Neptalí Bonifaz, terrateniente
serrano.
[4] En
junio de 2003 la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) incautó varios bienes
de Pons dueño de Costatrading, incluyendo su domicilio, por pertenecer a la
lista de deudores de los bancos quebrados durante la crisis financiera de 1999.
La bananera realizó un crédito en el ex Banco del Progreso del grupo Aspiazú. En
2011 nuevamente se siguieron acciones contra Pons, de acuerdo con el BCE,
cuando la ahora extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) tenía bajo su
administración al Banco del Progreso, inició el juicio de quiebra. Sin embargo,
la empresa, para evitar las acciones de cobro, transfirió todos sus activos a
nombre de la
compañía Faproban S.A. y esta a su vez evitó la incautación
de sus bienes al transferir los activos a la firma Sufruta S.A.
Esta última continúa sus operaciones, dedicándose a la exportación de banano.
El Estado procedió a la incautación de una de las haciendas de la empresa Isabelini ,
ubicada en la provincia de Los Ríos y gerenciada por uno de los hijos de Pons.
[5] Para
esas fechas las exportaciones ecuatorianas se reparten mayoritariamente entre
tres compañías que controlan el 70 por ciento de las ventas. Lideradas por
Exportadora bananera Noboa con el 30 % del mercado; Reybanpac con el 21 %; y la transnacional Standard
Fruit , subisidiaria de Dole Food Co, que funciona como Ubesa
en Ecuador controla el 19 %. Les siguen la exportadora nacional Costatrading
con el 5% del mercado y en quinto lugar la transnacional Del Monte ,
conocida en el país como Bandecua.
[6] La
composición de su gabinete no respondía a la lógica empresarial de años anteriores,
en palabras del periódico El Universo, “Los 17 ministros de Rafael Correa son
casi desconocidos para la población”, aunque señala que algunos son reconocidos
dentro del ámbito académico, la nota da cuenta de un recambio en las figuras
políticas respecta a las décadas anteriores. En el caso de los poderes
regionales y locales nuestra hipótesis para una futura investigación es que no
hubo tal renovación y que muchas de las viejas figuras políticas cercanas a las
élites locales se adaptaron a los nuevos tiempos e ingresaron al partido de
gobierno.
[7] El
mismo presidente R. Correa planteó que, en un contexto de crisis y reducción de
la competitividad de los sectores empresariales, había que disminuir la rigidez
en los sistemas de contratación que no reconocen las demandas de trabajo
temporal, etc. Así que “estamos estableciendo formas de contrato más flexibles
para estos tres sectores: construcción, agropecuario y transporte” (Rafael
Correa, 26 de diciembre 2015, Enlace Ciudadano No 456, en https://www.youtube.com/watch?v=0lXJXf_ykYc).
[8] Revista
Ekos, mayo 2018
[9] El
Plan Ternura, fue una propuesta realizada durante la campaña electoral que
consiste en brindar cuidados integrales a las mujeres en estado de gestación y
a los niños recién nacidos en sus 1000 primeros días.
[10] Cuyo
Comité Ejecutivo con 12 integrantes de instituciones públicas y privadas estaba
compuesto por: Lucía Calderón (Conferencia Nacional de Cámaras de la Economía Popular ),
Richard Martínez (Comité Empresarial Ecuatoriano), Lucciola Muentes (Asociación
Interprofesional de Artesanos Sin Fronteras), Iván Ontaneda (Fedexport),
Edisson Garzón (Grupo ProponLe), Cristian Cisneros (Cámara Nacional de la Pequeña Industria )
y los ministros de Finanzas, Carlos de la Torre; Comercio Exterior, Pablo
Campana; Agricultura, Vanessa Cordero; Trabajo, Raúl Ledesma; Industrias, Eva
García y el titular del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, integran
el Comité Ejecutivo que deberá emprender en la constitución de las mesas
sectoriales.
[11] Así bautizada la ley en referencia a
las leyes Trole 1 y Trole 2 de los años 90 que fueron momentos íconos de la
luchas de los movimientos sociales contra el neoliberalismo y la privatización
de los bienes estatales.
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