De Río Negro a Almería:
la desaparición de Daniel Solano
y
las cadenas globales de la agroindustria
26 de agosto de 2018
Concentración empresarial, valor agregado en la distribución y competitividad en los precios a base de intensificar la explotación laboral y el uso extractivo de los recursos son los ingredientes que conforman los mercados mundiales de alimentos, en manos de unas pocas empresa.
Por Helios Escalante.
Daniel Solano era
un joven guaraní procedente de la comunidad Cherenga de Salta, provincia del norte
de Argentina. En noviembre de 2011 viajó, junto a otras 20 personas de su zona,
a la zona del Alto Valle en la provincia de Río Negro, a trabajar en la cosecha
de peras y manzanas. Se trata de una migración habitual por parte de los
jornaleros procedentes de las zonas más pobres de Argentina, a quienes se
conoce como “golondrinas” y que son, en su mayoría, indígenas. Durante la
temporada de la fruta pasan meses hacinados en barracones, con jornadas
laborales de 10 o 12 horas.
Daniel y sus compañeros comenzaron a trabajar para la empresa Expofrut ,
una de las más grandes de la zona, a través de otra empresa intermediaria,
Agrocosecha. La primera paga fue menos de la mitad del dinero acordado, una
práctica fraudulenta habitual y fuente de importantes beneficios para las
empresas intermediarias. La mayoría prefirió no decir nada, muchos ni siquiera
podían estar seguros de haber sido estafados por la forma poco clara en que se
llevan a cabo los acuerdos. Pero Daniel sí se presentó en las oficinas de la
empresa a reclamar el dinero que se le debía. Habló con sus compañeros y
comenzó a organizar una huelga de protesta para dos días después. Esa misma
noche salió con varios compañeros a una discoteca de la localidad de Choele
Choel. Sobre las 3 de la mañana, un grupo de policías lo sacó del local a la
fuerza, según diversos testigos. No se volvió a saber nada de él.
Siete años después,
y tras una larga lucha encabezada por su padre, el 5 de agosto de 2018 siete
policías eran condenados a cadena perpetua por “homicidio agravado”, tras
demostrarse su responsabilidad en la muerte y desaparición de Daniel. El caso
de Daniel Solano y los demás “golondrinas” asesinados por reclamar sus derechos
pone al descubierto una red de explotación y encubrimiento alrededor de la compañía Expofrut
en la que participan empresarios, políticos, sindicalistas y policías; pero sobre
todo es una muestra de cómo las cadenas agroalimentarias de valor que operan a
escala mundial basan su competitividad en la explotación intensiva de la fuerza
de trabajo y los recursos naturales en los diferentes territorios.
Las tramas de explotación y los otros
desaparecidos
Pocos días de
después de la desaparición de Daniel, su padre Gualberto Solano se desplazó
desde Salta a Choele Choel para tratar de localizarlo. La empresa le facilitó
un abogado, que trató de convencerlo, recurriendo incluso a falsos testigos, de
que Daniel se había ido voluntariamente. Con la ayuda de otros abogados —Sergio
Heredia y Leonardo Aparicio, próximos a la comunidad guaraní de la que
procedían—, lograron no solo reconstruir lo sucedido la noche de la
desaparición, sino desentrañar el procedimiento de estafa a los trabajadores
inmigrantes y la red que la sostenía, identificando a más de 30 personas, entre
ellas los siete policías condenados. Comenzó un largo proceso judicial y de
movilización social, simbolizado en la acampada que Gualberto Solano y los
abogados mantuvieron durante más de seis años en la plaza de Choele Choel.
Gualberto murió en abril de 2018, con la satisfacción de ver sentados en el
banquillo de los acusados a los asesinos de su hijo, pero sin haber llegado a
oír la sentencia condenatoria.
En el transcurso de
la investigación salieron a la luz más desapariciones de trabajadores en la zona. Algunos han
sido claramente identificados, como Hector Villagrán, compañero de Daniel en
Agrocosecha y natural de Jujuy, desaparecido un mes después que él; Pedro
Cabañas Cuba, paraguayo que trabajaba para uno de los falsos testigos de la
desaparición de Daniel, y cuyo cadáver apareció en una finca propiedad de uno
de los policías condenados, o Umberto Cullevay, otro jornalero, cuyo cadáver
apareció en un río. Hay otros cuyos nombres y procedencias se desconocen. Pero
lo que ha quedado claro es que la desaparición de Daniel Solano no es un hecho
excepcional y aislado, sino que el asesinato de jornaleros es la expresión más
extrema de una serie de procedimientos de trata para la explotación laboral en
el sector de la fruta de Río Negro.
Este modus operandi no sólo tiene paralelismos con
el de las redes de trata para la prostitución (captación de personas en
provincias pobres bajo ofertas engañosas, retención y hacinamiento, amenazas y
violencia…), sino que ambos están conectados por múltiples vías. En el caso de
Daniel Solano se ha podido demostrar, por ejemplo, que Paulino Rivera, patrón
de Pedro Cabañas y uno de los testigos que declararon en un primer momento para
desviar la atención de la desaparición de Daniel, es además responsable de la
prostitución de mujeres paraguayas en Choele Choel y Lamarque.
El poder de Expofrut
La provincia de Río
Negro es la principal zona productora de fruta de pepita (manzana y pera) de
Argentina. Forma parte de las llamadas “economías regionales extrapampeanas”,
desarrolladas en los años treinta a partir de una serie de especializaciones
productivas en las distintas provincias periféricas (arándanos y cítricos en
Entre Ríos, ajo en Mendoza, tabaco en Salta y Jujuy, yerba mate en Misiones y
Corrientes, aceitunas en Catamarca y La Rioja…) con el objetivo de diversificar
la producción agroganadera argentina.
En esta zona se fundó Expofrut SA en
1971, que fue creciendo en el sector de la manzana al controlar no solamente la
producción sino también el envasado y la distribución. A
mediados de los años 80 comienza su relación con el grupo italiano Bocchi, que
le abre las puertas de los mercados europeos y que en 1993 adquirió la
totalidad de sus acciones, pasando Expofrut a ser su filial argentina. A su
vez, en 2006, el holding belga Univeg, con presencia en cuatro continentes,
adquirió la totalidad del grupo Bocchi. Puede establecerse de esta forma la
línea que va desde los campos de peras y manzanas de la Patagonia, donde los
temporeros trabajan para Expofrut con la intermediación de Agrocosecha, hasta
los mercados europeos controlados por grandes empresas distribuidoras como
Univeg. Es este control del acceso a los mercados globales, junto al alto grado
de explotación al que somete a sus trabajadores, lo que ha permitido a Expofrut
y otras pocas empresas conseguir una posición hegemónica en una economía
regional dependiente de la exportación internacional.
Un dato que permite comprender la influencia de
Expofrut y su vinculación con el poder político es el nombramiento a finales de
2017 de su director, Fernando Oris de Roa, como embajador argentino en Estados
Unidos. Esta decisión se enmarca en la política del presidente Mauricio Macri
de situar a destacadas figuras empresariales en cargos de responsabilidad
política (es el caso de casi todos sus ministros), lo que algunos autores han
denominado la “CEOcracia
argentina”. Oris de Roa no es el único empresario vinculado con la trata de
personas para explotación laboral que ha sido premiado por Macri. El ministro
de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, fue imputado por prácticas
esclavistas, y el actual embajador en España, Ramón Puerta, también lo estuvo
por trata de personas y explotación infantil en sus plantaciones de mate en
Misiones. Se trata, por tanto, del espaldarazo político a un modelo de
explotación laboral intensiva en las zonas rurales.
De Río Negro a Almería
Tal como explica el
economista sevillano Manuel Delgado Cabeza, a
partir de los años 80 “los procesos de producción, distribución y consumo
alimentario se integran por encima de las fronteras estatales; de modo que las
formas de gestión de las organizaciones empresariales que modulan la dinámica
del sector contemplan ahora el acceso, tanto a los recursos como a los
mercados, a escala mundial (global)”.
El caso de Expofrut
ilustra a la perfección este proceso de globalización de la industria
agroalimentaria. El entrelazamiento de capitales y mercancías vinculan a la
empresa argentina con los cultivos de invernaderos en Almería por su relación
con el Grupo Bocchi, primero, y con Univeg, después.
Bocchi llegó a
Almería a principios de los 80 y, al igual que en Río Negro, facilitó la
exportación de productos hortofrutícolas a los mercados europeos en el momento
álgido de la expansión de los cultivos bajo plástico, llegando a convertirse en
el mayor importador de productos almerienses.
Por otra parte, en
la primera década de este siglo, el grupo Univeg acabó adquiriendo el 50% del
capital de diversas empresas almerienses de comercialización de productos
hortofrutícolas, integradas en el grupo YES. La compra del grupo Bocchi por
parte de Univeg en 2006 no hizo sino multiplicar la presencia del operador
italiano en el poniente almeriense, en el marco de una estrategia de
integración vertical (que posteriormente dio otro paso más al fusionarse con
otras empresas dentro de la multinacional Greenyard ) y de firma de acuerdos
laterales con Bayer y Syngenta. Resulta significativo comprobar cómo, por
encima de estos vínculos empresariales, la figura paternalista del fundador y
líder del grupo, Nino Bocchi, tuvo una presencia similar en territorios tan
distantes como la Patagonia y Almería, como muestran las necrológicas
aparecidas tras su muerte en 2008 en periódicos locales de ambas zonas.
Concentración empresarial, valor agregado en la
distribución y competitividad en los precios a base de intensificar la
explotación laboral y el uso extractivo de los recursos (agua, suelo, energía).
Estos son los ingredientes que conforman los mercados mundiales de alimentos en
manos de unas pocas empresas reproduciendo las mismas dinámicas de
especialización exportadora en los distintos territorios. La violencia empleada
contra los jornaleros del Alto Valle de Río Negro no es por tanto una
particularidad regional, ni una excepción. Los asesinatos de Daniel Solano,
Pedro Cabañas o Héctor Villagrán responden a la misma lógica que el de Soumaila Sacko en Calabria,
en junio de este año, o que la violencia sexual contra las jornaleras de la fresa,
también inmigrantes, en Huelva: son intentos de disciplinar la fuerza de
trabajo agraria para imponerle condiciones que hagan competitiva la
participación en los mercados globales.
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