Declaración de Quito.
Pueblos indígenas
de la Cuenca amazónica
en defensa de sus derechos y
sus territorios para la vida plena
y su aporte para enfrentar
el cambio climático
10 de abril de 2018
"Esta región estratégica global de
diversidad biológica y cultural, a la vez tiene una presión enorme por las
actividades extractivas de empresas nacionales y extranjeras, mineras y de
hidrocarburos, infraestructura y monocultivos, así como por la presencia de
otros agentes externos que generan impactos ambientales y sociales
irreversibles para los pueblos indígenas y sus territorios."
La
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA) y sus
organizaciones miembros de los nueve países de la cuenca amazónica: COIAB
(Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña )
de Brasil, CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) Bolivia,
AIDESEP (Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana ) Perú,
CONFENIAE (Confederación de las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana )
de Ecuador, OPIAC (Organización Nacional de los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana )
Colombia, ORPIA (Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas) de
Venezuela, APA (Asociación de Pueblos Amerindios de Guayana) de Guyana, OIS
(Organizaciones Indígenas de Surinam) Surinam y FOAG (Federación de
Organizaciones Autóctonas de Guayana Francesa) Guyana Francesa, reunidos en la
ciudad de Quito, del 16 al 19 de marzo de 2018, en el marco del Consejo de
Coordinación y Consejo Directivo de la COICA, acuerdan emitir la presente Declaración
de Quito:
Considerando:
Que, la cuenca amazónica ha sido el hogar de pueblos
indígenas por más de 10 mil años, y actualmente habitan en esta región 390
pueblos indígenas, más 66 pueblos en aislamiento voluntario, y más de 2,5
millones de indígenas con una diversidad cultural única, basada en una relación
holística con su territorio, que ha llevado a mantener conservados el 28,3% de
territorios indígenas dentro de la cuenca amazónica, abarcando 175 millones de
hectáreas tituladas y más de 100 millones de hectáreas que faltan titular.
Que, los bosques tropicales de la Amazonía son un ecosistema
estratégico para enfrentar el cambio climático, por sus múltiples funciones
ecosistémicas, como la de mega diversidad biológica, regulación hídrica de los
“ríos voladores” y los millones de toneladas de biomasa de carbono forestal
depositado en los bosques tropicales de los territorios indígenas.
Que, esta región estratégica global de diversidad biológica
y cultural, a la vez tiene una presión enorme por las actividades extractivas
de empresas nacionales y extranjeras, mineras y de hidrocarburos,
infraestructura y monocultivos, así como por la presencia de otros agentes
externos que generan impactos ambientales y sociales irreversibles para los
pueblos indígenas y sus territorios.
Que, es importante la consulta previa y la aplicación
aplique según en el Convenio 169 de la OIT, en el artículo 2 establece que “…los
gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de
su integridad…”
Que, existe una presión de inversiones chinas que no cumple
con estándares mínimos internacionales y que causan graves impactos ambientales
y sociales con una consecuenta flexibilización de las normas nacionales.
Los representantes de las organizaciones indígenas nacionales
amazónicas miembros de la COICA, de los 9 países de la cuenca amazónica, ponen
de manifiesto denuncias y preocupaciones para consideración pública nacional e
internacional, en especial de los Estados nacionales amazónicos:
En Colombia, la OPIAC
denuncia que, (1) con el Acuerdo de Paz, sus territorios continúan amenazados
con la presencia de los mismos actores armados al margen de la Ley, y del
propio Estado, que se derivan en
persecución y asesinatos a los líderes indígenas en sus propios territorios, y
se exigen garantías constitucionales plenas para que exista participación de
los pueblos indígenas en el marco de la implementación del acuerdo de paz con
las FARC, respetando el derecho fundamental al consentimiento previo, libre e
informado; (2) la presión en los territorios indígenas por la presencia de
empresas mineras legales e ilegales, ha generado un problema de salud pública
en la región, contaminando con mercurio las fuentes hídricas, así mismo la
exploración y explotación de hidrocarburos en los territorios indígenas,
vulnerando el derecho fundamental al consentimiento libre, previo e informado,
por lo que se exige una solución; (3) la constante vulneración del derecho
fundamental a la consulta previa y a la participación de los pueblos indígenas
en la aprobación de leyes y políticas públicas en temas que les afectan, por lo
que se exige proteger de manera más efectiva el derecho fundamental a la
consulta previa.
En el
Ecuador, si bien es cierto se reconoce el proceso de diálogo
establecido entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas
representadas por la CONAIE y la CONFENIAE, en mesas nacionales temáticas de
trabajo; sin embargo (1) la nueva ronda petrolera y concesiones mineras son una
amenaza permanente a los territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana, y a
su forma de vida; (2) la persecución a líderes indígenas, reflejada en los
procesos judiciales iniciados por al anterior gobierno, aún no se han cancelado
y las demandas de amnistía e indulto para los presos políticos no son
atendidos; (3) se pide a las autoridades de gobierno, el respeto a los derechos
ancestrales de las comunidades, en ese sentido se respalda a la nacionalidad Siekopai
por su derecho ancestral territorial, cultural y espiritual para la
construcción de una casa ceremonial en el punto denominado laguna de KOSA DOPË,
dentro de la Reserva de Cuyabeno en la zona de Lagarto Cocha, que fue parte del
territorio ancestral de esta nacionalidad.
En Perú, los
territorios indígenas sufren una permanente amenaza por (1) las concesiones
forestales, mineras, de monocultivos, infraestructura, bloques petroleros,
tráfico de tierras y trata de personas, y cultivos ilícitos de coca, (2) las
demandas de titulación de sus territorios no son atendidos, y al contrario el
Estado peruano, de manera inconsulta y arbitraria continúa declarando áreas
protegidas en superposición de los territorios indígenas como el caso Yaguas en
el Departamento de Loreto, que atenta contra el uso ancestral de los recursos
del bosque por parte de los propios pueblos indígenas.
En Bolivia, la CIDOB (Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia), menciona que el Ministerio Público rechazó en marzo 2018
la querella penal contra el presidente de la CIDOB, hermano Adolfo Chávez
Beyuma y líderes indígenas, por presuntas irregularidades, sin embargo esta
acción demuestra que la demanda fue un instrumento de venganza y persecución
política del gobierno nacional contra la CIDOB orgánica -que es la única
reconocida por la COICA-, por su resistencia y su lucha por los derechos de los
pueblos indígenas. La CIDOB denuncia que continúa la persecución y división del
movimiento indígena, por parte del gobierno nacional, con la criminalización de
la protesta social por la defensa de los territorios. Además, los territorios indígenas
sufren una permanente amenaza por las concesiones forestales, mineras, de
monocultivos, infraestructura, bloques petroleros, tráfico de tierras, y
cultivos ilícitos de coca.
En Venezuela, se
reconoce en la legislación nacional los derechos de los pueblos indígenas y se
ha ratificado acuerdos y normas internacionales como el Acuerdo 169 de la OIT,
que garantiza la consulta libre previa e informada y la participación de los
pueblos indígenas en asuntos que les afecte. Por lo que se hace un llamado al
gobierno nacional, para que el cumplimiento de dichos instrumentos legales, se
abran mesas de diálogo con las organizaciones nacionales de pueblos indígenas,
para analizar los impactos de proyectos de interés estratégico como en el
llamado Arco Minero, cuya aplicación podría afectar de forma directa a los
pueblos indígenas, a su forma de vida y a sus territorios; y buscar
alternativas viables; así mismo es importante avanzar con la demarcación y
titulación de tierras indígenas que con su visión holística, aportarán en la
conservación y manejo adecuado de los recursos naturales. Es importante que el
gobierno comprenda la importancia de los territorios para los pueblos
indígenas, que lleva a la lucha por la misma y se de cumplimiento al Plan de la
Patria que en su contenido hace referencia a la protección del bosque para la
salvación del planeta y la humanidad.
En Brasil, la COIAB denuncia que (1) no se ha
terminado con la legalización de los territorios indígenas, y se denuncia
también la política gubernamental Marco Temporal que coarta las iniciativas de
legalización de tierras indígenas, (2) se atraviesa por una situación
preocupante en los territorios, por las constantes amenazas por los
garimpeiros, expansión de la frontera ganadera y agropecuaria, y explotación
maderera, que atenta contra los pueblos y su forma de vida. (3) Se denuncia las
acciones legislativas que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas,
como son las leyes PEC215, PLP 227, PEC 419y PL 1610/96. (4) Además se denuncia
que se han incrementado los proyectos de infraestructura sin consulta, así como
la construcción de carreteras, hidroeléctricas, y monocultivos. (5) Se ha
cortado el presupuesto, se ha desestructurado la FUNAI (Fundación Nacional del
Indio). (6) La amenaza constante y persecución al movimiento indígenas, líderes
y lideresas. (7) Tentativa de gobierna nacional y de los estados federales, por
invalidar la Convención 169 de la OIT como en el caso de Roraima. (8) El
gobierno debe atender también, en coordinación con Venezuela, la situación
social del pueblo Warao por la crisis en Venezuela.
En Guyana
Francesa, la lucha por
la titulación de los territorios indígenas ha sido un proceso frente a las
autoridades del gobierno francés, que de forma progresiva ha titularizado tierra
indígena tradicional, dicho proceso debe continuar para asegurar los derechos
territoriales y su gestión holística impulsada por la COICA. Por otro lado,
la minería es una amenaza a los territorios, con el mega proyecto planificado,
los impactos por uso de explosivos y de cianuro traerían graves afectaciones a
la vida de los pueblos indígenas y a los recursos naturales, por lo que se
insta al gobierno a analizar conjuntamente con FOAG los impactos, y aplicar la
consulta y la participación, además se exige una moratoria sobre la minería. Se pide el
cumplimiento del Acuerdo de Cayanne, específicamente el punto con la posición
de la ratificación de la Convenio 169 de OIT.
En Surinam, se ha
seguido un proceso para el reconocimiento nacional de los pueblos indígenas,
sin embargo, queda un camino por seguir para que se aplique la consulta y
participación de los pueblos indígenas, que lleven al pleno reconocimiento de
sus derechos, en casos como la minería que es una actividad de presión sobre
los territorios.
OIS denuncia que, en el noreste de Surinam, el gobierno está haciendo una exploración minera y se están contaminando los ríos con mercurio.
En cuanto al derecho de la tierra, se ha conformado una comisión, en la que los pueblos indígenas deben participar. Además, se han detenido los procesos de concesión de tierras indígenas por la Comisión de asuntos de tierras.
OIS denuncia que, en el noreste de Surinam, el gobierno está haciendo una exploración minera y se están contaminando los ríos con mercurio.
En cuanto al derecho de la tierra, se ha conformado una comisión, en la que los pueblos indígenas deben participar. Además, se han detenido los procesos de concesión de tierras indígenas por la Comisión de asuntos de tierras.
En Guyana, la APA
declara que las concesiones forestales y mineras que el gobierno ha concedido
en o cerca de tierras indígenas constituyen una amenaza para los territorios
indígenas y el medio ambiente. Esto ha llevado a la violación de los derechos
territoriales y de otro tipo debido a la inadecuada, o en algunos casos, la
falta de participación en las decisiones que afectan a los pueblos y sus territorios.
Por lo tanto, se insta al gobierno nacional a entablar un diálogo constructivo
para comprender plenamente la importancia de las tierras y los territorios para
los pueblos indígenas de Guyana.
En Guyana, Surinam y Francia, se presenta el agravante de
que en estos tres países no se ha ratificado aún el Convenio 169 de la OIT
sobre consulta previa libre e informada a los Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes de la OIT, es importante que estos tres países lo
ratifiquen.
Por lo tanto, la COICA y sus organizaciones indígenas
amazónicas miembros, en uso de sus competencias y atribuciones, emiten las
siguientes
Resoluciones:
Demandar a los respectivos gobiernos nacionales de la cuenca
amazónica, la coherencia en sus políticas de desarrollo, respetando los
derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tomando en cuenta que la
Amazonía y su diversidad biológica y cultural son estratégicas a nivel global
para enfrentar el cambio climático.
Demandar de manera firme y consistente, a los gobiernos
nacionales que se respete el cumplimiento del derecho al consentimiento libre,
previo e informado, y el derecho a la participación en todas las decisiones,
políticas y leyes que les afecte de manera directa o indirecta.
Denunciar a la opinión pública la persecución y
criminalización de las y los defensores de los derechos indígenas; y demandar a
los estados el cumplimiento de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos con la erradicación total de la criminalización de la
protesta social por parte de líderes y lideresas de las organizaciones
indígenas, que luchan por la defensa de sus derechos y sus territorios; y
llamar a articular una amplia red de defensa de defensores de la Vida Amazónica
Exigir a los estados nacionales y capitales extranjeros la
indemnización, derechos de servidumbre, compensación y remediación por las
afectaciones y los impactos socio ambientales que han sufrido los territorios
indígenas, por causa de la explotación minera, de hidrocarburos,
infraestructura, megaproyectos y otros.
Exigir a los gobiernos nacionales el respeto por la vida y
la intangibilidad de los más de 66 pueblos indígenas en aislamiento voluntario
en la cuenca amazónica; con políticas de protección efectivas y el
establecimiento de corredores binacionales y trinacionales, según corresponda
para la defensa efectiva de su sobrevivencia
Demandar que los gobiernos nacionales de forma coordinada
con los pueblos indígenas a través de sus respectivas organizaciones nacionales
amazónicas, inicien y/o retomen la delimitación y legalización de más de 100
millones de hectáreas, en los 9 países de la cuenca amazónica. Los territorios
en poder de los pueblos indígenas constituyen un freno a la deforestación y con
ello se garantiza una enorme contribución a la lucha global contra el cambio
climático.
Impulsar la organización de las plataformas nacionales
indígenas de cambio climático, en aplicación del párrafo 135 del Acuerdo de
París, y que estén basadas en las organizaciones territoriales y
representativas de los pueblos indígenas.
Solicitar el apoyo de (1) los gobiernos nacionales de los 9
países de la cuenca amazónica, (2) las organizaciones nacionales e
internacionales, (3) la opinión pública; a las iniciativas que lleva adelante
la COICA y sus 9 miembros, como el Corredor Andes-Amazonas-Atlántico, el
Programa de Defensa de Defensores, Programa de titulación de tierras indígenas
amazónicas, Redd+ Indígena Amazónico; y a nivel nacional iniciativas como
Cuencas Sagradas del Ecuador y Perú enfocados en la conservación de los
territorios, defensa de los derechos, titulación de tierras indígenas,
alternativas económicas y valoración de los servicios ecosistémicos; que
incluye el enfoque de género e intergeneracional (mujeres, jóvenes y ancianos
sabios).
Convocar a las organizaciones indígenas aliadas de COICA, a
los gobiernos nacionales amazónicos, agencias y programas de Naciones Unidas,
organizaciones multilaterales, entidades académicas, entre otros, a participar
en la IV Cumbre
Amazónica , II Congreso de Mujeres y Congreso de COICA que se
realizará del 18 al 22 de Junio del 2018, en Macapá – Brasil, donde se
articularán alianzas y estrategias para avanzar en la deuda histórica de
titulación de al menos 100 millones de hectáreas pendientes, defensa de los
defensores amazónicos, la participación efectiva de las mujeres amazónicas,
desarrollar economías comunitarias de Vida Plena que avancen en el cambio del
modelo extractivista y desarrollista; así como también impulsar la aplicación
efectiva del Acuerdo de París, en especial las alternativas indígenas para
cumplir con las metas de reducción de emisiones de los NDC nacionales.
Para constancia de lo resuelto, en la ciudad de Quito, a 19
de marzo de 2018, firman:
Consejo de
Coordinación de la COICA
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Declaracion_de_Quito._Pueblos_indigenas_de_la_Cuenca _amazonica_en_defensa_de_sus_derechos_y_sus_territorios_para_la_vida_plena_y_su_aporte_para_enfrentar_el_cambio_climatico
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