lunes, 19 de agosto de 2019

"En suma, las mayorías del sector rural que trabajamos la tierra, protegemos nuestro hábitat, nuestro territorio, bosques, biodiversidad y fuentes de agua, hemos luchado incansablemente por cambios fundamentales en la tenencia de la tierra y protección de territorios colectivos que son fuente de vida para todos los bolivianos. Hoy, ante la expansión del capitalismo agrario que mercantiliza la tierra, invade territorios, pone en riesgo nuestra seguridad y soberanía alimentaria, planteamos 18 pilares fundamentales":

Parte 1
18 Pilares fundamentales por una nueva Agenda Campesina-Indígena

Publicado por la Fundación TIERRA Marzo, 2019 Coordinador: Gonzalo Colque Equipo: Irene Mamani, Esteban Sanjinés, Wilfredo Plata, Eloy Valda, Alcides Vadillo, Rubén Martinez, Juan Carlos Rojas, Malkya Tudela y Sergio Vásquez

Este Documento Base ha sido preparado como insumo de trabajo para el Encuentro Nacional Campesino – Indígena “Tierra y territorio: por una nueva agenda de lucha y resistencia desde las comunidades”, Cochabamba, 6 y 7 de abril de 2019. El sector campesino-indígena, los territorios indígenas, los pueblos y naciones originarias, las comunidades interculturales y las comunidades con asentamientos legales y autorizados; en suma, las mayorías del sector rural que trabajamos la tierra, protegemos nuestro hábitat, nuestro territorio, bosques, biodiversidad y fuentes de agua, hemos luchado incansablemente por cambios fundamentales en la tenencia de la tierra y protección de territorios colectivos que son fuente de vida para todos los bolivianos. Hoy, ante la expansión del capitalismo agrario que mercantiliza la tierra, invade territorios, pone en riesgo nuestra seguridad y soberanía alimentaria, planteamos 18 pilares fundamentales:
PILAR 1. Adoptar una nueva ley agroambiental para abolir el tráfico, la especulación y la mercantilización de la tierra, territorio, bosques y agua.
PILAR 2. Intervenir y auditar todas las propiedades agrarias saneadas y tituladas desde el año 2009 con extensiones mayores a 5.000 hectáreas.
PILAR 3. Eliminar en todas sus formas el latifundio en cumplimiento de la Constitución Política del Estado. (…)

Parte 2


¿Cuáles son las razones para
los 18 Pilares Fundamentales?

Los 18 Pilares Fundamentales planteados emergen de múltiples propuestas y conclusiones aprobadas en encuentros, cumbres sectoriales, mesas de trabajo regionales y eventos convocados por comisiones de tierra y territorio, que se han realizado en las vísperas de la Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia de 21 y 22 de abril de 2015 y después de ese evento nacional, ante la necesidad de seguir profundizando las reivindicaciones de los pueblos y naciones indígena originaria campesinas. Algunos de estos procesos participativos son:


• Primer Encuentro Regional convocado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) – Tarija, Chuquisaca y Potosí, realizado el 15 y 16 de noviembre de 2013 en Sucre. La principal conclusión fue la demanda de “mejorar la producción y comercialización de productos con programas de asistencia técnica en riego, semilla, tecnología, mecanización y mejoramiento de caminos”.

• Cumbre Nacional de Tierra y Territorio, Ley Agraria Fundamental y Soberanía Alimentaria, convocado por la CSUTCB y la Confederación Nacional de Mujeres Campesina Indígena Originarias de BoliviaBartolina Sisa (CNMCOB-BS), se realizó en Santa Cruz, el 23 y 24 de abril de 2014. Tuvo lugar con el apoyo de TIERRA, CIPCA e instancias del Estado. Por su urgencia, destacan tres resoluciones: Realizar una auditoría externa al INRA nacional y departamentales y demás instituciones involucradas en el tema tierras (ABT, Viceministerio de tierras, Tribunal agroambiental) relacionadas a la ejecución de los procesos agrarios; convocar a la Comisión Agraria Nacional y fiscalizar y restringir la extranjerización de la tierra.

 • Reunión de organizaciones de Pacto de Unidad en la ciudad de La Paz en las oficinas de la CSUTCB el 19 de marzo de 2015. Participaron las organizaciones de Pacto de Unidad, CSUTCB, CNMIOCB - “BS”, CSCIOB, CIDOB, CONAMAQ, además de organizaciones de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas de Bolivia (CIOEC). Este evento fue para consensuar las propuestas de campesinos indígenas para la Cumbre Agropecuaria.

Las principales propuesta fueron: Revitalización de la madre tierra fortaleciendo la base productiva desde la implementación del modelo agroecológico; el fomento a la agricultura familiar comunitaria y ecológica basados en la política de soberanía en el marco CPE, artículos 307 y 407, numeral I; regionalizar y territorializar las políticas públicas en nuestra estructura orgánica y por regiones en cada departamento definiendo territorios del vivir bien que articulen la estructura territorial, las mancomunidades, las zonas y sistemas de vida.

• Encuentro Departamental de Desarrollo Productivo de Chuquisaca, organizado por la Gobernación de Chuquisaca, se llevó a cabo en Sucre, el 7 de noviembre de 2015. En el Encuentro se priorizó el riego como tema central.

• Encuentro de Autoridades de TCO Territorios Indígenas: Amenazas y Perspectivas. Se realizó en Santa Cruz (Hotel Balneario Rositas), organizado por TIERRA en coordinación con la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), el Territorio Indígena Multiétnico I (TIM I) y Charagua Norte, CEJIS y CIPCA. Entre otros temas, se abordaron: la amenaza a los territorios indígenas por terceros como los empresarios madereros, los nuevos asentamientos de migrantes colonizadores y la construcción de carreteras que favorece el loteamiento de tierras.

• Mesas de generación y concertación de agenda: Fundación TIERRA organizó seis mesas de generación y concertación de la agenda Campesina e Indígena en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, las cuales se realizaron entre junio y agosto de 2018.

El resultado de estos espacios de reflexión y aporte, fue la formulación de una propuesta de Agenda Campesina-Indígena estratégica. En las mesas de diálogo participaron dirigentes y representantes campesinos e indígenas de esas regiones que habían sido parte del ciclo de la “Escuela de formación en gestión de tierra y territorio”, realizada en 2017. Además se integraron dirigentes y representantes regionales de organizaciones campesinas e indígenas de cada región. Ambos espacios, Escuela y Mesas, son parte del proyecto “Mejora de la gobernanza de la tierra en comunidades rurales e indígenas de Bolivia y Perú: Promoviendo el derecho y acceso a la tierra”, el cual cuenta con el apoyo de WeltHungerHilfe.

PILAR 1. Adoptar una nueva ley agroambiental para abolir el tráfico, la especulación y la mercantilización de la tierra, territorio, bosques y agua.

Esta demanda viene desde la “Cumbre Nacional de Tierra y Territorio, Ley Agraria Fundamental y Soberanía Alimentaria” llevada a cabo en Santa Cruz, el 22, 23 y 24 de abril de 2014 por convocatoria de la Comisión de Tierra y Territorio de la CSUTCB. Los puntos centrales tienen que ver con la “desextranjerización” y “descolonización de la tenencia de tierras. El escenario se hizo más complejo porque el crecimiento de la agricultura de exportación, sobre todo soya, ha intensificado temas como la aparición de los llamados “palos blancos”, mercados de tierras sin regulación ni control, todo esto ha provocado el acaparamiento y la mercantilización de la Madre Tierra.

La necesidad de un nuevo marco legal no solo se debe a la emergencia con fuerza del capitalismo agrario en Bolivia sino a los vacíos legales que existen en la actualidad como ser el enfoque agrarista productivista que no recoge suficientemente las necesidades de protección de los recursos naturales: bosque, agua, biodiversidad. Para avanzar en esta línea hacen falta temas como la reclasificación de tipos de propiedad, estableciendo límites de superficie por regiones y actividad, respetando el uso y aptitud de suelos, previo estudios independientes de intereses políticos y económicos.

La formulación de marcos normativos integrales y progresistas es un trabajo por demás complejo que todos los sectores reconocen y dependerá de un conjunto de esfuerzos en todos los niveles para reposicionar la problemática agraria y ambiental en el escenario de debate público, donde puedan participar los más amplios sectores de la sociedad. Para ello, en los eventos participativos todos coinciden en que consolidar los temas de una nueva agenda agraria desde la perspectiva indígena-campesina no es una tarea nada fácil, por cuanto existen divergencias de fondo entre la visión comunitaria y la visión de propiedad familiar o individual. Dicha consolidación requiere de un trabajo minucioso para diferenciar temas y problemas que corresponden al ciclo que se está cerrando, de aquellos que corresponderían a un nuevo ciclo. Este es un esfuerzo, trabajo y ejercicio imprescindible por cuanto ya se sabe que este ciclo de saneamiento 1996- 2019 ya llegó a su límite sin resolver varios problemas. Las nuevas tareas, así como las que quedaron pendientes, deben ser pensadas y proyectadas en función de la realidad actual y la que se prevea en el futuro. Aquí es donde se debe abrir las perspectivas para ensayar las respuestas. Hay que tomar en cuenta lo que demanda la realidad actual, adoptar una perspectiva biocéntrica donde la tierra tiene que dejar de ser un recurso o factor de producción y pasar a considerarla como parte de sistemas de vida, comprender que la tierra ofrece servicios ecosistémicos, junto con otros elementos de un ecosistema. Hay que poner límites más allá del concepto actual de Función Económico-Social (FES) o Función Social (FS) para hablar de límites como Función Económica y Ambiental de la Tierra. No podemos hoy en día limitarnos únicamente a la función económica y se debe garantizar la convivencia de los dos tipos de propiedad: colectiva e individual. También se requiere asumir principios de administración del territorio nacional en un horizonte de largo plazo. No se trata solamente de repartir las tierras sino de repartir gente en el territorio, construir estrategias y sistemas de planificación que garanticen la función social y ambiental y a su vez la tierra y el territorio sean fuente de vida y sobre todo garantía del derecho humano a la alimentación.

PILAR 2. Intervenir y auditar todas las propiedades agrarias saneadas y tituladas desde el año 2009 con extensiones mayores a 5.000 hectáreas.

La Constitución Política del Estado (CPE) aprueba como superficie agraria máxima 5.000 hectáreas. El Artículo 398 señala “se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semi-esclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada y establecida en la ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder de cinco mil hectáreas”. Este límite es aplicable a todas las propiedades agrarias adquiridos después de que entra en vigencia la CPE el 7 de febrero de 2009 (…)

El artículo 315 es otra disposición Constitucional polémico cuando establece que “las personas jurídicas señaladas en el parágrafo anterior que se constituyan con posterioridad a la presente Constitución tendrán una estructura societaria con un número de socios no menor a la división de la superficie total entre cinco mil hectáreas, redondeando el resultado hacia el inmediato número entero superior”. Esto da a entender que una sociedad con personería jurídica puede poseer más de cinco mil hectáreas siempre y cuando cada socio en promedio tenga menos al límite máximo. Este artículo es otro de los añadidos que apareció en el texto final y que responde directamente a las negociaciones de última hora entre el gobierno nacional y los sectores agroempresariales para la aprobación de la Constitución de 2009. Una tarea pendiente es volver a revisar estas contradicciones que no responden al mandato popular del referéndum dirimitorio para evitar adentrarnos en caminos equivocados en el proceso de titulación, algo que está sucediendo actualmente. Pero, además, el latifundio moderno tiene otras formas y expresiones. El latifundio se presenta es invisible en los datos del INRA y títulos de propiedad porque está dividida o fraccionada de forma ficticia en varias propiedades a nombre de varios miembros de las mismas familias o grupos familiares. También el latifundio permanece oculto a nombre de los llamados “palos blancos” que ejercen de propietarios legales pero en realidad otros son los dueños o propietarios reales.

El latifundio burla los controles de las organizaciones del campo o del Estado fácilmente mediante múltiples vías, incluyendo la cooptación de algunos sectores campesinos e indígenas, haciendo alianzas con los pequeños productores o presentándose ante los bolivianos como propiedades que producen los alimentos que comemos. Una prueba de lo dicho es que en el proceso de saneamiento y titulación de tierras no hubo reversiones y expropiaciones de tierras de latifundistas, lo que es una prueba contundente de que las autoridades del sector están consolidando propiedades en las mismas extensiones en que los interesados demandaron desde el inicio.
PILAR 4. Derogar todas las leyes y decretos que distorsionan los mandatos constitucionales, la ley 1715 de 1996 y Ley 3545 de 2006. Mantener leyes que actúan de forma paralela y en muchos casos contradictoria, promueve una anarquía jurídica donde la norma se convierte en una herramienta útil para propósitos específicos. Después de la Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia de 2015, incluso en los años anteriores, las normas agrarias han sido terjiversadas por la férrea acción de poderes económicos vinculados al agronegocio que han acordado con el Estado la aprobación de leyes, decretos y otras disposiciones legales con el fin debilitar, vulnerar o directamente contravenir los mandatos constitucionales y las leyes agrarias. El discurso justificativo siempre es el mismo: Bolivia necesita mayor producción de alimentos y productos de exportación. El instrumento de negociación es la agenda empresarial de 4 puntos. (…)

PILAR 5. Reconducir el proceso de distribución y redistribución de tierras fiscales disponibles a favor de los indígenas, campesinos y pequeños agricultores(…)

En Bolivia, actualmente, la distribución de tierras fiscales es una política pública y en efecto, se está llevando a cabo y de manera acelerada, de hecho, este proceso no tendría precedentes en la historia, pero se trata de una aplicación parcial dado que no hay programas/planes de asentamientos humanos, así como se hizo con las políticas de colonización durante las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. Pero, aquí hay un problema mayor, es que no está cumpliendo con su objetivo principal: dotar tierras a favor de indígenas, campesinos y pequeños agricultores sin tierras o con poca tierra. Los beneficiaros son grupos políticos y económicos vinculados al oficialismo que de ninguna manera cumplen con los requisitos establecidos por Ley. De esta manera, esta política pública no está llegando a los verdaderos beneficiarios.

En un contexto donde la tenencia de la tierra es inequitativa, es decir que hay necesidades en torno a la tierra de los pequeños productores que viven en minifundio, la distribución de tierras fiscales es central en las discusiones de las organizaciones sociales, quienes exigen que este proceso de distribución y redistribución de las tierras debe tomar otros rumbos y necesariamente alejados de intereses políticos y económicos. Una acción urgente anotada es que debe garantizarse la transparencia y acceso a la información.

Los bolivianos necesitan saber qué se está haciendo con las tierras del Estado. Por otro lado, la entrega de tierras a los beneficiarios debería estar basada estrictamente en procedimientos legales y desde un criterio de priorización: a mujeres y jóvenes. Asentamientos humanos planificados, es otro aspecto debatido, cuya exigencia es que deben ser sumamente estudiadas y diseñadas, acompañadas con programas integrales para desarrollar el agro, dado que no bastaría solamente la entrega de tierras para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios que se suponen que son pobres rurales sin tierra o con poca tierra.

PILAR 6. Tomar medidas concretas de protección de la agricultura familiar campesina-indígena ante las permanentes agresiones y presiones de las empresas agroindustriales y capitales extranjeros.

Los movimientos campesinos-indígenas vienen criticando, denunciando y combatiendo a las grandes empresas transnacionales debido a que sus inversiones y acaparamientos están afectando a aquellos que practican la agricultura familiar, diversificada y orgánica. Es una lucha de oposición radical a la privatización de los recursos naturales de agua, biodiversidad, bosques y energía. Las semillas deben ser producidas por el campesinado con tecnologías apropiadas y no en laboratorios de grandes empresas transnacionales. También debe quedar claro que la agricultura del campesinado y comunidades indígenas está vinculada a la existencia de un espacio o territorio geográfico porque son pueblos y naciones fundamentalmente enraizados en un territorio. Son territorios donde a diferencia de la producción agroindustrial que trabaja en campos de monocultivos, la producción a pequeña escala es diversificada, pudiendo producir hasta 10 o 12 cultivos y variedades en la misma parcela.

La pequeña propiedad también es el lugar donde las familias rurales combinan de una forma eficaz las actividades de cultivos con la cría de animales. Por lo tanto, es un “modelo económico de producción”, sino un “modo de vida” que abarca aspectos más complejos y más allá de ver la tierra y la agricultura como actividades económicas. La agricultura a pequeña escala también es el espacio de lucha de las mujeres campesinas e indígenas que mayormente se quedan en el sector ante la migración mayoritaria de los hombres. Es una tarea dura para las mujeres trabajar en pos de la liberación de los valores e injusticias de las sociedades patriarcales. Apostar por la agricultura familias es tomar partida de que los biocombustibles o agrocombustibles no van a solucionar la crisis y empeorarán la crisis del cambio climático.

Los agrocombustibles se han presentado por los empresarios como una solución a la actual crisis energética. Sin embargo, la producción industrial de agrocombustibles aumentará el calentamiento global en vez de reducirlo. La producción de agrocombustibles va reavivar los sistemas coloniales de control de la tierra y provocará mayor uso de agroquímicos, aparte de contribuir a la deforestación y a la destrucción de la biodiversidad. Los agrocombustibles se basan en monocultivos de maíz, caña de azúcar, palma, etc. Requieren de enorme cantidad de agua, tierra y abonos. Distintos estudios demostraron que al final de cuentas los agrocombustibles no son actualmente viables económicamente, por eso tiene subvención de los Gobiernos. Por todo esto, las organizaciones del campo se oponen a los proyectos de ley sobre la extranjerización de la tierra y agricultura en Bolivia y piden devolver el papel protagónico en la producción agropecuaria y seguridad con soberanía alimentaria a la agricultura familiar indígena-campesina. Esto significa que la actual tendencia necesita un golpe de timón antes de que sea tarde.

PILAR 7. Rechazar la llamada “biotecnología” por favorecer solamente al agronegocio y capitales transnacionales y en su lugar hablar de “tecnologías apropiadas” para la agricultura a pequeña escala, sostenible para el medio ambiente e incluyente de todos los pequeños productores del campo.


La demanda de “biotecnología” es simplemente la demanda de libre uso de semillas transgénicas no solo en producción de soya sino también en maíz, algodón, y últimamente se habla de trigo. Los agroempresarios presionan permanentemente para el uso legal de semillas transgénicas pero sus justificaciones no tienen bases sólidas. Las propias estadísticas de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) muestran que la adopción de semillas transgénicas no ha significado un aumento sostenible y representativo del rendimiento. Las tasas de rendimiento se mantienen y siguen siendo las más bajas de la región sudamericana. También existen fuertes cuestionamientos a nivel global sobre el uso de las semillas genéticamente modificadas. Estudios han documentado extensamente una serie de impactos negativos sobre la salud humana, el medio ambiente y la soberanía alimentaria.

Dado que la propiedad intelectual sobre los transgénicos y los insumos pertenece a grandes empresas transnacionales como Monsanto, se teme que la adopción de estas semillas derive en una dependencia crónica por parte de los países en el mediano plazo. Esto no se quiere decir que la agricultura del campesinado esté estática, congelada en el tiempo y utilizando el arado egipcio. Los productores están conscientes que se busca una agricultura dinámica, integral, con innovaciones que estén adaptadas a partir del conocimiento y tecnología moderna. Sin embargo, es necesario adaptar estas tecnologías a las formas de vida de las comunidades campesinas e indígenas y que sobre todo respete el medio ambiente. Los más importante de las “tecnologías adecuadas” es que las mismas deberían estar controladas por el propio pequeño productor. El principio político elemental es que la tecnología debe estar al servicio de las personas, y no al servicio del capital que beneficia solamente a los banqueros y capitalistas.

PILAR 8. Cerrar las fronteras a los productos alimenticios de origen campesino-indígena, a los productos de contrabando, por un protagonismo productivo de las familias campesinas e indígenas en las políticas de seguridad y soberanía alimentaria. Todos sabemos que las importaciones de productos agrícolas y la internación de contrabando han aumentado en los últimos años. El mercado interno de alimentos está saturado de productos que provienen de otros países, en muchos casos sin pasar por los controles aduanero, sanitario, fitosanitario, etc. Tradicionalmente Bolivia importa alimentos procesados y ultra procesados, aspecto que desincentiva y destruye las incipientes industrias y emprendimientos bolivianos que se dedican al procesamiento y transformación de los productos. Pero lo que más preocupa a los pequeños productores es la expansión de productos extranjeros compitiendo en desigualdad con los productos y sus variedades que tradicionalmente proveían el campesinado, las comunidades indígenas y los interculturales de las zonas de colonización o de asentamientos humanos.

Los productos frescos como cebolla, papa, zanahoria, verduras y frutas vienen de países vecinos y se venden a precios que no puede competir 29 por una nueva Agenda Campesina-Indígena el productor boliviano. Se constituye en una competencia desleal que desincentiva la inversión agropecuaria. Si bien existen proyectos de desarrollo productivo agropecuario promovidos por el Estado, todavía falta mucho por avanzar en un enfoque de integralidad de acciones, asistencia técnica a los productores, capacitación en producción agrícola-agropecuaria, acopio de los productos, transformación o valor agregado a los productos, comercialización, incentivos a los productores y créditos.

Por eso se justifica la construcción de una política de Estado para la protección de la pequeña agricultura; el cierre de las fronteras a la competencia de productos agrícolas. Bolivia tiene capacidad plena para tener soberanía alimentaria y no necesita depender peligrosamente de alimentos que se producen en otros países y que dependen de precios internacionales que pueden cambiar en cualquier momento. El cierre de fronteras también debe estar acompañado de forma paralela con medidas de fortalecimiento de la agricultura a pequeña escala y no solamente con medidas paliativas que no resuelven problemas de producción y rendimientos agrícolas.

PILAR 9. Eliminar las tasas de saneamiento injustas que se cobran para la titulación de las pequeñas propiedades. El saneamiento de tierras todavía no llegó a muchas comunidades campesinas minifundiarias del altiplano y valles debido a que los conflictos entre comunidades y entre familias dificulta el trabajo técnico y jurídico del INRA. Pero las familias y comunidades necesitan esclarecer sus derechos de propiedad y tener el respaldo de nuevos documentos de propiedad agraria. La ley indica que el saneamiento es gratuito para las comunidades y pequeñas propiedades por cumplir la función social y porque fundamentalmente el valor económico de las parcelas es bajo. Pero este espíritu de la Ley está siendo vulnerado, viéndose imposibilitados muchos propietarios del campo a emprender el proceso de titulación de sus tierras. Para nadie es desconocido que para el saneamiento el INRA pide los llamados “aportes voluntarios” y contrapartes a los gobiernos municipales para el mismo trabajo. La definición de estos aportes es arbitraria y no existe ningún criterio para establecer el precio por las parcelas o hectáreas.(…)
 PILAR 17. Plantear de forma permanente las problemáticas de los pueblos indígenas en espacios internacionales de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. Las organizaciones de pueblos indígenas en Bolivia, después de un largo proceso de reconformación de sus organizaciones y luchar por sus derechos y reivindicaciones, una larga lucha y conquistas importantes, fueron divididas por algunas autoridades del Estado Boliviano, quitando la independencia en su actuar y convirtiéndolas en prácticamente operadores del partido de gobierno. Las organizaciones legítimas, a través de sus legítimos representantes, hacen conocer una serie de violaciones a sus derechos. Cuando estas instancias pierden su independencia y existen de por medio intereses partidarios, se convierten en instancias que más bien hacen de intermediarios del partido de gobierno y minimizan los problemas, lejos de luchar por sus derechos como pueblos indígenas y hacer conocer las violaciones de sus derechos.

La gente de las comunidades no tiene oportunidad de hacer conocer las violaciones a sus derechos y como sector están siendo perjudicados, sin tener oportunidad de defenderse ante los atropellos que se presentan en sus territorios y pueblos, especialmente por actividades y megaproyectos. Ante lo expuesto, cuando se presentan casos de violación a los derechos de los pueblos indígenas, se movilizan por sus propios medios para presentar los casos ante las instancias jurídicas en nuestros país, y como producto de la cooptación, estas peticiones o procesos solo llegan hasta cierta parte y no tienen la atención necesaria. No hay respuestas que garanticen la seguridad 39 por una nueva Agenda Campesina-Indígena jurídica de sus derechos. Por tanto, es necesario continuar con procesos ante instancias internacionales como la CIDH, donde hay una posibilidad más como pueblos de velar por la protección y respeto de sus derechos.

En Bolivia, tenemos casos emblemáticos donde fueron violados los derechos de los pueblos indígenas, casos que traspasaron las fronteras y fueron de conocimiento internacional: 1. Represión de la 8va Marcha de los pueblos indígenas de las tierras bajas, en Chaparina el año 2011, esta marcha fue liderada por la CIDOB, organización nacional de los pueblos indígenas de tierras bajas en Bolivia. 2. Caso TIPNIS (Territorio Indígenas y Parque Nacional Isiboro Sécure), proyecto que pretendía realizar una carretera por medio el territorio Indígena, sin tomar en cuenta la legislación boliviana y los derechos de los pueblos indígenas.

PILAR 18. Exigir al Gobierno, en todos sus niveles, el respeto y cumplimiento de los derechos de Consulta Previa Libre e Informada frente a cualquier proyecto, medidas legislativas o administrativas que afecten o amenacen los derechos territoriales, culturales y formas de vida de nuestros pueblos


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