Parte 1
18 Pilares fundamentales por una nueva Agenda
Campesina-Indígena
Publicado por la Fundación TIERRA Marzo ,
2019 Coordinador: Gonzalo Colque Equipo: Irene Mamani, Esteban Sanjinés,
Wilfredo Plata, Eloy Valda, Alcides Vadillo, Rubén Martinez, Juan Carlos Rojas,
Malkya Tudela y Sergio Vásquez
Este Documento Base ha sido preparado como insumo
de trabajo para el Encuentro Nacional Campesino – Indígena “Tierra y
territorio: por una nueva agenda de lucha y resistencia desde las comunidades”,
Cochabamba, 6 y 7 de abril de 2019. El sector campesino-indígena, los
territorios indígenas, los pueblos y naciones originarias, las comunidades
interculturales y las comunidades con asentamientos legales y autorizados; en
suma, las mayorías del sector rural que trabajamos la tierra, protegemos
nuestro hábitat, nuestro territorio, bosques, biodiversidad y fuentes de agua,
hemos luchado incansablemente por cambios fundamentales en la tenencia de la
tierra y protección de territorios colectivos que son fuente de vida para todos
los bolivianos. Hoy, ante la expansión del capitalismo agrario que mercantiliza
la tierra, invade territorios, pone en riesgo nuestra seguridad y soberanía
alimentaria, planteamos 18 pilares fundamentales:
PILAR 1. Adoptar una nueva ley agroambiental para
abolir el tráfico, la especulación y la mercantilización de la tierra,
territorio, bosques y agua.
PILAR 2. Intervenir y auditar todas las propiedades
agrarias saneadas y tituladas desde el año 2009 con extensiones mayores a 5.000 hectáreas .
PILAR 3. Eliminar en todas sus formas el latifundio
en cumplimiento de la
Constitución Política del Estado. (…)
Parte 2
¿Cuáles son las razones para
los 18 Pilares Fundamentales?
Los 18 Pilares Fundamentales planteados emergen de
múltiples propuestas y conclusiones aprobadas en encuentros, cumbres
sectoriales, mesas de trabajo regionales y eventos convocados por comisiones de
tierra y territorio, que se han realizado en las vísperas de la Cumbre Agropecuaria
Sembrando Bolivia de 21 y 22 de abril de 2015 y después de
ese evento nacional, ante la necesidad de seguir profundizando las reivindicaciones
de los pueblos y naciones indígena originaria campesinas. Algunos de estos
procesos participativos son:
• Primer Encuentro Regional convocado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB) – Tarija, Chuquisaca y Potosí, realizado el 15 y 16 de noviembre de
2013 en Sucre. La principal conclusión fue la demanda de “mejorar la producción
y comercialización de productos con programas de asistencia técnica en riego,
semilla, tecnología, mecanización y mejoramiento de caminos”.
• Cumbre Nacional de Tierra y Territorio, Ley
Agraria Fundamental y Soberanía Alimentaria, convocado por la CSUTCB y la Confederación Nacional
de Mujeres Campesina Indígena Originarias de BoliviaBartolina Sisa (CNMCOB-BS),
se realizó en Santa Cruz, el 23 y 24 de abril de 2014. Tuvo lugar con el apoyo
de TIERRA, CIPCA e instancias del Estado. Por su urgencia, destacan tres
resoluciones: Realizar una auditoría externa al INRA nacional y departamentales
y demás instituciones involucradas en el tema tierras (ABT, Viceministerio de
tierras, Tribunal agroambiental) relacionadas a la ejecución de los procesos
agrarios; convocar a la Comisión Agraria Nacional
y fiscalizar y restringir la extranjerización de la tierra.
• Reunión de
organizaciones de Pacto de Unidad en la ciudad de La Paz en las oficinas de la
CSUTCB el 19 de marzo de 2015. Participaron las organizaciones de Pacto de
Unidad, CSUTCB, CNMIOCB - “BS”, CSCIOB, CIDOB, CONAMAQ, además de
organizaciones de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas
de Bolivia (CIOEC). Este evento fue para consensuar las propuestas de
campesinos indígenas para la Cumbre Agropecuaria.
Las
principales propuesta fueron: Revitalización de la madre tierra fortaleciendo
la base productiva desde la implementación del modelo agroecológico; el fomento
a la agricultura familiar comunitaria y ecológica basados en la política de
soberanía en el marco CPE, artículos 307 y 407, numeral I; regionalizar y
territorializar las políticas públicas en nuestra estructura orgánica y por
regiones en cada departamento definiendo territorios del vivir bien que
articulen la estructura territorial, las mancomunidades, las zonas y sistemas
de vida.
• Encuentro Departamental de Desarrollo Productivo
de Chuquisaca, organizado por la Gobernación de Chuquisaca, se llevó a cabo en
Sucre, el 7 de noviembre de 2015. En el Encuentro se priorizó el riego como
tema central.
• Encuentro de Autoridades de TCO Territorios
Indígenas: Amenazas y Perspectivas. Se realizó en Santa Cruz (Hotel Balneario
Rositas), organizado por TIERRA en coordinación con la Central Indígena
de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), el Territorio Indígena
Multiétnico I (TIM I) y Charagua Norte, CEJIS y CIPCA. Entre otros temas, se
abordaron: la amenaza a los territorios indígenas por terceros como los
empresarios madereros, los nuevos asentamientos de migrantes colonizadores y la
construcción de carreteras que favorece el loteamiento de tierras.
• Mesas de generación y concertación de agenda:
Fundación TIERRA organizó seis mesas de generación y concertación de la agenda Campesina
e Indígena en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, las cuales se realizaron
entre junio y agosto de 2018.
El
resultado de estos espacios de reflexión y aporte, fue la formulación de una
propuesta de Agenda Campesina-Indígena estratégica. En las mesas de diálogo
participaron dirigentes y representantes campesinos e indígenas de esas
regiones que habían sido parte del ciclo de la “Escuela de formación en
gestión de tierra y territorio”, realizada en 2017. Además se integraron
dirigentes y representantes regionales de organizaciones campesinas e indígenas
de cada región. Ambos espacios, Escuela y Mesas, son parte del proyecto “Mejora
de la gobernanza de la tierra en comunidades rurales e indígenas de Bolivia y
Perú: Promoviendo el derecho y acceso a la tierra”, el cual cuenta con el apoyo
de WeltHungerHilfe.
PILAR 1. Adoptar una nueva ley agroambiental para
abolir el tráfico, la especulación y la mercantilización de la tierra,
territorio, bosques y agua.
Esta demanda viene desde la “Cumbre Nacional
de Tierra y Territorio, Ley Agraria Fundamental y Soberanía Alimentaria”
llevada a cabo en Santa Cruz, el 22, 23 y 24 de abril de 2014 por convocatoria
de la Comisión de Tierra y Territorio de la CSUTCB. Los puntos
centrales tienen que ver con la “desextranjerización” y “descolonización de la
tenencia de tierras. El escenario se hizo más complejo porque el crecimiento de
la agricultura de exportación, sobre todo soya, ha intensificado temas como la
aparición de los llamados “palos blancos”, mercados de tierras sin regulación
ni control, todo esto ha provocado el acaparamiento y la mercantilización de la Madre Tierra.
La
necesidad de un nuevo marco legal no solo se debe a la emergencia con fuerza
del capitalismo agrario en Bolivia sino a los vacíos legales que existen en la
actualidad como ser el enfoque agrarista productivista que no recoge
suficientemente las necesidades de protección de los recursos naturales:
bosque, agua, biodiversidad. Para avanzar en esta línea hacen falta temas como
la reclasificación de tipos de propiedad, estableciendo límites de superficie
por regiones y actividad, respetando el uso y aptitud de suelos, previo
estudios independientes de intereses políticos y económicos.
La formulación de marcos normativos integrales y
progresistas es un trabajo por demás complejo que todos los sectores reconocen
y dependerá de un conjunto de esfuerzos en todos los niveles para reposicionar
la problemática agraria y ambiental en el escenario de debate público, donde
puedan participar los más amplios sectores de la sociedad. Para
ello, en los eventos participativos todos coinciden en que consolidar los temas
de una nueva agenda agraria desde la perspectiva indígena-campesina no es una tarea
nada fácil, por cuanto existen divergencias de fondo entre la visión
comunitaria y la visión de propiedad familiar o individual. Dicha consolidación
requiere de un trabajo minucioso para diferenciar temas y problemas que
corresponden al ciclo que se está cerrando, de aquellos que corresponderían a
un nuevo ciclo. Este es un esfuerzo, trabajo y ejercicio imprescindible por
cuanto ya se sabe que este ciclo de saneamiento 1996- 2019 ya llegó a su límite
sin resolver varios problemas. Las nuevas tareas, así como las que quedaron
pendientes, deben ser pensadas y proyectadas en función de la realidad actual y
la que se prevea en el futuro. Aquí es donde se debe abrir las perspectivas
para ensayar las respuestas. Hay que tomar en cuenta lo que demanda la realidad
actual, adoptar una perspectiva biocéntrica donde la tierra tiene que dejar de
ser un recurso o factor de producción y pasar a considerarla como parte de
sistemas de vida, comprender que la tierra ofrece servicios ecosistémicos,
junto con otros elementos de un ecosistema. Hay que poner límites más allá del
concepto actual de Función Económico-Social (FES) o Función Social (FS) para
hablar de límites como Función Económica y Ambiental de la Tierra. No podemos hoy
en día limitarnos únicamente a la función económica y se debe garantizar la
convivencia de los dos tipos de propiedad: colectiva e individual. También se
requiere asumir principios de administración del territorio nacional en un
horizonte de largo plazo. No se trata solamente de repartir las tierras sino de
repartir gente en el territorio, construir estrategias y sistemas de
planificación que garanticen la función social y ambiental y a su vez la tierra
y el territorio sean fuente de vida y sobre todo garantía del derecho humano a
la alimentación.
PILAR 2. Intervenir y auditar todas las propiedades
agrarias saneadas y tituladas desde el año 2009 con extensiones mayores a 5.000 hectáreas .
El artículo 315 es otra disposición Constitucional
polémico cuando establece que “las personas jurídicas señaladas en el parágrafo
anterior que se constituyan con posterioridad a la presente Constitución
tendrán una estructura societaria con un número de socios no menor a la
división de la superficie total entre cinco mil hectáreas, redondeando el
resultado hacia el inmediato número entero superior”. Esto da a entender que
una sociedad con personería jurídica puede poseer más de cinco mil hectáreas
siempre y cuando cada socio en promedio tenga menos al límite máximo. Este
artículo es otro de los añadidos que apareció en el texto final y que responde
directamente a las negociaciones de última hora entre el gobierno nacional y
los sectores agroempresariales para la aprobación de la Constitución de 2009.
Una tarea pendiente es volver a revisar estas contradicciones que no responden
al mandato popular del referéndum dirimitorio para evitar adentrarnos en
caminos equivocados en el proceso de titulación, algo que está sucediendo
actualmente. Pero, además, el latifundio moderno tiene otras formas y
expresiones. El latifundio se presenta es invisible en los datos del INRA y
títulos de propiedad porque está dividida o fraccionada de forma ficticia en
varias propiedades a nombre de varios miembros de las mismas familias o grupos
familiares. También el latifundio permanece oculto a nombre de los llamados
“palos blancos” que ejercen de propietarios legales pero en realidad otros son
los dueños o propietarios reales.
El latifundio burla los controles de las
organizaciones del campo o del Estado fácilmente mediante múltiples vías,
incluyendo la cooptación de algunos sectores campesinos e indígenas, haciendo
alianzas con los pequeños productores o presentándose ante los bolivianos como
propiedades que producen los alimentos que comemos. Una prueba de lo dicho es
que en el proceso de saneamiento y titulación de tierras no hubo reversiones y
expropiaciones de tierras de latifundistas, lo que es una prueba contundente de
que las autoridades del sector están consolidando propiedades en las mismas
extensiones en que los interesados demandaron desde el inicio.
PILAR 4. Derogar todas las leyes y decretos que
distorsionan los mandatos constitucionales, la ley 1715 de 1996 y Ley 3545 de
2006. Mantener leyes que actúan de forma paralela y en muchos casos
contradictoria, promueve una anarquía jurídica donde la norma se convierte en
una herramienta útil para propósitos específicos. Después de la Cumbre Agropecuaria
Sembrando Bolivia de 2015, incluso en los años anteriores,
las normas agrarias han sido terjiversadas por la férrea acción de poderes
económicos vinculados al agronegocio que han acordado con el Estado la
aprobación de leyes, decretos y otras disposiciones legales con el fin
debilitar, vulnerar o directamente contravenir los mandatos constitucionales y
las leyes agrarias. El discurso justificativo siempre es el mismo: Bolivia
necesita mayor producción de alimentos y productos de exportación. El
instrumento de negociación es la agenda empresarial de 4 puntos. (…)
PILAR 5. Reconducir el proceso de distribución y
redistribución de tierras fiscales disponibles a favor de los indígenas,
campesinos y pequeños agricultores(…)
En
Bolivia, actualmente, la distribución de tierras fiscales es una política
pública y en efecto, se está llevando a cabo y de manera acelerada, de hecho,
este proceso no tendría precedentes en la historia, pero se trata de una
aplicación parcial dado que no hay programas/planes de asentamientos humanos,
así como se hizo con las políticas de colonización durante las décadas de los
60 y 70 del siglo pasado. Pero, aquí hay un problema mayor, es que no está
cumpliendo con su objetivo principal: dotar tierras a favor de indígenas,
campesinos y pequeños agricultores sin tierras o con poca tierra. Los
beneficiaros son grupos políticos y económicos vinculados al oficialismo que de
ninguna manera cumplen con los requisitos establecidos por Ley. De esta manera,
esta política pública no está llegando a los verdaderos beneficiarios.
En un contexto donde la tenencia de la tierra es
inequitativa, es decir que hay necesidades en torno a la tierra de los pequeños
productores que viven en minifundio, la distribución de tierras fiscales es
central en las discusiones de las organizaciones sociales, quienes exigen que
este proceso de distribución y redistribución de las tierras debe tomar otros
rumbos y necesariamente alejados de intereses políticos y económicos. Una
acción urgente anotada es que debe garantizarse la transparencia y acceso a la
información.
Los bolivianos necesitan saber qué se
está haciendo con las tierras del Estado. Por otro lado, la entrega de tierras
a los beneficiarios debería estar basada estrictamente en procedimientos
legales y desde un criterio de priorización: a mujeres y jóvenes. Asentamientos
humanos planificados, es otro aspecto debatido, cuya exigencia es que deben ser
sumamente estudiadas y diseñadas, acompañadas con programas integrales para
desarrollar el agro, dado que no bastaría solamente la entrega de tierras para
mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios que se suponen que son
pobres rurales sin tierra o con poca tierra.
PILAR 6. Tomar medidas concretas de protección de
la agricultura familiar campesina-indígena ante las permanentes agresiones y
presiones de las empresas agroindustriales y capitales extranjeros.
Los movimientos campesinos-indígenas vienen criticando, denunciando
y combatiendo a las grandes empresas transnacionales debido a que sus
inversiones y acaparamientos están afectando a aquellos que practican la
agricultura familiar, diversificada y orgánica. Es una lucha de oposición radical
a la privatización de los recursos naturales de agua, biodiversidad, bosques y
energía. Las semillas
deben ser producidas por el campesinado con tecnologías apropiadas y no en
laboratorios de grandes empresas transnacionales. También debe quedar claro que
la agricultura del campesinado y comunidades indígenas está vinculada a la
existencia de un espacio o territorio geográfico porque son pueblos y naciones
fundamentalmente enraizados en un territorio. Son territorios donde a
diferencia de la producción agroindustrial que trabaja en campos de
monocultivos, la producción a pequeña escala es diversificada, pudiendo
producir hasta 10 o 12 cultivos y variedades en la misma parcela.
La pequeña propiedad también es el lugar donde las familias
rurales combinan de una forma eficaz las actividades de cultivos con la cría de
animales. Por lo tanto, es un “modelo económico de producción”, sino un “modo de vida” que abarca
aspectos más complejos y más allá de ver la tierra y la agricultura como
actividades económicas. La agricultura a pequeña escala también es el espacio
de lucha de las mujeres campesinas e indígenas que mayormente se quedan en el
sector ante la migración mayoritaria de los hombres. Es una tarea dura para las
mujeres trabajar en pos de la liberación de los valores e injusticias de las
sociedades patriarcales. Apostar por la agricultura familias es tomar partida
de que los biocombustibles o agrocombustibles no van a solucionar la crisis y
empeorarán la crisis del cambio climático.
Los agrocombustibles se han presentado
por los empresarios como una solución a la actual crisis energética. Sin
embargo, la producción industrial de agrocombustibles aumentará el
calentamiento global en vez de reducirlo.
La producción de agrocombustibles va reavivar los sistemas coloniales de
control de la tierra y provocará mayor uso de agroquímicos, aparte de
contribuir a la deforestación y a la destrucción de la biodiversidad. Los
agrocombustibles se basan en monocultivos de maíz, caña de azúcar, palma, etc.
Requieren de enorme cantidad de agua, tierra y abonos. Distintos estudios
demostraron que al final de cuentas los agrocombustibles no son actualmente
viables económicamente, por eso tiene subvención de los Gobiernos. Por todo
esto, las organizaciones del campo se oponen a los proyectos de ley sobre la
extranjerización de la tierra y agricultura en Bolivia y piden devolver el
papel protagónico en la producción agropecuaria y seguridad con soberanía
alimentaria a la agricultura familiar indígena-campesina. Esto significa que la
actual tendencia necesita un golpe de timón antes de que sea tarde.
PILAR 7. Rechazar la llamada “biotecnología” por
favorecer solamente al agronegocio y capitales transnacionales y en su lugar
hablar de “tecnologías apropiadas” para la agricultura a pequeña escala,
sostenible para el medio ambiente e incluyente de todos los pequeños
productores del campo.
La
demanda de “biotecnología” es simplemente la demanda de libre uso de semillas
transgénicas no solo en producción de soya sino también en maíz, algodón, y
últimamente se habla de trigo. Los agroempresarios presionan permanentemente
para el uso legal de semillas transgénicas pero sus justificaciones no tienen
bases sólidas. Las propias estadísticas de la Cámara Agropecuaria del
Oriente (CAO) muestran que la adopción de semillas transgénicas no ha
significado un aumento sostenible y representativo del rendimiento. Las tasas
de rendimiento se mantienen y siguen siendo las más bajas de la región
sudamericana. También existen fuertes cuestionamientos a nivel global sobre el
uso de las semillas genéticamente modificadas. Estudios han documentado
extensamente una serie de impactos negativos sobre la salud humana, el medio
ambiente y la soberanía alimentaria.
Dado que la propiedad intelectual sobre los transgénicos
y los insumos pertenece a grandes empresas transnacionales como Monsanto, se
teme que la adopción de estas semillas derive en una dependencia crónica por
parte de los países en el mediano plazo. Esto no se quiere decir que la
agricultura del campesinado esté estática, congelada en el tiempo y utilizando
el arado egipcio. Los productores están conscientes que
se busca una agricultura dinámica, integral, con innovaciones que estén
adaptadas a partir del conocimiento y tecnología moderna. Sin embargo, es
necesario adaptar estas tecnologías a las formas de vida de las comunidades
campesinas e indígenas y que sobre todo respete el medio ambiente. Los más
importante de las “tecnologías adecuadas” es que las mismas deberían estar
controladas por el propio pequeño productor. El principio político elemental es
que la tecnología debe estar al servicio de las personas, y no al servicio del
capital que beneficia solamente a los banqueros y capitalistas.
PILAR 8. Cerrar las fronteras a los productos
alimenticios de origen campesino-indígena, a los productos de contrabando, por
un protagonismo productivo de las familias campesinas e indígenas en las
políticas de seguridad y soberanía alimentaria. Todos sabemos que las
importaciones de productos agrícolas y la internación de contrabando han
aumentado en los últimos años. El mercado interno de alimentos está saturado de
productos que provienen de otros países, en muchos casos sin pasar por los
controles aduanero, sanitario, fitosanitario, etc. Tradicionalmente Bolivia importa
alimentos procesados y ultra procesados, aspecto que desincentiva y destruye
las incipientes industrias y emprendimientos bolivianos que se dedican al
procesamiento y transformación de los productos. Pero lo que más preocupa a los
pequeños productores es la expansión de productos extranjeros compitiendo en
desigualdad con los productos y sus variedades que tradicionalmente proveían el
campesinado, las comunidades indígenas y los interculturales de las zonas de
colonización o de asentamientos humanos.
Los productos frescos como cebolla, papa,
zanahoria, verduras y frutas vienen de países vecinos y se venden a precios que
no puede competir 29 por una nueva Agenda Campesina-Indígena el productor
boliviano. Se constituye en una competencia desleal que desincentiva la
inversión agropecuaria. Si bien existen proyectos de desarrollo productivo
agropecuario promovidos por el Estado, todavía falta mucho por avanzar en un
enfoque de integralidad de acciones, asistencia técnica a los productores,
capacitación en producción agrícola-agropecuaria, acopio de los productos,
transformación o valor agregado a los productos, comercialización, incentivos a
los productores y créditos.
Por
eso se justifica la construcción de una política de Estado para la protección
de la pequeña agricultura; el cierre de las fronteras a la competencia de
productos agrícolas. Bolivia tiene capacidad plena para tener soberanía
alimentaria y no necesita depender peligrosamente de alimentos que se producen
en otros países y que dependen de precios internacionales que pueden cambiar en
cualquier momento. El cierre de fronteras también debe estar acompañado de
forma paralela con medidas de fortalecimiento de la agricultura a pequeña
escala y no solamente con medidas paliativas que no resuelven problemas de
producción y rendimientos agrícolas.
PILAR 9. Eliminar las tasas de saneamiento injustas
que se cobran para la titulación de las pequeñas propiedades. El saneamiento de
tierras todavía no llegó a muchas comunidades campesinas minifundiarias del altiplano
y valles debido a que los conflictos entre comunidades y entre familias
dificulta el trabajo técnico y jurídico del INRA. Pero las familias y
comunidades necesitan esclarecer sus derechos de propiedad y tener el respaldo
de nuevos documentos de propiedad agraria. La ley indica que el saneamiento es
gratuito para las comunidades y pequeñas propiedades por cumplir la función
social y porque fundamentalmente el valor económico de las parcelas es bajo.
Pero este espíritu de la Ley está siendo vulnerado, viéndose imposibilitados
muchos propietarios del campo a emprender el proceso de titulación de sus
tierras. Para nadie es desconocido que para el saneamiento el INRA pide los
llamados “aportes voluntarios” y contrapartes a los gobiernos municipales para
el mismo trabajo. La definición de estos aportes es arbitraria y no existe
ningún criterio para establecer el precio por las parcelas o hectáreas.(…)
La
gente de las comunidades no tiene oportunidad de hacer conocer las violaciones
a sus derechos y como sector están siendo perjudicados, sin tener oportunidad
de defenderse ante los atropellos que se presentan en sus territorios y
pueblos, especialmente por actividades y megaproyectos. Ante lo expuesto,
cuando se presentan casos de violación a los derechos de los pueblos indígenas,
se movilizan por sus propios medios para presentar los casos ante las
instancias jurídicas en nuestros país, y como producto de la cooptación, estas
peticiones o procesos solo llegan hasta cierta parte y no tienen la atención necesaria.
No hay respuestas que garanticen la seguridad 39 por una nueva Agenda
Campesina-Indígena jurídica de sus derechos. Por tanto, es necesario continuar
con procesos ante instancias internacionales como la CIDH, donde hay una
posibilidad más como pueblos de velar por la protección y respeto de sus
derechos.
En Bolivia, tenemos casos emblemáticos donde fueron
violados los derechos de los pueblos indígenas, casos que traspasaron las
fronteras y fueron de conocimiento internacional: 1. Represión de la 8va Marcha
de los pueblos indígenas de las tierras bajas, en Chaparina el año 2011, esta
marcha fue liderada por la CIDOB, organización nacional de los pueblos
indígenas de tierras bajas en Bolivia. 2. Caso TIPNIS (Territorio Indígenas y
Parque Nacional Isiboro Sécure), proyecto que pretendía realizar una carretera
por medio el territorio Indígena, sin tomar en cuenta la legislación boliviana
y los derechos de los pueblos indígenas.
PILAR 18. Exigir al
Gobierno, en todos sus niveles, el respeto y cumplimiento de los derechos de
Consulta Previa Libre e Informada frente a cualquier proyecto, medidas
legislativas o administrativas que afecten o amenacen los derechos
territoriales, culturales y formas de vida de nuestros pueblos
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