Política pública y presión de la FES para el agronegocio
Incendios develan la madre oculta del desastre
27 de
agosto de 2019
Rolando
Carvajal
Génesis
de la depredación forestal inducida: las quemas para el desmonte son un mal
crónico, e irresoluble con el actual enfoque oficial que busca ampliar la
frontera agrícola para los agroempresarios. La aparatosa y publicitaria, pero
tardía, respuesta oficial ante del desastre en el bosque chiquitano, no
oculta que la verdadera razón de la catástrofe natural es la política pública
continuadora de un modelo de producción agropecuaria que no ha cambiado en los
últimos 30 años; y no tanto factores como el cambio climático y sus efectos en
el calor, la baja humedad, la falta de lluvias y los vientos cambiantes. Al
paso que se va ‒sin afrontar el problema por la vía de la productividad de los suelos
y tecnología moderna‒ y sólo alentando desde el Estado los chaqueos, el Supertanker que
comenzó a sofocar el fuego, volverá más pronto de lo que pudiera suponerse. Su
anunciada compra, prueba que persistirán los siniestros. “Continuarán los
incendios”, dijo el presidente Morales, censurado por la sociedad civil debido
a que decretó el modo de deforestación que deja los llanos en llamas y 1,2
millón de tierras devastadas.
Pese
a regir desde 2015 una pausa en su verificativo, la función económica y
social (FES) de las tierras, requisito para evitar su reversión al Estado, se
ha convertido, junto con la dilatación de la superficie agrícola, en uno de los
factores de política pública generadora de los incendios que asolan a las
tierras bajas de Bolivia, según diversos expertos consultados por Bolpress.
Forma
parte de una política de tierras corrompida que, asimismo, genera un tráfico de
las mismas destinado a intensificar el mercado de suelos, en un contexto donde
el INRA (Instituto de Reforma Agraria) y otras instituciones que gestionan la
dotación del recurso tierra, están plagados de acusaciones sobre negociados y
acciones ilegales.
Se
trata, aseguran, de un inflamable incentivo normativo que induce al desmonte
mediante quemas, chaqueos o desbrozado de bosques chaqueños y amazónicos, en
procura de ampliar la frontera agrícola, ensanchando las tierras de cultivo,
objetivo gubernamental para producir biocombustibles, incluso por la vía
de transgénicos y agrotóxicos, con el fin de exportar productos agropecuarios
(carne, especialmente), debido la nueva demanda china y del mercado
internacional.
“Si
las pequeñas familias, pequeños productores, no chaquean, ¿de qué van a
vivir?”, fue la respuesta insólita, el lunes 19, del presidente Evo Morales, en
una especie de primer descargo de su administración, fustigado desde la
sociedad civil por reaccionar a destiempo ‒casi
un mes después de que comenzaran las quemas‒ y no cuando estaban en su punto alto, hace tres
semanas, con unos 8.000 focos de calor en la etapa crítica, según informó este
martes el Gobierno, de un total de 33.000, en lo que va del año (Observatorio de
la Autoridad de Bosques y Tierra).
La
Gobernación de Santa Cruz, reveló hoy que emitió hace un mes la alerta naranja
y la alarma roja el 7 de agosto, pidiendo a la ABT se frenen los chaqueos.
Mientras
el jefe de Estado apuraba una respuesta tardía a las quemas y el hollín que los
vientos no tardan en trasladar desde las tierras bajas hacia la
cordillera de los Andes ‒acelerando
el deshielo de las cumbres nevadas y glaciares, en desmedro de las reservas de
agua en Bolivia, como demostraron exposiciones de Juan Carlos Guzmán y otros
expertos (Silvia Molina,2019) sobre
la contaminación de restos contaminantes y su impacto en los
acuíferos cordilleranos‒, su
régimen anunció la compra y cotización del Supertanker que incursiona desde el
viernes sobre la superficie en llamas.
En
un anticipo de las derivaciones de un mal ya crónico con el que cohabitan el
Gobierno y la sociedad, como el narcotráfico, el contrabando y otros flagelos
en Bolivia, el mandatario sostuvo el domingo que, a futuro, “continuarán los
incendios”.
Pese
a su reticencia inicial, Morales dio visos de activar por fin la ayuda
internacional, aunque su ministro de la Presidencia, sin pruebas fehacientes,
acusó a “la derecha opositora” de causar un incendio “deliberado” de pastizales
en un punto de la chiquitania, mientras sólo ingresada la octava semana de
incendios a partir del decreto del 9 de julio, se decidió hoy, martes 27, por
una “pausa ecológica” y la prohibición de reventa de tierras, aceptando los 650
mil dólares de ayuda ofrecida por la banca de desarrollo (CAF, BID) y el
sistema de Naciones Unidas.
Pero
el mandatario y su administración afrontaban, asimismo, hogueras internas que
ponían a prueba la fortaleza electoral oficialista a dos meses de las
elecciones, como la declaración del ministro César Cocarico, quien, en
contradicción con su jefe, descartó la abrogación de cualquier norma que
permita las quemas bajo al argumento de que si no hubiera desmontes, Bolivia
podría quedarse sin alimentos; “el agricultor tiene dos caminos, uno ampliar,
quemar, chaquear, es lo que siempre se hace, no hay otra tecnología”, dijo.
SOLUCIONES,
MUCHAS EVASIVAS Y UNA GRAN PARADOJA
La
soluciones de fondo en la actividad agraria pasan por mejorar la productividad
y el rendimiento de la superficie cultivada y la incorporación de nuevas
tecnologías, pero el partido en el Gobierno se empecina en la entrega de
tierras para acrecentar esa frontera, dijo en La Paz el investigador Enrique
Ormachea, experto del Cedla en temas agrarios).
“El
autodenominado Gobierno indígena originario campesino no ha suprimido las
políticas liberales y a pesar de haber dictado norma, que en los hechos no se
aplica, la política real continúa desde 1985 y los tiempos en que se eliminaron
miles de productores campesinos dando origen a la importación de alimentos, que
no dejará de ocurrir precisamente por la destrucción de las unidades
productivas agropecuarias”, explicó.
Con
el antecedente de que en los últimos años se ha producido la entrega masiva de
tierras a comunidades por la expectativa electoral, Miguel Crespo, director de
Probioma, explicó en Santa Cruz que, desde hace cuatro años, cuando el
presidente Morales promulgó la Ley 741, los focos de quema se duplicaron
de 15.000 a
más de 32.000, en 2016.
Actualmente,
“para que no te reviertan la tierra, como campesino estás obligado al chaqueo,
el que demuestra el supuesto uso o no de ella en actividades agropecuarias”,
señaló Ormachea.
“Los
grupos sociales que reciben tierras deben cumplirla mediante cultivos o
ganadería; el agrícola está obligado a demostrar que la tierra no sea ociosa”,
enfatizó. Lo paradójico es que esto deviene en un chaqueo gratuito para
eventuales futuros dueños, “porque los pequeños chaqueadores terminan
acumulando tierra y vendiéndola a los grandes y medianos agroempresarios”.
La
FES, entre otros factores como la creencia en el “desarrollo infinito” de
la frontera agrícola, induce, así, a las quemas como prueba de la función
económico social de la
tierra. El economista Ovidio Roca, recordó que en Bolivia,
este recurso no es de la persona sino del Estado, y para conservar su tenencia
se debe certificar que se esté cumpliendo con la FES, pues si no es revertida.
“Es
lógico que el usufructuario (ya que no dueño) de la tierra, perciba que no hay
garantía de largo plazo… más el interés del gobierno de acelerar el traslado
poblacional y dominio del territorio, la cosa se pone color de hormiga”. En
estos 13 años, el MAS en su programa de colonización del oriente ha realizado
dotaciones irresponsables de tierras en áreas forestales, concluyó.
“La
extranjerización de la tierra también ha profundizado el modelo del
agronegocio. Dos tercios de la tierra cultivada se usa para producir soya de
exportación y no para alimentos; por eso la importación crece cada año y ahora
importamos alimentos por 800 millones de dólares anuales”, dijo a la agencia Anf su
director, Gonzalo Colque, antes de los recientes incendios.
Puso
como ejemplo el precio de la arroba de papa en Perú (12 soles, 24 Bs.
aproximadamente), que no permite competir al productor local, por lo que muchos
agricultores están dejando de serlo para convertirse en consumidores. La
paradoja es que el gran productor tiene incentivos y subvenciones
(biocombustibles), “mientras el pequeño productor está condenado a sobrevivir
en el mercado informal como proveedor barato de los pobres”.
LEYES
QUE VAN Y VIENEN, SIN TRANSFORMAR LA ESTRUCTURA
La
Ley 741, vigente desde 2015 y que define la pausa en la certificación de la
FES, es una de las piezas legislativas y normativas dictadas en los últimos
años para estimular la ocupación de tierras fiscales por deforestación.
Otra
es el reciente y cuestionado decreto supremo 3973 (julio 2019) que modifica (en
favor de la deforestación actual) el artículo 5 del DS 26075, que, a su vez,
data de 2001 y se remonta a los tiempos del ex presidente neoliberal Hugo
Banzer, autorizando ahora el desmonte ‒hasta
20 hectáreas‒ para propiedades
agropecuarias en tierras privadas y comunitarias no sólo de Santa Cruz sino
también del Beni.
Subsiste,
asimismo, sin que el partido en el gobierno la haya abrogado, la ley 1745 del
INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), promulgada en 1996 durante el
primer gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Loza, cuyo segundo artículo
establece la FES.
Cuatro
días después que Morales “optimizara” hace unas seis semanas el decreto
banzerista con otro suyo ‒observado
desde el Colegio de Biólogos porque incentiva al chaqueo “en un contexto de
anarquía y tráfico de tierras para justificar su posesión y aumentar los
monocultivos industriales, sin evidencia de sostenibilidad”‒, los empresarios privados de Beni anunciaron sus
planes de habilitar de 4,5 a
6 millones de hectáreas para desarrollar agricultura y ganadería intensiva.
Para
ello preparaban inversiones por más de 2.000 millones de dólares en los
próximos diez años, según el líder regional de la Federación de Empresarios
Privados, Jorge Núñez del Prado.
“¿No
será que más bien que la modificación del DS 26075 es una manera fácil de
legalizar la deforestación en estos dos departamentos en los cuales urge la
expansión de la agroindustria y así consolidar el corredor agroindustrial que
se expande desde Santa Cruz y tiene como horizonte en Beni?”, se preguntó el
especialista del CIPCA, Carmelo Peralta, inmediatamente que fue promulgado el
decreto.
O,
añadió, ¿era imprescindible abrir el candado para que la ganadería se expanda
por la demanda actual de carne para el mercado de la China?, al tiempo que
cuestionó “una visión economicista que no considera los potenciales problemas
en materia socioambiental para diferentes grupos que habitan la región”.
El
presidente de la Federación de Ganaderos del Beni, Abdón Nacif, sostuvo en
descargo del sector que los ganaderos, por la experiencia que tienen, saben
controlar las quemas y están al margen de responsabilidades por los incendios
en la llanura beniana, con cerca de tres millones de reses.
Sin
embargo, otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas 21
instituciones privadas de desarrollo social agrupadas en UNITAS,
censuraron la aprobación de medidas normativas y administrativas “atentatorias
a los derechos de la
Madre Tierra y de la vida” y reprocharon la “actitud
indolente” de las autoridades al no actuar de manera diligente contra el
desastre natural.
UNITAS
(Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social) consideró
que las autorizaciones de chaqueo en el bosque seco chiquitano y sus cercanías,
constituyen actos de “flagrante negligencia”, y atribuyó especial
responsabilidad a la estatal Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que
debió rechazar los desmontes.
Las
instituciones de la sociedad civil exigieron al estado boliviano “cumplir con
su deber de garante de los derechos medioambientales y de la Madre Tierra ” y a los
altos funcionarios “garantizar políticas públicas adecuadas para prohibir la
deforestación”.
Contra
las argumentaciones gubernamentales, remarcaron que las quemas controladas y su
autorización vulneran “los derechos de la Madre Tierra y de la
ciudadanía”, puesto que afectan al ecosistema y el medioambiente en que todos
nos desarrollamos.
De
acuerdo con datos del Censo Agropecuario (Instituto Nacional de
Estadística, 2005-2006), lo que se considera como frontera agrícola abarcaba
2.508.923 millones de hectáreas (ha).
Según
proyecciones del INE al 2016-2017 había subido 3.498.203 ha , lo que
muestra un crecimiento a 989.281 hectáreas que, dividido entre doce años
resulta en unas 82.416 ha
anuales, promedio, de ampliación de la frontera agrícola por la vía de la
deforestación.
Sin
embargo, en los últimos tres años alcanzó niveles de 350 mil hectáreas por año,
según la
fundación Friedrich Ebert Stiftung, “aunque solo en cinco
días se ha consumido medio millón, en un bosque que es único en el mundo, no
hay otro como él en todo el planeta”, reclamó el especialista chiquitano Alex
Willka a la cadena RTP.
El
ministro de Defensa, Javier Zabaleta, dijo en la zona de desastre, horas antes
de que el Supertanker estadounidense sobrevolara los incendios para sofocarlos
con descargas de agua, que el total de las hectáreas afectadas por las quemas
era de 774 mil hectáreas solo en Santa Cruz y fundamentalmente en la
chiquitania.
El
director de Manejo de Bosques y Tierras de la ABT, había informado un día antes
a la red PAT ,
fuera de la cifra señalada por el ministro, que se estimaban en 280 mil las
hectáreas afectadas en el Beni, en la amazonia boliviana.
Este
martes, el jefe de Estado oficializó que la superficie afectada por incendios
alcanzaba hoy a 1,2 millón de hectáreas, 500 mil en bosques y 700 mil en
chaqueos agropecuarios, de acuerdo con su reporte a radio Panamericana. “Casi
el 20, 30 por ciento de bosque, lo demás son aéreas de chaqueo”, insistió,
según Erbol.
La
frontera agrícola bordearía, entonces, los 5,4, millones de hectáreas, si se
añaden las 700 mil de los años 2017 y 2018, calculadas por otros organismos.
De
acuerdo los datos del Censo Agropecuario 2013 (INE), la superficie total
cultivada de 6,2 millones de hectáreas comprendía una superficie agrícola
cultivada de casi 3,8 millones de ha ( incluidos los cultivos de verano e
invierno) pastos cultivados por 2,3 millones de ha y 150.219 ha de
cultivos forestales maderables.
De
ese total, unos 5 millones se encontraban en los llanos o tierras bajas, menos
de 588 mil ha en los valles y poco más de 617 mil ha en el altiplano.
De
la superficie agrícola cultivada de 3,7 millones de hectáreas, 2,7 se hallaban
en los llanos, unas 457 mil en los valles y 564 mil en el altiplano.
En la Cumbre Agropecuaria
“Sembrando Bolivia”, de 2015, el Gobierno y los agroempresarios anticiparon el
inicio de un proceso agresivo de ampliación de la frontera agrícola, con metas
de un millón de hectáreas por año que, para beneficio de la Madre Tierra , no se
alcanzaron.
Mitigadas
las proyecciones, de 3,5 a
4,7 millones de hectáreas, a través del plan de Desarrollo Económico y Social
2016 -2020, por estos días las previsiones gubernamentales parecen haberse
cumplido, sin embargo, sobrepasando los límites con el 1,2 millón de hectáreas
deforestadas, según el reporte presidencial.
SIN
CAMBIOS SUSTANCIALES EN TRES DÉCADAS
“La
estructura agraria, vista desde el ámbito de la propiedad o usufructo privado
de la tierra, no ha sufrido modificaciones en los últimos 30 años”, afirma el
más reciente análisis de Enrique Ormachea
Comparando
datos de los censos agropecuarios de 1984 y 2013, evidencia que la gran mayoría
de las unidades productivas agropecuarias (UPA) siguen accediendo a una
fracción minoritaria de las tierras declaradas en propiedad o usufructo,
mientras una alta concentración de las mismas continúa en poder de una fracción
minoritaria de explotaciones agropecuarias.
En
cifras, 33 mil UPA (de un total de 861 mil) concentran 27,4 millones de
hectáreas (de un total de 34,6 millones de hectáreas declaradas en propiedad o
usufructo de todas las UPA censadas), mientras 827 mil UPA solamente acceden a
7,1 millones de hectáreas.
El
estudio establece que las tierras comunitarias de origen y los territorios
indígenas originarios campesinos (TCO/TIOC) de las tierras bajas,
concentran un significativo 44% del total de las tierras de producción forestal
permanente del país, y muchas de ellas comparten doble estatus de territorio
indígena y reservas o parques nacionales.
En
la medida en que la mayor parte estas tierras no son aptas para la agricultura
y la ganadería, y en razón de que una porción importante de las mismas son
tierras marginales (fundamentalmente por su difícil acceso), esta distribución
no incidirá significativamente en un incremento de los niveles de producción
agrícola o ganadera.
“Salvo
‒advierte Ormachea‒ que la ampliación de la frontera agrícola con
fines de exportación o para la producción de biocombustibles que promueve el
Gobierno se realice a costa de estos territorios. En este caso, lo que se
incrementará será la producción de explotaciones agropecuarias de corte
capitalista que concentrarán progresivamente estas tierras”.
El
saldo es que, “de manera contraria a los propósitos que señalaba en 2007, el
Gobierno del MAS ha profundizado las desigualdades sociales en el campo”, ha
ahondado las diferencias regionales en el ámbito de la producción agropecuaria
y ha agravado la dependencia alimentaria del país.
Sobre
todo, “no ha logrado incrementar el aporte de los campesinos e indígenas a la
producción agropecuaria nacional, y promueve la colonización de los pueblos
indígenas de las tierras bajas a través de la expansión de la frontera agrícola
y de la explotación de recursos naturales no renovables en sus territorios”.
CORRUPCIÓN
EN EL INRA Y TRÁFICO ILEGAL DE TIERRAS
En
medio de la polémica, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la
Chiquitania, Germaín Caballero, calculó en casi mil las comunidades asentadas
durante los últimos años en la región chiquitana.
Para
Ormachea, el resultado actual es corolario de una política agraria y de tierras
corrompida, con un irracional criterio de ampliación de la frontera agrícola
que no toca la productividad.
“No
se afronta el problema y los desastres seriamente, desde la raíz; el mal es
crónico y desde hace décadas, y no se lo enfoca desde el punto de vista
del rendimiento del producto por hectárea y la aplicación de nuevas
tecnologías”, dijo a Bolpress.
“El
gobierno no ve el conflicto desde la productividad; para el, la solución
va por ampliar la frontera agrícola, chaqueando la selva amazónica o el bosque
chiquitano; no les importa nada la naturaleza. Ya lo dijo el Vicepresidente: ‘No
somos guardabosques del imperio’, lo cual les daría un supuesto “derecho a
desboscar y deforestar”
El
INRA y las instituciones indígenas y campesinas son otro problema, aquejados
por denuncias de acoso de inspectores a los campesinos y casos de corrupción
como los protagonizados recientemente por el hermano del actual ministro
Cocarico, sobre una concesión de tierras a menonitas, o en anteriores años por la exministra Nemesia
Achacollo o el ex senador Isaac Ávalos, sobre la facilitación
del mercantilismo de la tierra y su especulación.
En
junio de este año, el director de la ABT , Cliver Rocha, denunció a siete
funcionarios del INRA por desmonte ilegal y ‘blanqueo’ de madera,
equivalente en daños al Estado a seis millones de dólares, en las gestiones
2015 y 2018
Hace
cuatro meses, al renunciar a la dirección del INRA, Juan Carlos León, reveló
que hay un centenar de procesos contra traficantes de tierras. Y que el gran
problema sin resolver es el tráfico ilegal de las mismas.
Respecto
a los resultados del saneamiento respondió: “Tenemos 109,8 millones de
hectáreas (ha) de superficie total en Bolivia. De éstos, hay 103,5 millones de
ha objeto de saneamiento. De ese total, 86,1 millones de ha (84%) ya está
saneada y titulada. En el saneamiento que se ha hecho en el municipio de San
Miguel de Velasco se ha identificado 345.000 ha de tierras fiscales donde ahora
ingresan comunidades, ganaderos, productores… Desmentimos que haya algún
acarreo de personas. Tenemos 8.000 solicitudes de comunidades en todo el país
(El Deber 18-abril-2019)
DESARROLLISMO
Y DERECHIZACIÓN
El
filósofo Rafael Bautista considera, sin embargo, que, si bien es “simplona” la
referencia mecánica causa-efecto de disposiciones legales que viabilizan los
chaqueos o “quemas controladas” y la extensión de la frontera agrícola, como
detonantes del incendio de la Chiquitanía y del Pantanal, “pues ningún gobierno
socavaría su vigencia de modo tan explícito; hay que decir que las apuestas
gubernamentales ya han sido funcionalizadas por una apuesta desarrollista que,
en muchos casos, ha derechizado la política gubernamental”.
Ello
ha hecho que “adquiera compromisos que van en franca contradicción con la propia Constitución
y con la enarbolada ‘defensa de los derechos de la Madre Tierra ’. En los
mismos discursos del jefe de Estado es ya notable la ausencia del ‘horizonte
plurinacional’ y del ‘vivir bien’; lo que se reitera es, más bien, una cándida
apología de los criterios básicos del capitalismo, como son el crecimiento y el
desarrollo”.
Para
Bautista, este viraje desarrollista que festeja el crecimiento como único fin
económico, lleva al “gobierno del cambio”, inevitablemente, al pacto con los
grupos de poder que influyen en el viraje de la producción nacional a la pura
exportación.
“No
es raro que el vicepresidente sea uno de los principales promotores de este
viraje, pues representa a una izquierda, precisamente, ‘progresista’, fiel al
dogma de una ‘economía del crecimiento’, que es justamente lo que ha entrado en
crisis en el siglo XX”. No vamos a negar el carácter anti-imperialista del
gobierno, advierte, pero también hay que decir que ese anti-imperialismo no
significa necesariamente un anti-capitalismo.
Entiende
por último que el gobierno posee todavía la sensibilidad de atender, ya no sólo
el desastre, sino la exigencia hasta natural de retornar a una agenda
plurinacional y descolonizadora, lo que servirá para promover un re-encauce del
diferido “proceso de cambio” y, acaso, revertir el desencantamiento actual●
Fuente: https://www.bolpress.com/2019/08/27/incendios-develan-la-madre-oculta-del-desastre/
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