La crisis y las víctimas del sistema penal
que nadie quiere ver
24 de agosto de 2019
Por Agencia Andar.
En
diciembre de 2018, había 48.615 personas detenidas en cárceles, alcaldías,
comisarías y monitoreo electrónico. En julio de 2019, 50.500. Este es un nuevo
récord y la tasa de prisionización también es la más alta de la historia. El
correlato directo de esta política criminal es el sobre-encarcelamiento: la
sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%; es decir,
personas que duermen en el suelo o se turnan para dormir.
A su
vez, la sobrepoblación y el agravamiento de las condiciones de detención generan
condiciones de posibilidad para las violaciones a los derechos humanos en el
encierro. Los malos tratos y las torturas se registran de manera regular
bajo el amparo de la impunidad judicial y el silencio político. En 2018, a partir de las
entrevistas que se realizan durante las inspecciones a los lugares de encierro
o las denuncias recibidas por familiares de personas detenidas, la Comisión Provincial
por la Memoria (CPM) relevó 12.421 hechos de tortura.
Estas
políticas de mano dura que, supuestamente, solucionarían los problemas de
seguridad pública siguen demostrando su fracaso año tras año. El único
resultado que dejan es la consolidación del sistema de la crueldad: una forma
de gobierno de las poblaciones más vulnerable —pues la mayoría de las víctimas
son pobres, acusados de delitos menores e, incluso, falsamente acusados—que
naturaliza la violencia estatal y la muerte.
Las
masacres ocurridas en estos últimos años son los ejemplos más dramáticos de
esos resultados que se pretenden mostrar: primero fue
Pergamino, después Esteban Echeverría y hace pocos meses, Monte. Pero estos no
son hechos aislados: son la consecuencia de una política que asume la muerte
como resultado esperable. Sólo durante 2018, 339 personas murieron bajo
custodia del Estado: 140 en cárceles, 180 en neuropsiquiátricos, 17 en
comisarías y una en un centro cerrado para jóvenes.
Otras
120 personas murieron por uso letal de la fuerza; el 74 % tenía 30 años o menos
y en el 68% de los casos los agentes de seguridad actuaron fuera de su horario
de servicio. La letalidad del Estado también tiene su expresión de género: de
estas 120 muertes, ocho son mujeres asesinadas por policías en el ámbito
privado; de esos ocho casos, cinco fueron caratulados por la justicia como
femicidio.
En el
contexto de esta crisis estructural del sistema penal, y como ocurre cada año
desde el 2004, la
Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta su Informe anual. El sistema de la crueldad XIII sobre
lugares de encierro y políticas de seguridad, niñez y salud mental en la
provincia de Buenos Aires.
La
presentación se realizó ayer en el Anexo de la Cámara de Senadores, avenida 7
esquina 49, La Plata. El
acto público ocurrió, a su vez, en el marco de una jornada con mesas de trabajo
y reflexión de la que participaron educadores bonaerenses, integrantes de la
Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales de la CPM, y
trabajadores y trabajadores de organismos que gestionan acervos documentales
sobre el pasado reciente.
Entre
las actividades realizadas, Mariana Franco presentó su libro El final del silencio. Dictadura, sociedad y
derechos humanos, y se
realizó la mesa de trabajo “Archivos y justicia. Preservación de la memoria”.
Al
mismo tiempo, se desarrolló el “Espacio de formación: monitoreo territorial de
la violencia policial” con la participación de integrantes de la Red familiares
de la CPM. Y
en el edificio Karakachoff de la UNLP las mesas de trabajo sobre “Escuela:
juventudes, género y exclusión”, “Trabajo, economía y sociedad” y “Derecho a un
ambiente digno” con la participación de coordinadores que participan del
programa Jóvenes y Memoria.
Por
último, se presentó la muestra multimedia Encierro,
una exposición que, desde distintas miradas y registro, pretende formar un
relato sobre las cárceles y las personas que las habitan. La muestra está
integrada por el registro de las inspecciones de la CPM, la obra de destacados
fotógrafos y fotógrafas, y poemas, imágenes y objetos de personas que
estuvieron detenidas o de sus familiares.
La
presentación del décimo tercer informe se realizó, además, en el marco de los
20 años de la CPM. Desde
el 2002, el organismo despliega tareas de control y monitoreo de los lugares de
encierro, y de las políticas de seguridad, niñez y salud mental. En todos estos
años, la CPM realizó más de 1.500 inspecciones a cárceles, alcaidías,
comisarías, centros cerrados para jóvenes y neuropsiquiátricos, y presentó 45
mil expedientes judiciales por torturas y otros tratos inhumanos o degradantes.
Ese
trabajo sistemático realizado durante estos años convirtió, de hecho, a la CPM
en el mecanismo local de prevención de la tortura y otros tratos degradantes.
La autonomía del organismo respecto de los poderes políticos de turno ha
constituido un rasgo fundamental para el desarrollo y la consolidación de este
trabajo.
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Fuente: https://www.anred.org/?p=120904
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