Mar
del Plata: Nuevo juicio en septiembre a la Concentración
Nacional Universitaria
16 de agosto de 2019
En
diciembre de 2016 en Mar del Plata se condenó a siete integrantes de la Concentración
Nacional Universitaria (CNU). A partir del miércoles 11 de
septiembre dos nuevos acusados comenzara a ser juzgados en un nuevo
proceso: Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, quien fue
detenido en abril de 2017 tras estar nueve años prófugo de la
Justicia.
Por
Lucho Soria para ANRed
El Tribunal Oral de Mar del Plata estará integrado por los
jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique
Méndez Signori, y en representación el Ministerio Público Fiscal actuará el
fiscal Pablo Ouviña.
Al
requerir la elevación a juicio, el fiscal federal Nicolás Czizik reparó en que
la causa no se centra en la actividad de la CNU ni en la persecución de las
ideas políticas que detentaban sus miembros, sino que se limita a la investigación
del accionar de una asociación ilícita que actuó enmascarada en esta agrupación
política entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976. De acuerdo a
la prueba que consta en el expediente, y el juicio condenatorio a otros
integrantes de la banda, cometieron distintos delitos como homicidios,
privaciones ilegales de la libertad, robos, amenazas, “para la persecución y
eliminación de personas en el marco de un ataque sistemático y generalizado
contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de
Estado”.
Si bien
los hechos juzgados son anteriores al Golpe cívico militar, son catalogados
como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. “Son crímenes
contra la humanidad los atentados contra los bienes jurídicos individuales
fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático
realizado con la participación, por acción u omisión, del poder político», citó
el fiscal a cargo de la instrucción.
De acuerdo a la investigación
desarrollada, el accionar de la asociación ilícita contó con el apoyo de
diversas instancias del poder local -como Universidad, la Fiscalía Federal
y Fuerzas de Seguridad, donde sus integrantes prestaban funciones o tenían
vínculos- y con la colaboración de la CNU La Plata e integrantes de la organización Triple A.
“El accionar de este grupo era conocido incluso por los servicios de
inteligencia estatales al mismo momento de los hechos (…) a lo que debe sumarse
el resultado casi nulo de las investigaciones judiciales abiertas en relación a
los mismos, todo lo cual acredita como mínimo la aquiescencia estatal prestada
a la comisión de los hechos investigados”, sostiene el requerimiento de
elevación a juicio interpuesto por el MPF.
En el
juicio que finalizó en diciembre de 2016, fueron condenados a
prisión perpetua el ex fiscal Gustavo
Demarchi (justicia de la dictadura), Fernando Otero y Mario Durquet,
mientras que José Luis Granel fue condenado a 7 años, Juan Asaro a 5 años y
Juan Carlos Asaro a 3 años. En tanto que Raúl Rogelio Moleón y Raúl Arturo
Viglizzo resultaron absueltos. Con relación al ex fiscal Gustavo Demarchi, cabe agregar que el MPF actualizo
la informacion sobre la justicia de la dictadura, que Anred fue el único medio
que informó del accionar de los cómplices de la dictadura.La información
oficial de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) da
cuenta de que están siendo investigadas, tanto en etapa de instrucción como de
juicio, 48 personas. Y si se repara en otras once que estuvieron imputadas
hasta su fallecimiento, la suma de integrantes del sistema de administración de
justicia vinculadas a causas por crímenes cometidos durante la última dictadura
asciende a 59.
Más del
50% de ese universo eran jueces o juezas al momento de los hechos; el 20%
tenían cargo de secretarios; el 19% eran fiscales y el 8% defensores oficiales.
Sólo trece obtuvieron sentencia -once condenas y dos absoluciones-: ocho de las
once personas condenadas se desempeñaban como magistradas al momento de la
comisión de los delitos.
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Fuente: https://www.anred.org/?p=120401
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