La codicia de los dueños del agua
16 de diciembre de 2016
Por Manuel Salazar S.(Punto Final)
Cerca de 420 mil personas, habitantes de unas 600 localidades de
Chile, carecen de agua potable. Otra cantidad no dimensionada, pero muy
superior, enfrenta una creciente escasez de este vital elemento. En gran parte
en el norte, en el centro y en varias provincias del sur, la minería, la
industria forestal, los cultivos intensivos, las pisciculturas y las plantas
hidroeléctricas se han ido apropiando de los derechos de agua y extrayendo,
además, muchas veces de manera ilegal los caudales que se hallan bajo la
superficie.
La falta de este recurso fundamental para el
ser humano puede tornarse dramática en los próximos años. La ausencia de
lluvias y el cambio climático empeoraron las expectativas. En muchas
comunidades las familias reciben desde camiones aljibes cerca de 300 litros de agua a la semana. Es decir, en un
grupo de cuatro personas, cada integrante dispone de poco más de diez litros al
día. Mientras, en las vastas plantaciones forestales, un eucalipto de tres años
recibe 20 litros
al día. Si el árbol supera los veinte años, consume 200 litros diarios. En
el agro, en tanto, un palto requiere diez litros de agua diarios por metro de
altura y crecen entre cuatro y doce metros en su desarrollo. Un árbol frutal,
en otro ejemplo, requiere de unos 200 litros de agua a la semana. Y ni hablar de
las necesidades de las plantas mineras, que ocupan miles de litros por segundo.
Otro tanto hacen las hidroeléctricas y la industria de la acuicultura.
En Chile, el Código de Aguas de 1981
estableció que este elemento era un bien económico que podía ser transado en el
mercado. Mañosamente, el Código reconocía que el agua era patrimonio colectivo
de los chilenos, pero su aprovechamiento y gestión quedaron bajo el designio
del derecho de propiedad y dependiendo de los criterios del mercado.
REFORMANDO EL CODIGO
El Código de Aguas estableció dos tipos de
derechos de aprovechamiento del líquido elemento: el uso consuntivo y el uso no
consuntivo. El uso consuntivo se refiere al consumo de aguas que no pueden ser
reutilizadas (agricultura, minería, industria y consumo humano) y el uso no
consuntivo, opera cuando los derechos se solicitan para utilizar el agua y
luego devolverla al curso de origen en la misma cantidad y calidad
(hidroelectricidad y piscicultura).
Tras cinco años de tramitación y el paso por
tres comisiones de la Cámara de Diputados, una nueva reforma al Código de Aguas
superó su primer trámite constitucional a mediados de noviembre, y fue aprobada
con 63 votos a favor y 32 en contra. El ministro de Obras Públicas, Alberto
Undurraga, explicó que la iniciativa tiene varios principios fundamentales: el
uso prioritario del agua para uso humano; también “que aquellos que utilizan
bien sus derechos los mantienen en el tiempo”; y, además, establece que en caso
de que haya acaparamiento de los derechos de aguas, los “titulares” los
perderán. “Esos derechos se extinguen, caducan y vuelven a la cuenca para que
lo usen aquellos que sí lo necesitan”, indicó el ministro.
El proyecto ha encontrado una férrea oposición
de Chile Vamos, además de las grandes empresas agrícolas, el sector minero, el
rubro de generación energética y en menor medida de las sanitarias, según
parlamentarios, quienes cuestionaron el cambio en el carácter perpetuo de los
derechos de aguas, pues “debilita las asociaciones de usuarios”, y entrega la
administración del agua al Estado.
Para distintas organizaciones en defensa del
agua, esta reforma no es suficiente. Precisamente porque mantiene el carácter
privatizado de las aguas, aunque dicha propiedad tenga caducidad. Si la reforma
no es capaz de modificar la esencia de la actual legislación, que superpone el
lucro y el derecho de propiedad sobre las aguas por encima del derecho humano y
el bien común, entonces, la reforma en trámite seguirá favoreciendo a quienes
controlan el mercado de las aguas y, por lo tanto, consagra la desigualdad,
sostienen los partidarios de reformular a fondo el Código de Aguas.
EL ORIGEN DEL ROBO
En 1974, la dictadura militar promulgó el
Decreto Ley 701-según se afirmó- para hacer crecer la masa forestal y ayudar al
desarrollo de la industria local del ramo, estableciendo bonificaciones y
exenciones tributarias. De paso, fijó cláusulas para hacer inexpropiables esos
predios. La idea surgió de la Corporación Nacional
Forestal (Conaf), cuyo presidente era Julio Ponce Lerou,
yerno de Pinochet, y actual dueño de Soquimich. El trabajo de Ponce en aquella
oportunidad fue refrendado por el ministro de Economía, Fernando Léniz, quien
había sido antes del golpe militar uno de los principales ejecutivos del diario El Mercurio , propiedad de Agustín Edwards, y
muy cercano al grupo Matte, dueño de la Compañía Manufacturera
de Papeles y Cartones (CMPC), uno de los principales controladores de la
industria forestal.
En julio de 2015, Conaf informó que en 40
años, desde 1974 a
2013, el DL 701 bonificó 875 millones de dólares al rubro forestal. De ellos,
el 70 por ciento fue para grandes y medianos propietarios forestales. Entre
1974 y 1997, año previo a su primera modificación, el DL 701 bonificó a 952 mil
hectáreas, y el Estado entregó 369 millones de dólares en bonificaciones. El
95% fue directamente a grandes y medianos propietarios forestales, dejando solo
5% para aportes a pequeños propietarios. En 2011, los grandes propietarios del
rubro maderero consiguieron 5.900 millones de dólares en exportaciones.
En julio de 2015, en este gobierno de Michelle
Bachelet, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto
que prorrogó hasta diciembre de 2018 la vigencia del DL 701 de 1974 sobre
fomento forestal.
Durante cuatro décadas las nuevas plantaciones
de pino y eucaliptus han impactado gravemente en el desarrollo de cientos de
comunidades campesinas e indígenas, degradando los ecosistemas y la
biodiversidad, especialmente los recursos de aguas. Según datos de la Conaf,
durante la vigencia del DL 701, entre 1976 y 2010 se bonificó por un total de 1.423.815 hectáreas ,
de las cuales 85,9% correspondieron a forestación; 14,1% a recuperación de
suelos degradados y forestación; y 0,6% a estabilización de dunas. Tales cifras
desmienten que el DL 701 haya servido para recuperar suelos degradados y
demuestra que la forestación con especies exóticas de rápido crecimiento como
pino radiata y eucalipto se realizó en suelos desnudos o donde antes hubo
bosque nativo. Otro estudio, realizado por la Consultora
Profesional Agraria , entre 1980 y 1997 se entregó un total de
20.499 bonos que financiaron la forestación de 822.428 hectáreas ,
de las cuales 94,2% se destinó a grandes y medianos propietarios, y sólo 5,8% a
pequeños.
En diciembre de 2012, Claudio Donoso Zegers,
profesor emérito de la
Universidad Austral de Chile, presidente honorario de la
Asociación de Ingenieros Forestales del Bosque Nativo (AIFBN), y uno de los
profesionales más respetados del rubro, y René Reyes, doctor de la Universidad
de British Columbia y director de la AIFBN, escribieron un artículo titulado ¿El milagro forestal chileno? , que resume claramente las
consecuencias de la política forestal de la dictadura militar y de los
gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia que le siguieron:
“Ya en 1973 había 300.000
hectáreas de plantaciones, y en la década del 70, cuando
se promovió el traspaso de las grandes empresas forestales del Estado al sector
privado y se inició la aplicación del D.L.701 que bonifica las plantaciones, se
logró aumentar la superficie plantada principalmente con pino insigne a cerca
de 1,5 millones de hectáreas en menos de dos décadas. Lo que fue un éxito
macroeconómico no lo fue para los bosques nativos ni para los habitantes
rurales. A pesar de existir extensas superficies sin cobertura que podían ser
plantadas, se cortaron masas de renovales de coigües, robles maulinos y otras
especies nativas de alto valor para plantar en ellas pino y también eucalipto,
desde la región del Maule hasta la de Los Lagos ”.
Y agregan: “En Chile, las empresas concentran
la propiedad de las plantaciones forestales (pinos y eucaliptus), mientras los
pequeños y medianos propietarios concentran la propiedad del bosque nativo.
Entonces si el gobierno está tan preocupado de apoyar a los pequeños
propietarios, ¿por qué no se concentra mejor en arreglar el desastre que hay
con la Ley de Bosque Nativo? El discurso pro-pequeños propietarios no tiene
ningún asidero, es simplemente un volador de luces para ponerle un tinte
‘social’ a una política orientada básicamente a profundizar la concentración
económica y la inequidad, permitiendo que los que siempre han ganado sigan
haciéndolo a costa del resto de los ciudadanos”.
LOS SUELOS SE SECAN
La forma en que se establecen, manejan y cosechan las plantaciones
forestales está produciendo un impacto gigantesco en el medioambiente y en las
comunidades locales. Los gobiernos de los últimos 25 años han recalcado que
existen más de dos millones de hectáreas que podrían ser reforestadas a partir
de la mantención de este subsidio, pero no mencionan que esas hectáreas están
justamente en un área crítica de disponibilidad de agua, en las regiones del
Maule y de La Araucanía.
Ya dijimos que un eucalipto de tres años consume 20 litros de agua al día
y cada hectárea incluye unos 1.600 árboles. Calculen el volumen de agua que
consumirán estos árboles si se llegaran a plantar sólo una porción importante
de esas dos millones de hectáreas a reforestar.
La aplicación de herbicidas, pesticidas y fertilizantes altamente
tóxicos, han tenido un efecto devastador sobre muchas comunidades rurales
debido a la contaminación de sus fuentes de agua y el envenenamiento de sus
animales. Los agroquímicos han tenido efectos desastrosos sobre la fauna, que
recién comienzan a conocerse. Las abejas, fundamentales para la vida de los
vegetales, y por lo tanto, de los animales y del ser humano, están desapareciendo.
Se están reportando casos de zorros con cáncer en sus patas, derivado de su
paso obligado por las plantaciones contaminadas. La desaparición de aves
silvestres es cada vez más evidente. Cada vez se ven menos insectos; rara vez
se ven los otrora abundantes coleópteros, y las mariposas están prácticamente
extinguidas. Ni mencionar la contaminación de ríos, la muerte de los cisnes en
Valdivia, y una serie de otros desastres protagonizados por las forestales.
GOLPE A LOS MAPUCHES
En 1979 se reformó la ley para dividir las
tierras comunitarias mapuches y entregar títulos individuales de propiedad
privada. Como minifundistas, los mapuches debieron enfrentar la competencia
económica y empezaron a emigrar de las zonas rurales. Se desplazaron sus bosques
nativos: perdieron sus recursos hídricos, superficiales y subterráneos; se
vieron afectados por los plaguicidas y la contaminación de los ecosistemas; las
comunidades rurales fueron acorraladas por los monocultivos; las máquinas
pesadas empezaron a destruir sus caminos; perdieron la flora y la fauna y sus
plantas medicinales y alimenticias, sus suelos ganaderos y agrícolas; y les
invadieron sus lugares sagrados. Muy pronto, entonces, aumentó la emigración y
la pobreza en los lugares de alta concentración forestal.
Numerosos antecedentes señalan que las comunas
ocupadas por monocultivos forestales -en Maule, Bío Bío y La Araucanía-
registran una disminución en la disponibilidad de agua y los mayores índices de
desempleo, emigración y pobreza del país. Una medición entre enero y febrero de
2012 indicó que había 46 mil personas de zonas rurales afectadas por la falta
de agua y con serios trastornos en la agricultura de subsistencia. Hubo que
promulgar un decreto de emergencia agrícola en las comunas de Ercilla,
Collipulli, Lumaco y Los Sauces, en la provincia de Malleco, además de Temuco,
Padre Las Casas, Cholchol, Imperial, Carahue, Galvarino y Perquenco, en la
provincia de Cautín.
Las localidades forestales entre Bío Bío y La
Araucanía, a pesar de las abultadas utilidades que perciben las compañías
forestales, son lugares donde se concentran los mayores niveles de pobreza.
Suelos ganaderos, de bosque nativo o agrícola-frutícolas, han sido arrasados y
reemplazados por pinos y eucaliptus.
La Fundación para la Superación de la Pobreza
ha señalado que el escenario para las zonas rurales en la Región de La
Araucanía parece ser más crítico sobre todo para la pobreza indigente, que del
6,5% el año 2006 subió a un 9,9 el 2009. La situación para los pobres no indigentes
llega a un crítico 15,1%.
En el año 2009, de acuerdo a datos oficiales
como la encuesta Casen ,
se registraron tasas promedio de pobreza en Cunco de 30,7%, Galvarino 21,4%,
Puerto Saavedra 28,8%, Chol Chol 37,2%, Angol 40,7%, Collipulli 34,7%, Ercilla 36,1%,
Los Sauces 34,9%, Lumaco 35,9%, Purén 38,0%, Renaico 28,1%, Traiguén 28,7%, Victoria 31,8%, Carahue 33,5% .
Hoy muchas de estas comunidades carecen de
agua. Los municipios deben gastar cada vez mayores recursos para llevarles en
camiones aljibes el cada vez más escaso elemento. Niños y adultos tienen que
viajar largas distancias para la simple necesidad de bañarse a lo menos una vez
a la semana y acudir aseados a sus escuelas y trabajos. Mientras, los pinos y
eucaliptus siguen invadiendo sus territorios y diezmando sus recursos
naturales, sobre todo el agua.
Esto, principalmente respecto a la nación
mapuche. Otras historias -en los próximos números de PF- serán los efectos que
sobre el agua provocan la gran minería, la agroindustria intensiva, la industria
eléctrica y la acuicultura.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 866, 9
de diciembre 2016.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220393
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