Investigador
boliviano: “El extractivismo
tiene a la región en crisis hídrica”
21 de diciembre de 2016
Por Diana Porras | Domingo 18 de diciembre, 2016
El experto en recursos naturales, Oscar
Campanini, advierte que los alcances del calentamiento global están presentes
en varios países de la
región. También analizó otros factores: los intereses del
sector minero y el extractivismo en esta parte del mundo.
El pasado 22 de noviembre, el presidente de Bolivia, Evo Morales,
declaró “emergencia nacional” por la escasez de agua. El mandatario llamó a la
población a “estar preparados para lo peor” luego de ampliar el racionamiento
ante la peor sequía en 25 años.
Se estima que cinco de las nueve regiones del país están
afectadas, pero con preocupación se pone atención en centros urbanos como La
Paz y El Alto.
En medio de esta “crisis del agua”, se advierte que los glaciares de
Bolivia se han reducido en un 40 por ciento. El nivel de agua del Lago Uru Uru
en Oruro desciende dramáticamente mientras hace algunos meses se confirmó que
el Poopó quedó sin agua, el segundo lago más grande del país.
Pero este escenario también preocupa en otro país de la zona andina.
A principios de diciembre, el gobierno peruano extendió la emergencia por déficit
hídrico a 17 regiones. Esto, por la falta de lluvias en la sierra norte y sur
de nuestros vecinos. Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Puno, Tacna y Tumbes, son
algunos de los departamentos que se incluyeron en esta nueva declaratoria
oficializada mediante un Decreto Supremo en el diario oficial El Peruano.
Bolivia fue declarada por la ONU como uno de los países más
vulnerables a las consecuencias del calentamiento global de la Tierra. Para el
presidente Morales “el problema del cambio climático no solo es en Bolivia,
sino en todo el mundo”.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Oscar
Campanini,
Coordinador general del Centro de Documentación e Información
Bolivia (CEDIB, Cochabamba), comentó las cifras, historia y proyecciones del
tema que pone en la mira a todos los países en este sector del continente.
Este tema, ¿era una bomba de
tiempo?
En el caso de Bolivia, la sequía es algo que ha afectado a algunas
regiones de forma regular aunque cada vez más intensa. Por ejemplo, en el caso
del Chaco, un ecosistema particular que está limítrofe con Paraguay y
Argentina, lamentablemente está cada vez más afectado por la sequía y hace
varios años sufre con el desabastecimiento de agua para consumo doméstico. Pero
también se presentan importantes impactos en la actividad agropecuaria.
Este año no solo ha afectado esta zona por la falta de
precipitación fluvial sino que ha afectado a grandes centros poblados, entre
ellos, Cochabamba, La Paz, Potosí, Sucre y Tarija. Ese desabastecimiento ha
ocasionado esta crisis y esta medida de emergencia nacional.
¿Cuál es el contexto de esta emergencia hídrica?
Hay un tema de calentamiento global que está presente en varios
países de la región. Este
año, Bolivia ha sido uno de los más afectados. Para dar una idea, aunque son
datos preliminares, la precipitación fluvial ha disminuido en un 38 por ciento
en La Paz y en un 33 por ciento en Cochabamba.
También hay fenómenos regionales como El Niño, pero que afectan de
forma más interna por el cambio climático a nivel global.
Sin embargo, podemos comentar otros factores más locales. Todavía
no existen estudios científicos muy precisos al respecto, pero con seguridad sí
tienen impacto las diferentes actividades que se desarrollan en el territorio
boliviano que están basadas en la extracción de materias primas.
La deforestación, por ejemplo, es una de las actividades que más
preocupa. No solo de un importante ecosistema como el bosque amazónico sino
también de zonas forestales cercanas a las ciudades.
Las medidas que se toman desde el Gobierno no necesariamente
disminuyen estos impactos. En la deforestación, hay una política de fomento que
se aplica desde hace años sobre el monocultivo para exportación principalmente
de soya.
Hace dos años se presentaron diferentes acuerdos con el sector
empresarial para incrementar en forma considerable esta área cultivada: pasar
de alrededor de 3 millones de hectáreas cultivadas a 2025 con 9 millones de
hectáreas. Y la única forma de ampliar es deforestando…avanzando sobre el
Amazonas.
En noviembre pasado se presentaron los resultados de su estudio “La Agenda gubernamental del agua”.
En el texto, se advierte que “recién con la crisis y racionamiento la población
entendió que el tener un tubo y un grifo no garantiza ese derecho humano al
agua, sino que se debe tener la cantidad y calidad”.
Algo que preocupa es la falta de prevención que ha existido en las
políticas por esta variabilidad climática y sus impactos. Hay un incremento de
inversiones en el tema de agua, pero no corresponde con la inversión pública
total en Bolivia.
Se han priorizado otros sectores como la gran infraestructura,
caminos, explotación de hidrocarburos y minería. Estos criterios que se han
asumido, no han sido los más certeros.
¿Cuál es el alcance de las “presiones” ante la demanda de la minería
e hidrocarburos?
Hay una apuesta, desde los gobiernos de nuestra región, centrada
en un importante grado de dependencia de la extracción de materias primas en
las economías. Las políticas para el incentivo en la exploración de
hidrocarburos tienen impactos ambientales y sociales. Incluso, para eso se dio
la apertura de áreas protegidas…
Muchas de estas exploraciones se realizan en territorios de
pueblos indígenas que deben contar con un mecanismo de la consulta previa.
Durante las últimas semanas, en varias notas de prensa se informa
que pobladores del municipio boliviano de Chipaya “migran a Chile por falta de
agua”. A esto, se suman las emergencias hídricas que sufren también nuestros
vecinos del Perú. ¿Cómo se enfrenta en conjunto el tema de “los refugiados
climáticos”?
Es algo que lamentablemente no es fácil visibilizar. En las áreas
rurales de Bolivia han tenido que implementar una estrategia de sobrevivencia
de migraciones temporales. No sólo por los impactos del clima sino la falta de
atención de algunas necesidades básicas que ha hecho que esta población, en
determinadas épocas del año, tenga que emigrar a las ciudades. Incluso a otras
actividades fuera del país, como en Argentina.
Este año ha sido evidente, en el caso de los Uru. Es un pueblo
indígena que habita en tierras altas y vive de las actividades del lago Uru Uru
(en el departamento de Oruro). Este lago, que pertenece al sistema del cual
forma parte el Titicaca, y el Poopó han sido afectados por las faltas de
precipitaciones pero también por algunas actividades humanas (agrícolas y
mineras).
No son lagos profundos, pero son estratégicos para resguardar el
microclima de esta zona. El que se seque pone a los pueblos en emergencia. En
2013, ellos protagonizaron una marcha hasta La Paz y eso logró que el Gobierno
sacara una ley de atención a pueblos vulnerables-no contactados para evitar
estos impactos.
Esta norma no ha sido implementada y entre la sequía y la falta de
precipitaciones, es seguro que buena parte de este pueblo emigre hacia el lado
de Chile. Algunas de estas migraciones parece que van a ser definitivas.
¿Cuán importante es que en nuestros países reconozcan el derecho de
acceso al agua a nivel constitucional? Cómo lo aprobó el Pleno del Congreso en
Perú en una Reforma Constitucional, mientras en Chile se debate una Reforma al
Código de Aguas.
Un ejemplo. Cochabamba fue protagonista de la guerra del agua en
el 2000 y en un momento se quiso privatizar con una gran empresa transnacional
que pretendía incrementa las tarifas, en algunos casos, en un 200 por ciento.
Pero hoy persiste un problema: la población no atendida por los sistemas de
agua tiene que abastecerse a través de cisternas que transportan el recurso de
un lado a otro.
Según el escenario, los privados que prestan este servicio suben
el precio del barril. Estos costos llegan a ser entre 5 a 8 dólares el metro cubico
lo que, a nivel internacional, es muy elevado y la que no está conectada es la
población más pobre de la
ciudad. Es un problema de inequidad. En la actual sequía, los
camiones cisterna atienden también a la población que sí tiene sistema, porque
por el racionamiento recibe menos agua. Y para complementar, solicita agua de
cisternas. El agua ha subido de manera impresionante a 20 dólares el metro
cúbico. Eso comparado con cualquier país del mundo es muy alto.
El derecho humano al agua establece principios normativos que
deben implementarse desde todas las instituciones públicas. En el caso de
Bolivia, sí existe este principio constitucional desde 2009 y es un referente
para regular la distribución del agua.
Una recomendación: es fundamental para este cumplimiento que
existan no sólo disposiciones en las normativas sino que las instituciones
tengan la capacidad efectiva de cumplir ese derecho humano.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Investigador_boliviano_El_extractivismo_tiene_a_la_region_en_crisis_hidrica
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