Extractivismo, territorio y conflictos
en Bolivia
29 de enero de 2016
Las resistencias de
pueblos indígenas y campesinos del sur, en la defensa de sus territorios,
sometidos al renovado vigor del asalto extractivista, constituyen hoy las
fuerzas más vigorosas de freno y contención a la lógica devastadora del
crecimiento sin fin que está destruyendo las condiciones que hacen posible la
vida en el planeta Tierra. Estas luchas expresan los intereses estratégicos de
la humanidad por la preservación de la vida.
Por Patricia Molina.
Hasta el año 2011, el
TIPNIS, Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, era prácticamente
desconocido, a pesar de que sus habitantes lideraron la I Marcha Indígena
de 1990, que logró por vez inicial el reconocimiento de los territorios
indígenas de tierras bajas para su posterior titulación. Con el conflicto
suscitado por la construcción de una carretera que dividiría el territorio,
pasando por el núcleo del parque, cerca de las concesiones petroleras, el
TIPNIS pasó a ser conocido en el ámbito mundial al poner en evidencia las
tensiones entre el gobierno indígena del presidente Evo Morales y los pueblos
indígenas de la Amazonía.
El conflicto del
TIPNIS visibilizó, además, mecanismos de expansión territorial y de acumulación
capitalista que extienden las relaciones de mercado, integrando progresivamente
el territorio indígena al espacio económico de la producción de coca, sobre la
base del principio de división del trabajo y la especialización. Pero
el TIPNIS también colocó en el mapa geopolítico a los capitales petroleros,
mineros y de la especulación financiera que generan la lucha de clases. La
infraestructura de transporte y la reducción de sus costos van ineludiblemente
asociadas a las actividades extractivistas y a la atracción de inversiones.
El TIPNIS mostró cómo
es realmente este territorio producto de la actividad de los pueblos yurakarés,
chimanes y mojeños que lo habitan. Su historia combina la persecución, que data
de más de un siglo atrás, cuando escapaban de las reducciones y posteriormente
del enganche cauchero, y el tiempo actual, cuando deben enfrentarse a
comerciantes, jatateros o colonos.
Estos pueblos indígenas
se apropiaron del territorio y construyeron una identidad asociada al manejo de
un espacio con características naturales muy particulares. La cordillera y los
ecosistemas que crea en su abrupta caída la altísima pluviosidad —la mayor del
país—, así como la vinculación territorial relacionada con la navegabilidad de
los ríos, todo ello sumado a las presiones externas, fueron intensificando los
intercambios y las relaciones sociales e interétnicas, dentro y fuera del
territorio.
El TIPNIS es el
resultado de la construcción y la dinámica de acumulación de conocimientos,
vivencias colectivas e individuales, prácticas de producción y manejo de
recursos abundantes y escasos; asimismo, de la regulación de las relaciones
sociales mediante normas internas que se resumen en las estrategias
territoriales ahora visibles. De allí su capacidad de resistir y defender su
territorio, capacidad desarrollada durante siglos.
El 15 de julio del
2009, el presidente del Territorio Mosetén, ubicado en el norte de La Paz, al
oeste del TIPNIS, también en la Amazonía boliviana, retuvo en su comunidad,
Simay [1], varios
vehículos de la empresa norteamericana Geokinetics, contratada por el consorcio
Petroandina —de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB)— para realizar exploración sísmica en el Bloque
Lliquimuni, dentro del cual se encuentra dicho territorio indígena. Este fue el
primer conflicto de magnitud que se suscitó entre un pueblo indígena y la
empresa estatal, desde la asunción del nuevo gobierno.
En abril del mismo
año, la ONU, a instancias del presidente boliviano, había aprobado la
Declaración de los Pueblos Indígenas. En las convenciones internacionales, el
país destacaba por su crítica posición radical de defensa de los derechos de la Madre Tierra y de los
pueblos indígenas. Resultó evidente que esto no constituyó una prioridad
inmediata de las políticas públicas en la búsqueda de una transformación
posextractivista y del posdesarrollo que responda efectivamente a las urgencias
que plantean la crisis ambiental global y sus graves efectos en el país.
A ese conflicto le
siguieron otros en el sector de la minería, como los de Corocoro, Mallku Khota
y Colquiri, todos ellos con consecuencias dramáticas de confrontación,
violencia y represión. Esto puso en evidencia los efectos del camino
neoextractivista adoptado.
Desde las
instituciones estatales se han diseñado diversas estrategias para manejar los
conflictos. Algunas de ellas han logrado entablar la negociación y reducir las
tensiones, pero la base misma de la conflictividad está intacta. En su avance
sobre los territorios, la apuesta por el extractivismo seguirá confrontando a
sus habitantes con los intereses destructivos, aun cuando estos se justifiquen
en el interés prioritario del Estado.
Extractivismo y
conflictividad:
El término
extractivismo se refiere a las actividades que remueven grandes volúmenes de
recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre
todo para la
exportación. No se limita a los minerales o al petróleo. Hay
también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero.El extractivismo
es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace
quinientos años, debido a las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo
naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de
materias primas —es decir, de bienes primarios—, mientras que otras asumieron
el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan naturaleza; las
segundas, la importan [2].
Para esta óptica no
existen consideraciones sobre el agotamiento de recursos ni menos aún sobre la
sustentabilidad de los proyectos extractivistas, por lo que constituye un
mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial. El objetivo es la
explotación de las materias primas indispensables para el desarrollo industrial
y el bienestar del norte global, como las demandas de los países emergentes.
La historia muestra
que los países con abundantes recursos naturales que apostaron por exportarlos
solo consiguieron la generalización de la pobreza, sometidos a crisis
económicas recurrentes y consolidando mentalidades meramente “rentistas”. Es el
caso de Bolivia y su minería desde tiempos coloniales.
Los gobiernos
progresistas de América del Sur han apostado por el extractivismo para resolver
las demandas populares de acceso al agua, alimentación, crédito y servicios;
asimismo, para consolidar su legitimidad y apoyo social con el fin de
mantenerse en el poder y continuar el proceso de cambio. Por ello, si bien han
efectuado algunas variaciones de componentes, como mejoras tributarias que
devienen en mayores ingresos fiscales, en la actual estructura de acumulación
no hay modificaciones sustantivas. Dichos gobiernos argumentan que el extractivismo
es indispensable para combatir la pobreza y promover el desarrollo. En
consecuencia, el neoextractivismo mantiene y reproduce elementos claves del
extractivismo de origen colonial.
El rechazo al extractivismo y la destrucción
ambiental en general, así como la defensa de los territorios de los pueblos
indígenas y campesinos ante la lógica expansiva de la acumulación, fue uno de
los ejes principales de las luchas antineoliberales. Sin embargo, durante la
última década se ha acentuado en el país la dependencia primario-exportadora. En Bolivia la
participación de los productos primarios como proporción del valor total de las
exportaciones pasó de ser el 89,4% en el año 2005 al 92,6% en el 2010 [3].El vicepresidente Álvaro
García Linera caracteriza las políticas extractivistas impulsadas por su
gobierno como una primera etapa que permitirá crear las condiciones materiales
para salir del extractivismo. Sostiene que “detrás del criticismo extractivista
de reciente factura en contra de los gobiernos revolucionarios y progresistas
se halla, pues, la sombra de la restauración conservadora”[4].
García Linera
considera que el extractivismo, el no extractivismo o el industrialismo son
“sistemas técnicos de procesamiento de la naturaleza mediante el trabajo, y
pueden estar presentes en sociedades pre-capitalistas, capitalistas o
sociedades comunitaristas”. Añade que “Los críticos del extractivismo confunden
sistema técnico con modo de producción, y a partir de esa confusión asocian
extractivismo con capitalismo; olvidando que existen sociedades
no-extractivistas, las industriales, ¡plenamente capitalistas!”. “En eso consiste el
Vivir Bien: en utilizar la ciencia, la tecnología y la industria para generar
riqueza, de otra manera con qué se podrían construir carreteras, levantar
postas sanitarias, escuelas, producir alimentos, satisfacer las necesidades
básicas y crecientes de la sociedad”, afirma [5],[6],[7].
En el artículo
“Topología del Estado” [8],
García Linera sostiene que “[…] la territorialidad del Estado Plurinacional es
homogénea, es decir, geográficamente similar en derechos en cualquier lugar de
la patria” y con una territorialidad policéntrica, “es decir, con múltiples
polos de desarrollo, nodos de irradiación de oportunidades, de conocimientos y
beneficios capaces de equilibrar el bienestar de una región con respecto a las
otras regiones que componen la patria”. En consecuencia, esta territorialidad
policéntrica, en forma de heptágono, con un centro gravitante, tendría en cada
uno de sus vértices un polo de desarrollo, “núcleo irradiante y equilibrante de
las fuerzas productivas de la economía y el bienestar social”. De acuerdo con
García Linera, estos polos son:
1. El vértice sur, en
el Chaco tarijeño, con la producción e industrialización del gas.
2. El vértice suroeste,
Uyuni, con el litio y el complejo industrial.
3. El vértice sudeste,
con el Mutún, el precámbrico y los incipientes procesos de industrialización.
4. El vértice noreste,
con San Buenaventura y la actividad agrícola-forestal-hidrocarburífera del norte
paceño.
5. El vértice noreste,
con la intensa actividad agrícola y agroindustrial cruceña.
6. El vértice norte,
con Cachuela Esperanza, el potencial hidroeléctrico y la castaña.
7. Y el vértice
central del trópico, con la industrialización del gas y la articulación entre
Amazonía y valles.
En cada uno de estos
vértices, asevera el vicepresidente, “las materias primas, junto con la
industrialización, constituyen el núcleo movilizador de recursos, tecnología y
ganancias que permiten un equilibrio entre regiones, una irradiación homogénea
de derechos y una creación de nuevos vértices, de nuevos polos regionales,
capaces de utilizar las potencialidades económicas que tienen” [9].
La crítica al
extractivismo se plantea desde la perspectiva de la búsqueda de alternativas
civilizatorias a la sociedad depredadora del desarrollo sin fin. El
extractivismo está lejos de ser solamente una “relación técnica con la
naturaleza”. Una vez instalada en la sociedad, la lógica económica, política y
cultural del rentismo adquiere una dinámica inercial de autorreproducción que
muy difícilmente puede ser revertida, como lo demuestra la experiencia
venezolana. La lógica rentista refuerza un modelo de Estado vertical y
centralizado incompatible con la plurinacionalidad y con un Estado comunal, y
socava de forma sistemática toda posibilidad de autogobierno participativo y
democrático [10].
Extractivismo y
resistencia:
En la etapa actual de
crisis ambiental hay un reordenamiento de los roles productivos de los
territorios, y los países de América Latina —“progresistas” o no— han entrado a
cumplir su rol. Esta conquista de nuevos territorios conlleva el desplazamiento
de la violencia hacia regiones del sur, porque el capital necesita conquistar
mercados para exportar capital. Por ello, las empresas petroleras, mineras y
otras hacen fila para obtener concesiones o contratos por treinta o cuarenta
años, que luego mantienen a como dé lugar. Es el caso de Río Hondo, de
Petrobras, y Tuichi, de Repsol, empresas que tenían concesiones para exploración
obtenidas en gobiernos anteriores, ubicadas en Pilón Lajas, Madidi y el TIPNIS,
las que fueron convertidas a pesar de haberse acogido a la “cláusula de fuerza
mayor”. Por esta cláusula, ambas empresas alegaron que no habían podido cumplir
con el contrato debido a la sobreposición con áreas protegidas, aunque, más que
eso, lo que las hizo desistir fue la movilización local contra las actividades
petroleras en territorios con una intensa actividad ecoturística. Estos
contratos les servirán para la especulación financiera y, además, son
transables [11].
David Harvey acuñó el
concepto de acumulación por desposesión, que consiste en el uso de métodos de
acumulación originaria para mantener el sistema capitalista, mercantilizando
ámbitos antes cerrados al mercado, a partir del despojo o del pillaje de
recursos, fuerza de trabajo y hasta dinero, que están todavía bajo relativo
control de algunas clases, grupos o, como en el caso de la Amazonía, de las
nacionalidades/etnias indígenas. La expansión nacional de las fronteras
agroforestales, mineras y petroleras produce el despojo de los territorios
indígenas porque allí se encuentran los bosques, las aguas, la riqueza biótica,
los minerales y, desafortunadamente, el petróleo. La raíz del despojo es la
privatización de la propiedad comunitaria. Las prácticas del despojo siguen un
protocolo de privatización, financiarización, gestión y manipulación de las
crisis y redistribuciones estatales de la renta [12].
En la actual fase de acumulación por
desposesión se ha acelerado la creación de capacidades financieras y
tecnológicas para superar la mayor parte de los obstáculos que hasta hace
relativamente poco establecían que regiones enteras del planeta (Amazonía,
cordillera de los Andes, etcétera) estuviesen más o menos protegidas del
agresivo proceso de mercantilización y comodificación de la vida. Estos son los
territorios donde vive una elevada proporción de los pueblos y comunidades
campesinas e indígenas que, a pesar de medio milenio de sometimiento colonial,
han logrado preservar modos de vida no plenamente sometidos a la lógica del
capital y de la modernidad colonial[13].
Las resistencias de pueblos indígenas y
campesinos del sur, en la defensa de sus territorios, sometidos al renovado
vigor del asalto extractivista, constituyen hoy las fuerzas más vigorosas de
freno y contención a la lógica devastadora del crecimiento sin fin que está
destruyendo las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra.
Estas luchas expresan los intereses estratégicos de la humanidad por la
preservación de la vida [14].
Resulta paradójico, por ello, que precisamente
el gobierno popular surgido como resultado de las luchas de los pueblos
indígenas que impulsaron el proceso constituyente desde la V Marcha Indígena ,
y principales aliados durante la difícil fase de elaboración de la nueva Constitución ,
acuse a las naciones indígenas de estar políticamente subordinadas a discursos
y poderes externos.
Las carencias y necesidades de amplios
sectores de Bolivia no serán resueltas a largo plazo siguiendo el patrón que ha
llevado a la grave crisis ambiental global, como consecuencia de la
industrialización y el desperdicio. La esperada abundancia material, para luego
impulsar políticas alternativas orientadas a vivir en armonía con la Madre Tierra , es un
espejismo traducido en la entrega de bonos de diferentes tipos que no generan
desarrollo local.
Un obstáculo que no se puede dejar de señalar
en la gestión de los conflictos socioambientales derivados de actividades y
políticas neoextractivistas son las dificultades para entablar diálogos
abiertos y convergentes sobre políticas públicas en Bolivia. Esto se expresa en
el tono de confrontación que ha asumido el debate entre el gobierno y sus
críticos indígenas, ecologistas y de izquierda.
Estado, empresas y
población:
Hace algo más de diez
años, un proyecto del Banco Mundial pretendía reglamentar “las operaciones
petroleras en territorios indígenas y áreas protegidas” en Ecuador, Perú y
Bolivia. En realidad se trataba de llevar la consulta establecida en el
Convenio 169 de la OIT al terreno del arbitraje en instancias empresariales.
Dicho reglamento estuvo a punto de ser aprobado en Bolivia, pero diversas
organizaciones indígenas y otras lograron frenarlo, al mismo tiempo que
colocaron en la agenda la necesidad de trabajar en un reglamento general de
consulta.
El año 2007 se aprobó
el Reglamento de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas y
Comunidades Campesinas en Actividades Hidrocarburíferas. Dos años antes, el
2005, como resultado de las luchas en el país, se habían incorporado elementos
esenciales de la consulta indígena en la nueva Ley de Hidrocarburos, vigente hasta hoy.
Con esta ley, la consulta pasó de ser responsabilidad de las empresas al
Estado, a estar cargo de la
Unidad Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, lo que
convirtió a esta unidad en un aliado natural de las empresas, para viabilizar
la aprobación de las licencias ambientales.
Luego de los
conflictos de Lliquimuni, TIPNIS, Corocoro y Mallku Khota, la estrategia del
Estado se orientó a limitar la consulta indígena. El mismo presidente ha
señalado en reiteradas ocasiones que la consulta indígena es solo un mecanismo
que dificulta los avances petroleros en el país, y en otras, se estrella contra
el proceso de evaluación de impacto ambiental, mientras que el vicepresidente
ha señalado que la consulta indígena no se debe aplicar en otros casos, como en
proyectos carreteros. En cualquier caso, los esfuerzos gubernamentales se han
concentrado en limitar la consulta, discutir su carácter vinculante y
convertirlo en un mecanismo de negociación de proyectos a cargo del Fondo
Indígena [15]. Es decir,
mecanismos de compensación administrados por reparticiones burocráticas, por
decir lo menos, que propagandizan estrategias de aceptación forzada como si se
tratara de desarrollo local.
Lo anterior se debe a
que la consulta indígena, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT,
ratificada como ley de la república, al igual que la Declaración de los Pueblos
Indígenas de la ONU, y además constitucionalizada en el país, se ha convertido
en el principal mecanismo de defensa de estos pueblos frente a los proyectos
extractivistas. A la fecha (2013) está aún en debate el proyecto de ley de
consulta, a pesar de los muchos talleres de validación y todos los mecanismos
desplegados para conseguir la aprobación de las organizaciones indígenas.
Entre estos otros
mecanismos para enfrentar los conflictos indígenas derivados de la defensa
territorial y del avance extractivista se encuentra la división de las
organizaciones indígenas, en particular la Confederación de Pueblos Indígenas
del Oriente Boliviano (CIDOB), aunque no escapa a estos intentos el Consejo
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Aun cuando la CIDOB
paralela no ha logrado viabilizar la legislación de la consulta, esta situación
impide el desempeño pleno de la organización reconocida por la instancia
superior, que es la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca
del Amazonas (COICA), y a la fecha incluso se pone en tela de juicio su
legalidad.
Extractivismo minero:
Durante el periodo
2001-2005 el crecimiento del producto bruto interno estuvo liderado por el
incremento de la producción de hidrocarburos, especialmente de gas natural, con
una tasa promedio anual de 10%. En el periodo 2006-2009 correspondió a la
actividad minera, que alcanzó una tasa promedio anual de poco más del 20% [16].
En el caso de la
minería estuvo ausente la nacionalización como proceso de reversión de empresas
privadas a manos estatales, motivo por el cual la participación estatal
continúa siendo marginal. Las reformas se limitaron a la modificación parcial
del régimen tributario para las empresas productoras, respetando la propiedad
sobre las concesiones y los contratos de asociación con el Estado y con
terceros. Por ello, durante los primeros cuatro años de gobierno los aspectos
productivos continuaron siendo asumidos por el sector privado, especialmente
mediante la puesta en marcha del megaproyecto minero San Cristóbal en el 2007.
La presencia de las empresas privadas extranjeras, agrupadas como “minería
mediana y grande”, sigue siendo dominante en la producción de minerales. El
Estado, a través de la
Corporación Minera de Bolivia (Comibol), se limita a la
producción de estaño por la empresa minera Huanuni y de cobre por la empresa
minera Corocoro.
La importancia de la empresa minera San
Cristóbal desde el 2008 se refleja en que controla el 69% de la producción de
zinc, el 84% de plomo y el 46% de la plata, minerales que ese año representaron
el 96% de la producción minera del país.
El complemento de la privatización de los
yacimientos mineros en el país es la proliferación de las cooperativas mineras,
emprendimientos informales que sobreviven a costa de la extrema explotación de
la fuerza de trabajo, en condiciones técnicas precapitalistas y ambientalmente
degradantes.
Los cooperativistas constituyen un sector que
presenta diferenciaciones de clase camufladas en una organización que hereda la
disciplina sindical por haber acogido a los relocalizados mineros de los años
noventa. Dieron su respaldo al nuevo gobierno e impusieron su presencia en el
gabinete y en el cuerpo diplomático, con lo que velan por sus derechos
adquiridos y logran la rápida atención de sus demandas. Han generado conflictos
de extrema violencia, como el caso de Colquiri, que provocó heridos e incluso
un muerto de la Federación de Mineros, en una marcha en la ciudad de La Paz. Numerosas
tomas de minas, violentas expropiaciones y confrontaciones con comunidades son
hechos asociados a estos grupos. Firman alianzas con empresas transnacionales
para facilitar el acceso a los yacimientos y se han convertido en un factor de
poder que alienta las formas más aberrantes de extractivismo, tanto por la
explotación humana como por la nula gestión ambiental, todo ello justificado en
la creación de empleo, en lo que el Estado no ha avanzado sustancialmente en el
sector.
En resumen, las políticas estatales en la
minería no se orientan a la recuperación de los recursos ni a la estatización,
sino al mantenimiento de la inversión privada extranjera y al fortalecimiento
de las cooperativas mineras. Esto, además de impedir el objetivo gubernamental
de control estatal de la cadena productiva, somete riesgosamente el aparato
gubernamental a un sector muy violento que no tiene escrúpulos para hacer
alianzas ni para romperlas.
Conflictos mineros:
el caso de Mallku Khota, intereses y demandas
La concesión —sin
consulta previa— de una de las más grandes reservas mundiales de plata, indio y
galio a la
canadiense South American Silver movilizó hacia la sede de
gobierno a cientos de comunarios del norte de Potosí, que reclamaban derechos
sobre los recursos naturales de su territorio ancestral. La South American Silver
obtuvo la concesión el 2006, durante la administración del presidente Evo
Morales, sin que fueran consultadas la comunidad Mallku Khota
ni el aillu Sullk’a Jilaticani.
La Marcha de Mallku
Khota reflejó el rechazo a la implementación de políticas públicas y a la toma
de decisiones inconsultas, de parte del gobierno de Evo Morales, sobre
proyectos que afectan de manera directa tierras comunitarias de origen (TCO).
El cerro Mallku Khota
(‘Lago del Cóndor’, en aimara) se ubica al norte de Potosí, entre los
municipios de Sacaca y San Pedro de Buena Vista. Está rodeado por cinco lagunas
de agua dulce, la más grande de la cuales lleva el mismo nombre; en sus orillas
se alberga la
comunidad Mallku Khota , que, con otras comunidades, forma
parte del aillu Sullk’a Jilaticani, titulado como tierra comunitaria de origen.
Las cinco lagunas constituyen fuentes de agua
estratégicas. Alimentan las vertientes que dotan de agua a todo el norte de
Potosí para el consumo humano y de los animales, y para los sembradíos. Están
conectadas al sistema hidrológico de la región, y son fuente de origen y
reserva acuífera de seis microcuencas que se extienden hacia abajo de la
serranía, fundamentales para la producción agrícola y piscícola.
Además de su importancia como fuente de agua
para todo el norte de Potosí, el Mallku Khota es uno de los yacimientos más
grandes de plata, indio y galio conocidos en el hemisferio occidental;
asimismo, cuenta con importantes reservas de oro.
Los comunarios
exigieron el cumplimiento del acuerdo firmado con el Ministerio de Minería que
garantizaba la conclusión de la fase de exploración de las reservas minerales
de esa región. El conflicto se profundizó en la gestión del 2009, y desde
entonces los aillus no cesaron de demandar la expulsión de la empresa.
Los primeros días de
mayo del 2012 el conflicto hizo crisis tras el anuncio de la empresa de iniciar
la explotación de los yacimientos a cielo abierto; la comunidad debía abandonar
el lugar y reubicarse en otros predios. Las protestas se tornaron contundentes
y, en respuesta, se ordenó la intervención policial de Mallku Khota.
South American Silver Corp. es una empresa
minera de exploración, de poca experiencia, con sede en Vancouver (Canadá),
registrada en la bolsa canadiense bajo el código TSX: SAC. El cálculo
aproximado del valor accionario de esta compañía, a finales del 2010, alcanzaba
a algo más de 80 millones de dólares americanos.
El 7 de mayo del 2012,
la South
American Silver anunció que acababa de firmar un contrato de
financiamiento por 16 millones de dólares con varios grupos de inversionistas
en alta tecnología, con base en Asia, destinado al desarrollo del proyecto
Mallku Khota.
En su página web
(junio 2012) la empresa se describe como una compañía en crecimiento, basada en
la exploración minera, que se encuentra desarrollando uno de los mayores
depósitos no explotados de plata, galio y especialmente indio del mundo: el
proyecto Mallku Khota, cuyas reservas calificadas alcanzan a 230 millones de
onzas de plata y 1481 toneladas de indio, y un recurso inferido de 140 millones
de onzas de plata y 935 toneladas de indio. La firma canadiense asegura que el
yacimiento podría proveer el 10% o más del suministro mundial de indio y galio.
Puntualiza que “La propuesta de negocio combina el conocimiento y experiencia
de excelencia del equipo e integra un enfoque en fuertes relaciones
comunitarias y responsabilidad social corporativa […] con 20 años de
experiencia en Bolivia. La compañía tiene transacciones financieras en la Bolsa
de Valores de Toronto Stock Exchange y en el mercado de los Estados Unidos”.
Describe a Mallku Khota como un proyecto íntegramente privado, cuya “vida útil
prevista es de 15 años”.
En su estudio
económico, y basándose en diferentes escenarios de precios de los metales, la
compañía canadiense estima que la amortización del proyecto —tiempo que
necesita la operación para recuperar todo el capital invertido, es decir,
gastos de exploración, construcción de infraestructura, explotación, mano de
obra, pago de regalías, etcétera— está garantizada en solamente quince meses; así
pues, los catorce años restantes serían de plena ganancia para la empresa.
La empresa había
previsto una explotación a cielo abierto, con un proceso de lixiviación con
ácido clorhídrico. Planeaba abrir cuatro open pits (minas a cielo abierto) o
tajos muy próximos a las lagunas en cuyas orillas se asientan los comunarios de
Mallku Khota.
El vicepresidente
García Linera ratificó la legalidad de las concesiones de la South American Silver
Corp. y acusó a los comunarios que protagonizaban la marcha de explotar
ilegalmente oro, contaminando las lagunas de Mallku Khota. Aseguró que de los
cuatro ayllus que viven en la zona, formados por unas sesenta comunidades,
todas, exceptos dos, respaldaban la presencia de la transnacional canadiense.
Ante la falta de consulta
previa, la empresa diseñó una estrategia orientada a asegurar el aval de la
comunidad a sus planes de exploración y explotación de las reservas mineras,
basada en los exitosos modelos implementados por Suminoto en la mina San Cristóbal
y por Newmont en las minas Inti Raymi. Estos modelos se centran en un “enfoque
fuerte en las relaciones con las comunidades para facilitar proactivamente
acuerdos de beneficio mutuo” [17].
Dicha estrategia contemplaba la negociación de
acuerdos con los aillus dueños del territorio para mitigar los impactos y
otorgar beneficios como becas, contribuciones a las escuelas locales, apoyo a
iniciativas de salud, involucramiento en el monitoreo ambiental, entrenamiento
a las comunidades locales para el trabajo de exploración, promoción de
actividades tradicionales y culturales, proyectos de sanidad animal y programas
de vacunación y tratamiento veterinario de animales domésticos para mejorar la
economía de la región —que se basa en una agricultura de subsistencia— y,
asimismo, trabajar con las comunidades indígenas proyectos para facilitar el
desarrollo económico y comercial de la región.
Lo que la referida estrategia no tomó en
cuenta es que, con otras comunidades, Mallku Khota forma parte de la Tierra Comunitaria
de Origen (TCO) Ayllu Sullk’a Jilaticani; y que, tratándose de una propiedad
colectiva, no es posible ninguna estrategia que no sea la aplicación y el
cumplimiento de la normativa vigente respecto los derechos territoriales e
indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política
del Estado.
El propio informe de la South American Silver
Corp. reconoció que el proyecto se ubica en una cabecera de cuenca, de la que
se originan seis pequeñas subcuencas. Estas lagunas son esenciales para la
producción agrícola de las poblaciones aguas abajo. Su desaparición implicaría
cambios y efectos no previstos en el sistema ecológico e hídrico y, desde
luego, consecuencias en las condiciones de producción agropecuaria de las
comunidades.
Otro impacto es el
asociado a la generación de residuos. Según el informe de la empresa
canadiense, se preveía generar un promedio de 25 millones de toneladas de
residuos por año, lo que supone que luego de quince años este proyecto dejaría
en la zona cerca de 375 millones de toneladas de desechos que, junto con sus
instalaciones, requerirían la ocupación de grandes extensiones de suelos, de
donde desplazarían a las poblaciones que hoy las ocupan.
Por otra parte, todos
los compuestos del indio deben ser considerados como altamente tóxicos, pues
provocan daños en el corazón, riñones e hígado, y pueden ser teratógenos
(generadores de anomalías congénitas). Los datos disponibles acerca de los
efectos de esta sustancia en la salud humana son insuficientes y no han sido
aún investigados, por lo que, según Water Treatments Solutions Lenntech, se
deben tomar extremas precauciones [18].
El gobierno cedió
finalmente a la presión y revocó las concesiones mineras, incluido el Proyecto
Minero Mallku Khota. La empresa inició un arbitraje internacional el 2013,
enmarcado en el reglamento de arbitraje de la Comisión de la ONU para el
Derecho Mercantil Internacional y el tratado de protección de inversiones entre
el país andino y el Reino Unido.
Conclusiones:
El extractivismo sigue vigente, aunque asume
formas nuevas en un Estado que ha recuperado roles e ingresos. Tales formas
incluyen asociaciones de empresas estatales, cooperativas-Estado y
cooperativas-empresas.
La consulta indígena se ha convertido en el
principal mecanismo de defensa, sobre todo si se aplica en territorios que
buscan la protección del mismo y no simplemente negociaciones de compensación.
Surgen nuevas estrategias, nuevos disfraces
para limitar la consulta y promocionar las actividades en las que se basa la
economía extractivista, como la distribución de pequeños proyectos, la creación
de reparticiones para la elaboración de los mismos, las divisiones de
organizaciones o los proyectos de “responsabilidad social”.
Un territorio con identidad parece
incomprensible para funcionarios y gobernantes que, con una mentalidad rentista
o de modernidad capitalista, no consiguen comprender por qué sus actores —los
pueblos que lo habitan— están decididos a defender su historia, su pasado, su presente
y también su futuro.
Notas:
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