Dólares para las transnacionales
mineras,
venenos para la comunidad
17 de febrero de 2016
Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez
La ecuación es sencilla: ganancias exorbitantes
para los inversionistas; posicionamiento del gobierno ante los grupos
económicos y de poder global y; secuelas de destrucción y pérdida de la riqueza
nacional para las mayorías de población. En la escala menor del ámbito local se
recibe más cianuro, mercurio, sulfatos, desechos, polvo, sustancias tóxicas,
tala a máxima escala, pérdida de flora y fauna y sequía para distribuir entre
la comunidad, la tierra y las fuentes hídricas.
El régimen Uribe estableció
hacer de Colombia un país minero, y lo dejo consignado en el Plan Nacional de
Desarrollo Minero y de Política Ambiental Visión Colombia 2019. A partir de esta
decisión se conformaron los distritos mineros definidos conforme al grado de
concentración mineral.
En 2010 la llamada Locomotora Minera
del Presidente Santos, daba cuenta de 42 Distritos mineros en 328 municipios
(pbi.colobia.org, boletín 18, 2011), en los que la extracción de recursos
minerales se convirtió en una prioridad al servicio de las transnacionales, que
disponen del país a su antojo en ejecución de la política de consolidación de
la inversión extranjera en Colombia. Entre los principales beneficios se
destaca por ejemplo que en ese mismo año, 2010, solamente tributaron un monto
de 5.6 billones de pesos, cuando debían haber pagado 15,3 billones de pesos.
Adicionalmente el beneficio se extendió a descontar en impuestos el pago de
regalías y no cobrar suma alguna por la renta producida debida a cambios de
precios del mercado, es decir la regalía le resulta igual si la onza de oro
vale cien o vale mil dólares, lo que en cambio no ocurre con el precio de la
gasolina, los alimentos o los arriendos. El desequilibrio en la tributación con
garantías permite establecer que el país nacional, empobrecido y endeudado
prácticamente paga para que se lleven la riqueza colectiva.
Las transnacionales a 2010 casi habían duplicado
la producción y multiplicado las ganancias. Los precios del carbón pasaron de 90 a 160 dólares por tonelada
y la onza de oro de 700 a
1800 dólares. La ecuación es sencilla: ganancias exorbitantes para los
inversionistas; posicionamiento del gobierno ante los grupos económicos y de
poder global y; secuelas de destrucción y perdida de la riqueza nacional para
las mayorías de población. En la escala menor del ámbito local se recibe más
cianuro, mercurio, sulfatos, desechos, polvo, sustancias toxicas, tala a máxima
escala, perdida de flora y fauna y sequía para distribuir entre la comunidad,
la tierra y las fuentes hídricas.
La confianza inversionista ha adelantado sus
triunfos asociada a la seguridad democrática que convirtió en enemigos a los
pequeños y medianos mineros, y en corto tiempo ha logrado un rápido
enriquecimiento para las empresas transnacionales y daños irreversibles acompañados
de un envenenamiento lento de mediano plazo para los verdaderos dueños de esa
riqueza.
Las cifras de la
relación extracción-daño irreversible llaman a la reflexión ahora que vienen
tiempos de una paz acordada, propicia para recuperar la memoria y también la soberanía. Para
extraer una onza de oro se destruye una tonelada y media de roca y la mina se
gasta el agua que podría consumir una familia campesina en 20 años
(migrantelatino.com/Francisco Real). El resultados final es de mas de mil
dólares que crecen en el mercado para los inversionistas y nuevo veneno para
los pobladores que reciben en promedio 40 gramos de arsénico, 10
de cromo, 170 de plomo y 70 de Zinc (Minería en Colombia, 2013). El proceso
productivo por ser expansivo provoca la perdida de soberanía alimentaria,
modifica el curso de ríos y quebradas y aumenta el riesgo sobre la vida e
integridad de las comunidades expulsadas con las reglas de la nueva
territorialidad de la mina, o desplazadas de manera forzosa por la seguridad
armada de la mina. Una
situación similar ha ocurrido en la escala nacional con las siete bases
militares militares americanas instaladas en medio de la mejor biodiversidad,
que han creado su propia territorialidad y que en tiempos de paz están llamadas
a ser desmontadas, máxime si la ONU viene a verificar el cese de fuegos
internos.
La industria minera no respeta derechos, ni de humanos, ni de la madre tierra, sobre todo porque no es cierto que haya una minería sustentable. Justificar que lo es es distorsión, engaño. El empobrecimiento y extracción de riqueza mineral en el el siglo XXI, tiene a su favor la desesperanza, las carencias y las necesidades insatisfechas de las mayorías de población, que le hacen fácil al gobierno cumplir sus metas y a las transnacionales adelantar el ciclo de bonanza, destrucción y empobrecimiento, guiado por el proceso privatizador de los bienes y que además del despojo patrimonial provocan desastres ambientales y descomposición social y cultural de comunidades.
Las principales zonas de
incidencia minera en Colombia están empobrecidas, sin agua potable, sin
atención sanitaria, con deficitarios servicios de educación, con hambre, con
presencia paramilitar activa y con conflictos sociales latentes. Mientras tanto
las empresas mas conocidas que dan cuenta de la efectiva confianza
inversionista aumentan sus incalculables fortunas destacándose la Anglo Gold Ashanti
Colombia S A., tercera productora de oro en el mundo, con 406 títulos mineros;
Minerales Andinos de Colombia (Gran Colombia Gold) de capital canadiense cuyos
accionistas mayoritarios son los mismos del Grupo Pacific Rubiales y la ex
canciller María Consuelo Araujo, con 111 títulos mineros (las2orillas 2013, G .Rugeles); Negocios
Mineros S.A., con 88 títulos; Continental Gold De Colombia con 67 títulos;
Mineros S.A con accionistas como el Grupo Colpatria y Financiera Colombiana
controlada por Ardila Lulle con 67 títulos y una producción anual aproximada de
120 mil onzas de oro.
Minería transnacional
significa privatización, contaminación del agua, destrucción del entorno,
elevado uso de energía, degradación de derechos y detrimento de la calidad de
vida por enriquecimiento ajeno, lo que permite vislumbrar que crecerá la
movilización social por la recuperación y defensa del agua, pero además por la
recuperación de la soberanía y autodeterminación en todos los planos de la vida
política, social,económica, ambiental y cultural.
8 Febrero 2016
8 Febrero 2016
Fuente: http://www.dariovive.org/?p=7815
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