Tras la firma del TPP, profesionales alertan
sobre el impacto de los tratados
9 de febrero de 2016
El 4 de febrero doce países firmaron el TPP, que avanza el el area de
libre comercio más grande del planeta. Desde la Asociación
Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) señalaron que
los Tratados de Libre Comercio (TLC) representan un avanzada del capital
trasnacional sobre los Estados para evadir sus controles internos. Coinciden en
que los derechos sociales tienen primacía sobre las normas de comercio e
inversión, pero advierten que eso sólo puede hacerse valer en los hechos con la
organización y la lucha de
los trabajadores.
Por Ignacio Rodríguez
(Prensa CLATE)
Luis Ramírez, Presidente de ALAL, y Matías Cremonte, Director de
Empleo Público de dicha organización, conversaron con CLATE sobre los posibles
impactos que los tratados de libre comercio pueden tener sobre los derechos de
los trabajadores.
¿Cómo analizan el avance de las negociaciones de tratados
multilaterales de libre comercio?
Matías Cremonte: Los tratados internacionales de
libre comercio son impulsados centralmente por el capital transnacional, en su
beneficio y el del capital financiero. Son parte de una estrategia de
dominación. Es decir, no se trata de políticas de Estados soberanos que
pretenden mejorar las condiciones de vida de sus pueblos y para eso buscan
fomentar la integración con otros países o regiones. Desde esa perspectiva,
nada bueno puede esperarse de ellos, y mucho menos para los trabajadores. El
avance de esos tratados en el mundo lleva varias décadas, y aunque en
Latinoamérica los pueblos lograron frenar su avance, los nuevos vientos
políticos soplan en esa dirección.
Luis Ramírez: Los nuevos tratados son un
producto de las políticas neoliberales y de la globalización económica y
financiera del planeta. La transnacionalización de la economía es un dato de la
realidad y sería necio negarlo, pero no es un hecho “natural” e inevitable. Es
una decisión de las grandes corporaciones internacionales, tomada en función de
sus propios intereses. Una de las características de los TLC es la asimetría y
desigualdad entre los países firmantes, lo que permite conocer a priori quienes
serán los ganadores y quienes los perdedores.
¿Qué riesgos representan estos acuerdos para los trabajadores y
los pueblos de la región?
M.C.: Uno de los principales
problemas de estos acuerdos radica en que no son discutidos abiertamente ni
sometidos a la consideración de la sociedad. Son los lobbies empresarios, ONGs y
embajadas poderosas los principales impulsores. Con la excusa de atraer
capitales e inversión, se acepta cesión de soberanía y reducción impositiva y
tributaria (incluyendo aportes jubilatorios por ejemplo, desfinanciando así el
sistema de seguridad social). A su vez, se pretende evadir los sistemas de
control interno de los Estados nacionales, sustrayéndose incluso de las
jurisdicciones locales.
L.R.: La globalización del sistema
capitalista fomenta el dumping social, y la mayoría de nuestros gobiernos
compiten entre sí para ver quien ofrece una mano de obra más dócil y barata y
un menor nivel de protección de los trabajadores. Lo mismo respecto al cuidado
del medio ambiente y a la defensa de los consumidores. Ya no es un secreto que
los países centrales imponen a los países periféricos la adopción, mediante
estos tratados, de políticas de apertura económica, que responden a las
necesidades financieras y comerciales de aquellos. A ello se suma la debilidad
de nuestros Estados, que deja en manos de los sectores económicos dominantes la
conducción del proceso de “libre comercio”. Nuestros países renuncian a definir
estrategias industriales y comerciales, así como los procesos de reconversión,
quedando el “mercado” como único regulador de la vida económica y social. Un
auténtico desastre para los trabajadores y los pueblos de la región.
¿Puede existir colisión de normas entre el derecho del trabajo de
cada país y el que emana de los Convenios OIT con el que se intenta imponer a
través de los tratados de libre comercio (TLC)?
M.C.: En materia de derechos sociales
no es tan sencillo. Un tratado podría incluir el compromiso de los países en
modificar la legislación, pero no la excusión del ámbito de aplicación de las
leyes laborales. En materia de Derecho del Trabajo, además, rige el principio
de aplicación de la norma más favorable, por lo que aún modificando la
legislación local, regirá la norma internacional si es más beneficiosa para el
trabajador, y viceversa. Este principio, junto al derecho a la progresividad y
la no regresividad de los derechos sociales son pilares del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. La mayoría de los “beneficios” que
persigue el capital a través de los tratados de libre comercio contradicen el
orden público laboral internacional, y por ende, aún firmándose, serían
inaplicables.
L.R.: Creo que tenemos que
diferenciar entre las normas legales vigentes en un país, que regulan los
derechos de los trabajadores, y los Convenios de la O.I.T. y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, entre los que se encuentran los derechos
laborales. En este último caso estamos frente a lo que se ha dado en llamar el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es de aplicación universal e
imperativa y que no podría ser desconocido por el tratado. Respecto a la
legislación interna de cada país, el peligro no es la “colisión”, sino la
exigencia, expresa o tácita, de que hay que ajustarla al menor nivel de
protección que pretende el tratado de “libre comercio”. De este modo, se puede
presionar a los países para desactivar el mayor nivel de tutela laboral que
pueden haber alcanzado, apareciendo los conocidos proyectos de “flexibilización
laboral”, de tercerización extrema, etc.
¿Cuál cree que debe ser el rol de las organizaciones sindicales
frente a los TLC?
M.C.: Más allá de cualquier cuestión
formal, lo que es evidente es que estamos ante una etapa de avance del capital,
y la única herramienta de la clase trabajadora es, como siempre, la de
enfrentarlo con sus principales armas: la huelga, y la organización.
L.R.: Es claro que el primer reclamo
de los sindicatos a sus gobiernos, debería ser el de participar en la mesa de
negociaciones del tratado. Conseguirlo dependerá de la correlación de fuerzas
que exista, pero el planteo debería efectuarse en todos los casos. Ello les
daría la autoridad moral y política para denunciarlo y confrontarlo, si no
fueran escuchados previamente. También deben esclarecer a los trabajadores y a
los pueblos sobre las nefastas consecuencias que generalmente tienen estos
tratados, con los medios que tengan
a su alcance. Reitero, una vez más, que estos procesos de integración económica
están impulsados por intereses que no son los de los trabajadores, sino los de
las empresas multinacionales y los grandes grupos económicos. Se los trata de
presentar como meros acuerdos comerciales, para ocultarle a la sociedad sus
previsibles costos sociales y desactivar así cualquier resistencia.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article11451
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