Más allá del debate
sobre el ocaso del “ciclo progresista” y la necesidad de un recuperar un cambio
desde abajo
Diez mitos sobre el discurso del
“proceso de cambio”
en Bolivia a 10 años de su despliegue
9 de febrero de 2016
9 de febrero de 2016
Por Pavel C. López (Rebelión)
Después de la lectura de varios escritos recientes que reaccionan,
en algunos casos escandalizados, por otras publicaciones, también recientes, en
las que se (pro) pone al debate el llamado “fin del ciclo (o fin del relato)
progresista en la región”, en este breve escrito se intenta provocar no tanto
salir de este dilema sino intentar ir más allá de su deriva dicotómica, que
considero tan interesante como igualmente estéril si nos quedamos solamente en
debate de si se trata, o no, de un fin de ciclo. Sugiero más bien la necesidad
de precisar y/o desmontar algunos mitos y varios de los principales supuestos y
recursos retóricos en los que se base el discurso de defensa/justificación de
algunos de los gobiernos progresistas en la región, concentrándome en el caso
de Bolivia como una de sus expresiones tal vez más paradigmáticas. En ese
sentido, no es la pretensión posicionarse aquí, sea de un lado; de quienes
afirman que asistimos al final del relato progresista en la región y que el
horizonte que se vislumbra es la restauración de las derechas políticas y del
retorno ‘recargado’ del neoliberalismo de los 90’ (aunque no es una
posibilidad que pueda desecharse), lo que se avizora con la victoria y primeras
señales antipopulares de Macri en Argentina, del repuntar amenazante la derecha
reaccionaria en Venezuela o de la reactivación de los sectores conservadores en
Brasil, ni tampoco, del otro lado, de los que reaccionan ante los primeros,
asegurando que en realidad aquellos son los agoreros del imperialismo y de la “derecha”
y lo que hacen con esos presagios es facilitar el empoderamiento conservador en
contra de los “logros revolucionarios” del progresismo subcontinental en la
última década, particularmente en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, así
como de sus caudillos (los que postulan que no se trata en absoluto de un “fin
de ciclo” sino más bien de un reflujo, una nueva etapa o de otro tiempo
político). La idea aquí, entonces, es plantear una mirada que se concentre en
algunos presupuestos sobre los que se basan varias de las argumentaciones
referidas.
Sin desmerecer que el debate referido sea oportuno como
interesante, en cuanto abre la necesaria discusión sobre lo que ha sucedido con
los procesos sociopolíticos y cambios geopolíticos que se generaron desde
inicios de la década pasada en la región hasta ahora y del significado de las
transformaciones (o no) en el campo político regional y en los imaginarios
colectivos sobre dichos procesos, luego de la noche neoliberal anterior. Sin
embargo, es igualmente importante, necesario y útil contribuir a precisar y
problematizar algunas ideas y slogans que son recurrentes en los
discursos dentro de algunas de las perspectivas antes señaladas, en particular
de los acérrimos defensores de los autodenominados “gobiernos progresistas”,
desmontando a la vez algunos de los mitos que parecen naturalizados e
incuestionables a la hora de hablar de dichos procesos. Con ese propósito se
proponen identificar diez nociones que operarían más bien como ‘mitos’
recurrentes en torno al llamado “procesos de cambio” en Bolivia, coincidiendo
con el reciente décimo aniversario de la asunción de Evo Morales a la cabeza
del gobierno del MAS y ante un escenario de posible reforma constitucional en
Bolivia (vía un próximo referéndum) para habilitar aún su continuidad el
2019.
Así, la idea de concentrarse en el caso particular
de Bolivia no pretende en absoluto generalizar la argumentación (por más breve
que esta sea) al resto de los casos de la región sino más bien remarcar la
necesidad de agudizar el tratamiento analítico crítico, contextual y conceptual
en cada caso, revelando algunas de sus particularidades, pero identificando
también similitudes y aspectos en común con los otros procesos en la
región.
En ese sentido, la idea del “proceso de
cambio”, en torno a la cual se viene discutiendo acerca del contexto político
boliviano y de la región la última década y que ha sido objeto de muchos
debates, lecturas e interpretaciones políticas y académicas por lo que, no se
realiza aquí un análisis con la profundidad necesaria (que es objeto de un
trabajo más extenso) sino simplemente se plantea algunas precisiones esenciales
que permitan realizar algunas necesarias interrogantes.
Mito 1: “El actual gobierno del MAS es un
gobierno de izquierda anticapitalista”
Este es una de las ideas más naturalizadas que
se tienen sobre el gobierno boliviano desde que comenzó su primera gestión en
2006 y que quizás, con matices diversos, es recurrente en los imaginarios sobre
los otros gobiernos progresistas en la región. Sin embargo poco se profundiza en los
elementos concretos que harían de este un gobierno de izquierda, que además se
autoproclama “revolucionario” [i] y anticapitalista, sin ir más allá de una simple
diferenciación y oposición a la derrotada “derecha política” que expresaban los
partidos tradicionales que gobernaron Bolivia y que implementaron el modelo
neoliberal impuesto por el ajuste estructural imperialista de los 80’ y 90’ . Sin embargo, esta floja e
inerte consideración de la izquierda por simple oposición o distinción a la
derecha neoliberal, resulta no solo insuficiente sino trivial, ya que evita
considerar algunos aspectos que histórica y conceptualmente fueron centrales
para definir a la ‘izquierda’ como tal. Habría que preguntarse entonces, ¿con
qué tipo de ‘izquierda’ se puede asociar al actual gobierno boliviano? Si con
esa izquierda burocrática y estado-céntrica del socialismo real del siglo XX
(de la que se conocen por demás sus resultados) y que en la mayoría de los
casos resultó funcional al capitalismo, o de una izquierda más profunda en la
historia, con sus ideales y principios libertarios, de igualdad y justicia social
(con la que aún se identifican muchas luchas contemporáneas).
En ese sentido, resulta particularmente
curioso que mirando detrás de los estridentes discursos políticos y
supuestamente teóricos que apelan a lecturas de autores como Lenin y/o Gramsci
(sobre todo de parte del Vicepresidente boliviano como el principal emisor del
discurso que autoproclama al actual gobierno como “revolucionario”, con el
conocido léxico político de la izquierda tradicional, a la misma que a su vez
acusa de “infantil” “trasnochada”, “tonta” y “anacrónica”), sea por demás
evidente la contundencia y vehemencia con la que son implementadas políticas
gubernamentales de intensificación y expansión de modalidades acumulación
capitalista, expresadas en el extractivismo o “neo-extractivismo” (Gudynas,
2009; Svampa, 2010; Acosta, 2011; Lander, 2012) y en las formas de despojo que
aquellas están generando en territorios, comunidades y poblaciones en Bolivia,
con particular intensidad en territorios indígenas.
En esta idea, si una “izquierda” históricamente se caracterizaba
–al menos en su identidad discursiva y en su bandera de horizonte histórico–
por una lucha frontal contra el capitalismo, seguramente una política estatal
que lo promueve, intensifica y expande, no tiene nada que ver con una
“izquierda anticapitalista”. Al menos en el caso del actual gobierno boliviano,
más allá de la retórica de su principal vocero político-ideológico, que insiste
en que el objetivo es la construcción de un “socialismo comunitario” [ii], no es posible identificar
ninguna señal que en la realidad muestre dicha anhelada transformación y
“construcción revolucionaria”, por el contrario cada día se hace más evidente
el despliegue de formas de acumulación del capitalismo más salvaje y del
despojo que provoca.
Parece oportuno preguntarse si autodenominarse de “izquierda”
basta con una insistencia retórica anti-imperialista, que instrumentaliza esa
noción para remar en sentido totalmente contrario. Si bien es claro que el
actual gobierno del MAS representan un cambio respecto a los gobiernos
neoliberales anteriores en Bolivia, en particular por el nuevo rol protagónico
del Estado en el control del excedente económico y los cambios en la forma de
gestionarlos, ¿esto es suficiente para afirmar que se trate de un gobierno de
izquierda anticapitalista y revolucionario?
Mito 2: “El actual gobierno del MAS y Evo
Morales encarnan (son) el ‘proceso de cambio’”
Esta afirmación, que también es parte de la
retórica gubernamental, en el sentido de haberse naturalizado la idea del
‘proceso de cambio’ como sinónimo del gobierno del MAS, particularmente
personificado en la figura del presidente Evo Morales, y que es presentada como
si el primero no existiría sin el segundo, es decir, que si no fuera por el
actual gobierno del MAS, ya con una década de gobierno encima, no podría ser
posible, no existiría (o nunca habría existido) eso a lo que se llama “proceso
de cambio”. Así, al igual como sucede en los otros slogans discursivos oficialistas, es posible
identificar aquí la instrumentalización a través de un discurso simplificante y
un recurso retórico instrumental desde su principal emisor, que es el propio
gobierno y sus portavoces.
No está por demás recordar que la denominación
de “proceso de cambio” (también nombrado como “proceso de transformación”)
surge como resultado del nuevo contexto que se abre en Bolivia a partir del
ciclo de protestas sociales a inicios del presente siglo, dentro de la
atmosfera que generan las movilizaciones, rebeliones sociales y populares, en
particular luego de la “guerra del gas” en octubre del 2003, la huida del
último presidente de la camada neoliberal y, sobre todo, desde la agenda
sociopolítica que dejan estos acontecimientos. En ese contexto es cuando
comienza a transformarse radicalmente la correlación de fuerzas en el país y a
reconfigurarse y “cambiar” el campo político, que se condensarán en la llamada
“agenda de octubre” (la que tenía como principales demandas y objetivos la
nacionalización de los recursos naturales, en particular hidrocarburos, y la
convocatoria a una Asamblea Constituyente), que expresaba el horizonte al que apostaba
toda la potencia social y popular que se había movilizado y que conducirá el 2005 a Evo Morales a la
presidencia de Bolivia, cuyo gobierno tendrá el principal mandato popular de
cumplir la ‘agenda de octubre’, como pilar fundamental para abrir un proceso de
cambio en este país. Si bien desde el 2006 dicha agenda de octubre se cumplirá
parcialmente, ya que, por una parte, la supuesta “nacionalización” terminará
mostrando que no fue tal, sino solo un cambio operado en algunas condiciones y
los contratos con las empresas transnacionales de hidrocarburos que seguirán
operando en el país, que ciertamente mejoraron los porcentajes de recursos en
favor del Estado, pero no será una nacionalización en sentido estricto; por otro lado,
la convocatoria a la
Asamblea Constituyente resultará desde su inicio limitada y
encadenada a los parámetros y prácticas del viejo sistema político-partidario
electoral[iii], sin dejar de mencionar el control durante su
funcionamiento que ejercerá el poder constituido (gobierno) sobre aquella, en
tanto poder constituyente, que se traducirá en un conjunto de imposiciones
desde el gobierno del MAS sobre los asambleístas de este partido, que resultará
en una permanente dinámica de direccionamiento vertical de lo que se discutía
en el cónclave hacía la validación de las “líneas” gubernamentales. Sin
embargo, el aspecto que puede identificarse como una verdadera traición o
capitulación de las aspiraciones de transformación y descolonización
estructural del Estado que provenían de las organizaciones y movimientos
sociales, particularmente indígenas y campesinos en torno al Pacto de Unidad [iv],
y que implicaba un verdadero cambio y transformación, tiene que ver con las
“negociaciones” y “acuerdos” entre actores políticos del poder constituido
(primero con las fuerzas políticas y cívicas regionales conservadoras y después
con la derecha política parlamentaria), para modificar la propuesta original de
Constitución surgida de la Asamblea
Constituyente. Como resultado de estas negociaciones entre el
gobierno del MAS y la derecha “políticamente derrotada” se darán grandes
retrocesos en temas fundamentales donde, entre otras regresiones, se evitaran
afectar privilegios de los sectores históricamente dominantes el país (como en
el tema de la tierra, los recursos naturales y las competencias en el nuevo
régimen autonómico). A pesar de este hecho la mayoría de los bolivianos
aprobamos el nuevo texto constitucional el 2009, con la esperanza de podía ser
una base para la trasformación y descolonización del Estado.
Lo que desde entonces viene sucediendo el contexto político
boliviano poco tiene que ver con un “proceso de cambio”, más allá de la
insistente verborragia oficialista que bombardea dentro y fuera del país con
esa idea. Así, seguramente tampoco tiene que ver con un “proceso de cambio” la
visión y el Plan de Desarrollo que se comienza implementar desde el
2010 en el país y que irá claramente a contra mano de los principales
principios constitucionales que exhalaban algo de vientos de cambio.
Igualmente, poco tendrá que ver con un “cambio” la secuencia de leyes [v] y normas gestadas y aprobadas por el gobierno del
MAS, que en su contenidos y alcances apuntan a des-constitucionalizar (Prada,
2013; Exéni, 2015) más que a cumplir la actual Constitución. Y
mucho menos tendrá que ver con el cambio, las políticas represivas,
anti-indígenas y neocoloniales que despliega el gobierno del MAS en los
territorios comunitarios, afectando directamente poblaciones locales,
vulnerando formas de vida ancestrales y destruyendo irreversiblemente
ecosistemas naturales, a través de un extractivismo salvaje y en nombre de las
tan anheladas aspiraciones de “desarrollo”, de “modernización” y “progreso” que
postula el gobierno de Morales.
Con todos estos aspectos mencionados, que seguramente no
representan ni lejanamente un "proceso de cambio" que se generó en el
imaginario colectivo de gran parte de la población boliviana la primera mitad
de la década anterior, y que en cierto sentido siguió aumentando luego de la
elección de Evo Morales como presidente (2005), con la Asamblea Constituyente
y la aprobación de una nueva constitución, cabría la interrogante: ¿es posible
hablar actualmente de un “proceso de cambio” en Bolivia?, y si el actual
gobierno del MAS representa un proceso de cambio.
Mito 3: “Cualquiera que no esté con el MAS o con
Evo Morales está con la derecha”
Esta afirmación se ha convertido los últimos
años en una especie de lema bastante recurrente, tan repetitivo como vacío, en
el discurso de los principales representantes del gobierno del MAS y que es muy
insistente sobre todo en los discursos del presidente y del vicepresidente,
como un alegato que es igualmente común a varios de los gobiernos neo-populistas
en la región, los que suelen acusar a todo tipo de oposición a sus gobiernos
(poniendo en un solo saco a todas las voces disidentes) de pertenecer a
sectores políticos de “derecha” o de estar “favoreciendo” o “haciéndole el
juego” a ésta. Este insistente uso y abuso en el discurso oficialista de esta
acusación generalizada y generalizante en inicio resultaba explicable y
aparentemente defensiva, pero rápidamente se fue convirtiendo en una forma de
advertencia y amedrentamiento político con consecuencias poco democráticas y
más bien de rasgos bastante autoritarios; si recordamos que con más o menos ese
mismo argumento en los últimos años han sido asediadas, perseguidas y
literalmente atacadas instituciones como la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y organizaciones sociales indígenas,
como la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) o a la
CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano), por parte de
grupos (hordas) afines al partido gobernante.
Asimismo, esta generalización descalificadora
y difamante, presente continuamente en el discurso gubernamental, entre otras
características, re-editaría, como acertadamente señala Luis Tapia (2014) una
vieja estrategia discursiva imperialista y dictatorial muy conocida en América
del Sur, como es el discurso del “enemigo interno”; un enemigo al que hay que
perseguir, reprimir y “derrotar”. El discurso del “enemigo interno” que antes
usaban los gobiernos dictatoriales/militares para perseguir y/o eliminar a militantes
y organizaciones de izquierda, en la actualidad viene siendo reciclado, quizá
con otros denominativos en el discurso oficialista, para descalificar, acusar
y, en el caso, también perseguir a dirigentes y organizaciones sociales que no
profesen la visión gubernamental y/o presidencial o que expresen discursos
críticos a sus políticas. En ese sentido, resulta por demás paradójico (para no
mencionar lo dramático que es para los dirigentes y las organizaciones sociales
que son objeto de atropellos, amedrentamiento o persecución) que un gobierno
que dice representar la diversidad sociocultural y lo popular, niegue,
descalifique y ataque cualquier otra forma de expresión y opinión política
desde la sociedad, que no acuerde con la suya, acusando de un modo groseramente
simplón de ser parte o cómplice de “la derecha”.
Esta estrategia de descalificar toda voz que no comulgue con la
“visión” oficialista de ser o estar con “la derecha” termina diluyéndose en una
burda generalización, ya que si bien es cierto que unos cuantos personajes
lamentablemente aún siguen vigentes y representan a esa derecha neoliberal
(parasitaria históricamente en el Estado y retrograda y racista en algunas
regiones), no es en absoluto sensato, ético, ni menos realista calificar a toda
voz de disidente, a toda oposición y a toda crítica como parte de esa “derecha
políticamente derrotada” (puntualizando que fue la población boliviana
movilizada y no el MAS ni su gobierno quien la derrotó). O, ¿acaso los
indígenas del TIPNIS que macharon por defender su territorio son “la derecha”?,
¿acaso los indígenas guaraníes que también se movilizaron exigiendo el derecho
de consulta en su territorio son de “la derecha”?, ¿acaso las organizaciones
sociales que exigen que se cumpla la Constitución y se respete sus derechos y
su autonomía están con “la derecha”?, o ¿los activistas de Derechos Humanos son
“la derecha”?, ¿o los periodistas que realizan un trabajo crítico y de denuncia
son de “la derecha”? o acaso ¿todos los que creíamos en que un Estado Plurinacional
y Comunitario podría transformar Bolivia y descolonizarla, somos de derecha?
Sin embargo, es, precisamente, este discurso sobre esa “derecha
políticamente derrotada”, el que permite encubrir a una derecha social,
económica y también política, plenamente vigente en Bolivia y que cogobierna
con el MAS en la
actualidad. Esto es por demás claro si se mira no solo en
buena parte de la actual estructura partidaria y del propio gobierno del MAS
donde se puede encontrar a una derecha política reciclada de azul. Pero
seguramente donde la presencia de esa derecha reciclada se expresa claramente
es en las estructuras regionales, en particular en los territorio de la otrora
denominada ‘media luna’, donde varias autoridades y cargos (departamentales y
municipales) son ocupados por “ex-militantes” de partidos de la derecha
neoliberal y dictatorial (como ex-miembros de la ultraderecha banzerista), e
incluso ex-autoridades y dirigentes “cívicos” que una década atrás pugnaban por
un autonomismo separatista rechazando a la Bolivia indígena y popular.
Asimismo, habría que mencionar que es la plena vigencia de buena parte de la
derecha económica, agroindustrial, terrateniente y ganadera del Oriente del
país, la que ahora está prácticamente co-gobernando con el MAS (esa misma
derecha racista y fascistoide que no hace mucho tiempo atrás renegaba de los
indígenas, que derrochaba su recalcitrante odio a los sectores populares y
movimientos sociales y que desató un boicot a la Asamblea Constituyente ,
rechazando ser parte de un Estado Plurinacional si no se aseguraban antes su
fórmula de autonomía elitista). Esa derecha que los últimos años tranzó con el
actual gobierno del MAS la parálisis de la Reforma Agraria y
la suspensión del saneamiento de tierras para mantener su dominio latifundista,
para expandir el agro-negocio y mantener sus privilegios neocoloniales y seguir
siendo propietarios y patrones de sus tierras y de lo que ahí se encuentre
(recursos naturales y personas). En ese sentido son conocidos los acuerdos y
pactos (que recuerdan a los “pactos de no agresión” durante la Guerra Fría que
permitía a las potencias repartirse territorios), que existen entre el actual
gobierno del MAS y de los sectores empresariales y agroindustriales que se
fueron estrechando los últimos años. Pero también la derecha neoliberal global,
representada por intereses de capitales y empresas transnacionales (esa sí una
verdadera derecha ultra-capitalista que está terminando con la vida en el
planeta) y que actualmente está desplegando sus tentáculos en el país con el
beneplácito e impulso del gobierno boliviano, que en su fe ciega e indiscutible
en el “progreso” y “desarrollo” promueve que estos intereses capitalistas
transnacionales (y de nuevas potencias como los BRICS y principalmente de China)
desaten su insaciable sed de acumulación capitalista a través de la extracción
de recursos, sin importar si eso se traduce en el despojo y destrucción de
territorios, comunidades y naturaleza.
Entonces, cuando se continua a insistir que
toda oposición, opinión crítica o simplemente otra visión política de país, sea
que provengan de parte de sectores y organizaciones sociales, de dirigentes, de
activistas de derechos humanos, de intelectuales y académicos críticos o
simplemente como ciudadanos (muchos de ellos con una verdadera historia de
resistencia y lucha por libertades políticas) que no comparten muchas de las
actuales políticas gubernamentales y sus efectos, ¿tiene sentido, es serio o al
menos mínimamente responsable, descalificar y acusarlos de ser o estar con la
“derecha”?. Es necesario preguntarse: ¿a cuál “derecha” se refiere esa retórica
gubernamental oficialista? A la derecha que sí efectivamente fue derrotada y
que la mayoría de los bolivianos no queremos que retorne ¿o también a la
derecha vigente y que cogobierna con el MAS actualmente?
Mito 4: “El gobierno construye y encarna el
Estado Plurinacional”
Partiendo del presupuesto de que la idea de un
Estado Plurinacional, que ya se había planteado por ciertas vertientes del
indigenismo de los 80s en Bolivia y por algunos intelectuales durante los 90s,
re-emerge durante el periodo constituyente (2006-2008) concretamente a partir
de la propuesta que es defendida por el Pacto de Unidad (2005) y que junto a
otras propuestas como las autonomías indígenas y la descolonización surgen como
los principales ejes sobre los que se apostaba a la transformación del Estado,
que más tarde, con el alejamiento del Pacto de Unidad de la línea del MAS y del
gobierno, dicha transformación será más simbólica que real. No obstante, el
carácter de ‘Estado Plurinacional y Comunitario’ que consagra el actual texto
constitucional será, pues, una conquista de los sujetos sociales indígenas y
campesino-indígenas que lograron influir en el proceso constituyente e
incorporar ese término, imaginario y horizonte de transformación estatal, y no
una propuesta o dádiva del partido gobernante ni de sus operadores político e
ideológicos.
En todo caso, luego de aprobada la actual Constitución
boliviana (2009), que establece el nuevo carácter plurinacional del Estado, la
implementación del mismo en la materialidad institucional, jurídica,
territorial del Estado ira adquiriendo un sentido más bien declarativo en casi
toda la normatividad posterior (leyes de desarrollo constitucional) y en las políticas
gubernamentales, que en la propia orientación y los contenidos de las mismas en
la realidad, las que en buena medida están predominantemente orientadas más a
hacer efectivos los proyectos desarrollistas y las medidas políticas del
Gobierno del MAS que a materializar la plurinacionalidad como principal mandato
constitucional para la transformación del Estado. En ese sentido, la
plurinacionalidad como el núcleo principal del nuevo texto constitucional para
la construcción de una nueva estatalidad como un nuevo “pacto social”, que deje
atrás al Estado-nación neocolonial, monocultural, racista y excluyente, si bien
está presente recurrentemente en la normatividad pos-constituyente y en la
retórica gubernamental, no parece encontrar aun una efectiva realización en el
ámbito de la transformación efectiva y descolonizadora del Estado. Esto es
evidente a la hora de considerar los componentes centrales que debieran
constituir los ejes donde cobre densidad y materialidad la construcción de un
Estado Plurinacional y Comunitario, como ser: el tema de las autonomías
indígenas (donde a pesar de las experiencias de municipios indígenas que
iniciaron, y en unos casos concluyeron, su procesos que constitución o
conversión en autonomías, los cuales tuvieron que retroceder y/o someter mucho
de su potencial de autodeterminación y alcance de autogobierno según sus usos y
formas propias, bajo la imposición de limites por parte del Estado monopolizado
por el MAS); el tema de la justicia comunitaria (que en la práctica y según las
normas post-constitucionales continua subordinada a la justicia ordinaria
moderno-liberal-occidental); para no mencionar lo que sucede en el caso de la
tan evocada descolonización, que ciertamente no se produce en la realidad del
aparato y gestión pública estatal, más allá de su folklorizado discurso y
puesta en escena por parte del gobierno.
Asimismo, mucho menos se puede afirmar que el
Estado Plurinacional tiene sentido en un esquema político donde la mayoría de
las “nacionalidades” del Estado no están representadas, o lo están de forma
irrisoria, dentro del ámbito legislativo que poco tiene de descolonizado y
menos plurinacional. Todo esto sin mencionar que buena parte de esas naciones
que componen y justifican el carácter “plurinacional” del Estado, actualmente
son objeto de políticas de despojo territorial, de destrucción de sus
territorialidades o de vulneración de sus derechos más básicos como pueblos por
parte de un gobierno que dice representarlos y que se asume como encarnación
del Estado Plurinacional, aunque sin dejar en la práctica un Estado-nación. De ese modo, la
idea de un Estado Plurinacional como una forma de
desorganización/re-organización y superación de los supuestos, principios y
esquemas del Estado-nación republicano, monocultural y neo-colonial, y que
parecía abrir un nuevo horizonte de transformación en Bolivia, no sólo no da
signos de hacerse efectivo sino que sus posibilidades parecen alejarse cada vez
más. En ese sentido, cabría preguntarse, ¿si el actual gobierno del MAS, en la
realidad representa y encarna ese Estado Plurinacional?
Mito 5: “Un gobierno de los movimientos
sociales”
Como producto de las movilizaciones sociales y
rebeliones populares de principios de este siglo en Bolivia, que entre otros
resultados posibilitaría la llegada al gobierno del MAS y a la presidencia de
Evo Morales (quien llegara entonces al gobierno no como un líder indígena o
representante de una organización indígena sino como máximo dirigente sindical
de las organizaciones de campesinos cocaleros), gracias a la coyuntura de alta
intensidad social, de quiebre en el campo político y por el fundamental
protagonismo de movimientos sociales campesino-indígenas, es que se instalará
en buena parte de los imaginarios colectivos en Bolivia la idea de un “gobierno
de los movimientos sociales”, ciertamente como una consigna impulsada por el
propio discurso gubernamental.
Sin embargo, dicha idea comenzará a
resquebrajarse desde la misma convocatoria a la Asamblea Constituyente
(2006), cuando quedarán excluidas en su participación directa las principales
organizaciones sociales que abrieron el proceso constituyente y donde solo será
posible la participación de algunos representantes de organizaciones sociales a
través del MAS como partido gobernante y mayor fuerza política constituyente
(considerando que las otras opciones eran en su mayoría los partidos
tradicionales que representaban a la derecha neoliberal), gracias la fórmula
electoral pactada con esa misma derecha en el parlamento. De ahí en adelante,
solo se profundizarán las grietas entre el gobierno del MAS y buena parte de
los movimientos sociales que lo hicieron posible, alejamientos que a pesar de
la intervención oficialista y de los acuerdos (traición?) con la derecha
(política-partidaria y cívica-regional) para tranzar la nueva Constitución ,
no significaran todavía una ruptura, ya que el 2009 serán nuevamente los
movimientos sociales indígenas, campesinos y populares los que apoyen
contundentemente la aprobación del nuevo texto constitucional. Sin embargo,
desde el 2010 se volverán a mostrar señales de contradicción en las relaciones
entre gobierno y los movimientos sociales de carácter comunitario,
principalmente indígenas, en torno a la orientación que el partido gobernante
le daba a la Constitución, como en el tema las autonomías indígenas. Sin
embargo, el 2011, desde el conflicto del TIPNIS y la XVIII Marcha Indígena ,
se rompieron las relaciones entre el gobierno del MAS y algunos de los
principales movimientos sociales del país, en particular de las organizaciones
indígenas y originarias. Será, pues, la defensa del TIPNIS y la violenta
represión por parte del gobierno a la movilización indígena, la que haga
visible la verdadera faceta anti-indígena, extractivista, neocolonial y
antipopular del actual gobierno y que el slogan del “gobierno de los movimientos
sociales” solo era una cascara vacía y parte de la batería de recursos
retóricos que el partido gobernante instrumentaliza a su favor para justificar
el despliegue de políticas, que en realidad, son totalmente contrarias a los
intereses y reivindicaciones de buena parte de los movimientos sociales.
Por otra parte, es importante considerar que
el membrete del “gobierno de los movimientos sociales” también es usado para
indicar la presencia de supuestos representantes de organizaciones sociales
dentro de la gestión de gobierno, en sus distintas instituciones y
reparticiones, pero lo que oculta esta puesta en escena es que esos
“representantes sociales en el Estado”, no “representan” a las organizaciones
de las que provienen (ya que en la mayoría de los casos al entrar a la gestión
estatal dejan de ser dirigentes orgánicos) y por, el contrario, como se ha
precisado anteriormente [vi] cumplen una función de transmisores descendentes de
líneas políticas desde el gobierno y no de canalizadores de los intereses de
las organizaciones sociales a las cuales dicen representar.
En ese sentido, luego de la represión a la
movilización indígena del TIPNIS y posteriormente a las comunidades guaranís de
Takovo Mora, desde el 2011 a
la fecha se han venido produciendo una secuencia de arremetidas en contra de
organizaciones sociales (CONAMAQ, CIDOB, APG) e instituciones de derechos
humanos en el país en tanto, en el primer caso, éstas mantienen una postura
crítica al gobierno del MAS y a sus políticas en los territorios indígenas; y
en el segundo caso, por defender los derechos de las primeras. En ese contexto,
¿se puede seguir hablando del actual gobierno del MAS como un ‘gobierno de los
movimientos sociales’?
Mito 6: “Mas sectores populares en el Estado,
más democracia y menos corrupción”
Un discurso estrechamente ligado al anterior
es el que tiene que ver con la afirmación desde el gobierno del MAS de que,
como nunca antes, dentro del aparato institucional del Estado estarían
presentes y/o “representados” varios sectores sociales y populares del país, lo
que marcaría una radical diferencia con la anterior partidocracia neoliberal y
clientelar, donde históricamente solo una élite, neocolonial, monocultural,
señorial, excluyente y corrupta gobernaba y controlaba el aparato estatal. Si
bien esto no es en absoluto equivocado, no es evidente que algunas de esas
lógicas y prácticas neo-coloniales, clientelares y corruptas se hayan superado
con las actuales élites políticas que gobiernan (y las élites socio-económicas
que cogobiernan) y controlan actualmente el Estado boliviano.
Si bien no se puede negar el logro y
trastrocamiento socio-cultural y la transformación en los imaginarios
colectivos en Bolivia que se ha producido en la última década, como resultado
del indiscutible cambio político que también ha significado la llegada de Evo
Morales a la presidencia, en particular por la contundencia de la imagen de un
primer “presidente indígena” (aunque en rigor esto no sea así) [vii] gobernando el país y el desplazamiento de la anterior
partidocracia tradicional y la derecha política neoliberal. Sin embargo, estos
logros, trastrocamientos y cambios socioculturales se han producido más en el
plano simbólico y retórico que en la realidad de los esquemas, orientaciones y
modalidades de gobernar que se vienen ejercitando y predominan en el gobierno
del MAS y en las relaciones clientelares desplegadas desde el Estado los
últimos años, en donde parecen persistir y reproducirse varias de las formas de
concentración y ejercicio del poder, tan criticada como patrimonio de la
“derecha políticamente derrotada”. Esto es muy expresivo en los aspectos que
van desde un excesivo culto al líder (en la figura del presidente); la
cooptación vertical de algunos dirigentes de organizaciones sociales; el uso
instrumental de sectores sociales para legitimar medidas gubernamentales; hasta
el impulso desde del propio partido gobernante (o con el beneplácito del propio
gobierno) de acciones de intervención y asalto a las organizaciones indígenas e
instituciones de Derechos Humanos; o los casos graves de corrupción que
involucran a dirigentes o ex-dirigentes sociales afines al partido gobernante,
ahora servidores públicos, y algunas autoridades estatales de alto nivel (como
en el reciente caso del Fondo Indígena), entre otros temas. En ese sentido, en
ese nuevo esquema de poder absolutista o, a decir de Luis Tapia de un ‘Estado
de derecho como tiranía’, poco o ningún espacio cabe ni puede caber para la
participación social y mucho menos de sectores populares en las estructuras y
en las instancias de decisión totalmente verticalista del gobierno y del
Estado, en cuanto no sean simples exaltaciónes retóricas o una folklorizacion
de la participación indígena-campesina, de la democracia comunitaria y de la
interculturalidad en toda la parafernalia gubernamental y de su insistente
escenificación teatral (como los permanente actos en las ruinas de Tiwanacu,
hasta con la boda del vicepresidente).
Contrariamente a la retórica gubernamental sobre la
democratización, en Bolivia los últimos años asistimos a una tendencia de
medidas antipopulares, de carácter antidemocrático y claramente autoritario,
que se han manifestado en la represión (a veces muy violenta) por parte del
gobierno del MAS contra formas de protesta social, sobre todo de parte de
organizaciones y movimientos indígenas por la defensa de sus derechos
colectivos y de sus territorios, así como de ataque y hostigamientos a
organizaciones y dirigentes sociales, es decir, a un proceso de reducción y
limitación de las libertades políticas en el país, lo que viene a ser otro
aspecto muy recurrente en los otros países con “procesos de cambio” en la
región, particularmente como en el caso de Ecuador.
En ese sentido en Bolivia se asiste a una
forma de monopolio de la política [viii] alrededor del partido gobernante y de negación y/o el
desconocimiento de otros sujetos políticos en la sociedad, que no sean parte
del esquema político reconocido/definido por el gobierno y el MAS. Así, por
ejemplo, seguramente no es para nada democrático que luego del mandato de un
“Estado Plurinacional” de los 39 pueblos indígenas y naciones originarias en
Bolivia, gracias a la actual norma electoral propuesta y aprobada por el MAS,
solo haya 7 circunscripciones especiales para representantes indígenas y que el
resto de asambleístas provenientes de pueblos y organizaciones indígenas puedan
solo participar a través de los partidos políticos y en particular del partido
gobernante. De esta manera la democracia los últimos años en Bolivia parece
haberse reducido a momentos y actos electorales para reafirmar al gobierno
(sobre todo a su líder) y sus políticas ya definidas, lo que es totalmente
legal y legítimo, pero que poco tiene que ver con un proceso de democratización
en el Estado o de ampliación o “radicalización de la democracia” sino una mera
electoralización de la democracia, y mucho menos tiene que ver con la
generación de espacios de ‘democracia comunitaria’ establecida en la
constitución (lo quedo claro con los límites puestos desde el Estado a los
procesos de autonomía indígena) sino más bien la re-afirmación del predominio
de la democracia moderno-liberal, o democracia que defina el “jefazo” en el
palacio de gobierno y a ser indiscutiblemente ejecutada por los asambleístas
del MAS que son mayoría.
De igual modo, la ‘democracia participativa’,
también establecida constitucionalmente, se ha reducido y traducido tan sólo en
convocatorias a referéndums para justificar y legitimar las definiciones
políticas ya decididas por la cúpula masista, como lo ilustra el próximo
referéndum del 21 de febrero, para reformar (o deformar?) la ya vulnerada,
incumplida y manoseada Constitución y para posibilitar una cuarta postulación y
re-elección de Evo Morales en 2019 como presidente de Bolivia, lo que
nuevamente nos da una idea de la personificación, concentración y reducción del
contenido y sentido que el “proceso de cambio” tiene para el partido
gobernante. Así, la “democracia participativa” no se ejercita o aplica para
abrir procesos de consulta ciudadana sobre temas fundamentales para la vida del
país y de su población (como podría ser por ejemplo, el tipo de modelo
económico que se está implementando, para consultar si queremos o no el
extractivismo como “modelo de desarrollo”, si estamos o no de acuerdo en que se
autorice la explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas de nuestro
país, si queremos o no que se destruyan ecosistemas únicos –como ya sucedió con
el Lago Poopó– y podría suceder con el Salar de Uyuni por explotar el litio; si
no interesa o no entrar en proyectos de energía nuclear a costa de los efectos
y riesgos para el planeta, entre otros muchos temas importantes de consultar a
la población), sino que se está gastara (nuevamente) no poco dinero de los
bolivianos para consultar una reforma que habilite la posibilidad de
eternización en el poder del Estado de un persona y terminar así con uno de los
principios de la democracia (incluso en su versión liberal) que es el necesario
recambio de liderazgos y de autoridades gobernantes. En ese sentido, en este
caso la idea democratización no es el hecho de consultar a la población sobre
reformar o no la Constitución, por la que hace solo 6 años votamos por su
aprobación la mayoría de los bolivianos, sino lo que implica para la democracia
de aquello que se está consultando y por lo que se va a votar. En ese sentido
el próximo referéndum huele más a una instrumentalización, manipulación y
distorsión de la democracia que una ampliación y apertura democrática en sí
misma.
En fin, se podría mencionar otros varios temas que evidencian las
formas en que en los últimos años no revelan una presencia efectiva y
representación real de sectores sociales y populares en el Estado sino que, por
el contrario, existe una instrumentalización y manejo clientelar de algunos
dirigentes de sectores afines al oficialismo, cooptaciones de algunos
(ex)dirigentes sociales por el gobierno. Tampoco es posible en la actualidad
seguir ocultando y encubriendo los hechos de corrupción al interior de las
estructuras del gobierno del MAS (como el caso del Fondo Indígena) que implican
a varias autoridades y ex-autoridades, algunos de ellos (ex)dirigentes de
organizaciones sociales afines al oficialismo. Y, definitivamente, sería
política y teóricamente insostenible aseverar que lo que viene ocurriendo en
las prácticas políticas gubernamentales los últimos años sean manifestaciones
de una mayor democratización en el Estado. En consecuencia, cabe interrogar: ¿a
cuáles formas de participación social en el Estado se refiere el discurso
oficialista del MAS? ¿Es posible afirmar que existe una mayor democratización
en el Estado y en el gobierno de Bolivia en la actualidad? ¿Se han terminado
las prácticas clientelares y de corrupción que caracterizaban a la
partidocracia y a la derecha neoliberal?
Mito 7: “El Vivir Bien es la filosofía del
actual gobierno”
Este constituye uno de los discursos a estas alturas más
insostenibles y absurdos de todo el conjunto de recursos retóricos que hace uso
el gobierno del MAS, el que increíblemente aún es proyectado y manipulado por
el discurso oficialista, en particular fuera de Bolivia (ya que dentro del país
hace tiempo que semejante afirmación suena como una broma de mal gusto) y que
sorprendentemente todavía resulta muy eficaz en los discursos del propio
presidente en foros y encuentros internacionales (el vicepresidente García
Linera últimamente usa más la noción de ‘extractivismo temporal’???). Así el
Vivir Bien, como un principio inspirado en las cosmovisiones, formas de vida y
matrices comunitarias de los pueblos indígenas (el Suma Kausay quechua, Sumaj Qamaña aymara, el Teko Kavi guaraní, etc.), transversal en buena
parte del texto constitucional boliviano, luego de su aprobación se ha
convertido, para el discurso oficialista, solo en una evocación obligatoria de
ser incorporada en nominativamente en las normas post-constitucionales que se
definen y promulgan, pero que en la realidad de las políticas gubernamentales
resulta un obstáculo (un demonio al que, desaforadamente, no se puede
exorcizar) para los planes y políticas extractivistas impulsadas por el
gobierno del MAS. Este principio paradigmático se ha convertido, pues, en un
bochornoso membrete en la frente de la actual política económica extractivista,
anti-indígena y anti-ecológica del gobierno boliviano.
En ese sentido el Vivir
Bien, que gracias a la fuerza, movilización y la lucha de las organizaciones
sociales indígenas fue incorporado en la actual Constitución
boliviana, en la que está presente como como un principio transversal y un
horizonte societal (del que no vamos a profundizar aquí sus múltiples
interpretaciones y sobre el que se ha reflexionado ampliamente y se sigue
debatiendo aún, sobre todo en el plano teórico y epistemológico[ix], parece haberse convertido en
los últimos años en una de las mayores formas de instrumentalización y
manipulación retórica y haber transitado de ser una bandera de un paradigma
comunitario alternativo al capitalismo (que prefiguraba una alternativa al
desarrollo) a un perverso manejo discursivo para etiquetar las formas en que
son promovidas, presentadas e implementadas normas y políticas que apuntan en
un rumbo totalmente contarías a los supuestos y sentidos del Vivir Bien. No
otra cosa representan una serie de leyes impulsadas e impuestas por el partido
gobernante, como la Ley Marco
de la Madre Tierra
y Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012);
norma que presenta una suerte de contenido y proyección desarrollista y garante
de la expansión del extractivismo, aunque maquillada de un lenguaje en torno al
principio y la filosofía del Vivir Bien; o la Ley
de Minería y Metalurgia (2014),
que garantiza a los capitales extractivos de este recurso el despojo de
socio-ecosistemas, vulnerando derechos colectivos y afectando territorios; para
no mencionar la reciente disposición gubernamental que promueve la explotación
de hidrocarburos en las 22 áreas protegidas del país, entre otras normas
gubernamentales ‘anti-Vivir Bien’.
Asimismo, además de normas claramente
contrarias este principio y filosofía, desde el TIPNIS y la movilización
indígena por la defensa de este territorio y del derecho de consulta, queda
claro que la orientación de las políticas del Gobierno del MAS son
incompatibles con los sentidos y la filosofía del Vivir Bien, no solo por una
cuestión referida a la imposición de una visión –extractivista– de desarrollo
desde el Estado, sino por la concepción que se tiene de los pueblos indígenas,
de sus territorios y de sus formas de vida, es decir, por el destapado
desprecio gubernamental por territorialidades y modos de vida comunitaria y
donde, efectivamente (no en el discurso) se practica un “Vivir Bien” en armonía
con los entornos y ciclos naturales del ecosistema y de la Madre Tierra.
En ese sentido, resulta imprescindible
preguntarse si ¿El actual gobierno del MAS puede ser portador del principio y
filosofía del Vivir Bien?, ¿Es mínimamente ético que el gobierno de Evo Morales
siga hablando del Vivir Bien en foros y cumbres internacionales? ¿Por qué se
sigue colocando el cartel y el sello de “Vivir Bien” a normas gubernamentales
que son incompatibles y/o contrarias al Vivir Bien?
Mito 8: “El horizonte del gobierno es un
‘socialismo comunitario’”
La idea de un ‘Socialismo Comunitario’, que
comenzó a circular desde la primera gestión de gobierno del MAS, y comenzó a
posicionarse en el discurso político-ideológico del oficialismo,
particularmente desde algunos escritos, discursos del Vicepresidente García
Linera desde el 2010, luego de promulgada la actual Constitución ,
y donde se plantea la “formula” del “Socialismo Comunitario” como un “aporte de
la particularidad boliviana a la lucha de los pueblos del mundo por la
igualdad, la justicia y equidad” [x], será una idea que tendrá más
una repercusión en el debate teórico-político que en el plano de la realpolitik de la política del Estado, ya que
desde el 2010 se comienza a ejecutar el Plan de Desarrollo del gobierno del
MAS, que de socialista seguramente tiene poco y de comunitario (más allá de su
recurrente alusión) mucho menos. Esta idea, con particular fuerza viene siendo
retomada últimamente en los discursos de vicepresidente boliviano en recientes
textos [xi] y en diversos encuentros, entrevistas y foros
internacionales para describir y nombrar el horizonte del proyecto político del
gobierno del MAS para transformar el Estado (que desde el 2009 se define
constitucionalmente como Plurinacional y Comunitario). Sin embargo, sigue
siendo uno de las estrategias retóricas dentro del discurso gubernamental para
encubrir una estructura estatal que continua siendo moderno-liberal,
monocultural e hiper-presidencialista en lo político; estado-céntrica,
burocrática y mononacionalista en su gestión pública; y definitivamente
capitalista (en versión extractiva y dependiente) en lo económico (en esto
quizás el actual gobierno podría asemejarse algo al llamado socialismo real del
siglo XX).
En ese sentido, sin pretender ahondar, analizar y problematizar en
detalle, en este breve escrito, sobre la propuesta de ‘socialismo comunitario’
(dejando pendiente esta tarea para una posible próxima entrega), resulta
necesario precisar que es innegable de que esta asociación semántica resulte
por demás novedosa y atractiva, sobre todo fuera de Bolivia donde en muchos
casos el proceso boliviano viene sobre-idealizado, pero otra melodía suena al momento
de verificar, en la realidad del país, en las modalidades políticas, en las
prácticas culturales y en el modelo económico lo que realmente se viene
desplegando e implementado por parte del gobierno en la última década.
Igualmente, es claro que resulta fácil (y políticamente muy útil) evocar un
‘socialismo’ por la sola oposición al capitalismo y a los devastadores efectos
que este sistema destructivo ha provocado y sigue causando a las sociedades
(incluida las nuestras) y al planeta en su totalidad, o reivindicar algunas de
sus históricas banderas libertarias, anti-imperialistas, de igualdad y justicia
social, pero no se necesita ser un especialista en historia, en ciencias
políticas y/o económicas, un erudito en marxismo e o un gran intelectual en ciencias
sociales o filosofía política para darse cuenta de que lo que sucede o se está
proyectando en Bolivia sea un tipo de socialismo (ni siquiera uno del “siglo
XXI”), ni mucho menos un “socialismo comunitario” (con raíz en las comunidades,
en lo comunal o en lo comunitario). Por el contrario, se hace cada día más
evidente la consolidación y expansión de un capitalismo salvaje, que articula
acumulación primitiva (extractivista) con acumulación ampliada (ligada al
capitalismo financiero en su dependencia del mercado de commodities); y por otro lado,
están por demás explicitas las modalidades en que lo comunitario –así como sus
formas organizativas– vienen siendo negadas, desconocidas y ‘des-organizadas’
desde el Estado, no otra cosa representan las ya mencionadas intervenciones y
los hostigamientos a las principales organizaciones sociales (comunitarias)
indígenas del país. Esto sin dejar de mencionar, una vez más, que fueron y
siguen siendo organizaciones y pueblos con matrices y vida comunitaria los que
fueron reprimidos por el Gobierno del MAS en el TIPNIS, o Takovo Mora, en el
territorio del pueblo Guaraní, y son sujetos comunitarios los que exigen que se
respete el derecho de Consulta Previa en sus territorios (los que también son
reconocidos como comunitarios).
En suma, ¿a qué tipo de Socialismo Comunitario
se refiere el vicepresidente y los voceros gubernamentales?, ¿En estos diez
años se han dado señales desde el gobierno del MAS para avanzar en esa
dirección?, ¿Es políticamente coherente, mínimamente responsable y teóricamente
serio, afirmar que lo que se viene gestando y proyectando en Bolivia es un
“socialismo comunitario”?
Mito 9: “La descolonización del Estado como
pilar del Gobierno del MAS”
Otro de los temas que se han adquirido
centralidad en buena parte de los imaginarios políticos colectivos y
posicionado con gran fuerza durante el proceso constituyente boliviano de la
década pasada, sobre todo, luego de aprobada la actual Constitución ,
es el de la ‘descolonización’ como una noción de gran densidad y peso histórico
sobre todo en sociedades postcoloniales como la nuestra y como consigna que
tuvo un importante impulso en los debates políticos y teóricos durante los años
70 y 80 por parte del movimiento indianista y katarista en Bolivia y algunas contemporáneas
reflexiones teóricas y políticas [xii] . Esta reivindicación sobre la descolonización, en
particular del Estado, será nuevamente reactivada desde principios del siglo
XXI en Bolivia ya no solo en el discurso teórico-político sino en la práctica
de las movilizaciones sociales y la acción colectiva de los sujetos subalternos
y estará, de alguna forma, presente en algunas de las movilizaciones sociales y
rebeliones populares (en particular en las consignas de las luchas indígenas
desde el 2000), y se reavivará en el proceso constituyente a partir de las
propuestas de descolonización del Estado que defenderán los representantes del
Pacto de Unidad como una propuesta desde las organizaciones indígenas y
campesino-indígenas. Así, como es sabido fue, precisamente, gracias a las
propuestas del Pacto de Unidad y a la defensa de las reivindicaciones de los
pueblos indígenas y originarios que se logrará incorporar el tema de la
descolonización en el actual texto constitucional, donde aparece este término
en varios de sus artículos.
Sin embargo, al igual que en el caso del Vivir
Bien, la categoría constitucionalizada de la ‘descolonización’, pese a ser un
concepto novedoso y por demás innovadoramente provocador en el nuevo horizonte
estatal, parece haber quedado en un simple termino declarativo dentro del texto
constitucional y como uno de los nuevos aportes centrales dentro del llamado
‘constitucionalismo transformador’ (De Sousa Santos, 2010) que se produjeron en
la región la década anterior. Así, es por demás evidente que, más allá de su
evocación retórica constitucional y más allá de su simple y repetitiva
enunciación en algunas normas postconstitucionales y, ciertamente, en los
rimbombantes discursos oficialistas y o político-teóricos de alguno de sus
principales portavoces, este concepto no encuentra una materialización efectiva
en la realidad estatal del país, ya que tanto en la estructura organizativa del
Estado, en su gestión pública, en su estructura y funcionamiento territorial,
en el diseño de la composición de la representación política (legislativa), o
en las formas de entender, organizar y practicar la política y de ejercer el gobierno,
la simple incorporación de la categoría de descolonización no termina
afectando, cambiando o menos rompiendo con los esquemas de colonialidad aún
vigentes en las mencionadas y en otras dimensiones del actual “nuevo Estado
Plurinacional”, ni menos lo sacude de lo que Silvia Rivera [xiii] denomina como su ‘sustrato colonial’ sino que,
contrariamente, lo sigue reproduciendo.
Sin embargo, además de que ya fue argumentado en varios trabajos y
análisis [xiv] en relación al porqué lo que viene sucediendo en
Bolivia, después de aprobada la Constitución, no constituye una descolonización
sino una secuencia de retrocesos para esta perspectiva, resulta fundamental
precisar que esta categoría se ha convertido los últimos años en otro de los
recursos retóricos que desde el Estado y particularmente desde el Gobierno del
MAS permite camuflar y disimular las modalidades con las que se viene
desplegando procesos más bien neocoloniales, sobre todo a nivel político y
territorial, o, como señala Luis Tapia [xv] , dinámicas y formas de recreación del colonialismo
interno en Bolivia impulsados por el actual partido gobernante. De esa manera
pueden nombrarse las modalidades y tonalidades que han adquirido las acciones
gubernamentales de desorganización y negación de otras formas políticas en la
sociedad y que se expresan con la intervención y división de organizaciones
sociales comunitarias indígenas como la CONAMAQ o la CIDOB, donde la “visión”
absolutista y señorial del poder del Estado, concentrado en el gobierno y en la
figura presidencial, niegan cualquier otra forma de expresión política que no
se someta su voluntad, es decir, formas políticas de neo-colonialidad anti-comunitaria
que ejercita como monopolio político el gobierno del MAS.
Pero sin duda donde se expresa más claramente no sólo un retroceso
en relación a un horizonte de descolonización sino modalidades de reproducción
de esquemas coloniales, es en la dimensión económica y territorial, donde como
venimos señalando se consolida y expande un modelo capitalista en la política
del Estado con un núcleo extractivita (por tanto neocolonial) y de despojo de
los bienes comunes naturales (en algunos casos bienes vitales para las
poblaciones locales) para garantizar la acumulación capitalista desde el
Estado. Este carácter de extractivismo neocolonial, viene justificado además
desde el gobierno como un ‘mal necesario’ para el bienestar del país, es decir,
un proceso de intensificación y expansión del capitalismo extractivista
(capitalismo salvaje) se convierte en la descargo discursivo para no nombrar
las nuevos modos de recolonización económica y territorial, ya que son los
territorios ricos en “recursos naturales” (pero también donde habitan pueblos y
formas de vida comunitaria ancestrales) los que son objeto de este
neocolonialismo capitalista estatal. Esto es lo que revelan en buena medida los
conflictos del TIPNIS y de Takovo Mora en las tierras bajas del país: comunidades,
organizaciones y pueblos indígenas que se resisten a que se recolonice sus
territorios, que destruyan sus formas de vida ancestral en torno a esos
territorios y que se respete su derecho a ser consultados por el Estado (y no
como bajo el viejo colonialismo primero y el neocolonialismo republicano
después) sobre las políticas y proyectos que afecten esas territorialidades y
su formas de vida.
En definitiva, cabe preguntarse si ¿lo que ha estado sucediendo los
últimos años en el Estado boliviano constituye un proceso de descolonización?
¿Si tiene algo que ver con la descolonización la ofensiva extractivista y
capitalista en los territorios indígenas durante el gobierno del MAS?, o ¿Si se
puede seguir identificando las formas políticas, las medidas económicas y la
visión territorial del gobierno como parte de un horizonte de descolonización
en el país?
Mito 10: “No hay más alternativas al ‘proyecto
político’ del actual gobierno”
Como una especie de síntesis general y
conclusiva del actual discurso gubernamental, que se viene presentando
mediáticamente y en espacios de foros y encuentros internacionales, a partir de
los mencionados mitos (que entre otros más, operan como recursos retóricos en
el discurso oficialista), es la afirmación categórica de que actualmente no
existen alternativas frente al “proyecto político” del Gobierno de Evo Morales
y del MAS, y que dicho “proyecto político”, que implicaría y traduciría en un
particular coctel entre “Estado Plurinacional”, “Vivir Bien”, “socialismo
comunitario”, “extractivismo temporal”, “hegemonía estatal, “desarrollo como
meta”, entre sus principales ejes, sería el único horizonte posible para
Bolivia, donde el MAS y sus caudillos serían los únicos sujetos históricos
capaz de hacer posible su alcance y realización. Esto, desde luego que suena
por demás convincente para una buena parte de la población boliviana y muy
seductor fuera del país, particularmente en los tres primeros aspectos. Sin
embargo, por un lado, el paquete viene completo y el mix no solo implica plurinacionalidad, Vivir Bien y socialismo
comunitario, sino que esto va de la mano con “extractivismo” (que es
incompatible y opuesto al Vivir Bien); con “hegemonía” (que, muy a pesar de las
justificaciones pseudo gramscianas del vicepresidente, se presenta más bien
como monopolio político del gobierno) y del “desarrollo” (como un paradigma que
es inseparable del capitalismo, la modernidad y el colonialismo); y por otro
lado, los tres primeros aspectos, que serían los más innovadores,
revolucionarios y darían sentido y contenido a un verdadero ‘proceso de
cambio’, no solo no se cumplen, quedando meramente en el plano enunciativo y
declarativo, sino que son totalmente desmentidos y contradichos en la realidad
de las políticas y prácticas gubernamentales, donde se termina por debilitar
sus condiciones de posibilidad. Esto es lo que queda demostrado por el peso de
la realidad del “proyecto político” que en la práctica viene desplegando el
gobierno del MAS en la última década, y de los que mencionamos brevemente algunos
de los mitos que lo sustentan y permiten justificar.
Entonces, cuando se continua a bombardear discursivamente que lo que
sucede actualmente en Bolivia es un “proceso de cambio” y que el gobierno del
MAS es su propulsor y su líder su personificación, resulta necesario acudir a
la historia reciente para subrayar y responder que el horizonte de un ‘proceso
de cambio’ en el país se gestó y se abrió desde la acción colectiva de la
gente, desde la movilización social y popular y desde la rebelión de los de
abajo, contra un sistema político decadente, excluyente y corrupto y contra un
modelo económico neoliberal y capitalista antisocial y antihumano; recordar que
el proceso constituyente fue una demanda y conquista de los pueblos y
organizaciones sociales históricamente subalternizadas y excluidas, no un
dadiva del actual partido gobernante y; que la actual Constitución
fue aprobada por la mayoría de los bolivianos para transformar y superar el
Estado-nación y para construir efectivamente un Estado-plurinacional, no para
que sea manipulada a gusto y medida de los que gobiernan.
Y cuando insisten en convencernos de que “no hay más alternativa”
que el actual “proyecto político” absolutista y monopólico de la nueva
pluri-burguesia gobernante, resulta urgente reafirmar que claro existen
alternativas, pero desde abajo; en los territorios que resisten al despojo
extractivista; desde los pueblos indígenas y en comunidades campesinas que
practican con sus propios modos el Vivir Bien en armonía con la naturaleza; desde
las autonomías indígenas, que pese a las limitaciones monoculturales y
mononacionalistas desde el Estado, intentan y luchan por darle sentido a un
‘Estado Plurinacional’ y descolonizarlo; desde los colectivos de mujeres que
resisten al patriarcalismo velado y explícito del actual gobierno y de los
impresentables e injustificables discursos machistas de sus principales
líderes; desde la rebeldía de jóvenes que siguen creyendo en la posibilidad de
otra sociedad boliviana con libertad, igualdad y justicia; desde las
iniciativas autogestivas en los barrios, donde se intenta defender el derecho a
los bienes comunes y vitales que son cada día más amenazados por los tentáculos
de la mercantilización capitalista , etc.
Y por último, frente a las actuales tendencias y rumbos que ha
tomado el “proceso de cambio” en manos del gobierno, ¿la alternativa no sería,
acaso, la efectiva construcción de un Estado Plurinacional y Comunitario?, ¿No
sería una opción comenzar a caminar hacia el Vivir Bien como una verdadera alternativa
societal y anticapitalista?, ¿Acaso no es una alternativa descolonizar
estructuralmente el Estado y terminar con las lógicas, prácticas y esquemas
donde se reproduce el neocolonialismo dependiente y el colonialismo interno? En
ese sentido, es urgente y necesario manifestar que el ‘proceso de cambio’ no lo
genero ni le pertenece al actual gobierno del MAS ni a sus líderes sino que es
algo que vino desde abajo y que se generó en los territorios, en las
comunidades y en las calles, en las marchas y barricadas, en las huelgas, en
las organizaciones y en las movilizaciones de los de abajo. Es ahí abajo donde
el proceso de cambio pertenece y definitivamente es ahí donde debe retornar y
ser nuevamente impulsado, no desde arriba, donde la vieja derecha (neoliberal y
corrupta) pugna por regresar y donde la nueva derecha (maquillada de izquierda)
insiste en perpetuarse.
Notas:(..)
*Investigador
y activista social boliviano. Doctor en Sociología. Actualmente es
Co-coordinador del Grupo de Trabajo “Pueblos Originarios en Lucha por la
Autonomía: movimientos y políticas en América Latina” del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). E-mail: velpalopezflo@gmail.comNotas:(..)
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=208716
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