Desde el No a la Mina insistirán con la Iniciativa Popular para impulsar una ley antiminera
24 de junio de 2020
Los vecinos y ambientalistas autoconvocados de Chubut lanzaron una
campaña para reimpulsar, como lo vienen haciendo desde el 2012 y por la
que habían presentado 13 mil firmas, la Iniciativa Popular que
posibilite la sanción de una ley antiminera en la provincia. “Porque nos
deben una ley, hoy podemos decir SÍ a esta segunda Iniciativa Popular”,
expresaron en un comunicado los integrantes de la Unión de Asambleas de
Comunidades Chubutenses.
¡Buen día, vecínxs!
Este es un muy importante anuncio del que seremos parte.
Documento presentación IP 2020
La provincia de Chubut tiene una ley que la protege de los estragos que produce en los territorios la minería a gran escala. Esta ley, sancionada en el año 2003 como Ley 5001 y denominada ahora XVII-Nº 68, prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro como método de extracción.
Por esta razón, en el año 2012, las asambleas de vecines de comunidades chubutenses que nos oponemos a la minería (UACCH) nos propusimos impulsar una legislación que ampliara la protección ambiental de la Ley 5001, utilizando para ello un mecanismo de democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial y denominado Iniciativa Popular.
El arduo trabajo de las asambleas que conformamos la UACCH permitió presentar en mayo del 2014 en la Legislatura Provincial un proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras que fue acompañado con 13.007 firmas. Les diputades postergaron hasta el último día su tratamiento y el 25 de noviembre de 2014 cometieron impunemente un “fraude legislativo”, torciendo así la voluntad del pueblo y aprobando por 15 votos a favor una ley que elles, durante el transcurso de la sesión, transformaron en ley minera.
Más allá de la indignación, se solicitó a la justicia la nulidad de la sesión, fundamentada en que no se había respetado la esencia del proyecto y en el conocimiento público de que les legisladores actuaron influenciades por empresarios mineros, tal como se pudo observar en la foto en la que se plasmaba el intercambio de mensajes entre el diputado Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold.
La Justicia no anuló la sesión y la Legislatura consideró que el proyecto de ley había sido tratado. Sin embargo, la ley resultante, que deshonra el rol de nuestres representantes ante el escándalo producido, nunca fue aplicada y fue derogada un año después. Nos robaron la democracia en la primera aplicación de la iniciativa popular.
Les vecines de la UACCH nunca nos detuvimos y desde entonces seguimos reclamando que aún nos deben una ley: una ley basada en los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional, principios que deben garantizar el presente y el futuro, que deben impedir el colapso de la naturaleza, que deben modificar el sentido antropocéntrico de las actividades humanas y así poder ubicarnos en un equilibrio con todos los otros seres que habitan el planeta.
La estupidez humana que nos llevó a la pandemia que nos atraviesa, producida por la inagotable ambición de les dueñes del poder, en lugar de originar una reflexión de sus conductas los lleva aceleradamente al más voraz extractivismo: Argentina paralizó todas las actividades en nombre de la prevención, pero dio rienda suelta a la deforestación, al fracking y a la minería a gran escala.
Nosotres somos el pueblo; el del territorio que sufre y se agota; el que es aplastado por el poder político-económico que nos deja aun sin el más vital de los elementos: el agua. Luchamos por una ley que garantice el agua pura a todes les chubutenses; pero además, por expresar a les gobernantes y empresaries que la minería metalífera en Chubut no cuenta con licencia social.
La Licencia Social para Operar es un concepto que forma parte del vocabulario de cualquier industria, es el requisito indispensable para el desarrollo de las actividades y sólo es otorgada por la aprobación y la aceptación de las comunidades. Resulta inútil intentar mecanismos de participación social en los proyectos, si en esencia, se trata de una actividad mundialmente conocida por los estragos que produce y no cuenta con garantías reales de sustentabilidad.
Por su parte, las empresas haciendo mal uso de la Responsabilidad Social Empresarial la utilizan como herramienta para comprar voluntades y generar una suerte de clientelismo empresarial. Este recurso, usado por Meridian Gold, Yamana Gold y Panamerican Silver no ha logrado revertir el rechazo a los proyectos mineros y el incremento constante de comunidades concientizadas de que no es éste el camino para el crecimiento provincial.
Además, estas comunidades, conocen y apuestan por otras actividades que son verdaderamente amigables con su entorno.
Porque confiamos en nosotres, con la dignidad que nos caracteriza, con la fuerza de este pueblo y el convencimiento de que estamos en el camino de la vida.
Porque nos deben una ley, hoy podemos decir SÍ a esta segunda Iniciativa Popular.
Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses
Chubut, 22 de junio de 2020.
el extremo sur
Este es un muy importante anuncio del que seremos parte.
Documento presentación IP 2020
La provincia de Chubut tiene una ley que la protege de los estragos que produce en los territorios la minería a gran escala. Esta ley, sancionada en el año 2003 como Ley 5001 y denominada ahora XVII-Nº 68, prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro como método de extracción.
Por esta razón, en el año 2012, las asambleas de vecines de comunidades chubutenses que nos oponemos a la minería (UACCH) nos propusimos impulsar una legislación que ampliara la protección ambiental de la Ley 5001, utilizando para ello un mecanismo de democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial y denominado Iniciativa Popular.
El arduo trabajo de las asambleas que conformamos la UACCH permitió presentar en mayo del 2014 en la Legislatura Provincial un proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras que fue acompañado con 13.007 firmas. Les diputades postergaron hasta el último día su tratamiento y el 25 de noviembre de 2014 cometieron impunemente un “fraude legislativo”, torciendo así la voluntad del pueblo y aprobando por 15 votos a favor una ley que elles, durante el transcurso de la sesión, transformaron en ley minera.
Más allá de la indignación, se solicitó a la justicia la nulidad de la sesión, fundamentada en que no se había respetado la esencia del proyecto y en el conocimiento público de que les legisladores actuaron influenciades por empresarios mineros, tal como se pudo observar en la foto en la que se plasmaba el intercambio de mensajes entre el diputado Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold.
La Justicia no anuló la sesión y la Legislatura consideró que el proyecto de ley había sido tratado. Sin embargo, la ley resultante, que deshonra el rol de nuestres representantes ante el escándalo producido, nunca fue aplicada y fue derogada un año después. Nos robaron la democracia en la primera aplicación de la iniciativa popular.
Les vecines de la UACCH nunca nos detuvimos y desde entonces seguimos reclamando que aún nos deben una ley: una ley basada en los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional, principios que deben garantizar el presente y el futuro, que deben impedir el colapso de la naturaleza, que deben modificar el sentido antropocéntrico de las actividades humanas y así poder ubicarnos en un equilibrio con todos los otros seres que habitan el planeta.
La estupidez humana que nos llevó a la pandemia que nos atraviesa, producida por la inagotable ambición de les dueñes del poder, en lugar de originar una reflexión de sus conductas los lleva aceleradamente al más voraz extractivismo: Argentina paralizó todas las actividades en nombre de la prevención, pero dio rienda suelta a la deforestación, al fracking y a la minería a gran escala.
Nosotres somos el pueblo; el del territorio que sufre y se agota; el que es aplastado por el poder político-económico que nos deja aun sin el más vital de los elementos: el agua. Luchamos por una ley que garantice el agua pura a todes les chubutenses; pero además, por expresar a les gobernantes y empresaries que la minería metalífera en Chubut no cuenta con licencia social.
La Licencia Social para Operar es un concepto que forma parte del vocabulario de cualquier industria, es el requisito indispensable para el desarrollo de las actividades y sólo es otorgada por la aprobación y la aceptación de las comunidades. Resulta inútil intentar mecanismos de participación social en los proyectos, si en esencia, se trata de una actividad mundialmente conocida por los estragos que produce y no cuenta con garantías reales de sustentabilidad.
Por su parte, las empresas haciendo mal uso de la Responsabilidad Social Empresarial la utilizan como herramienta para comprar voluntades y generar una suerte de clientelismo empresarial. Este recurso, usado por Meridian Gold, Yamana Gold y Panamerican Silver no ha logrado revertir el rechazo a los proyectos mineros y el incremento constante de comunidades concientizadas de que no es éste el camino para el crecimiento provincial.
Además, estas comunidades, conocen y apuestan por otras actividades que son verdaderamente amigables con su entorno.
Porque confiamos en nosotres, con la dignidad que nos caracteriza, con la fuerza de este pueblo y el convencimiento de que estamos en el camino de la vida.
Porque nos deben una ley, hoy podemos decir SÍ a esta segunda Iniciativa Popular.
Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses
Chubut, 22 de junio de 2020.
el extremo sur
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